Se viene produciendo un acoso desde distintas instancias la activación de una campaña que se refleja en los medios de comunicación hacia determinadas tecnologías de generación de electricidad. En concreto, por un lado, se ha despertado la tapa de los truenos con respecto a las energías renovables (como la solar o la eólica), así como a otro grupo de energías como la nuclear o la hidráulica. No se sabe si en otros países de nuestro entorno estas tecnologías merecen esta tormenta, más o menos artificial, pero lo que está claro es que hay algo en el ambiente que hace que determinadas posiciones ideológicas cristalicen en una presunta lucha ideológica trasladada a que los agentes, las instituciones o los políticos tengan que tomar partido por alguna de las distintas tecnologías.

“Informe de Costa y Precios”

En primer lugar, las energías renovables son señaladas con el dedo de la culpabilidad de la existencia del déficit tarifario al percibir primas, y hasta el organismo regulador, deliberadamente induce a la confusión en sus informes y “propuestas de tarifas” con la expresión energías verdes, renovables o de Régimen Especial, cuando evidentemente no son lo mismo. No todas las primas que percibe el régimen especial pertenecen a las denominadas “energías verdes”. Pero, incluso menciones de este tipo se pueden encontrar en el voto particular de la presidenta del organismo Maite Costa o en el voto de los consejeros González, Fabra y Ruscalleda, en esa magnífica síntesis que puede ser el “Informe de Costa y Precios”, ahora que la presidenta se unce a las tesis que abogan por la vuelta a los costes reconocidos y la intervención.

Añadamos a esto el modelo “redada” que se está utilizando para la inspección de determinadas instalaciones en régimen especial (instalaciones solares realizadas para acogerse a un marco de regulación imposible, verdadera causa del problema, que generaba incentivos desorbitados para los agentes y una situación apocalíptica a final de septiembre), cuyos resultados casi se radian en directo como bálsamo a los problemas internos y externos de la CNE, aunque sea a costa de abrir un avispero con las comunidades autónomas, con las que por cierto parece manifestarse poca coordinación entre administraciones en el caso que nos ocupa.

Datos preliminares con “filtraciones oficiales”, informaciones presentadas de manera parcial, confusión entre tipos de sanciones y consecuencias de las mismas, mezcla de anécdotas, aunque con la pretensión de provocar un considerable efecto de generación de pánico sectorial ofrecen un panorama poco edificante. La actividad inspectora, en todo caso, nunca debe ser un brazo armado de la política, operar sin alharacas y, siempre con rigor y seguridad. Por que si no, lo siguiente será que se retransmitan las inspecciones acompañadas de los Cuerpos de Seguridad del Estado debidamente camuflados con pasamontañas y, que los consejeros paseen por los huertos solares ante las pruebas de las infracciones administrativas, tocando los paneles ausentes y arropados por los reporteros.

En todo caso, queda ampliamente en cuestión el ”ecologismo rampante” de ciertas corrientes de izquierdas y como una visión cicatera y de control de rentas de los sectores energéticos puede ser diametralmente opuesta a la configuración de sectores empresariales, tecnológicos, de empleo y de investigación que nos convierten en punteros y líderes. Son los retroprogesivos 8ª asamblea.

El déficit tarifario: siempre es bueno que haya niños

Por lo tanto, con un modelo de primas como el español, alabado en Europa, responsable de contar con una industria propia en el sector renovable, envidiable por su vigor y fuertemente competitiva que se va acercando a parámetros de mercado, es intencional incorporar de manera oportunista el debate de las primas en el marco del problema del galopante déficit tarifario (una melé considerable, causada por la dejación política continuada) es una cuestión oportuna/oportunista porque siempre es bueno que haya niños.

En segundo lugar, otro grupo de energías que se ve envuelta en este proceso de demonización son la nuclear y la hidráulica. Las dos son estigmatizadas “porque al tener costes bajos” y percibir el precio del mercado, “ganan mucho”, volviendo a la teoría de para qué tener un modelo de mercado, pudiendo tener el Gran Hermano, el Soviet Supremo que decida las rentas y la distribución de la renta ¡por instalación!. Por ejemplo, las dos tecnologías no emiten CO2, pero hasta el regulador “independiente”, que conoce, permite y promueve que se detraigan de forma generalizada los derechos de emisión desde los tiempos del extinto Ignasi Nieto y ahora se niega tres veces que esto se esté haciendo así.

Y es que habrá que señalar quien ha provocado que este debate ideológico, acabe en la toma de partido por ideologías corporizadas en tecnologías concretas y en cierto forofismo y rivalidad inexplicable. Sobre todo porque la razón del mal estriba en la ausencia trágica de un proyecto global, común e integrador de un modelo energético estratégicamente pensado, evitando que se cuestione el papel de tal o de cual.

En este sentido, desde la CNE se debería percibir una mayor corresponsabilidad con la política energética (y su modelo de mercado, contexto internacional, desarrollo sectoral, política económica y ambiental asociada), más allá del partidismo y de la ideología, o de la ideología transmutada en posicionamiento alrededor o en contra de tal tecnología. Un mayor sentido y concepción de visión global, partiendo del hecho de que el futuro es un mix diversificado y excedentario en el que cada fuente de energía tiene una misión en el conjunto del sistema eléctrico, evitando introducir debates maniqueos que no llevan a ningún sitio. Una política energética global que sepa definir cuáles son sus costes, el precio de la electricidad que va a ser resultante de un mix de mercado decidido muchos años antes, la capacidad de que mediante la inversión pueda generarse capacidad excedentaria y el equilibrio a cuestiones como la dependencia exterior, el medio ambiente o la seguridad de suministro.

En un contexto de estas características, cada tecnología tiene su papel, como tecnologías base o punta, y cada tecnología tiene sus puntos fuertes y débiles para participar en ese mix energético. Todas tienen su recorrido y con el avance tecnolóco se incorporará otras como las del carbón limpio. Las empresas tienen su propio mix de activos de generación que pueden ser transferidos, con lo cual el argumento de las barreras de entrada es falaz y hacer un ejercicio discriminatorio distributivo que quiera suplantar al mercado también carece de sentido. Y, finalmente, hacer de todo esto un ejercicio de trinchera es irresponsable si, además, se alimenta desde las propias instancias públicas, aunque estén como están, pero daño hacen.

¿Por qué?

Las declaraciones de la Ministra de Medio Ambiente, Rural y Marino, Elena Espinosa, al diario El País cerrando el debate nuclear (“No cabe más debate nuclear” titulaba el medio) ha venido precedido de la nueva estrategia de comunicación del Consejo de Seguridad Nuclear respecto a los incidentes ocurridos en las plantas españolas, de forma que lo sucedido este verano en las plantas españolas, se ha sustraido al fondo de la cuestión en la medida que tenga nivel de significación en la escala internacional o no, tenga riesgo final o no, esté controlado por los protocolos de activación de los planes de emergencias o no, funcionen los procedimientos o no, se sancione adecuadamente o no, dé resultados negativos en la población que pasa por los mecanismos de control sanitario o no. En este sentido, ha pasado en su conjunto a ser estas “típicas” serpientes de verano, que alimentan los medios de comunicación durante la canícula. Sustituyen por tanto estos incidentes a crímenes de tradición histórica como Puerto Hurraco, el asesino del naipe o los autocares despeñables. Es un ejemplo de cómo se desatan estos procesos mediáticos con mayor virulencia, cuanto mayor es la vigencia del debate nuclear (que por otra parte se pone de manifiesto en un escenario de precios del crudo por las nubes).

El Consejo de Seguridad Nuclear ya se apresurado ha hacer publico que ha cambiado los protocolos de comunicación en estos casos desde hace un año. Quiere decirse que se es más «generoso» en la difusión de estos incidentes. Y, también (véanse las últimas declaraciones de sus representantes a Informe Semanal) que las centrales nucleares españolas no están funcionando peor que en tiempos pasados. Al mismo tiempo, el Ministro de Industria, en un ejercicio de autoridad, reúne a los Consejeros Delegados de las empresas titulares de las plantas para requerirles más inversiones en las instalaciones. Por tanto, se da un ejemplo muy negativo a un sector en el cual la información y la transparencia se vuelve en su contra, en lugar de ser la garantía de que contamos con sistemas de seguridad, emergencia y supervisión, serios y rigurosos no amarillistas.

En paralelo, el histriónico Informe de Costes y Precios de la CNE habla de la “renta nuclear” como si las instalaciones nucleares no hubieran hecho más inversiones desde su puesta en funcionamiento. Y, todo el mundo confunde la moratoria nuclear española (derivada del desajuste entre las previsiones de demanda energética y la necesidad de abortar la construcción de nuevas centrales iniciadas) con la postura de otros países de no construir nuevas instalaciones (postura revisitada como ya ha ocurrido en el caso del Reino Unido, recientemente). Demasiados oportunismos y comportamientos políticos en forma de movimiento circular y espasmódico de los gallos sin cabeza, no propio de un país civilizado y occidental. Un debate articulado a través de varios atavismos.

Asimismo desde la propia Unión Europea se incide en el mayor peso futuro en el mix de generación tanto de las renovables como de la nuclear, siendo conscientes que el mix más eficiente es diversificado a la vista para evitar la concentración de riesgos. No consiste en poner en contradicción a unas tecnologías con otras. De hecho, ya empiezan a existir posturas de sectores ecologistas “clásicos” favorables a la energía nuclear para garantizar los compromisos en materias de reducción de emisiones, donde además, por cierto no podemos presentar un balance edificante (fruto también del diseño de Planes Nacionales de Asignación, pensados de aquella manera que mantienen el peso de los combustibles fósiles para evitar otros efectos políticos y penalizan tecnologías más limpias).

En el fondo lo que subyace es la necesidad de compatibilizar crecimiento medioambientalmente sostenible, con la sostenbilidad de la factura energética y la seguridad de suministro Por tanto, parece que el debate nuclear, muy a pesar de los cierres en falso que pretendemos en nuestro país, sigue abierto, tanto en España como en Europa.

Y de plano que estas propuestas de abortar este debate (siempre es malo abortar cualquier debate) seguramente que son baldías, por la propia fuerza de la realidad y de los hechos. En todo caso, sería además el debate que pudo haber sido y no fue, porque nunca hubo tal debate. Como cuando no se debatía sobre la palabra crisis por mucho que también lo dijera el Presidente del Gobierno. O, si esa es la forma en que una sociedad debate algo, mejor apaga y vámonos. El verdadero debate nuclear estriba en un debate de fondo y de más amplio calado, sin estridencias, sobre cómo cumplir con el crecimiento de la demanda de producción de electricidad del país, como hacerla compatible con unos precios de la energía razonables en función de ese mix de generación futuro. Ese debate, no está cerrado, ni mucho menos.

El famoso informe del ácido bórico del sector energético tiene como trasfondo un contenido ideológico, que es la denominada presunta existencia de “beneficios caídos del cielo”, procedente de una visión estatalista del funcionamiento del sector energético, originario del Antiguo Régimen. Y decimos sector, porque lo que pretende un discurso así, es abolir el mercado como mecanismo de funcionamiento y asignación de recursos en el sector.

Para ello la crítica se ceba en que el mercado es “marginalista”. ¿Qué quiere decir eso? Que la última tecnología fija el precio que perciben todas las demás por los kilowatios generados. Y por su parte, a la vez, las tecnologías tienen unos costes, unas más altos y otras más bajos (nunca inexistentes, obviamente), dependiendo de muchos parámetros. Y, también cada tecnología tiene un papel en el mercado. Por ejemplo, la energía hidráulica tiene una utilización horaria muy baja (1.200 horas), dependiente de la meteorología y frente a otras que alcanzan las 8.000 horas. Se dice que es una tecnología que se utiliza para momentos “punta” de demanda.

Todos los mercados son marginalistas. Si ustedes intentan contratar un viaje a Barcelona desde que se inauguró el AVE, podrán encontrar ofertas de precio más baratas si se desplazan en el avión. Y, seguramente, ustedes no conocen el coste de un trayecto por viajero y medio de transporte (ni falta que hace, además de que dependerá de horarios y del tipo de avión, o de tren), porque cada tecnología tiene una “misión” en el sistema. Y, no se plantean si las compañías aéreas o Renfe tienen beneficios. Interesa que haya oferta y competencia para que bajen los precios de manera “natural”. Nadie tampoco puede dudar que el transporte es un servicio público, tiene un papel para el desarrollo de la sociedad y que está “regulado” administrativamente mediante un sistema lo suficientemente sofisticado de concesiones (eso no quiere decir que no requiera mejoras). Esa liberalización y mayor oferta produce beneficios para todos.

En la energía, sucede lo mismo, por ejemplo, con la extracción de petróleo. El precio del petróleo lo fija la última unidad vendida. Y es un hecho irrefutable que hay lugares dónde la extracción de petróleo cuesta un dólar y otros dónde la extracción de petróleo cuesta sesenta dólares. La oferta y la demanda van “señalando” que pozos es necesario abrir a la vista de su evolución. Cualquier intento diferente de mecanismo de determinación de precios, además de irreal, es inútil y baldío. En consecuencia, como ustedes se pueden imaginar uno no va al surtidor de gasolina y pide gasolina procedente del petróleo con menos costes. No vivimos en ese absurdo. En el caso de la electricidad, la indiferenciación del kilowatio es mucho más difícil todavía si se pretendiera.

Seguramente se pueden proferir mecanismos de justicia distributiva para evidenciar que tal medio de transporte gana más por trayecto que otro. O que en tal país o en tal pozo se gana más que en otro. Pero, la verdad, es que gracias a la oferta de los que tienen pocos costes y a la lucha de tecnologías, todos los operadores buscan maximizar su eficiencia, y en conjunto, se producen menores precios que si estuviera fijados los mismos por autoridad administrativa.

Ese es el pseudodebate absurdo generado por el informe de costes y precios de la Comisión Nacional de Energía. Se dice que hay tecnologías que “tienen menores costes” y que se benefician del precio que se forma en el mercado, porque les da “beneficios caídos del cielo (windfall profits)”. En eso, se señala a la energía hidráulica y a la nuclear. Todo ello salpimentado con suposiciones apriorísticas, información económica obviada o inexistente, incluso sin información comparativa de contraste, dado que el organismo no conoce ni los precios de los contratos de suministro de gas (tecnología que marca precios hoy en mercado y que, paradójicamente, roza la rentabilidad). Para ello vale todo, mezclar rentabilidad interna de las empresas con inversiones exteriores, contraviniendo cualquier razonamiento económico lógico.

Y, con su anómalo proceso de elaboración y transformación oficial (traslación de un artículo de un consejero en informe decorado por la Dirección de Regulación y santificación por el procedimiento de urgencia por la CNE), el informe ha supuesto una trampa fatal como lo fue el del ácido bórico. Trampa puesta al Ministerio de Industria que se ve abocado a aclarar que el Informe iría contra la propia Ley del Sector Eléctrico, además de constituirse en un serio cuestionamiento de la liberalización de los mercados y de las políticas de la Unión Europea. Por otra parte, trampa para la disposición de mecanismos de inversión que han conseguido que en los últimos años, nuestro país pasase de tener problemas de suministro a que crezca la potencia instalada en 23.000 MW, gracias al mercado. Todo ello con precios en el mercado semejantes a los europeos, con incremento de agentes ofertantes y competencia. Trampa contra la “abundancia” necesaria en los mercados y la necesidad de diversificación de la energía, que genera la mayor inversión y que provoca menores precios, menos emisiones, seguridad, garantía de suministro y bienestar social. Contra todo esto, sugerencia arbitraria de regulación de rentas, toma del frasco. Trampa que ha sido la muerte súbita y celular del propio organismo, arrostrado por sus comportamientos paradójicos, pasan de ser garantes de la legalidad vigente del mercado eléctrico a proponer su autodestrucción. Contra todo esto va ese informe.

La teoría regulatoria habla tanto de “windfall profits”, como de “windfall looses”. Es decir pérdidas caídas del cielo. Casi siempre estas pérdidas se relacionan con fenómenos adversos inesperados, la acción administrativa y del regulador. Por ello, las empresas españolas eléctricas (por cierto, altamente eficientes comparativamente con Europa) ante este panorama que ha generado su regulador (algo impensable en ningún país civilizado que masacra su sector) han sufrido los rigores de los mercados, la bolsa y los analistas internacionales, que han advertido la existencia de riesgos regulatorio provocado por una facción, los “retroprogresivos”. Tanto es así, que los elementos más razonables y de mayor experiencia del partido del gobierno se han desmarcado abiertamente de semejante barbaridad postcomunista y postfranquista.

En este sentido, el regulador, el consejo de Administración de la CNE, con la aprobación de este informe se ha convertido en el principal “windfall looses” del sector energético. Tirando piedras al cielo. Contra nuestro propio tejado. Pasar del maná divino al pedrisco devorador de las cosechas, el mercado y la inversión. El problema es que además de repercutir sobre las empresas, influye sobre la calidad y la solvencia económica de nuestro país, sobre el bienestar de la sociedad y sobre nuestra democracia.

Cuando se habla de los órganos reguladores independientes, en el caso de la Comisión Nacional de Energía, se venía presentando la situación del organismo como un ejercicio de ‘sadismo’ por parte del regulador principal, esto es por el Ministerio de Industria. Así, el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, en varias ocasiones (no tantas, son muy concretas en las que ha ocurrido algo así) remitió sus propuestas contrarias a las intenciones gubernamentales, al anterior Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, para que fueran posteriormente laceradas por la autoridad competente en la fase de revisión administrativa.

Por otra parte, es constante que aparezcan llamadas de expertos en los medios de comunicación a que la Comisión Nacional de Energía sea la ultima instancia administrativa en las competencias y proceso regulatorio que les compete a que sea un organismo independiente. Un ejemplo de ello, son las propias tarifas eléctricas, en cuyo proceso de liberalización y de administración la propia Comisión Europea reclama el papel de un órgano verdaderamente independiente (en un contexto de mercado real y de liberalización, obviamente). Desde el punto de vista formal, sería una cuestión clave para que no sean remocionadas sus decisiones por una instancia superior del aparato de la Administración o del Gobierno.

Pero un escenario así, simplista no recoge la realidad actual del organismo y dibuja una situación maniquea, que además podría interpretarse en clave de ejercicio de poder del fuerte frente al débil. Algo que incluso podría inducir a una cierta conmiseración o una mirada indulgente sobre la deriva regulatoria en la que se adentrado desde que comenzó esta última etapa tan pintoresca. Pero no es así, la situación de la Comisión Nacional de Energía hoy en términos de prestigio institucional (o mejor dicho de desprestigio), es obra directa de sus propias actuaciones. Lo que tampoco implica que la autoridad competente no abuse y conozca al dedillo las debilidades de este órgano regulador de forma que hurga en sus entrañas con enorme facilidad. Por tanto, si el dilema es que la Comisión Nacional es asesinada o se suicida para prestar servicios a la ‘causa’, parece que hay que optar por el harakiri. Pero no un harakiri de honor como sería el caso de los samuráis japoneses, sino una auto inmolación derivada de las relaciones peligrosas con la superioridad.

Sólo en un contexto como el español, donde los favores, las afinidades, la negociación y las amistades políticas obtienen como contraprestación la designación para un órgano regulador independiente (que tiene que velar del mercado), ha permitido que posiciones contrarias a la liberalización del sector, y al propio mercado, aniden dentro de él, como anida la cizaña. En consecuencia, el resultado es que se pone a la zorra a cuidar de las gallinas. Y, claro, se las quiere comer, bajo la fórmula de o arraso en el sistema o arraso el sistema.

Pero el adefesio del informe sobre precios y costes en el sector eléctrico perpetrado por el regulador (un informe ideológico, dogmático, sin datos, camuflado desde lo más interno del organismo) ha dejado a la CNE en la picota más absoluta, tras otras actuaciones memorables de los mismos protagonistas como el papelón que realizó en la OPA de E.ON a Endesa. En pocos lugares del mundo, el regulador independiente, entre cuyos objetivos es velar por el buen funcionamiento del mercado, acaba cuestionando el mercado, criticando las consecuencias del marginalismo y generando una crisis de confianza institucional en el funcionamiento del sector, dentro y fuera del país, con graves consecuencias a todos los niveles financieros, empresariales y económicos. Todo ello, a la par que ejerce un modelo de supervisión y vigilancia del sector muy criticable (ora inexistente, ora en plan guerra preventiva mediante la difusión de anuncios de expedientes previos e informativos, como si fueran condenas sumarísimas, con el fin de amedrentar a las empresas). Un organismo así no puede dedicarse a ser el proveedor de ideología intervencionista oficial del Reino, por mucho que los sectores más retroprogresivos hayan aprovechado la entrada en la administración de un nuevo equipo para intentar inocular su particular forma de involucionar el sector.

Del mismo modo, en el plano interno, el informe ha puesto de manifiesto el profundo deterioro del funcionamiento del organismo. En las tarifas eléctricas, (ni en el gas, ni en nada), no intervienen los responsables de las áreas correspondientes, y en su lugar, la Dirección de Regulación y Competencia, una pieza organizativa diseñada para que sea ambidextra y, lo mismo valga para un roto, que para un descosido, suplante al resto de servicios especializados y ejerza de puente lejano y cercano con las autoridades “competentes”, y pueda recibir y trasladar consignas con enorme eficacia, participando (incluso haciendo suyos informes ajenos) en las campañas para cuestionar el mercado, las empresas, sus beneficios o sus operaciones corporativas de acuerdo con los designios de la superioridad.

La CNE, en este formato actual, con semejante historial, con el sector sometido a escándalo desde hace tres años, ya no puede hacer nada. No puede liderar nada o proponer nada, sólo puede esperar su liquidación expedita, al menos para que no haga más daño al sector energético y a la credibilidad de su funcionamiento con consecuencias en el medio plazo terribles para todos. Que se culmine el harakiri, que se certifique el fallecimiento, que se incineren sus restos.

Aquí yace la independencia.

En su ultima visista a España, el presidente de Ecuador, Rafael Correa utilizó una expresión en la que diferenciaba «época de cambios» o «cambio de época». La primera implica una modificación más o menos puntual de aspectos concretos de una realidad existente. La segunda implica la necesidad de cambiar completamente la forma de actuación.

Los acontecimientos que están deviniendo a partir del culebrón de las tarifas y el inexplicable informe complementario elaborado por la Dirección de Regulación de la Comisión Nacional de Energía, refrenado por su Consejo de Administración, vienen a poner de manifiesto un ejemplo de en dónde nos situamos en un momento nuevo en el ámbito de la energía y de la necesidad de abordar. A la elusión reiterada de antaño de la elevación de las tarifas, al convencimiento de que la situación económica y tarifaria era ya insostenible (una realidad incuestionada por los hechos), y al convencimiento de todos de que el déficit tarifario se había convertido en algo imparable y nefasto, se suma en estos momentos un documento tan distorsionador. Es decir hay una coincidiencia generalizada sobre el problema del déficit tarifario, menos en el informe de la Dirección de Regulación de la CNE para modificar las tarifas. Una propuesta de cambio de época, hacía el pasado de declarar costes y hacer ineficiente el sistema.

Quizá quedaba como articular un plan, más o menos serio, más o menos coherente, más o menos consensuado, con análisis de las partidas de la electricidad, de los plazos de pago, etc… Lo que se denomina una negociación latina. Eso ya era un cambio del modelo en sí, en la medida que hasta el momento se venía ocultando el problema. Lo paradójico es que debería haberse tratado de ajustes, sin cambiar un modelo, que por cierto ha sido positivo y muy beneficioso en términos de inversión y de garantía de suministro para el país.

Por ello, en primer lugar, las empresas eléctricas deciden que no van a soportar el tormento regulatorio, la inestabilidad y los ataques, de la ultima temporada, acompañado de las campañas desarrolladas por los sectores más involucionistas del mercado eléctrico. La unión en el sector eléctrico se ha concitado sobre la base de una actuación bastante torpe en el ámbito regulatorio. Previamente se había producido otro cambio, el Consejo de la Comisión Nacional de la Energía que “estrenaba funciones” con su nuevo papel en la fijación de tarifas y había decidido corregirlas y aumentarlas, con un informe para criticar el funcionamiento del mercado, surgido de no se sabe dónde. En concreto, contra el mercado marginalista ¿Es que hay otros tipos de mercado? Adicionalmente una buena dosis de fustigamiento mediático, orquestada desde sus equipos proximales, lo que conformaría una combinación adecuada de amedrentamiento sectorial. La máquina había vuelto a quedar engrasada, con los ‘viejos modos’ y una nueva tela de araña de inspiradores intelectuales, documentos académicos, apoyo de los servicios técnicos de la Comisión (sobre todo los procedentes del equipo anterior)

Todo ello, gracias a los sectores más intervencionistas del sector energético que, apostados en las inmediaciones de la Administración, esperan concienzudamente su momento para hacer llegar, un modelo que es la vuelta al pasado por la vía pseudoprogresista, la intervención del mercado, el meter mano en la tarifa selectivamente, continuando utilizando un esquema frentista y demagógico. Poco análisis de que es lo que establece la Comisión Europea sobre la liberalización de los mercados eléctricos, poco análisis financiero y de los mercados, y poco análisis sobre las consecuencias inversoras de una cuestión así. Algún día habrá que descubrir cómo y porqué se larvó un enfoque en un momento tan inicial de la legislatura. Dónde están los eslabones perdidos y como Maite Costa acaba en un jardín de proporciones devastadoras.

Pero hay más cambios. Solbes ya no calla sobre la tarifa eléctrica como lo hacía durante la primera legislatura de Zapatero. Esta crisis seguramente abocará al Ministro de Industria, Miguel Sebastián, actualmente sumido en los rigores de la primera fase del cargo: inauguraciones y actos públicos, a informarse en profundidad del origen de estas propuestas, en eso tiene mucha más capacidad que su predecesor (y alguna buena muestra ha dado ya). Y a contrastar sobre las cabezas tractoras que han promovido un documento que es más que eso un Manifiesto, sin datos.

Más cambios, desaparece la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para transformarse en Comisión Nacional de Servicios Financieros. Y, miren, la Comisión Nacional de Energía, ahí a dos días de su “renovación”. ¿O mejor de una refundación necesaria? Este escándalo ha vuelto abrir las costuras de este organismo, su composición, su utilización, su ‘indepedencia’, la utilización de sus expedientes e informes como ‘hooligans’ del sistema que tienen que preservar (eso si, sin actuaciones de supervisión, sólo mediante ideología), su profesionalización, su necesidad de normalización, para evitar propuestas que, en sí, suponen la ausencia de necesidad del propio regulador. ¿Con precios regulados por tecnologías para qué hace falta regulador independiente?

Lo que está claro es que la situación ha llegado a un punto de no retorno. Es bonito. En esto ultimo se precisa un cambio de época.