Victoria del PSOE: La hora del Green New Deal de Teresa Ribera y la reforma del mercado eléctrico

Javier Angulo.- El PSOE de Pedro Sánchez ha sido el vencedor de las elecciones generales. Un triunfo holgado, que deja al Gobierno a expensas de pactos, pero que invita a pensar en una formación rápida del Ejecutivo. A nivel energético todo lo que no fuera la continuidad de Teresa Ribera al frente del Ministerio para la Transición Ecológica sería una sorpresa colosal. Por delante 4 años: tiempo para implementar la Green New Deal prometida, la reforma del mercado eléctrico y avanzar en la descarbonización.

El programa electoral del PSOE era muy claro al respecto: eficiencia, renovables y empleo verde deberían ser la base del Green New Deal, un ambicioso pacto social sobre el que cimentar la transición energética. Como avance quedan los 10 meses de Gobierno socialista, en los que Teresa Ribera ya ha puesto en marcha medidas importantes: devolución de competencias energéticas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), eliminación de los cargos al autoconsumo y regulación para su desarrollo, la Estrategia de lucha contra la pobreza energética, medidas de transición justa para las comarcas mineras (a nivel de empleo y de I+D+i, potenciando la Ciudad de la Energía).

España tendrá por fin una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, muy diferente a cuando el expresidente Mariano Rajoy la prometió en plena COP21 en París. A expensas de lo que matice la Comisión Europea, también habrá luz verde para el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, toda una hoja de ruta para la descarbonización de la economía.

De momento los borradores ya ponen cifras sobre la mesa. El principal objetivo es cumplir las metas comprometidas con Europa para la reducción de emisiones: un 20% de reducción para 2020, un 40% para 2030 y un 90% para 2050. Estos números tienen un reflejo directo sobre el sector eléctrico. El objetivo que se marca el PSOE para 2030 es alcanzar un 35% de energías renovables sobre el consumo de energía primaria, por encima del 32% fijado por la Unión Europea. Esto supondría que las fuentes renovables tuvieran una cuota en el mix eléctrico del 74%. La descarbonización exigiría que en 2050 el país se suministrara con electricidad 100% renovable.

En esta senda mucho tiene que cambiar el panorama para las centrales térmicas de carbón, que todo apunta a que cuando termine la legislatura en 2023 se podrán contar con los dedos de una mano las que quedan abiertas. Igual de importante es el calendario acordado con las compañías eléctricas con fechas que los socialistas recalcan como “máximas” para el cierre de las centrales nucleares.

Formación de precio del pool

El Gobierno lleva meses hablando, especialmente en la figura de secretario de Estado de Energía, sobre una fórmula que traslade al precio de la electricidad “la reducción del coste” que supondrá el crecimiento de las energías renovables en la transición ecológica de la economía. Habrá que ver cómo encaja con la normativa europea esta intervención socialista en el mercado eléctrico. No en vano, también están en discusión en Bruselas las directrices comunitarias para la regulación de estos mercados. Este asunto promete ser uno de los principales caballos de batalla para el Ministerio de Teresa Ribera.

No menos polémico será, cuando se aprueben los futuros Presupuestos, la subida de los impuestos sobre el diesel, punto de partida en la revisión a la fiscalidad energética que plantean los socialistas. Y dentro del sector del transporte, las estaciones de servicio ya habrán empezado a hacer números ante la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica que va a exigir el Gobierno para hacer que la movilidad eléctrica deje de ser una anécdota para empezar a ser una realidad.

Tampoco hay que perder de vista la necesidad de acordar la hoja de ruta con su socio de legislatura. Por fortuna para los socialistas, la agenda no difiere en demasía con Ciudadanos o con Unidas Podemos, sus socios potenciales. Los de Albert Rivera preferirían revisar la fiscalidad energética y, por ejemplo, discreparían de la subida de impuestos a los carburantes, por su incidencia directa sobre el bolsillo de los consumidores. Los de Pablo Iglesias exigen una senda más ambiciosa, que estaría más cómoda con lo que exponía el programa electoral de los socialistas de 2015.

En este sentido, desde Unidas Podemos preferirían que las centrales nucleares cerraran antes de llegar a 2025 y las térmicas de carbón antes alcanzar 2026. También adelantarían 10 años, a 2040, la descarbonización completa de la economía. Asimismo, en materia de protección al consumidor doméstico vulnerable, Unidas Podemos lleva años reclamando una reducción del IVA de la factura de la luz y del gas al 10% al tratarse de suministros básicos. Más improbable parece la creación de una eléctrica pública.

Ribera confía en que el regreso del impuesto a la generación eléctrica no tenga «efecto real» en el recibo

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confiado en que el fin de la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica no tenga «un efecto real» en el recibo de la luz de los consumidores domésticos.

En este sentido, Ribera señaló que habrá que esperar que «los señores que generan electricidad lo hagan de manera eficiente» y que haya sol y viento ya que la hidraulicidad «no apunta bien», para que el impacto en la subida de precios del mercado mayorista «se comporte razonablemente y no haya un efecto real en la economía doméstica». «Pero todo esto está por ver», añadió.

El pasado mes de octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Gobierno del PP, así como la introducción de una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos al gas para desactivar el mal llamado denominado céntimo verde. Entonces, el Ejecutivo estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%.

La ministra explicó que cuando llegó al Gobierno existían medidas «puntuales» para facilitar el acceso al bono social, pero subrayó que no existía «un análisis concreto» respecto a la pobreza energética. «Hay un espacio importante en el que hemos trabajado los últimos meses, en el que se pretende hacer un diagnóstico y una propuesta de introducir un enfoque profesional a medio y largo plazo«, matizó.

La ministra subrayó que el Gobierno ha hecho «todo lo posible» para que no haya una subida de la luz pero defendió que, en plena campaña electoral, no se puede abordar una reforma fiscal «de este calado, y no parece que sea convincente ampliar una suspensión del impuesto«. Así, aseguró que ampliar la prórroga aprobada de 6 meses de la suspensión de este impuesto requería un decreto-ley y una partida presupuestaria y podría considerarse «una medida electoralista». «¿Qué dirían si por decreto se prorrogara una ampliación de la suspensión más allá de lo acordado en su momento, con una aportación presupuestaria muy notable? Los titulares serían: El Gobierno electoralista«, afirmó.

Ribera indicó que su objetivo hubiera sido haber podido abordar una reforma fiscal de la energía, ya que «forma parte de la convicción y el programa» del Gobierno, al ser algo «determinante». La ministra para la Transición Ecológica, que mostró su deseo de poder repetir en el cargo en el caso de volver a formar Gobierno Pedro Sánchez tras las elecciones del próximo 28 de abril, señaló que se han quedado por desarrollar «3 o 4 reformas de gran calado», entre las que figura, además de la fiscal, la revisión del mercado eléctrico en general.

Ribera calcula que el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos que elabora la empresa estatal Enresa estará listo en junio

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos «estará listo» el próximo junio. En este sentido, la ministra ha indicado que le pidió al presidente de ENRESA (la empresa estatal de residuos), José Luis Navarro, que presentara un borrador de proyecto «serio, solvente» y con todas las «variables» que exige el contexto comunitario. «Calculo que en junio eso estará listo», concretó.

Respecto a la gestión futura de los residuos nucleares asociados a la actividad de las centrales nucleares, la ministra considera necesario ser «responsable» y gestionar «de forma segura» los residuos en las condiciones que permitan «tener la tranquilidad» de que no va a haber «ningún problema», primero de forma temporal y después de manera definitiva. En cuanto al plazo pactado con los titulares de las centrales nucleares para atrasar el cierre hasta 2030 a 2035 en vez de al plazo previsto en el programa electoral socialista, que fijaba el cierre a no más tardar en 2028, la ministra reivindicó el cierre «ordenado» planificado que supone un «ligero desplazamiento hacia arriba» de la fecha de cierre.

De un día para otro

A ese respecto ha defendido que, en una «combinación de prioridades» de posicionamiento desde lo laboral a lo emocional, se cruzaban «muchas variables» y lo que ha pretendido su Ministerio ha sido «clarificar» y dar a conocer las previsiones en el «tiempo que está por venir» para asegurar el desmantelamiento nuclear con seguridad financiera y con seguridad de mantenimiento. Ribera ha recalcado que no aboga por nada en particular pero sí por «entender y anticipar» de forma transparente el tiempo que está por venir en un contexto de programa socialista que se plantea ir abandonando la energía nuclear en pro de la renovable, pero admite que «las cosas no ocurren de un día para otro«.

En cuanto al nuevo horizonte del final nuclear, de casi una década, asegura que se trata del «reconocimiento» de las propias «mochilas» del mix eléctrico español, que cuenta con centrales térmicas de carbón, «mucho» ciclo combinado, termosolares que «lo han pasado muy mal», plantas fotovoltaicas. Por ello, insistió en que con «tantas cosas» es preciso «ir ordenando la salida» y la transición con «mucho cuidado» para los titulares de las plantas, como para la red eléctrica, con los reguladores del funcionamiento del mercado y de manera «compatible» con ese estado social, democrático y de derecho.

Huelga climática de los jóvenes

Por otro lado, Ribera animó a los jóvenes españoles a sumarse y participar en la huelga climática convocada en casi un centenar de ciudades por la adolescente sueca Greta Thunberg, porque en las movilizaciones «se aprende mucho» tomando «parte activa» en los debates actuales. En este sentido, la ministra destacó que una parte de la educación y la formación tiene que ver «no con oír lecciones magistrales» sino con la reflexión en la calle, tomando «parte activa» de los debates actuales como el cambio climático.

Así, ha calificado de acción «educativa» que los chicos con capacidad de pensamiento propio se manifiesten y considera que el movimiento juvenil y estudiantil por el clima tiene una «gran trascendencia» que se hace «cada vez más presente en las calles» de Europa y España. “Los responsables políticos, empresariales e institucionales recibimos una vez más una lección en voz alta, de aquellos que están reclamando, de qué es lo que deberíamos hacer en término de cambio de nuestras agendas, cómo reordenar prioridades, cómo entender por qué importa esa agenda que no acepta más retrasos«, recalcó.

La ministra ha recalcado que se trata de la manera actual de consumir y vivir, el modo de relacionarse, la manera de repartir hipotecas y oportunidades. «Creo que es por tanto un debate de fondo que explica por qué los jóvenes salen a la calle a pedirnos cordura, inteligencia, habilidad, conciencia, acción y ética», ha enfatizado para añadir que sus reclamaciones coinciden con algunos de los ejes más importantes del Gobierno en estos 8 meses.

En definitiva, ha calificado de «esperanzador» y de «sobrecogedor» el movimiento juvenil que ha inspirado la joven sueca y le parecía «sorprendente» que un asunto como el cambio climático que «transforma tan profundamente» los elementos que se conocen como sociedad no hubieran alcanzado el «nivel de rebelión» y que los jóvenes no hubieran reaccionado «con acritud». Asimismo, ha recordado que Greta Thunberg asegura a sus mayores que son tan cobardes que no son capaces de decir a los jóvenes la dimensión real del problema que dejan. En este contexto, califica a la sociedad de «contradictorio» porque ve «sencillo» acogerse al titular de que es necesario actuar contra el cambio climático, pero cuando se entra en detalle todo es más complejo.

Ribera admite que prolongar la vida de las centrales nucleares es necesario para garantizar la seguridad de suministro eléctrico

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica en esta legislatura y ha admitido que la ampliación del calendario para el cierre de las centrales nucleares suma a la hora de garantizar la seguridad del suministro pues supone tener «un horizonte que se conoce de antemano» y saber «cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red y la estabilidad financiera del sistema».

Así lo ha puesto de manifiesto tras la presentación del informe Legislando para una transición baja en carbono y resiliente al clima: aprendiendo de las experiencias internacionales, elaborado con la colaboración del Real Instituto Elcano y Acciona, que ha tenido lugar en la Fundación Botín, en Madrid. Según ha indicado la ministra, está «muy satisfecha» con el calendario nuevo de cierre de las centrales, que el Gobierno ha acordado con sus titulares para un periodo entre 2030 y 2035, en lugar de entre 2024 y 2028, fecha que tenía previsto el PSOE en su programa.

«Hemos hecho cosas que son muy significativas de cara a plantear esa reforma de algo tan importante como es nuestra estructura energética, eso incluye el protagonismo devuelto y, a veces, todavía sin culminar de las energías renovables, la recuperación de la confianza de los inversores y sociedad, pensando que hay un horizonte que se conoce de antemano, cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red, la estabilidad financiera del sistema, y la búsqueda de un calendario anticipado de aquello que sabemos que está llamado a desaparecer», ha relatado.

Así, ha puesto de ejemplo la minería del carbón, las centrales térmicas y las centrales nucleares. «Otro asunto que resultaba clave es que, a la seguridad de suministro, hay que sumar la seguridad nuclear y, dentro de la seguridad nuclear, la seguridad financiera de la seguridad nuclear«, sostiene. En este sentido, explica que las empresas titulares de las centrales tenían que tomar la decisión de si seguir operando esas centrales o «facilitar un cierre ordenado». Sobre esto último, Ribera asegura que es «bueno» poder trabajar con «suficiente anticipación», con un calendario de cierre previsible en el que se tenga en cuenta la incidencia que puede tener en el sistema eléctrico.

Para Ribera, las empresas titulares de las centrales han sido «responsables» a la hora de llegar a un acuerdo con el Gobierno para establecer ese escenario futuro de cierre, pues el debate no era «fácil», al haber «diferentes preferencias y prioridades» según la empresa y según el territorio. Por último, aseguró que será la siguiente legislatura la que tenga que resolver cuestiones «críticas» como la reforma fiscal de la energía, la reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva en un sistema energético más digitalizado.

Impuesto a la generación eléctrica

Por otro lado, la ministra ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica a partir de abril, ya que el actual Gobierno «no tiene capacidad de maniobra en lo que queda de legislatura» para ello. El pasado octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica.

Entonces, el Gobierno estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%. La ministra considera que esta medida forma parte de «esa cesta» de la actualización de la fiscalidad del sistema energético, que consideró que es una de las «cuestiones críticas» que quedan como tareas por realizar para una posible siguiente legislatura.

Ribera ha indicado que el Gobierno está trabajando en esta reforma fiscal, aunque señaló que «es muy complejo, ya que hay una fiscalidad cruzada, que no manda señales claras y que requiere una revisión en profundidad de qué es lo que se pretende, qué es lo que se puede hacer y cómo se acompasa en el tiempo». Junto a esta reforma fiscal, cree que será necesario abordar en el futuro una reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva de un sistema energético mucho más digitalizado, «en el que el almacenamiento va a ser crítico».

La Comisión Europea autoriza a España a destinar 200 millones de euros en ayudas a las empresas electrointensivas hasta 2020

Europa Press.- La Comisión Europea autorizó el esquema de ayudas de España a las empresas con un consumo intensivo de electricidad, que contará con un presupuesto de 200 millones de euros hasta 2020, al concluir que cumple con las normas europeas en materia de ayudas de Estado.

Este esquema, aprobado originalmente por la Unión Europea en 2013, está dirigido a compañías que se enfrentan a costes «significativos» relacionados con el consumo eléctrico y que cuentan con una exposición «particular» a la competencia internacional. La compensación tiene forma de reembolso parcial de los costes de electricidad bajo el sistema europeo de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas).

«El incremento del presupuesto está justificado por los mayores precios de la electricidad resultantes de los costes indirectos de emisión bajo el sistema europeo de comercio de emisiones», argumenta Bruselas, que ha evaluado la adecuación del plan a las normas europeas sobre ayudas de Estado, en particular con las directrices sobre ayudas relativas a la energía y la protección medioambiental. Los servicios comunitarios de Competencia han concluido que dicho esquema cumple con las reglas comunitarias.

Ribera y el economista Nicholas Stern piden «acelerar» las medidas contra el cambio climático porque estamos en «una carrera contrarreloj»

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y el economista Nicholas Stern, presidente del Instituto de Investigación Grantham sobre Cambio Climático y Medio Ambiente, advirtieron de que hay que «acelerar» las actuaciones para hacer frente al cambio climático, porque estamos en «una carrera contrarreloj».

En su intervención, la ministra ha señalado que «no es suficiente» lo que se ha realizado hasta ahora y hay que «activar los mecanismos» para «avanzar» en la «eficacia» del Acuerdo de París sobre el cambio climático suscrito en 2015, que presenta un plan de actuación para limitar el calentamiento del planeta por debajo de 2 grados. Además, se ha referido a la «ambiciosa, transformadora y eficiente» propuesta del Gobierno central en su Marco estratégico de energía y clima, que «requiere del esfuerzo de todos».

También ha hecho alusión al «impacto» que la revolución digital ha tenido más allá del sector. «Está transformando la humanidad», ha subrayado, para añadir que «la siguiente revolución es la ecológica», que tiene que permitir «reconciliar nuestras expectativas de patrón de bienestar con los límites de la naturaleza». Además, ha advertido de que «esa transformación no puede hacerse trampa a la hora de hacer las cuentas», porque «lo que conservemos será el patrimonio en el que podremos seguir construyendo el tiempo que queda por venir«.

Por su parte, Stern considera que «hemos entendido lo que hay que hacer» para enfrentarnos al cambio climático, pero «tenemos que acelerar mucho». En este contexto, ha urgido un «cambio radical» de la manera de innovar y «tomar decisiones ya, porque las inversiones para dentro de 20 años se están decidiendo ahora«. Además, ha lamentado que «no estamos siendo consistentes» con ese objetivo de limitar el calentamiento global por debajo de los 2 grados, como contempla el Acuerdo de París, “sabiendo lo que nos jugamos».

Por otro lado, Stern ha abogado por «descarbonizar todos los nichos de la economía, lo que implica encontrar sumideros de carbono». A su juicio, hay una «buena base» para ello, pero necesitamos «capital humano, físico, natural y social y unirlos», así como «políticas diferentes» y «gestionar mejor nuestros mercados de capital», así como crear «redes de electricidad, de transporte, que no funcionarán sin la Administración», aunque ello no significa que «todo tenga que ser público«.

También ha abogado por «compartir rápidamente la información» sobre cómo afectan ambientalmente nuestras acciones y ha recordado que en Reino Unido anualmente mueren «más de 30.000 personas por contaminación atmosférica, más del 20% de las que lo hacen por accidentes de tráfico, y no hay un clamor público al respecto«. Stern también ha reflexionado sobre el hecho de que hay que ser «productivamente flexibles» y «proteger los ingresos de la gente pobre y a los países pobres y utilizar el mercado del carbono para ello».

Europa debe unirse a Asia

Por otra parte ha destacado que «las grandes instituciones financieras deberían decir donde están canalizando sus fondos desde el punto de vista del riesgo climático, en tecnologías antiguas y peligrosas o en nuevas tecnologías». «Todos deberíamos ser capaces de saber eso no solo desde el punto de vista jurídico, sino político, para ir más rápido«, añadió. Finalmente, se mostró convencido de que «desde las finanzas y las políticas públicas se puede hacer mucho» frente al cambio climático pero «es el momento de que Europa se alce con una voz y se sume a China e India en una voz mundial».

Por su parte, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, también ha insistido en que hay que «correr» y «usar todas las tecnologías en nuestra mano» para afrontar el cambio climático, una tarea en la cual las energías limpias «pueden ser un aliado». Para ello ha apuntado que se requiere «de un marco claro que aporte estabilidad» al sector energético.

Tras subrayar la «apuesta» de Iberdrola por las renovables, Galán ha instado a «aprender de los logros y errores», como los «bloqueos» a su implantación por parte de los legisladores, para «avanzar en la transición energética«, algo que va a requerir también la movilización de «cuantiosísimas inversiones en los próximos años para acometer este cambio a un modelo plenamente descarbonizado».

En este sentido, ha opinado que también se necesitan «ejercicios de previsión, no improvisación», porque las empresas energéticas deben tomar «decisiones a 60 años», que requieren de «políticas que aporten claridad y certidumbre», con marcos normativos «conforme a objetivos ambiciosos a corto, medio y largo plazo», que sean «fruto de un consenso», estén basados en «principios de mercado» y sean acordes con las normativas europeas.

Sánchez Galán ha puesto en valor el «modelo basado en contratos bilaterales de compra venta de energías renovables» y ha aplaudido que, en estos momentos, España «está emitiendo una señal clara para ir a un modelo energético más sostenible y competitivo», a través del Plan Nacional de energía y Clima, que contempla «una participación del 70% de las renovables para 2030», entre otras medidas. «Empezamos a tener una foto bastante clara de qué hay que hacer en España para tener un suministro energético seguro», se felicitó, para añadir que «cuando hay claridad y predicibilidad se estimula la inversión» y así Iberdrola contempla «una inversión en España de más de 8.000 millones de euros para 2030».

Sánchez Galán se ha referido a las «grandes ventajas» que conllevará la transición energética, «ambientales y en otros ámbitos», ya que, a su juicio, por ejemplo, «evitará graves problemas de salud, reforzará la seguridad de suministro, la balanza de pagos con enormes ahorros«, además de «dinamizar el crecimiento y la competitividad» y crear empleo «en sectores de futuro». «El cambio de modelo es técnica y económicamente viable pero hay que aunar esfuerzos con todos los agentes para seguir avanzando», afirmó.

También ha advertido de que en ese camino hay que «evaluar los resultados reales», evitando el greenwashing, de manera que «las memorias se publiquen con datos reales de lo que hace cada sociedad en esta dirección». Finalmente destacó que Iberdrola ha suscrito un acuerdo con el Ente Vasco de la Energía (EVE) para el desarrollo conjunto de proyectos renovables, tanto eólicos como fotovoltaicos, en el País Vasco y «hacer cientos de megavatios» limpios en la comunidad autónoma vasca, algo que ha calificado de «oportunidad única».

Sánchez cree que la transición ecológica no supone «una amenaza» sino «una oportunidad sin precedentes» para la economía

Europa Press.- El presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez, asegura que la transición ecológica no supone «una amenaza» sino «una oportunidad sin precedentes» para mejorar el sistema económico y crear empleo, al tiempo que ha defendido que en la lucha contra el cambio climático hay que actuar «juntos», porque la respuesta debe ser «global» y las instituciones deben «actuar al dictado de la ciencia».

A su juicio, «hay que cambiar la percepción que tenemos del cambio climático». «Es preciso cambiar nuestra mirada y acentuar el precio que podemos pagar si no lo hacemos como la ciencia dice que lo hagamos», ha asegurado, al tiempo que ha advertido de que «ésta no es una batalla ideológica», sino a favor de la ciencia. Sánchez ha puesto en valor la labor realizada por su Ejecutivo en esta materia con la creación de un Ministerio para la Transición Ecológica o el marco estratégico de energía y clima, porque el cambio climático es «una de nuestras prioridades más inamovibles».

Además, ha destacado que España está «a la vanguardia de lo que supone luchar contra el cambio climático». En este contexto, apuntó que la transición ecológica no es «una amenaza», sino que «todos ganamos si nos adelantamos» y supone «una oportunidad sin precedentes» para mejorar nuestro sistema económico y crear empleo. Sánchez ha abogado por la reducción de las emisiones y por huir del «negacionismo» del cambio climático como han hecho los «ignorantes», así como de «la vuelta de las arcadias felices». «Ninguna de las dos respuestas es tolerable», afirmó.

También ha señalado que, si se actúa contra el cambio climático, «tendremos riqueza, más salud pública y preservaremos la belleza del planeta». Por otro lado, Sánchez ha advertido de que el cambio climático «nos desafía y nos obliga a cambiar y actuar juntos para buscar «una solución global», que es «la única posible». «Todos estamos en esa tarea», ha aseverado.

«Los poderes públicos concertados tienen que actuar al dictado de la ciencia», incidió, al tiempo que exigió reflexionar sobre el modelo de sociedad y productivo que queremos, así como «hacer mucha pedagogía» para «explicar lo que supone el consumo irresponsable, el efecto de un modelo productivo que se ha mostrado depredador» e incluso sobre «un concepto de felicidad, ahora ligada al consumo y sin valores».

Vascos contra el cambio climático

Por su parte, el lehendakari vasco, Iñigo Urkullu, ha destacado el «alcance mundial» de los efectos del cambio climático y ha puesto en valor la Estrategia de Cambio Climático Klima 2050 del Gobierno Vasco con el «reto» de avanzar hacia la «neutralidad en carbono», es decir, «reducir las emisiones a la cantidad que pueda ser reabsorbida y proponer actuaciones para aumentar la resiliencia del territorio«.

También ha manifestado la apuesta de su Ejecutivo por reducir un 20% las emisiones invernadero para 2020. «La apuesta de Euskadi es firme y se concreta en la colaboración público-privada entre los distintos agentes sociales y económicos y entre todos los territorios», ha afirmado. Además, ha subrayado el «compromiso que crece de abajo a arriba» en la acción municipal a favor del medio ambiente y contra el cambio climático, a través de iniciativas como la Red Vasca de Municipios Sostenibles Udalsarea 2030, a la que ya se han sumado 75 municipios que han realizado inventarios de emisiones y 50 localidades con programas específicos de mitigación y adaptación al cambio climático.

A su juicio, hay que «avanzar en la conciencia social» ante el reto «global» del cambio climático, de manera que todas las personas sepan que «pueden hacer su propia actuación local para frenar el cambio climático y favorecer la sostenibilidad global». «Nuestra misión es cambiar el cambio», apuntó Urkullu, para el que supone dar «un paso al frente con el deseo de legar a las nuevas generaciones un futuro mejor».

Finalmente, el consejero vasco de Medio Ambiente, Iñaki Arriola, ha afirmado que el Gobierno Vasco quiere «sumarse a la tarea que tiene la humanidad» para hacer frente al cambio climático “porque se nos acaba el tiempo«. El consejero de Medio Ambiente ha asegurado que el cambio climático «ha dejado de ser una hipótesis formulada por científicos y naturalistas para convertirse en una evidencia», y ha abogado por «cambiar las conductas» que lo producen en vez de «limitarnos a ser testigos» de este fenómeno. Finalmente, ha advertido de que «seríamos unos irresponsables si no hacemos nada para dar esta batalla por el futuro de la humanidad».

Ribera ve “muy lejos de la realidad” que Bruselas pida la devolución de las ayudas a Alcoa por la interrumpibilidad

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, asegura que la posibilidad de que la Comisión Europea vaya a reclamar a España que recupere las ayudas concedidas a plantas electrointensivas como las de Alcoa en las subastas de interrumpibilidad es «prejuzgar enormemente» el resultado final de las conversaciones entre Bruselas y el Gobierno y «está muy lejos todavía de la realidad«. «Pensar que esto pueda acabar en una devolución de ayudas está muy lejos todavía de la realidad», insistió Ribera.

El Ejecutivo comunitario y las autoridades españolas llevan un tiempo manteniendo contactos para «reorientar» estos mecanismos de capacidad a las normas europeas sobre ayudas de Estado. El dossier se remonta incluso a la etapa de Álvaro Nadal. Desde el Ministerio de Transición Ecológica, además, se recuerda que el Gobierno «está trabajando con cómo combinar opciones para el sector electrointensivo» que sean «compatibles» con las normas comunitarias sobre ayudas de Estado.

Alcoa era el principal actor de las subastas de interrumpibilidad que ahora evalúan las autoridades europeas, puesto que abarcaba aproximadamente el 30% de ellas. En concreto, recibió unos 1.000 millones de euros para rebajar los costes de la factura de la luz en los últimos 10 años a través de dichas subastas. El Ejecutivo comunitario anunció en abril de 2015 una investigación sobre los mecanismos de capacidad que aplicaban algunos socios europeos. Concretamente, este análisis se centró en 11 Estados miembros, entre los que se encuentra España, que con 4 es el país con mayor número de mecanismos de capacidad.

En aquella investigación, cuyo informe final se publicó en 2016, la Comisión Europea identificó 28 mecanismos de capacidad existentes o previstos por estos 11 países, que se enmarcaban en 6 categorías (licitaciones de adjudicación de nuevas capacidades, reservas estratégicas, pagos de capacidad específica, modelos de comprador central, obligaciones descentralizadas y pagos de capacidad para todo el mercado). Los mecanismos de capacidad son remuneraciones que los Estados conceden a operadores de electricidad y otros proveedores para que estén disponibles en caso de necesidad, con el objetivo de garantizar el suministro. Al ser ayudas de Estado que pueden afectar a la competencia en el mercado único necesitan el visto bueno de Bruselas.

La interrumpibilidad se trata de un sistema de subastas que permite que las empresas que más electricidad consumen reciban una retribución a cambio de su disponibilidad para desconectarse de la red en casos de emergencia para el suministro que podría afectar a todo el país. Desde el inicio de su investigación, Bruselas ha aprobado ya mecanismos de capacidad en Bélgica, Alemania, Polonia, Grecia y Francia, mientras que ha abierto recientemente una investigación sobre un mecanismo de capacidad de Reino Unido.

Impuesto propuesto a la aviación

Por otro lado, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que el impuesto europeo sobre el sector de la aviación que han propuesto Bélgica y Países Bajos es «interesante«, pero al mismo tiempo pidió ser «prudentes» y hacer una evaluación para saber si es la mejor opción para incorporar la fiscalidad medioambiental en los regímenes fiscales nacionales.

«Con carácter general me parece que no solamente es legítimo, sino que es interesante que se planteen propuestas así. Pero a la hora de la verdad habrá que ser prudente al reflexionar sobre si ese es el mejor mecanismo, si hay otros y, si es el mejor mecanismo, hasta dónde y cómo se puede aplicar», ha expresado. La ministra ha afirmado que «todos somos conscientes» de que la fiscalidad medioambiental «tiene que tener más peso» en los sistemas fiscales, aunque ha recordado que «siempre ha sido muy complicado» que los países del bloque comunitario se pongan de acuerdo para incorporar nuevos impuestos a nivel europeo.

En cualquier caso, ha asegurado que es «interesante» que los ministros de Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) debatieran en febrero a propuesta de Países Bajos un gravamen sobre el sector de la aviación y ha explicado que los responsables de Medio Ambiente mantuvieron un «intercambio» sobre la base de la propuesta de Bélgica. El Gobierno belga defiende que son necesarios «esfuerzos adicionales» para atajar el «continuado crecimiento de las emisiones» de gases de efecto invernadero de este sector y para evitar que otros sectores tengan que compensar este incremento.

«Un elemento importante de estos esfuerzos sería una tarifa justa y correcta al transporte aéreo», señala el documento, que añade a continuación que «en actualidad no están gravados ni el queroseno ni los billetes de avión a través del IVA». Además, Bélgica cree que en un futuro impuesto a la aviación debería tener en cuenta los costes externos, a través del principio de que «el que contamina, paga» y serviría para «restaurar una competencia justa con otros modos de transporte».

El Gobierno socialista aprobará antes de las elecciones la Estrategia de Pobreza Energética y el decreto de autoconsumo de electricidad

Europa Press.- El Gobierno aprobará antes de que expire la legislatura la Estrategia de Pobreza Energética y el real decreto por el que se regularán las condiciones para el autoconsumo de electricidad, según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que indicó que estas dos materias deben estar «en el frontispicio de un final raro de legislatura corta y enriquecedora».

La ministra explicó que cuando llegó al Gobierno existían medidas «puntuales» para facilitar el acceso al bono eléctrico pero subrayó que no existía «un análisis concreto» respecto a la pobreza energética. «Hay un espacio importante en el que hemos trabajado los últimos meses, en el que se pretende hacer un diagnóstico y una propuesta de introducir un enfoque más profesional a medio y largo plazo«, señaló. En el caso del autoconsumo, el pasado mes de octubre el Ejecutivo ya aprobó el real-decreto ley que, entre otros aspectos, eliminaba el conocido como impuesto al sol del PP para la energía autoconsumida.

La Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2019-2024 contempla un diagnóstico de la situación, establece una definición de pobreza energética y de consumidor vulnerable y objetivos de reducción a 2024. Además, el documento realiza un diagnóstico de la situación en España, determina ejes de actuación y fija objetivos de reducción de este problema social que afecta a entre 3,5 y 8 millones de personas, según el indicador que se analice. Asimismo, Ribera destacó que la transición ecológica es «una oportunidad» para el empleo en el mundo rural a través del impulso a las renovables y al turismo sostenible. De esta manera, afirmó que los convenios de transición justa son proyectos integrados de desarrollo territorial que deben ser «negociados y pactados».

La Estrategia, que se construye con un enfoque integral, con medidas paliativas y estructurales, y con actuaciones a corto, medio y largo plazo, parte de la necesidad de mantener y mejorar los sistemas prestacionales, compuestos en la actualidad por los bonos sociales de electricidad y térmico, que se conciben como «instrumentos de transición» que dejarán paulatinamente mayor protagonismo a «medidas estructurales que busquen afrontar el problema de raíz y a largo plazo». Así, el documento define la pobreza energética como «la situación de vulnerabilidad en la que se encuentra un hogar en el que no pueden ser satisfechas las necesidades básicas de suministros de energía, como consecuencia de un nivel de ingresos insuficiente y/o de una vivienda ineficiente en energía».

También enumera manifestaciones de esta pobreza, como son la incapacidad de mantener una temperatura adecuada en el hogar, el retraso en el pago de las facturas, un gasto energético excesivamente bajo o un gasto en suministros energéticos desproporcionado sobre el nivel de ingresos, conforme a los indicadores oficiales del Observatorio Europeo de la Pobreza Energética (EPOV). Asimismo, analiza las implicaciones de este fenómeno sobre la salud, el desarrollo personal, social y de igualdad de oportunidades. La definición de consumidor vulnerable se concreta en aquel «consumidor de energía eléctrica o de usos térmicos que se encuentra en situación de pobreza energética y cumple con las condiciones para percibir las medidas de apoyo establecidas por las administraciones».

El documento plantea objetivos de reducción en el periodo 2019-2024 que permiten evaluar el grado de efectividad y eficiencia de las políticas públicas. El marco de actuación de la Estrategia se organiza en torno a cuatro ejes. En el primero, se establecen medidas para mejorar el conocimiento sobre la pobreza energética a través de la puesta en marcha de un sistema robusto que permite el cálculo periódico de los indicadores de pobreza energética, mientras que el segundo está dedicado a mejorar la respuesta frente a esta situación, a través del análisis de los actuales bono social eléctrico y térmico e, incluso, articulando respuestas extraordinarias para situaciones meteorológicas extremas como la prohibición del corte de suministro.

El tercer eje se centra en el impulso de cambios estructurales para reducir la pobreza energética a partir del análisis del parque de viviendas y el cuarto plantea medidas de protección a los consumidores y conciencia social. El marco temporal de aplicación de la Estrategia será de 5 años, en el periodo 2019-2014, y para su ejecución se prevé el desarrollo de planes operativos. Se designa al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) como órgano encargado del seguimiento de esta estrategia, que estará regida por los principios de cooperación interadministrativa y la alineación de acciones.

Ribera se muestra «satisfecha» con su gestión al frente del Ministerio para la Transición Ecológica aunque critica la herencia recibida

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha mostrado «moderadamente satisfecha» con su gestión al frente del departamento que ha dirigido durante los últimos 8 meses, aunque recriminó que le hubiese gustado encontrarse «con las cosas mejor hechas«.

Así lo expresó la ministra, que ha manifestado que ha sido «una pena haberse encontrado con el terreno tan embarrado y con problemas de litigiosidad tremendos que habrá que pagar». La ministra hacía mención al retraso que España ha ido acumulando en los últimos años en la transposición de las leyes en materia medioambiental en el marco de los compromisos adquiridos con la Unión Europea y cuyo incumplimiento podría derivar en futuras multas por parte de las instituciones comunitarias. En concreto, ha resaltado el problema del cierre de las centrales de carbón aún presentes en España, que tendrían que echar el cierre en 2020 salvo que contasen con «cuantiosas inversiones».

Por ello, Ribera ha defendido que la estrategia es ahora seguir el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) para el periodo 2021-2030, que pretende contar con un marco estable para la plena descarbonización de la economía en 2050, en línea con los objetivos a nivel mundial. La ministra ha recordado que este plan prevé que la factura de la luz alcance una rebaja de hasta el 12% antes de impuestos en 2030, en alusión a las críticas vertidas por el diputado del PP, Guillermo Mariscal, quien ha culpado al PSOE de la subida de la factura de la luz.

«El PSOE ha vuelto y ha vuelto a subir la factura eléctrica», ha recriminado Mariscal a la ministra, al mismo tiempo que ha reprochado al Gobierno que sus políticas energéticas «nunca piensan en los costes y en la sostenibilidad del sistema, por lo que crece la factura«. Sin embargo, Ribera ha defendido que entre marzo y mayo del 2018, antes de que el PSOE llegara al Gobierno, el precio del mercado mayorista de electricidad se incrementó en casi un 40%.