El Plan de Energía y Clima de España es el mejor valorado de la UE por la European Climate Foundation

Redacción.– Las economías con 0 emisiones netas no se producirán por casualidad, asegura la European Climate Foundation: “se requerirá un enfoque y una planificación dedicados, con una mirada clara al objetivo final”. En este sentido, esta organización ha destacado el trabajo realizado para España por el Ministerio para la Transición Ecológica, un plan que obtiene 52,4 puntos sobre los 100 máximos.

A juicio de la European Climate Foundation, los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC) representan una oportunidad para que los Estados miembros de la Unión Europea puedan trazar sus próximos pasos en el camino hacia un futuro seguro para el clima y ​​para cosechar los beneficios económicos y sociales que vienen aparejados. Los PNIEC claros y sólidos pueden servir como reclamos para grandes y pequeños inversores e involucrar a las partes interesadas en su desarrollo, además de indicar donde se necesitarán esfuerzos adicionales. Sin embargo, los proyectos de PNIEC presentados por los Gobiernos tienen una gran necesidad de mejora.

Estos son los resultados de un nuevo informe encargado por la European Climate Foundation y realizado por Ecologic Institute y Climact. Forma parte de la serie Net-Zero 2050, una iniciativa de la European Climate Foundation con contribuciones de un consorcio de expertos y organizaciones. Este informe evalúa todos los proyectos de PNIEC presentados a la Comisión Europea y los califica de acuerdo con 3 variables: el nivel de ambición, el nivel de detalle de las políticas y medidas descritas así como la calidad e inclusividad de su proceso de redacción.

Según el ranking, España es el país que obtiene mayor puntuación con 52,4 puntos sobre 100. El PNIEC elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica es el más ambicioso de la Unión Europea. La ambición de los planes representa 45 puntos como máximo y España es el país que más puntuación obtiene, con 21,1 puntos, gracias a su hoja de ruta para alcanzar la descarbonización en 2050 y sus objetivos de 2030 de energías renovables, aunque sus objetivos de reducción de emisiones de gases invernadero para 2030 no parece coherente con el objetivo a largo plazo. Donde España obtiene un 0 rotundo es en la ambición de sus objetivos de eficiencia energética para 2030.

En cuanto al nivel de detalle de sus políticas, España ocupa el segundo lugar tras Grecia como país con mejor PNIEC en este sentido y logra 30,7 puntos sobre los 45 máximos. En este apartado se valora la concreción con la que el Ministerio para la Transición Ecológica aborda la consecución de los objetivos de eficiencia energética, energías renovables y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aprueba también las medidas de corte financiero y de apoyo a las inversiones mientras que aún tiene que mejorar España a la hora de acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles y en sus planes para disminuir el uso de carbón.

Donde España no ha obtenido una buena puntuación es en la calidad e inclusividad de su proceso de redacción. En este apartado España ha estado por debajo de la media comunitaria y apenas ha obtenido un 0,6 sobre 10. Nuestro país amerita un suspenso al no tener en cuenta la participación de los agentes llamados a estar involucrados en la implementación del PNIEC, entregar el documento con retraso y con la ausencia de algunos apartados importantes como la cooperación regional.

Tras el liderazgo de España, el segundo PNIEC mejor valorado es el de Francia, con un 47%. A estos dos países les siguen Grecia (44%) y Suecia (43%). El plan climático de Eslovenia es el último con un 3%, con Eslovaquia (12%) y Alemania (12%) por delante. La puntuación media para el bloque de la Unión Europea es del 29%.

Esta evaluación encuentra que, si bien los proyectos de planes climáticos nacionales indican que los países están tomando medidas hacia la acción climática para 2030, todavía no cumplen con las ambiciones establecidas por los legisladores de la Unión Europea y el Acuerdo de París. Los problemas recurrentes incluyen planes limitados para la eliminación de los subsidios al carbón y los combustibles fósiles, pocas indicaciones sobre las inversiones necesarias, demasiado uso de biomasa insostenible, consulta pública inadecuada y falta de esfuerzos explícitos para desechar los planes de la meta de 2050. Así, el informe identifica varias buenas prácticas en los planes preliminares que los responsables políticos nacionales y de la Unión Europea pueden inspirar y replicar.

Bruselas apremia a España y otros países a enviar sus planes de control de la contaminación atmosférica

Europa Press.- La Comisión Europea ha pedido a España y otros 14 países de la Unión Europea que entreguen sus programas nacionales de control de la contaminación atmosférica, que las capitales debían haber remitido a las autoridades europeas como muy tarde el pasado 1 de abril, según explicaron fuentes comunitarias.

Además de España, el Ejecutivo comunitario todavía no tiene los programas de Francia, Alemania, Polonia, Bulgaria, Chipre, República Checa, Grecia, Hungría, Lituania, Malta, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Luxemburgo. Sí que los han entregado, por contra, Austria, Irlanda, Países Bajos, Croacia, Letonia, Portugal, Dinamarca, Italia, Suecia, Bélgica, Reino Unido, Estonia y Finlandia. En cualquier caso, sólo estos últimos tres países cumplieron el compromiso de enviar sus documentos antes del 1 de abril, según consta en el directorio de la Comisión Europea.

De hecho, el Ejecutivo comunitario es el encargado de examinar la coherencia de los programas nacionales con las normas europeas, incluida la trayectoria de reducción de emisiones desde 2020 a 2030. Los Estados miembros tendrán que actualizar sus programas nacionales como mínimo cada 4 años. En ellos, los países deben valorar en qué medida las fuentes de emisiones nacionales pueden tener un impacto sobre la calidad del aire en su territorio y en el de Estados miembros vecinos, además de valorar la necesidad de reducir dichas emisiones para cumplir los objetivos de calidad del aire.

Los programas de cada socio comunitario también tienen que priorizar las medidas de reducción de las emisiones de carbono al adoptar medidas para cumplir sus compromisos nacionales de reducción de las partículas finas y garantizar la coherencia con otros planes y programas pertinentes establecidos en virtud de requisitos indicados en la legislación nacional o comunitaria. La asociación europea de organizaciones medioambientales European Environmental Bureau (EEB) ha tildado de «sorprendente» el retraso de los países «en algo así de importante». «Cada día de retraso en atajar la contaminación atmosférica significa que más gente sufre las consecuencias en su salud», ha advertido la responsable de Calidad del Aire de EEB, Margherita Tolotto.

Los ingenieros industriales reivindican que la descarbonización de la economía no debe producir efectos indeseados en la industria

Europa Press.- El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) considera que la transición hacia una descarbonización completa de la economía que ha adoptado el Gobierno es un proceso «complejo» de cuyo avance depende que «no se produzcan efectos indeseados» en la economía en general y en la industria en particular, lo que repercute en el bienestar social.

El colectivo recuerda que parte de la transición energética diseñada por el Gobierno se apoya en el cierre progresivo del parque nuclear y, en el caso de que finalmente se apruebe el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el 74% de la generación eléctrica en 2030 deberá proceder de fuentes renovables. El plan incluye también reducir la potencia nuclear instalada de los 7.399 megavatios actuales a 3.181 megavatios en 2030 y continuar su operación hasta 2035 para facilitar un sistema de potencia firme mientras progresa la penetración de renovables.

Los ingenieros destacan el «papel fundamental» que juega el CSN en la seguridad, en el buen funcionamiento del parque nuclear y en la protección radiológica en España en «diferentes acontecimientos que han tenido lugar». Para el COIIM, los plazos que marca el borrador y la complejidad de los acuerdos alcanzados entre la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y los representantes de Iberdrola, Naturgy y Endesa «hacen más relevante si cabe mantener el carácter independiente del CSN frente a la Administración General del Estado».

La industria aérea reclama medidas para lograr mayores progresos en la investigación en combustibles sostenibles y reducir emisiones de CO2

Europa Press.- La aplicación efectiva de la iniciativa Cielo Único Europeo y una mejora de la arquitectura del espacio aéreo europeo contribuiría a reducir al menos en un 10% de las emisiones de CO2, según el lobby aéreo A4E (Airlines for Europe), lo que permitiría que el transporte aéreo fuera «aún más sostenible en el futuro», por ello la industria reclama su puesta en marcha, al tiempo que pide «políticas inteligentes» e iniciativas para mayores progresos en la investigación de combustibles sostenibles.

La asociación A4E, que engloba a las 5 grandes compañías europeas (Lufthansa, Ryanair, IAG, Air France-KLM y la británica easyJet, entre otras aerolíneas, ha celebrado su tercera cumbre anual, en la que se comprometieron a fijar metas de sostenibilidad para apoyar los objetivos de la Unión Europea. La A4E, junto con la industria del transporte aéreo de la Unión Europea, se encargará de elaborar una hoja de ruta para definir la manera en que «una combinación de medidas y políticas adecuadas» podrían ayudar al sector aéreo a cumplir dichos objetivos.

La industria aérea ya cuenta con soluciones para reducir el impacto climático de la aviación en los próximos 15 años, como una «mayor utilización de carburantes sostenibles y la modernización de la flota, que según la A4E, deben acompañarse de la resolución urgente de los actuales problemas de ineficiencia del espacio aéreo para «sacar un mayor partido» a las medidas aplicadas por las compañías aéreas.

«Estamos convencidos de que las compañías aéreas en la Unión Europea, y Europa en general, pueden ir más lejos para dirigir el desarrollo de una hoja de ruta para una aviación sostenible», ha afirmado el director general de Airlines for Europe, Thomas Reynaert. Así, considera que aunque los niveles de eficiencia del combustible de aviación han mejorado en un 2% anual en Europa, se «podrían realizar más progresos significativos si actuales iniciativas de investigación y desarrollo, como las tecnologías de motores eléctricos e híbridos y los combustibles sostenibles alternativos estuvieran mejor financiadas y si se tomaran las decisión políticas apropiadas para eliminar los obstáculos existentes».

Las compañías aéreas europeas han ahorrado 20 millones de toneladas de emisiones de CO2 desde 2014, lo que equivale a 1,6 millones de vuelos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) o a 100 días de vuelo, según se desprende de un nuevo estudio, publicado por SEO Economics en febrero de este año, sobre el impacto medioambiental de las interrupciones al tráfico e ineficiencias en el espacio aéreo europeo. «La industria necesita más apoyo en cuanto a los esfuerzos realizados para reducir la dependencia a los combustibles fósiles«, ha concluido Reynaert.

Ecologistas quieren adelantar a 2040 la descarbonización de España pero ven como un punto de inflexión los planes del Gobierno

Europa Press.- Mientras Acogen cree que el Plan de Energía y Clima es «incompatible» con un sistema eléctrico eficiente y competitivo, las organizaciones ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife han calificado de «poco ambiciosos» los objetivos del Marco Estratégico de Energía y Clima que presentó el Gobierno aunque, en todo caso, celebran que el paquete climático va en la buena dirección y supone un «punto de inflexión» en la lucha contra el cambio climático en España.

La coordinadora estatal de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, ha destacado que los mecanismos que se definen en la ley son correctos pero los objetivos son «poco ambiciosos«. «Necesitamos mecanismos mucho más ambiciosos que los de nuestros vecinos, porque vamos a sufrir mucho más las consecuencias del cambio climático», ha manifestado. Ruibal es «consciente», no obstante, de que este es el «mejor» anteproyecto de ley de cambio climático al que podían aspirar en este contexto. Entre los aspectos que ha desgranado, ve positiva la apuesta porque la electricidad sea de origen renovable, pero critica que los plazos del carbón y las nucleares son «demasiado extensos» y los riesgos que asume España son «muy altos».

En la misma línea, Ecologistas en Acción celebra que los nuevos objetivos suponen un avance pero advierte de que la planificación del Gobierno está «lejos de la ambición requerida y del impulso necesario» para la transformación necesaria ya que la descarbonización total «debería» alcanzarse en 2040. «El tiempo de la inacción se ha pasado. Solo una actuación decidida que consiga reducciones sustanciosas podrá atender las demandas de una transformación planetaria sin precedentes para frenar el cambio climático», comenta el responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz.

A su juicio, el calendario de cierre presentado para el carbón y la nuclear responde más a los intereses de las grandes compañías eléctricas que a los propios compromisos electorales del PSOE. Para Ecologistas en Acción es «inadmisible» la postura del PSOE y acusa al Gobierno de una «falta de valentía patente» por la ausencia de una fecha definitiva para el cierre de las térmicas.

Por su parte, Greenpeace respalda el marco estratégico de Energía y Clima porque «va en la dirección correcta» pero pide más ambición y critica que el proceso electoral paralice la necesidad de acelerar la transición energética. «Es la primera vez que España se plantea oficialmente un horizonte de cierre de sus centrales de carbón y nucleares«, celebra la ONG, que reclama objetivos más ambiciosos. Igualmente lamenta que el calendario de cierre nuclear se alargue «innecesariamente» una década más porque esto penaliza «gravemente» a la sociedad.

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha señalado que el paquete climático es «una urgencia histórica por encima de cualquier batalla política». «Que España se proponga alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable es un triunfo de quienes en un principio demostramos que esto es posible y necesario, aunque necesitamos que se haga extensible a toda la energía, no solo la electricidad», ha manifestado Rodríguez que confía en que una vez se apruebe este paquete, España dejará de ser el «único» país de Europa sin fecha de abandono del carbón.

Sin embargo, también cree que no se debe retrasar el cierre de las centrales de carbón y las nucleares más allá de 2025 y que el sistema energético debería alcanzar la neutralidad de carbono en 2040. En todo caso, Greenpeace ve «imprescindible» medidas para que España se reenganche a la lucha mundial contra el cambio climático y «aproveche sus oportunidades».

“Buen rumbo” para la transición

Por su parte, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ve en la presentación del marco estratégico un «punto de inflexión de verdad» para el modelo económico de España. En este sentido, destaca que implica una «revolución» para todos los sectores económicos con un «cambio de rumbo» que lleva a España a ponerse «en el grupo de cabeza» de la lucha europea y mundial contra el cambio climático. «El barco de verdad empieza a girar en la dirección correcta después de mucho tiempo», confía Del Olmo que recuerda que hace aproximadamente una década Greenpeace lanzó una propuesta de un sistema energético 100% renovable en 2050. «Parecía entonces impensable y hoy está aquí», comenta.

Para el responsable de WWF, en este momento en el que España entra en un «torbellino electoral», es «imprescindible» que el cambio climático se respete como una política de Estado a largo plazo y que no sirva de arma electoral arrojadiza sino de motivo de consenso. «Ningún partido debería hacer de esto una lucha partidista porque la lucha contra el cambio climático puede ser una catapulta para el futuro de España. Es una superoportunidad, especialmente para las zonas despobladas», comenta.

Finalmente, aunque le gustaría que los textos tuvieran más ambición, un cierre más temprano del carbón y las nucleares, entre otras cosas, valora que poner todo ello sobre la mesa es un «salto cualitativo para una nueva era». «España poner a rodar la lucha contra el cambio climático con un papel de liderazgo tanto en la Unión Europea como a nivel global. Hay muchos detalles que nos gustarían de otra manera, pero este paquete supone pasar de un país anclado en las energías sucias a un país poderoso que se propone ser 100% limpio en 2050. Es muy ilusionante», concluye.

Por su parte, desde SEO/BirdLife, su directora ejecutiva, Asunción Ruiz, ha destacado que se está hablando «de una cuestión de Estado, muy por encima de cualquier diferencia política, territorial y sectorial» ya que «el marco que propone el Gobierno debería marcar un suelo para nuestra ambición y una prioridad absoluta para la próxima legislatura a todos los niveles del gobierno, y para todas las siguientes legislaturas hasta final del siglo». Por ello, han hecho un llamamiento «a un debate responsable e inclusivo en la consulta pública y en las campañas electorales, y a una movilización social masiva» ante este reto.

«Incompatible» con eficiencia y competitividad

Por su parte, la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) cree que el borrador del PNIEC es «incompatible» con un sistema eléctrico eficiente y competitivo e impide también que España mantenga su actual producción industrial, de exportaciones y de empleo. «El borrador no refleja en absoluto el supuesto acompañamiento al sector industrial y el marco de apoyo a la cogeneración en la industria al que aludía el Gobierno en su presentación de propuesta del plan», ha puesto de relieve la asociación.

Además, Acogen ha criticado que la propuesta «no sólo no aprovecha el potencial económico de cogeneración de alta eficiencia evaluado en España y Europa, sino que apunta un calendario de cierre de las cogeneraciones en funcionamiento (una de cada tres) totalmente incompatible con las políticas de eficiencia que promueve la Unión Europea«. En esta línea, ha alertado de que la eliminación de una de cada tres cogeneraciones podría conllevar «graves consecuencias» para la industria manufacturera y para la calidad del suministro eléctrico en los polígonos industriales, por lo que se pondría en «grave y directo peligro» la competitividad del 6% del PIB industrial español y más de 60.000 empleos industriales.

La Eurocámara pide elevar al 55% el objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030

Europa Press.- La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo ha abogado por elevar al 55% el objetivo de reducción de emisiones efecto invernadero para 2030 en comparación con los niveles registrados en 1990, frente a la meta del 40% que tiene la Unión Europea en la actualidad.

En una resolución no legislativa, aprobada con 49 votos a favor, 6 en contra y 6 abstenciones, los eurodiputados han advertido que es necesario aumentar la ambición actual para poder conseguir en 2050 una economía europea sin emisiones efecto invernadero. En este contexto, la comisión europarlamentaria ha pedido a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que apoyen este incremento del nivel de ambición durante la cumbre que mantendrán en Sibiu (Rumanía) el 9 de mayo.

Los eurodiputados han subrayado que el PIB de la Unión Europea crecería a un mayor ritmo con escenarios más ambiciosos de reducción de emisiones de gases invernadero, aunque de manera desigual entre los distintos Estados miembros. Además, han destacado que una transición «justa» hacia un escenario de emisiones netas nulas podría suponer la creación de puestos de trabajo siempre que se gestione «de forma adecuada» y apoyando a las regiones, sectores y ciudadanos que se viesen más afectados. En este sentido, los eurodiputados han pedido tanto a las capitales como a la propia Unión Europea que tengan en cuenta el impacto social que pueden tener las políticas climáticas que desarrollen.

Por otro lado, la comisión de Medio Ambiente ha enfatizado que la estrategia de la Unión Europea hasta 2050 debe dar prioridad a la reducción directa de emisiones y «fortalecer» las reservas y los sumideros naturales de carbono, como los bosques. Por último, ha instado a la Comisión Europea a desarrollar una estrategia industrial con políticas que permitan al sector europeo competir con sus rivales globales en igualdad de condiciones, así como a activar medidas compatibles con las normas de la OMC que eviten el riesgo de fuga de carbono.

97 millones para eficiencia energética

Por su parte, la Comisión Europea ha anunciado que invertirá 97 millones de euros en el desarrollo de proyectos que persigan mejorar la eficiencia energética de edificios tanto públicos como privados, una iniciativa que se enmarca dentro de los esfuerzo del bloque comunitario para reducir un 32,5% el consumo de energía en 2030. El presupuesto se destinará, en concreto, a la Facilidad ELENA (European Local Energy Assistance), que está gestionada por el Banco Europeo de Inversiones (BEI), organismo que aportará asistencia y actuará como «punto de contacto» en el proyecto.

Así, los servicios de desarrollo de proyectos se dirigirán a asociaciones de hogares y propietarios que pretendan «aumentar el confort y reducir las facturas energéticas», según el BEI. Estas ayudas, además, estarán disponibles para entidades que quieran desarrollar productos financieros o préstamos dedicados a la mejora de la eficiencia energética. «Acelerar las inversiones en eficiencia energética en edificios residenciales para reducir las emisiones de carbono y atajar mejor el cambio climático es crucial», advierte el vicepresidente del BEI responsable de Energía, Andrew McDowell. Los edificios residenciales europeos suponen el 40% de la demanda energética de la Unión Europea, que tiene el objetivo de reducir su consumo un 32,5% para 2030.

Bruselas invertirá 116 millones de euros en 12 proyectos europeos dedicados al medio ambiente y la acción climática

Europa Press.- La Comisión Europea anuncio la inversión de 116,1 millones de euros para financiar 12 proyectos enmarcados en el programa LIFE para el medio ambiente y la acción climática en Austria, Bulgaria, República Checa, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Portugal y Eslovenia. Los 12 proyectos tienen un presupuesto total de 215,5 millones de euros, por lo que el Ejecutivo comunitario financiará más del 50% de la inversión necesaria. La Comisión Europea espera que este montante genere 3.200 millones de euros en inversiones adicionales.

En cuanto a las acciones por el medio ambiente, Bruselas ha concedido 19,6 millones, a dos proyectos en Bulgaria y Hungría que buscan reducir la contaminación atmosférica en núcleos urbanos. Además, se destinarán 44,2 millones a la financiación de proyectos de conservación de la naturaleza en República Checa, Hungría, Portugal y Eslovenia y 19,9 millones a dos proyectos en Austria y Hungría. Con respecto a los proyectos dedicados a la acción climática, Bruselas financiará con 32,4 millones la adopción de medidas en Finlandia, Italia y Eslovenia para cumplir sus objetivos nacionales de reducción de emisiones y una estrategia de adaptación al cambio climático a nivel local y regional en Grecia.

El comisario de Medio Ambiente, Karmenu Vella, ha destacado que estas nuevas inversiones «ayudarán a aprovechar los recursos para responder a las preocupaciones de los ciudadanos sobre la calidad del aire«. El programa LIFE de la Unión Europea se puso en marcha en 1992 y desde entonces ha cofinanciado un total de 4.600 proyectos, de los que 1.100 están en marcha en la actualidad. El presupuesto actual del programa, para el periodo 2014-2020 es de 3.400 millones y Bruselas ha propuesto incrementarlo un 60% en el siguiente ciclo presupuestario (2021-2027).

Las organizaciones ecologistas plantean al Gobierno 13 nuevos impuestos y modificar gravámenes como el IVA, IRPF, sucesiones, hidrocarburos o sociedades

Europa Press.- Las organizaciones ecologistas Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF elaboraron una propuesta de fiscalidad ambiental por la que plantean al Gobierno la creación de 13 nuevos impuestos y modificaciones en gravámenes como el IVA, el IRPF, sucesiones, hidrocarburos o sociedades.

Así, reclaman al Gobierno una «profunda» reforma fiscal que integre los criterios de ecofiscalidad y plantean una treintena de medidas fiscales para contribuir a la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta. El documento Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible ha sido presentado por las organizaciones, que quieren que la fiscalidad incentive o penalice las distintas actividades y conductas así como las decisiones de los agentes económicos en base a su impacto ambiental.

En concreto, consideran que con su propuesta la fiscalidad española se acercará a los países del entorno, ya que España está en el puesto 25 de los 28 Estados de la Unión Europea en cuanto a la fiscalidad ambiental dirigida a orientar el comportamiento de los agentes económicos y contribuir a la protección del medio ambiente. Además, quieren que, a diferencia del régimen actual, la recaudación que se obtenga con la nueva ecofiscalidad sea finalista y se destine «íntegramente» a facilitar la transición ecológica y alcanzar un modelo socioeconómico acorde a los límites del planeta.

En su propuesta abogan por reformar el IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades para que primen actividades más sostenibles; las tasas sobre hidrocarburos para penalizar los combustibles más contaminantes; gravar la generación de CO2, disuadir de la producción de energía nuclear; crear nuevos impuestos como el del vertido e incineración de residuos, que grave el impacto ambiental que provoca la generación de purines o las emisiones de metano, son algunas de las medidas que piden los grupos ecologistas. También se incluyen reformas ecológicas en impuestos municipales como el IBI o la tasa de residuos.

También apuestan por modificar el impuesto de matriculación de vehículos para gravar los más contaminantes; reformar el impuesto de la electricidad; el canon de uso de los bienes de dominio público hidráulico; y crear nuevos impuestos para la energía nuclear. Otras de sus propuestas pasan por crear impuestos para el esquí alpino, a las aguas minerales embotelladas, a la minería, a los hoteles, a la construcción, a los bienes inmueble, al carbono, a los vertidos y la incineración, a la caza y al cambio de los usos de suelo. Las ONG consideran que la «urgencia ambiental» actual hace que esta reforma fiscal sea una necesidad «urgente» en todas las Administraciones.

El Gobierno aprueba en Consejo de Ministros la transposición de la directiva europea sobre el registro de emisiones contaminantes para 2021-2030

Europa Press. – El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto ley con el que se transpone una parte de la Directiva Europea de Emisiones relativa a la regulación de algunos aspectos del comercio de derechos de emisiones de gases contaminantes en España para el nuevo periodo 2021-2030.

De este manera, y según ha anunciado la ministra portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, con este Real Decreto se elabora un registro de emisiones para ver «como se pueden conceder» derechos de emisión a «instituciones, hospitales, escuelas y empresas», entre las 1.000 instalaciones afectadas en España por este sistema.

Como ha manifestado Celaá, esta es «parte» de la transposición de una Directiva y que la Directiva «completa» se aprobará «en breve» en el Consejo de Ministros.

Gracias a la aprobación del Real Decreto, el Gobierno aclara «determinados aspectos» sobre el nuevo periodo e incorpora las cuestiones más urgentes de la Directiva 2018/410/UE, que adapta la regulación al nuevo periodo del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea, que entrará en vigor en 2021 y estará vigente hasta 2030.

Este Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (RCDEUE) es una de las herramientas principales de la UE para cumplir con el Acuerdo de París sobre cambio climático y para reducir sus emisiones contaminantes de forma rentable.

Hay que recordar que el objetivo de la UE es reducir al menos un 40% sus emisiones en 2030 respecto a los valores de 1990, en línea con los compromisos asumidos por el Acuerdo Europeo en 2014 y como parte de la contribución europea al Acuerdo de París.

Así, el RDCE-UE, creado en 2005, es el primer régimen internacional de comercio de derechos de emisión del mundo y es la herramienta para reducir las emisiones en 31 países, los 28 de la UE junto con Islandia, Liechtenstein y Noruega.

De este modo, este sistema rige en las instalaciones de gran consumo de energía, sobre todo en las centrales eléctricas y las plantas industriales, así como en las compañías aéreas que operan en estos 31 países. En España, unas 1.000 instalaciones, que suponen un 39% del total de emisiones del país, operan bajo este sistema.

Específicamente, España transpone además los aspectos más urgentes de la Directiva 2018/410/UE del Parlamento y del Consejo de Estado, que introdujo novedades en este régimen de cara a esta cuarta fase. Así, regula el proceso, los plazos, la información y los documentos necesarios para que las instalaciones puedan solicitar la asignación gratuita de derechos de emisión del GEI para el periodo de asignación 2021-2025.

La novedad más importante y que la norma lo exige es la obligación de que los titulares de las instalaciones elaboren un plan metodológico para el seguimiento y notificación de los niveles de actividad a lo largo del periodo 2021-2030, que deberá ser aprobado por la autoridad competente.

En otro sentido, regula algunos puntos sobre el régimen de exclusión de instalaciones que cada año emiten menos de 25.000 toneladas equivalentes de CO2 y de hospitales. Aunque estén excluidas del régimen de comercio, este tipo de instalaciones deben cumplir medidas consideradas equivalentes a la participación en el RCDE, según el Real Decreto 301/2011 de 4 de marzo.

Finalmente, la norma aprobada introduce las novedades que incorpora el Derecho comunitario respecto al mecanismos de compensación de los costes indirectos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutibles en los precios de la electricidad.

Laurence Tubiana: «No hay que hablar de cambio climático, sino de beneficios para la salud y desarrollo humano»

Europa Press.- La directora de la European Climate Foundation y una de las artífices del Acuerdo del Clima de París, Laurence Tubiana, ha señalado que no es necesario hablar de «cambio climático, sino de beneficios para en salud, personal y social, y de desarrollo humano» porque así, la población percibirá las ventajas individuales y será capaz de transformarse para luchar contra el calentamiento global.

«Hay que hablar a los ciudadanos de como mejora su salud con una buena calidad del aire. Hay que decirles que son responsables y perjudicados de un aire contaminado y también que pueden actuar para mejorarlo», insiste. En este caso, observa que es una cuestión de «conexión» con los problemas, por lo que el proceso para valorar que las acciones pueden tener un impacto positivo va del ámbito personal al colectivo porque «la gente necesita un método para abrir los problemas, entenderlos y actuar» en aspectos de aire o transporte que son «cruciales» para el cambio climático. En definitiva, considera que hay que sacar el cambio climático del ámbito político, tecnocráctico y oenegista y aún más importante «despolitizar» la cuestión.

Por otro lado, Tubiana ha querido trasladar el mensaje de que España está «en un momento muy interesante e importante para Europa», porque son necesarios países que «realmente aceleren la discusión y la ambición climática» ligada a los objetivos de desarrollo sostenible. «Estamos en un momento de discusiones y dudas, populismos en algunos países de Europa, sentimiento antieuropeo en otros países, y me parece que el conjunto político español, aunque esté complicado por un gobierno en minoría, está mostrando que el pueblo y la sociedad ve las cosas de una manera muy positiva para Europa. Eso me parece muy importante. Vengo a decir a la gente lo importante que es España para Europa«, ha manifestado.

En ese sentido, Tubiana no ve «ninguna razón» para que la lucha contra el cambio climático se politice porque el problema es global y «no de derechas o de izquierdas». De este modo, opina que despolitizar la cuestión sería «muy fácil» en España ya que son políticas a largo plazo en las que debería fijarse una visión «multipartido» para la acción climática. Por ello, propone la creación de un órgano regulador, independiente del Gobierno, para que fiscalice el cumplimiento de las políticas climáticas a largo plazo. «La meta es clara y debe fijarse mediante un acuerdo nacional aunque el camino pueda ser distinto, con diferentes instrumentos políticos y económicos», comenta.

De hecho, añade que «ningún» partido querría aparecer como responsable de no hacer nada ante esta «responsabilidad histórica» y con la búsqueda de objetivos se beneficiaría también a la industria, que cree que «está gritando por señales claras y estables». «La lucha contra el cambio climático debería ser un pacto de Estado más allá de una o dos legislaturas», apostilla.

Por ejemplo, en ese camino ve «muy tarde» el plazo fijado en 2040 como fecha final de matriculación del diésel en España y en Europa, un elemento «imprescindible» en la acción climática y cree que es «una locura» la controversia creada al respecto. Si bien, confía en que España y Francia lo harán e impulsarán a Alemania a seguir ese camino que también beneficiará a la industria automotriz. En ese contexto, Tubiana ha puesto de ejemplo a China, que ha anunciado que en 2022 tendrá coches eléctricos totalmente competitivos con respecto a los de petróleo.

Por ello, la experta en clima recuerda que la Unión Europea se ha marcado la meta de ser neutra en carbono en 2050 y para llegar a ese objetivo ve necesario abrir un proceso local para «imaginar» el año 2050 en cuanto a movilidad o aire. Tubiana es «optimista» y considera que el proceso de imaginar facilitará el camino ya que si se aspira a un aire limpio y a «todo verde» no se podrá entonces seguir con un coche contaminante. «La atmósfera podría cambiar mucho si las instituciones abren este espacio de discusión y reflexión a los ciudadanos», insiste.

Sin embargo, advierte de que este proceso debe hacerse bien para evitar un «levantamiento social» porque se trata de una cuestión de justicia anticiparse a las reticencias y poner soluciones. En cuanto al inicio de la aplicación del Acuerdo de París en 2020, Tubiana opina que «objetivamente» la Cumbre del Clima de Katowice (Polonia) en diciembre de 2018 fue un «éxito» porque se pudo establecer todo el mecanismo de aplicación del mismo, excepto un artículo que se terminará de definir en la próxima COP de Chile. «La hoja de ruta está terminada. Ya no hace falta nada más para empezar a aplicar el Acuerdo de París en 2020», ha sentenciado.

Respecto al impacto del Brexit en el reparto de esfuerzos europeo admite que en este momento esta cuestión es «un caos» pero confía en que los objetivos climáticos del Reino Unido queden alineados con la ambición europea. «Que la gente se despierte, el cambio climático está pasando ahora y no dentro de diez años. Hay que actuar ya», ha concluido.