Llegan las elecciones, ejercicio democrático sano y necesario en cualquier país avanzado, con todo su atrezo y prosopeya: los mítines, los programas, los candidatos, las batallas dialécticas, los sondeos electorales, las promesas, etc… En el caso que nos ocupa, el de la energía, tenemos que partir del propio hecho de la “oscuridad” derivada de su complejidad, en que se desenvuelve este ámbito de la economía y de la actividad de nuestro país, lo que afecta a lo que se dice y a lo que se calla.

En este sentido, son muchas las cuestiones que tendremos que tratar en el ámbito energético para conseguir una visión informada y responsable de la actuación política futura en el sector energético, estratégico para un país como el nuestro con una dependencia energética exterior muy importante. Siempre, descontando el grado de ambigüedad del lenguaje electoral (no es lo mismo lenguaje político que electoral, del mismo modo que no es lo mismo democracia que votocracia) que, generalmente, puede justificar una cosa y la contraria. Esto implica que todos seamos más exigentes a la hora de requerir concreción a los que serán poder legislativo y ejecutivo tras las próximas elecciones.

Por tanto, hay que requerir a los partidos que hayan realizado un diagnóstico certero (no ideológico) del sector energético, de su grado de liberalización, de su nivel de competencia, de su posicionamiento sobre el comportamiento en relación al funcionamiento del mercado, de los órganos reguladores y de la intervención pública en la conformación del sector empresarial, de la estabilidad regulatoria y seguridad jurídica, del modelo de desarrollo de las energías renovables, del futuro del mix de generación español atendiendo al crecimiento de la demanda y a sus sostenimiento económico y medioambiental. Después de cuáles son sus recetas y propuestas en materia de tarifa, déficit tarifario, política medioambiental, eficiencia energética (y todo, esto en serio, no colecciones de buenas intenciones y afirmaciones grandilocuentes).

La oscuridad (o mejor dicho complejidad, técnica y económica) de un sector tan estratégico para nuestra economía, tiene efectos y también sirve para que se puedan ‘perpetrar’ determinados atentados regulatorios, incluso con la aquiescencia inducida de la soberanía popular. Un ejemplo de ello, es como se asaltó la reforma del sector eléctrico en el Senado, modificasen incorporando a través de la Ley 17/2007, en el Senado a base de incorporación de enmiendas del Congreso y esquivando a la Comisión Nacional de Energía. Esta ley, que estaba llamada a ser la traslación de las Directivas Europeas pendientes de incorporación al sector eléctrico español, se quedó convertida en una involución del mercado y en la sacralización de Red Eléctrica como monopolio de transporte, propiciada desde la sección más reaccionaria de los ‘intelectuales orgánicos de la energía’ y gestionada ‘sotto voce’ por el Ministerio de Industria, valedor oficial de este grupo, una “minoría creativa” muy influyente actualmente, en la última fase de su tramitación parlamentaria. El resto se llama disciplina de partido. Otro ejemplo es el Real Decreto Ley de detracción de emisiones, cuyo trámite causa sonrojo y plantea la exposición de nuestros representantes en cuestiones tan complejas.

Por ello, es el momento, de dos cuestiones: en primer lugar, de hacer análisis del resultado de la política energética de estos cuatro años (y especialmente de este ultimo que podemos calificar de ominoso, con el fuerte deterioro de la confianza sectorial), del acrecentamiento del déficit tarifario, de la reducción del mercado liberalizado y laas agresiones al funcionamiento del mercado, y, en segundo lugar, de pedir transparencia de lo que cada programa establece a futuro. Y así, por ejemplo, conocer los resultados y propuestas de esa Prospectiva 2030 de la energía tan celosamente guardada para que no incordie en el debate electoral. Por ejemplo, también sería razonable conocer también el papel de la Oficina Económica del Gobierno en todo esto para la próxima legislatura y del actual Vicepresidente y Ministero de Economía (Solbes, mantra reclamado para el mitin del próximo domingo en Vistalegre, pero solo ante el peligro de los trajines que organiza el ‘ala oeste de la Moncloa’ en el ámbito empresarial). Todo ello con la carencia trágica de una política estratégica de futuro.

Del mismo modo, habría que pedir al Partido Popular explicaciones de su participación en la operación de asedio al mercado eléctrico que el mismo propugnó) aprobando la Ley 17/2007 o su posición tibia en el Real Decreto Ley de Detracción de Emisiones , de que va a hacer con las tarifas (si va seguir sosteniendo que no crezcan y no reconozcan los costes de generación) y si va a permitir, en consecuencia, que los españoles sigan embalsando intereses y deudas energéticas para el futuro.

Y todo eso es ahora, no el 10 de marzo.

La historia siempre tiende a repetirse y por los caminos más inextricables. Generalmente el perfil personal se asemeja, persona que accede a un puesto de responsabilidad en la Administración, con envidiable juventud, procedente en términos ideológicos de áreas fronterizas de la izquierda con otros fenómenos que emplean el adjetivo revolucionario en su denominación. Hoy ese enfoque se ha diluido en otros fenómenos como el ecologismo o la antiglobalización.

Fruto de determinadas (y legítimas evidentemente, a la par que discutibles) convicciones ideológicas mantienen un enfoque de que la actividad de un sector económico ha de ser pública, principalmente, y además mantienen fuertes recelos hacia la iniciativa privada y las empresas. Ese tipo de perfil es un caldo de cultivo idóneo para los intervencionistas de tradición, que también los hay y en abundancia, dado que encuentran su agosto en influir en el predispuesto o predispuesta, y al tiempo, encontrar su parcela de influencia y poder.

Y, en el caso de que, como mal menor tenga que existir iniciativa privada, entienden que ésta tiene que tener fuertes controles, utilizar a las empresas como meros instrumentos al servicio del gran hermano planificador, de forma que se les determine qué tienen que hacer, cuando, de qué forma y a qué precio. Son por tanto una primera forma un tanto ‘chusca’ de outsourcing de la Administración de turno. Da igual que se trate de proveer servicios sanitarios que de proveer de servicios de telecomunicación o de energía. Es una forma de legitimar el intervencionismo, basado en que la consideración de lo que tiene que ser un servicio o un suministro es siempre un bien común o un bien público y su conocimiento reside en un planificador, que entre otros fines tiene el de maximizar su propio beneficio y ocupar los mercados y la actividad de los sectores.

En esto que nos situamos en el primer gobierno de Felipe González, y nos aparece como Directora General de Energía, Carmen Mestres. Mujer que venía precedida de un indudable perfil ideológico. Su apodo, malévolo y naif a la vez, era Caparucita Roja. Y todos recuerdan como su objetivo era, en los tiempos en que Iñigo de Oriol era presidente de UNESA, seguir una política fuertemente intervencionista con las empresas energéticas, hacer más bien de lobo que de Caperucita. Al parecer esos brotes revolucionarios duraron poco: el tiempo de conocer el sector y de que empezara a surtir efecto la necesidad de pragmatismo, algo que el propio presidente del Gobierno entonces imprimió en la Administración con mucha claridad y celeridad.

Entre el año 1982 y hoy han pasado más de veinticinco años y hemos asistido a un fenómeno imparable, la globalización. Un fenómeno que se caracteriza por la libertad de movimientos a nivel mundial, de capitales, de personas y de información. En los sectores económicos esto se traduce en que los inversores tienen muy pocas barreras de entrada y de salida de unos sectores a otros, y los entornos financieros se han hecho tremendamente eficientes con respuestas casi instantáneas, que recogen y descuentan las condiciones de un mercado. Por tanto, cuando en un sector como el energético español se le castiga duramente a través de la regulación, con una acción persistente y poco pensada, es fácil que las condiciones financieras del mismo ser reflejen en un castigo en Bolsa. Y, hemos hablado en estas páginas del efecto sobre Iberdrola (y como se ha facilitado que se adquiera por una empresa extranjera al haber reducido su valor), pero las consecuencias sobre Acciona (y el endeudamiento derivado de su operación corporativa junto con Enel para adquirir Endesa) y las propias Enel y Endesa, reflejan las consecuencias ignominiosas de esta actuación.

Todo cuento tiene su moraleja. La procedencia y trayectoria ideológica de cada uno no debe ser excluyente en ningún caso para el ejercicio de cargo público. Ni siquiera la situación y posicionamiento en el momento en que un cargo público está en ejercicio requieren la necesidad de conversión a un modelo en concreto. Lo que sí es la moraleja de este minicuento, es la necesidad de gestionar y dirigir un sector con pragmatismo e inteligencia, y no con dogmas, retos y enfrentamientos. Conociendo las implicaciones inversoras y financieras del mismo, conociendo las reglas del mercado de forma que sea más transparente y eficiente (tanto las actuales y anticipando las consecuencias de las mismas). Elaborando políticas de futuro claras y enviando señales nítidas a los agentes en lugar de contradicciones (fíjense lo que está pasando con las renovables o en la política medioambiental de derechos de emisión del carbono). Respetando los principios de legalidad y estabilidad jurídica, es decir regulando bien, que es la esencia de la inversión de los agentes, que puedan predecir el futuro. Comprendiendo las realidades de un mercado internacional en que la intervención de la Administraicón en un país en un entorno globalizado sólo puede ser negativa. Sin el apriorismo de ejercer la intervención, para buscar a toda costa arañar y erosionar a las empresas para jibarizarlas y dejar un sector convertido en un Gulag. En el ámbito energético, necesitamos, por tanto, gestores no intervencionistas, que sepan vincular a los sectores económicos con las políticas estratégicas (y lógicamente que las elaboren primero, claro).

Si no, acabaremos diciendo que viene el lobo. A lo mejor ya está aquí.

En días pasados, la patronal eléctrica UNESA, presentó su estudio y propuesta para responder en el ámbito de las necesidades de aumento y configuración de nuestro mix de generación para el año 2030, la denominada “Prospectiva de Generación Eléctrica”. Un documento que, de sus conclusiones y propuestas, deviene la necesidad de tratar nueva y abiertamente cuestiones que afectan al mix de generación español: los costes futuros de la energía, la necesidad de abrir el debate sobre la energía nuclear, la dependencia energética, entre otras cuestiones.

Por su parte, existía un grupo, organizado por la Secretaria General de Energía elaborando su propio documento 2030. En muchos momentos de esta legislatura se ha esgrimido hacia los grupos parlamentarios la existencia de este grupo y como sus conclusiones iban a servir para resolver varios nudos gordianos. Tiene por tanto el carácter taumatúrgico que tienen este tipo de informes: parece que su sola mención es un ‘mantra’ que todo lo resuelve para el futuro y tranquiliza de que alguien esté pensando en el futuro.

Este grupo a los efectos de lo que ha sido su configuración, dado que está promovido públicamente, ha sido una caja negra. Es decir se ha conocido muy poco de su composición, funcionamiento y resultado. Lo poco o lo mucho que se sabe se sabe por filtraciones o por anticipos puntuales de temas muy concreto. Más o menos se conoce su composición y se ha cuidado muy mucho de su ‘limpieza empresarial’. Es decir que no participen en él las empresas energéticas como agentes económicos involucrados directamente en este mercado y ámbito de la economía.

Por otra parte, se conoce mucho menos de sus avances y de lo que son sus propuestas, aunque también hay algunas filtraciones y anticipos inquietantes. Lo que si parece claro, y es resultado de la deducción detectivesca más que de la transparencia que debe regir un mercado y una cuestión de tanta relevancia en la economía, es que en estos momentos se está muy poco dispuesto a que las posibles conclusiones del grupo se conozcan a la luz antes de las elecciones. Seguramente para evitar debates indeseados o la apertura de cuestiones polémicas para el actual Gobierno y sus responsables. Muy cuidadosamente han desparecido sus menciones de cualquier posicionamiento público o político.

Programa oculto

El valor de conocer lo que un grupo así promueve estriba en varias cosas. En primer lugar en saber el posicionamiento ante temas como todos los que anteriormente indicábamos: costes de la energía, absorción de los mismos por la tarifa eléctrica, dependencia energética, resolución de los cuellos de botella en generación, debate sobre la energía nuclear… y saber cuáles son las recetas que proponen al Gobierno y, más concretamente, por la propia composición del mencionado grupo, el propio partido o una de sus familias, actualmente influyente en estas cuestiones. El hecho de desconocer públicamente y con la debida anticipación este posicionamiento, teniendo en cuenta que existe un proceso electoral abiertos, a la vista de las propias actuaciones de la Secretaria General de Energía basadas en los hechos consumados, conduce a la conclusión de la existencia de un programa oculto en los actuales referentes políticos en materia de energía.

El Ministerio también tiene gran experiencia en solicitar informes que no usa. También han sido en muchos casos cuestiones políticas las que han influido para que esto sea así. Vean el caso de la Mesa que se formó para analizar el futuro de la energía nuclear en España cuando el responsable del Ministerio era José Montilla o el Libro Blanco que se encargó a Pérez Arriaga. En este caso, por quiénes son sus autores y por cómo se han reclutado, garantizando su afinidad ideológica y con unos postulados muy parecidos en materia de planificación y de mercado (háganse ustedes una idea de cuál es el mix elegido), parece que no será conocido hasta después de las elecciones. Y que estará muy bien guardado su contenido, con una defensa muy férrea, a cal y canto para evitar que se desaten las polémicas.

Es preciso reclamar transparencia a la Administración, al Ministerio de Industria en una cuestión de esta trascendencia, frente a programas ocultos. Estamos en período electoral y, por lo tanto, hay que conocer de forma clara los planes de futuro que puedan impulsar cada uno de los partidos (y sus modelos, sus costes y sus déficit). Es legítimo, además de necesario. Además de sano, después de la ultima etapa vivida, ominosa, opaca y poco edificante.

Tarde más o menos tranquila en el ciclo de conferencias que organizaba el Colegio de Ingenieros Industriales de Madrid, hasta que llegó el Consejero de la Comisión Nacional de Energía, Luis Albentosa con una intervención sorprendentemente crítica, dada la autocomplacencia que suele ser habitual desde las tribunas oficiales o publicas, casi en cualquier sector. Exenta de eufemismos y demoledora en cuanto argumentos. La audiencia no salía, en muchos momentos, de su asombro ante lo que estaba oyendo, semejante carga de profundidad, en la medida que el ponente hacía una revisión crítica de la historia reciente del sector energético, poniendo el dedo en las llagas de las cuestiones de más candente actualidad.

Entre ellos, muchos argumentos públicos que están siendo objeto de discusión abierta en el sector desde hace meses: el déficit tarifario, la congelación de las tarifas por motivos políticos, la inestabilidad regulatoria, la ausencia de modelo de estrategia y política energética, el creciente papel de Red Eléctrica de España en el sistema, el debate entre el modelo TSO e ISO, el señalamiento del déficit de inversión en redes de transporte de energía. En ellos, se dedicó de una manera punzante y con poco resquicio para la justificación ni siquiera política. En eso, fue una intervención “políticamente incorrecta”, pero muy eficaz, apelando al Defensor del Menor para proteger a nuestros vástagos del déficit futuro (una metáfora especialmente afortunada).

Pero, lo que en realidad hizo Albentosa es dar coherencia y visión de conjunto a este panorama, como si escribiera un argumento, describiera los personajes y dibujase los planos de la película, poniendo la historia, en el símil cinematográfico, a este conjunto de hechos y situaciones concretas que se han venido dando en el sector energético español. Tras hacer un repaso de las actuaciones regulatorias a un paso de cumplirse los diez años de la Ley eléctrica, completó un recorrido para aseverar la existencia de una eventual involución sobre el modelo de liberalización aprobado en 1998 y alertar de los riesgos de no atacar el déficit y la subida tarifas, la inversión en redes, la elevación del precio de la energía eléctrica a partir del año 2008, fruto del cambio de condiciones climáticas, los precios del petróleo y los cambios en la propiedad de las empresas eléctricas y su necesidad de rentabilizar sus adquisiciones (como en el caso de Endesa, recientemente adquirida por Enel y Acciona)

Una de las partes más novedosas de su intervención, fue la dura crítica a las relaciones institucionales de los reguladores y a su papel: la debilidad política y funcional del regulador principal, el Ministerio de Industria, y la captura del regulador independiente, en este caso de la CNE, por el propio Ministerio. Con respecto a esta cuestión, puso en cuestión, desde el papel de la Comisión Nacional de Energía (desacreditada desde la OPA de E.ON, según él), el encuadre institucional de la energía como Secretaría General en lugar de Secretaria de Estado o Ministerio en la Administración General del Estado, los criterios de nombramiento de los Consejeros (una especie de premio del partido en el poder), la posible penetración en el interior del ‘organismo independiente’ del Ejecutivo, la utilización instrumental de la CNE y sus equipos técnicos, entre otras cuestiones, así como el deterioro de este órgano colegiado en beneficio de modelos más presidencialistas.

En conjunto, dibujó un escenario poco edificante, para los creyentes de la ‘independencia’, como base, principio y sentido de la articulación de las relaciones en las sociedades avanzadas en los sectores regulados. Sobre todo, en la medida de que se ha instalado un convencimiento generalizado de que es ‘normal y razonable’ que el partido en el poder controle los reguladores independientes, una tentación generalizada.

Seguramente que la intervención de ayer, va a escocer en muchos círculos y es contraria a la retórica de inauguración, ‘mantras’ medioambientales para discursos públicos y enunciados políticos ‘polite’ tan habituales (y más que se van ha hacer más presentes, si cabe, estamos en previo elecciones). Con todo, hay que agradecer la existencia de voces discordantes, que señalen los riesgos de morir de déficit y de extralimitación por no seguir la necesaria ortodoxia gestora de la Administración en un sector tan importante como el energético. Es necesario, que la ‘verdad oficial’ tenga su contrapunto en versiones profesionalizadas y despolitizadas como la que expuso ayer este Consejero.

Y, además, en un momento en que los presidencialismos imperantes arrostran la perspectiva de los expertos y de los gestores, Albentosa con su trayectoria y prestigio profesional, y su posición actual dentro del Consejo de la CNE, hizo ayer un ejercicio de independencia real, de coraje civil y de democracia. Quizá lo lamentable es que nos sorprenda una voz así en una tribuna pública. Una verdad incomoda.