Los sindicatos abordan con el Ministerio de Industria la implantación del coche eléctrico y la necesidad de empresas de baterías

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Europa Press.- CCOO y UGT Fica se han reunido con la ministra de Industria, Reyes Maroto, con la intención de trasladarle la necesidad de un Pacto de Estado por la Industria. El secretario general de UGT Fica, Pedro Hojas, señaló que ambicionan un posible Pacto de Estado por la Industria con matizaciones y aportaciones del nuevo Gobierno, y pusieron encima de la mesa los problemas relacionados con otros Ministerios, como el energético.

Para UGT, es fundamental tener una energía competitiva y que no represente un coste superior al 30% que existe actualmente de diferencial con los países industriales europeos y ve necesario que el Ministerio «se apoye» en los consensos del anterior Gobierno para sacar adelante la Estrategia Industrial del Programa 2020-2030. En el encuentro con Maroto, se ha abordado la implantación del coche eléctrico, la digitalización y la necesidad de que en España se establezcan empresas de baterías y de desarrollo de nuevos materiales y combustibles.

El secretario general de Comisiones Obreras, Agustín Martín, ha explicado que para pasar por ese Pacto de Estado por la Industria, es necesario un Pacto de Transición Energética, que garantice que en las transformaciones no se pierda empleo. Además, ambos secretarios han asegurado que todos los sectores son importantes y estratégicos y han mostrado su descontento con las declaraciones sobre el diésel que, aseguran, «son alarmas innecesarias y tienen un serio impacto sobre el empleo».

La Fundación Renovables asegura que el informe del Comité de Expertos para la Transición Energética «carece de ambición» en los objetivos a 2030

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EFE / Europa Press. – La Fundación Renovables considera que el informe que la Comisión de Expertos para la Transición Energética «carece de ambición» en los objetivos a 2030 que deben marcar la senda de las descarbonización de la energía en 2050.

En un comunicado, la fundación señala que el documento «no aporta ni compromisos ni medidas concretas como requieren los retos planteados para nuestro país y que fruto del esfuerzo por lograr un consenso, en cualquier caso limitado, se diluyen las propuestas con demasiadas alternativas planteadas, con excesivos condicionantes que lo descartan como guía para afrontar la Transición Energética».

Sin embargo,  la fundación ve positivo la importancia que el informe da a la fiscalidad como herramienta del proceso de transición energética, la fijación de un precio mínimo para el CO2, el incremento de la fiscalidad de los carburantes y la corrección de los desequilibrios existentes, aunque afirma que tampoco este caso detalla concreta las medidas y deja abiertas demasiadas puertas.

Además, destaca que se pida la supresión del ‘impuesto al sol’ que «dificulta, junto con otros elementos restrictivos, el desarrollo del autoconsumo en nuestro país».

En este sentido, la Fundación Renovables considera que lo más sorprendente del documento es la afirmación de que «no se han tenido en cuenta cambios en el comportamiento de consumidores» a la hora de fijar los escenarios, aunque en varias ocasiones se hable del papel de los ciudadanos «si reciben las señales de precio y regulatorias oportunas para reducir la demanda».

La Fundación Renovables también cuestiona los objetivos de renovables que contiene el documento, en el que los expertos consideran complicado llegar al 27% de cobertura de la demanda final y que no pase del 28,4% en el escenario de transición sostenible ni del 29,7% en generación distribuida, lejos del 35% que propone el Parlamento Europeo.

Critica que la apuesta renovable de los expertos se circunscriba a la fotovoltaica y dice que no tiene sentido que la eólica sólo vaya a contar con 3.323 megavatios (MW) adicionales diez años después de las subastas cuando sólo la repotenciación de parques existentes puede multiplicar por tres esa cantidad.

A juicio de la fundación, el informe asume las tesis del ministro de Energía, Álvaro Nadal, al decir que el cierre de las nucleares incrementaría el coste de la tarifa eléctrica de 2.000 millones a 3.000 millones de euros, pero no justifica la tasa que se debe poner a sus residuos ni los costes que tendría mantener a la nuclear competitiva con respecto a las renovables.

Para finalizar en el tema nuclear, la entidad no comparte la propuesta del informe de prorrogar la vida útil de estas centrales y la fundación defiende el cierre al término de la vigencia de las actuales licencias de funcionamiento.

La OCDE califica de «demasiado lenta» e «insuficiente» la transición energética hacia las energías renovables

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Europa Press.- La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) considera que ningún gobierno está demostrando una adecuada transición energética hacia las energías renovables y la califica incluso de «demasiado lenta» e «insuficiente». Así se desprende del informe Indicador de Crecimiento Verde 2017 en el que incluye el análisis de hasta 46 países a los que la OCDE aconseja desconectar de los combustibles fósiles y avanzar en la transición energética.

«Aunque existen signos de avance en materia de medioambiente, normalmente se suele observar que cada país se centra en un aspecto concreto y se atasca en otro», indicó el director de Medio Ambiente de la OCDE, Simon Upton, que añadió que «se necesita que los esfuerzos se realicen por igual en todos los ámbitos». En este sentido, Upton destacó los esfuerzos de Luxemburgo, Islandia, Dinamarca, Noruega y Holanda, y señaló que son los países que «mejores resultados totales» obtuvieron en el análisis de todas las variables de una ratio que pone en relación el crecimiento económico y las presiones medioambientales.

De igual forma, el organismo internacional sitúa a Dinamarca, Estonia, Reino Unido, Italia y Eslovaquia como los países que más han progresado en energías verdes desde el año 2000. A su vez, entre las economías no pertenecientes a la OCDE, Colombia y Costa Rica son los que mejores resultados obtienen en el uso de energías renovables. En este sentido, la OCDE celebró que «las principales economías sean más eficientes en el uso de recursos naturales», no obstante, advirtió de que «la presión medioambiental permanece elevada, especialmente por las emisiones devengadas a través del comercio internacional».

Así, el informe hace alusión a la productividad del carbono (PIB por unidad de CO2 emitido) y señala que esta ratio ha mejorado, ya que en la mitad de los 35 países pertenecientes a la OCDE ya no se da el tándem aumento de emisiones junto al crecimiento económico. Suiza y Suecia registraron el nivel más alto de productividad de carbono, mientras que Eslovaquia, Letonia y Polonia redujeron sus emisiones a medida que el PIB aumentaba. No obstante, cuando se incluye el CO2 emitido durante las etapas de producción de bienes y servicios en el extranjero, solo 12 países de la OCDE «desacoplan» las emisiones del PIB. Al generar 1.000 dólares del PIB, se emiten unos 260 kilogramos de CO2.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé un déficit de petróleo para 2020 si no repunta la inversión

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Europa Press.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido de que si no se incrementa la inversión en nuevos proyectos, la demanda de petróleo podría no satisfacer a la oferta para 2020, lo que provocaría un «agresivo repunte» de los precios.

En su informe Petróleo 2017, la organización internacional avisa de que si no se revierte la caída de la inversión experimentada en 2015 y 2016, el crecimiento de la oferta petrolera podría «paralizarse» en 2020, mientras que se prevé que la demanda crezca durante los próximos 5 años. «La industria petrolera global necesitará un incremento de la inversión del 20% este año para cumplir con el crecimiento de la demanda y para contrarrestar el descenso de los pozos naturales», comentó al respecto el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol.

En este sentido, la AIE proyecta que la demanda de crudo ascenderá hasta 100 millones de barriles diarios en 2019, para alcanzar 104 millones de barriles diarios en 2022. El crecimiento de la demanda de petróleo se corresponde con el crecimiento de los países emergentes, principalmente los asiáticos. Así, 7 de cada 10 barriles de petróleo se consumirán en Asia en 2022, cuando se prevé que demanda procedente de India supere a la de China, explica la AIE, que considera que, para entonces, el impacto del coche eléctrico en el mercado de los combustibles para el transporte todavía será limitado.

UGT defiende la actividad de Garoña si se garantiza la seguridad nuclear mientras la Diputación de Álava exige el cierre

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Europa Press.- El diputado general de Álava, Ramiro González, aseveró que Garoña debe cerrarse «independientemente» de las negociaciones que puedan existir entre el Gobierno central y el PNV sobre los Presupuestos, mientras el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, defendió la actividad de la central nuclear siempre que se garantice la plena seguridad del reactor por su relevancia en términos de abastecimiento de energía a un precio razonable y para mantener la actividad económica y los puestos de trabajo en la zona.

Preguntado por las negociaciones entre Gobierno y PNV, que pasarían por no reactivar la central nuclear a cambio del apoyo de los nacionalistas a los Presupuestos, Álvarez asegura que los cambios de cromos le parecen «un desastre» en política. En este sentido, el secretario general de UGT reclama que las decisiones que se adopten sobre el futuro de Garoña se realicen «por convicción» y no por otras cuestiones «particulares». Pepe Álvarez ha insistido en su convencimiento de que el futuro de la central de Garoña, con más de 40 años de funcionamiento, se debe analizar de forma prioritaria desde una perspectiva de seguridad para, de garantizare esta, poder garantizar un abastecimiento energético a precios razonables.

El líder nacional de UGT no ha dudado tampoco en defender la necesidad de la energía nuclear en el mix energético del país desde el convencimiento de que España no está en condiciones de prescindir «de ninguna fuente de energía», con una reivindicación expresa también a la importancia del carbón autóctono. En este sentido, Álvarez aseguró  pensar expresamente en El Bierzo para advertir del «gran error estratégico del Estado» si se hace desaparecer finalmente la extracción de carbón en España.

Garoña, independiente de los Presupuestos

Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, descarta que este asunto pueda ser «moneda de cambio» para un eventual respaldo jeltzale a los Presupuestos. El diputado general, miembro del PNV, advierte de que la planta, sobre cuya reapertura después de varios años de inactividad debe pronunciarse el Gobierno central, debe cerrarse de forma definitiva «independientemente de cualquier negociación». González ha asegurado que la posibilidad de que el PNV apoye los Presupuestos a cambio de la clausura de Garoña «no está sobre la mesa», ya que el cierre de esta central, la más antigua de España, debe llevarse a cabo «sí o sí».

«No hay nada que negociar», aseveró González, que insistió en que Garoña no puede ser «moneda de cambio», ya que para confirmar el cierre de la central «no es necesario un acuerdo político», pues la decisión corresponde al PP. El máximo mandatario de la institución foral recuerda que el presidente, Mariano Rajoy, y el ministro de Energía, Álvaro Nadal, aseguraron recientemente que escucharían las opiniones de «todo el mundo» en torno a este tema. No obstante, ha lamentado no haber tenido la oportunidad de plantear la postura de la Diputación de Álava «cuando queríamos explicársela».

Bruselas decidirá el 17 de febrero si son suficientes los cambios sobre los peajes eléctricos o sanciona a España

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Europa Press / EFE.- La Comisión Europea publicará el 17 de febrero el paquete de infracciones en el que decidirá si sanciona y denuncia a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por no ceder el Gobierno la competencia al regulador, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), para fijar los peajes de electricidad o si, por el contrario, acepta los compromisos remitidos por carta por el Gobierno para cambiar la legislación, según indicaron fuentes conocedoras del proceso.

El pasado noviembre, el Gobierno remitió una carta a Bruselas en la que respondió a la notificación de procedimiento sancionador presentada por las autoridades comunitarias y se comprometió a «despejar las dudas» y a adoptar las medidas necesarias para «permitir el cierre del expediente», según el contenido de la misiva. En la carta, el Gobierno comunicó que está dispuesto a cambiar la estructura de los peajes, en la medida en que acepta «aumentar las competencias de la CNMC». Sin embargo, habrá un «mecanismo de doble lectura» en el que la CNMC realizará una propuesta y el Gobierno fijará los precios y quedará a la espera del posterior visto bueno del regulador. No se especifica qué ocurrirá en caso de discrepancia.

El Gobierno le retiró competencias a la CNMC en 2014, limitando su capacidad de actuación sobre las tarifas eléctricas, de forma que actualmente este organismo valida la metodología y el Gobierno fija los peajes, que suponen más de un tercio de la factura. Los precios del mercado mayorista eléctrico suponen alrededor del 35% del recibo mientras que el 65% restante corresponde a impuestos y a esos peajes, que fija el Gobierno y que están congelados para este año. Poco después de estrenarse en el cargo de ministro de Energía, Álvaro Nadal se reunió con el comisario Miguel Arias Cañete y otros responsables de ambos equipos para abordar, entre otros, el asunto sobre la regulación de las tarifas eléctricas en España.

Al respecto, fuentes gubernamentales indicaron que España comunicó a Bruselas, dentro del curso habitual de las comunicaciones que regularmente se tiene con la Comisión Europea, que está abierta a mejorar la regulación nacional y clarificar la metodología de tarifas en la línea solicitada. Así, se manifestó la voluntad de estudiar una reforma que sitúe en la CNMC la fijación de la metodología y de las tarifas en transporte y distribución. No obstante, para abordar esta reforma, como ya lo han hecho otros países como Francia, se solicita un periodo transitorio para poder adaptar la legislación. Fuentes ministeriales españolas explicaron que «se está trabajando para hacer una reforma que afecta al organismo supervisor» de manera que han pedido «tiempo a Europa».

En paralelo a la carta enviada de Madrid a Bruselas, el Gobierno y Ciudadanos anunciaron la pasada semana que han alcanzado un acuerdo para reestructurar los reguladores económicos que afectan al dossier. Entre esos cambios, se contempla que la Comisión Nacional de Mercados de la Competencia quede dividida en dos organismos, uno dedicado a la defensa de la competencia y otro a la regulación de los mercados, como el de la energía. Bruselas espera ahora a ver en qué se traducen las intenciones legislativas manifestadas por el Gobierno y la nueva estructura de la CNMC.

Fuentes comunitarias confirmaron la recepción de la carta y aseguraron que la Comisión se encuentra analizando su contenido. Bruselas no cerrará en ningún caso el expediente solo con esta carta, sino que considera necesaria la aprobación de la nueva normativa. La portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, también confirmó que España remitió esa carta a Bruselas como parte del procedimiento de infracción. «Dado que el procedimiento está en marcha, el Estado miembro tiene que contestar a la Comisión Europea qué es lo que van a hacer para colocar la legislación nacional en línea con la legislación europea. Informaremos cuando el procedimiento esté cerrado o sobre los siguientes pasos si son necesarios», señaló.

La Comisión Europea considera que la asunción por parte del Gobierno de la capacidad para fijar los peajes de luz, con los que se sufragan los costes regulados del sistema eléctrico, supone un incumplimiento de las directivas 2009/72-CE y 2009/73-CE. Por este motivo, inició en septiembre de 2015 un procedimiento de infracción que derivó en un dictamen de reprobación cuyo contenido llegó a finales del 2016 a Madrid. Desde ese momento, el Gobierno dispone de un plazo de dos meses para adoptar medidas con el objeto de evitar una sanción y la judicialización del caso.

El Colegio de Comisarios debe decidir ahora si acepta los argumentos presentados por el Gobierno, después de considerar que se infringen las directivas comunitarias en la actual regulación española. Las fuentes aseguran que el dictamen motivado remitido por Bruselas indica, textualmente, que «las directivas exigen la total independencia de cualquier interés público o privado, incluida la intervención nacional, en el ejercicio de las funciones de supervisión de la ARN (Autoridad Reguladora Nacional)». «La experiencia ha demostrado que la eficacia reguladora a menudo se ve obstaculizada por la falta de independencia de los reguladores respecto a los gobiernos», asevera el dictamen.

En la misiva, el Gobierno español también se dice dispuesto a ampliar el número de agentes que gestionan las interconexiones, rompiendo así el monopolio que ahora está en manos de Red Eléctrica y Enagás. No obstante, Madrid supedita esa iniciativa a que la vecina Francia legisle en la misma dirección. Actualmente, hay cinco expedientes abiertos por la Unión Europea en temas de energía, cuatro de ellos que se espera se resuelvan en los próximos meses y un quinto, al que se refiere la citada carta, que el Gobierno quiere evitar que termine en el TJUE.

Tras un primer aviso en febrero de 2015, el 29 de septiembre la Comisión Europea pidió a España, por segunda vez, que adaptara adecuadamente su legislación nacional a la normativa europea sobre la liberalización de las interconexiones de electricidad y gas, ya que de lo contrario referiría el caso al TJUE. En esa llamada de atención, segunda de tres etapas, Bruselas señalaba que «la actual legislación española impide construir y operar interconexiones con otros Estados miembros a empresas que estén fuera del sistema nacional de operadores de electricidad y gas».

Unesa espera que el futuro Gobierno aborde «en unas semanas» la subida del margen comercial de la tarifa regulada

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Redacción / Agencias.- El presidente de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa), Eduardo Montes, explicó que es necesario que se forme ya un nuevo Gobierno para que se pueda abordar la revisión del margen de comercialización aplicado al Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC), margen que debería aumentar según una sentencia del Tribunal Supremo del año 2015. En este sentido, Montes denunció que «el estar sin Gobierno es un auténtico problema para el país» y «un tema grave» para el sector.

Al menos un «tema muy importante» como el de la retribución a la distribución sí que quedó «zanjado» a juicio de Montes, con un marco que «puede gustar más o menos», pero que es “estable”. Así, el presidente de Unesa afirmó que el margen de comercialización de las eléctricas, una vez que el Tribunal Supremo instó al Gobierno para su revisión antes del pasado mes de julio, es una de los «temas importantes» que quedan por resolver tras casi un año de Gobierno en funciones. Competencia cumplió en junio con la obligación de facilitar al Gobierno una metodología que, en teoría, el Ejecutivo debería haber aprobado ese mismo mes para cumplir con el auto del Supremo, pero aún sigue pendiente.

El margen de comercialización permanece congelado en 4 euros por kilovatio contratado al año desde 2009, un importe insuficiente según la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para cubrir todos los costes asociados a ese suministro, un sentido en el que también se han expresado reiteradamente las compañías eléctricas. La nueva metodología de Competencia fija el margen de comercialización en 5,24 euros por kilovatio contratado al año, lo que supondría una subida de 5 euros al año para una familia media, una vez que se aplique. Según los últimos datos disponibles, unos 12 millones de consumidores están acogidos a la tarifa regulada, mientras que otros 13 millones están en el mercado libre.

En este sentido, Montes mostró su confianza de que este asunto del margen esté resuelto «en las próximas semanas». De hecho, aseguró que todas las empresas comercializadoras del sector que ofrecen esta tarifa «están en pérdidas» y recordó que la mitad de la cifra de negocio de las compañías eléctricas está ligada a temas regulados. “Se solicitó un incremento de este margen y hubo una sentencia favorable, pero estamos esperando a ver cuál es el margen con el que van a tener que sobrevivir estás compañías», sentenció al respecto Montes.

Por otro lado, entre los asuntos a abordar por el nuevo Ejecutivo en el sector, se refirió también al bono social, sobre el que se mostró partidario de «redefinir» a sus beneficiarios, ya que considera que existen personas que se benefician de este descuento que no lo necesitan y puso como ejemplo algunas familias numerosas con suficientes recursos para pagar la luz. A este respecto, tras recordar que las eléctricas tienen múltiples convenios con ayuntamientos y comunidades autónomas para paliar los efectos de la pobreza energética, reiteró que «hay que redefinir quién tiene derecho al bono social para que el dinero esté dirigido a colectivos que de verdad lo necesitan».

Otro aspecto que según Unesa debe ser abordado por el Gobierno es el relativo a los pagos de capacidad, la retribución que reciben aquellas centrales que están en reserva y que actúan cuando las renovables no pueden aportar al sistema eléctrico, o seguir avanzando en la liberalización del mercado eléctrico. Por otra parte, Montes criticó a las conocidas como comercializadoras piratas, que no cumplen las exigencias dispuestas por el operador del sistema Red Eléctrica, ya que «hacen daño» al sector y representan un «fraude organizado». Sobre el autoconsumo, defendió que tiene «su nicho», aunque respaldó el marco aprobado por el Gobierno, ya que quien quiera utilizar la red «tiene la obligación de pagar por ello».

El Gobierno propone a Soria como director ejecutivo del Banco Mundial, donde se dirimen los arbitrajes internacionales de las renovables

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Redacción / Servimedia.- El Gobierno en funciones presidido por Mariano Rajoy ha propuesto al exministro José Manuel Soria, que dimitió tras aparecer su nombre en los conocidos como papeles de Panamá como cotitular de una sociedad ubicada en el paraíso fiscal de Jersey, como candidato para ocupar el cargo de director ejecutivo del Banco Mundial, donde se dirimen los arbitrajes internacionales por las modificaciones retributivas en España a las energías renovables en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI).

Según informó este viernes el Ministerio de Economía y Competitividad en un comunicado difundido tras el debate de la fallida investidura de Mariano Rajoy, la Comisión de Evaluación de candidaturas a las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) ha seleccionado a los candidatos para cubrir los puestos que corresponden a España en el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD).

En el caso del Banco Mundial, el puesto a cubrir es el de director ejecutivo para el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de este año y el 31 de octubre de 2018 y el candidato propuesto es José Manuel Soria. El plazo para presentar candidaturas terminaba este viernes y su nominación, junto a los otros 24 directores ejecutivos propuestos por el resto de países, será votada por los 189 Gobernadores del Banco Mundial.

Soria dimitió después de que se difundiera que era cotitular de la empresa UK Lines Limited con sede en el paraíso fiscal de Jersey. Aunque en un principio lo negó, posteriormente reconoció la existencia de la empresa, creada por su padre y gestionada por su hermano sin que él, según afirmó, supiera nada, aunque en los papeles de Panamá aparecieron documentos firmados por el propio ministro. Finalmente, dimitió en abril.

El Gobierno destacó que «José Manuel Soria tiene una dilatada experiencia sobre todo en la Administración Pública, aunque también en el ámbito docente y en el sector privado. Como alto funcionario del Estado, ha sido ministro de Industria, Energía y Turismo durante la X Legislatura y ha desempeñado diferentes puestos de responsabilidad en el Ministerio de Economía, en especial, en el área de comercio exterior».

La Comisión de Evaluación, presidida por la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa y de la que forman parte también la Secretaría de Estado de Comercio, la Secretaría General del Tesoro, la Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional y la Dirección General de Política Económica, también ha seleccionado a Fernando Jiménez Latorre para el FMI y a Pablo Gasós y Casao para el BERD.

La AIE refleja que España es un “caso único” con una tasa específica para los autoconsumidores de electricidad

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Europa Press.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) asegura tras analizar la regulación sobre autoconsumo de electricidad en 20 países que la «tasa» que se aplica en España para cubrir los costes de las redes es «el único ejemplo» de cargo específico en el mundo para los autoconsumidores.

Eso sí, la AIE detecta un «debate» en países como Francia y Australia acerca de la contribución al sistema de los autoconsumidores, algo que puede conducir, según indica, a un cambio en la estructura de las tarifas y a elevar la parte que se paga por el término fijo. Estas consideraciones de la AIE aparecen recogidas en un informe del programa específico de la agencia para la fotovoltaica, conocido como IEA Photovoltaic Power Systems Programme.

El informe cita expresamente España como uno de los países más restrictivos para el autoconsumo de electricidad, especialmente en lo referido a la imposición de cargos para financiar las redes eléctricas y en el uso de los excedentes de producción. «Está generalmente aceptado que los costes variables de las redes en la parte de la factura que se ahorra gracias al autoconsumo no debe pagarse», si bien «España aplica una tasa adicional para recuperar una parte de estos costes», indica.

La AIE identifica España como el único país donde se paga esta «tasa», si bien puntualiza que algunos estados de Australia o Estados Unidos obligan a realizar contribuciones parecidas, y que otros países modificaron sus estructuras de tarifas y elevado la parte fija para abordar la financiación de las redes. Este asunto, señala, es motivo de discusión en Francia, mientras que en Bélgica se implantará un cargo para costear las redes, aunque la instalación de los contadores inteligentes permitirá que solo acabe aplicándose a la parte que se inyecta al sistema y no a la electricidad autoconsumida de forma instantánea.

En Italia, la contribución a la red se realiza a partir de los 20 kilovatios (kW) de potencia contratada, mientras que en países como Brasil, Canadá, Chile, China, Dinamarca, Finlandia, México, Suiza, Suecia, Países Bajos, Reino Unido, Francia, Alemania, Israel y Japón el autoconsumidor no hace pagos adicionales por este asunto. Por ello, al abordar los incentivos a los autoconsumidores por inyectar en la red el exceso de electricidad producida, la AIE dice que existen «varias tendencias» y cita a España como el país que no ofrece ninguna compensación por esta actividad. “Se considera que la electricidad fotovoltaica no tiene valor en el mercado y se espera que los prosumidores autoconsuman toda su producción», señala.

En otros países, el exceso de producción adquiere un valor ligado al precio mayorista de electricidad o incluso, como en Reino Unido, alcanza un valor superior a esta referencia. Finalmente cabe reseñar que el Programa sobre Sistemas de Energía Fotovoltaica de la AIE cuenta con la participación de organizaciones como el Instituto Europeo del Cobre. El director de la oficina española de este instituto, Diego García Carvajal, señala que, «realmente, el autoconsumo es una medida excelente para fomentar la eficiencia energética  más que una forma alternativa de generar electricidad fuera de la red convencional«. En este sentido, asegura que «una manera de fomentar esa eficiencia es concentrar el consumo en las horas centrales del día».

La AIE apunta que la seguridad en las centrales nucleares ha aumentado tras Fukushima pero debe mejorar aún

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EFE.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) destacó que 5 años después del accidente en la central nuclear japonesa de Fukushima la seguridad en ese tipo de plantas ha aumentado, pero es necesario que prosigan los esfuerzos para mejorarla. El informe en el que hace balance de las medidas tomadas desde esa catástrofe desencadenada por el tsunami de 2011, la AIE apunta que, «en general», la seguridad, la preparación ante situaciones de emergencia y los mecanismos de respuesta son mejores que entonces.

El análisis a los países miembros apunta que los diferentes marcos de seguridad se reforzaron con medidas para incrementar la independencia de los órganos de regulación y actualizar la normativa. También se incrementó la cooperación internacional, lo que redunda en un mayor intercambio de información, fomenta el consenso y el desarrollo de estrategias que pueden aplicarse después en cada nación. La AIE señala que uno de los principales focos de actuación tras el accidente ha sido el potencial impacto de factores de riesgo externos e internos. Se reexaminaron las amenazas y mejorado la fortaleza de los sistemas eléctricos, de los disipadores térmicos y de los equipamientos de asistencia, así como reevaluado la conducta que debe seguirse en casos de emergencia.

La AIE apuesta por trabajar en favor de la independencia de los organismos de regulación, en concreto respecto a la separación de las funciones con los vinculados con la promoción y el uso de la energía nuclear. La agencia ve esenciales también en la estrategia de seguridad la inclusión de los factores humanos y organizativos, recomienda la implicación en la toma de decisiones de los afectados, desde autoridades locales hasta la población, y aboga por la transparencia de las políticas.