La demanda de energía eléctrica desciende un 5,2% en febrero y la energía nuclear es la principal fuente de generación

Europa Press.– La demanda peninsular de energía eléctrica en febrero fue de 20.174 gigavatios por hora (GWh), lo que supone un descenso del 5,2% en relación al pasado año, una caída que se reduce al 2% si se tienen en cuenta los efectos de calendario y temperaturas. Según datos de Red Eléctrica de España, entre enero y febrero la demanda eléctrica ha sido de 43.426 GWh, un 1% por debajo del mismo periodo del año pasado, un 0,7% con los datos corregidos.

En su conjunto, las tecnologías de energía eléctrica que no emiten dióxido de carbono (CO2) generaron cerca del 63% del total en la península en el mes de febrero. En cuanto a las fuentes de energía renovable, estas representaron el 38% de la producción. Además, la producción de origen eólico en febrero alcanzó los 3.619 GWh, lo que supone una caída de casi el 22% en relación al pasado año.

De esta forma, tras la nuclear, que es la fuente que mayor cuota de mercado presentó en febrero, un 24,3%, se sitúan la eólica (18,5%); la hidráulica (12,9%); la de ciclo combinado (12,7%); la de cogeneración (12,2%); y la del carbón (11,5%). Le siguen la solar fotovoltaica, con el 3% de toda la generación; la solar térmica (1,4%); los residuos no renovables (0,9%); los bombeos (0,8%); y los residuos renovables (0,3%). El conjunto de otras tecnologías renovables alcanza el 1,5%.

Acogen, la patronal de la cogeneración, considera que los planes energéticos del Gobierno socialista propinan «un golpe mortal» al sector

Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Antonio Pérez Palacio, se ha mostrado en contra del borrador presentado por el Gobierno en materia de Energía y Clima (PNIEC), al asegurar que en lugar de promover la cogeneración y asegurar la eficiencia energética asociada a la industria, el plan le propina «un golpe mortal».

Pérez Palacio cree que el plan del Gobierno «no solo supone un varapalo al potencial de crecimiento de la cogeneración sino que contempla eliminar una de cada tres plantas de cogeneración asociadas a industrias calor-intensivas«, lo que generaría «una grave pérdida de competitividad de más del 5% del PIB industrial». Pérez Palacio asevera que «sorprende» que un plan, que debería promover más cogeneración para asegurar eficiencia energética a gran escala asociada a la industria, apuesta por darle un «tajo mortal».

Para él, el plan no ha considerado el rol de la cogeneración en las industrias calor-intensivas que necesitan grandes cantidades de calor y electricidad para fabricar sus productos y destaca que la cogeneración permite disponer de calor y electricidad «de la forma más eficiente, aportando beneficios económicos y medioambientales». Pérez Palacio ha explicado que el calor que necesitan estas industrias no puede electrificarse por razones técnicas y fundamentalmente económicas, ya que implicaría triplicar el coste, haciendo inviable la producción en estas industrias. Por ello, ha afirmado que «ningún país realista perdería su producción más eficiente».

Ecologistas quieren adelantar a 2040 la descarbonización de España pero ven como un punto de inflexión los planes del Gobierno

Europa Press.- Mientras Acogen cree que el Plan de Energía y Clima es «incompatible» con un sistema eléctrico eficiente y competitivo, las organizaciones ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife han calificado de «poco ambiciosos» los objetivos del Marco Estratégico de Energía y Clima que presentó el Gobierno aunque, en todo caso, celebran que el paquete climático va en la buena dirección y supone un «punto de inflexión» en la lucha contra el cambio climático en España.

La coordinadora estatal de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, ha destacado que los mecanismos que se definen en la ley son correctos pero los objetivos son «poco ambiciosos«. «Necesitamos mecanismos mucho más ambiciosos que los de nuestros vecinos, porque vamos a sufrir mucho más las consecuencias del cambio climático», ha manifestado. Ruibal es «consciente», no obstante, de que este es el «mejor» anteproyecto de ley de cambio climático al que podían aspirar en este contexto. Entre los aspectos que ha desgranado, ve positiva la apuesta porque la electricidad sea de origen renovable, pero critica que los plazos del carbón y las nucleares son «demasiado extensos» y los riesgos que asume España son «muy altos».

En la misma línea, Ecologistas en Acción celebra que los nuevos objetivos suponen un avance pero advierte de que la planificación del Gobierno está «lejos de la ambición requerida y del impulso necesario» para la transformación necesaria ya que la descarbonización total «debería» alcanzarse en 2040. «El tiempo de la inacción se ha pasado. Solo una actuación decidida que consiga reducciones sustanciosas podrá atender las demandas de una transformación planetaria sin precedentes para frenar el cambio climático», comenta el responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz.

A su juicio, el calendario de cierre presentado para el carbón y la nuclear responde más a los intereses de las grandes compañías eléctricas que a los propios compromisos electorales del PSOE. Para Ecologistas en Acción es «inadmisible» la postura del PSOE y acusa al Gobierno de una «falta de valentía patente» por la ausencia de una fecha definitiva para el cierre de las térmicas.

Por su parte, Greenpeace respalda el marco estratégico de Energía y Clima porque «va en la dirección correcta» pero pide más ambición y critica que el proceso electoral paralice la necesidad de acelerar la transición energética. «Es la primera vez que España se plantea oficialmente un horizonte de cierre de sus centrales de carbón y nucleares«, celebra la ONG, que reclama objetivos más ambiciosos. Igualmente lamenta que el calendario de cierre nuclear se alargue «innecesariamente» una década más porque esto penaliza «gravemente» a la sociedad.

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha señalado que el paquete climático es «una urgencia histórica por encima de cualquier batalla política». «Que España se proponga alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable es un triunfo de quienes en un principio demostramos que esto es posible y necesario, aunque necesitamos que se haga extensible a toda la energía, no solo la electricidad», ha manifestado Rodríguez que confía en que una vez se apruebe este paquete, España dejará de ser el «único» país de Europa sin fecha de abandono del carbón.

Sin embargo, también cree que no se debe retrasar el cierre de las centrales de carbón y las nucleares más allá de 2025 y que el sistema energético debería alcanzar la neutralidad de carbono en 2040. En todo caso, Greenpeace ve «imprescindible» medidas para que España se reenganche a la lucha mundial contra el cambio climático y «aproveche sus oportunidades».

“Buen rumbo” para la transición

Por su parte, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ve en la presentación del marco estratégico un «punto de inflexión de verdad» para el modelo económico de España. En este sentido, destaca que implica una «revolución» para todos los sectores económicos con un «cambio de rumbo» que lleva a España a ponerse «en el grupo de cabeza» de la lucha europea y mundial contra el cambio climático. «El barco de verdad empieza a girar en la dirección correcta después de mucho tiempo», confía Del Olmo que recuerda que hace aproximadamente una década Greenpeace lanzó una propuesta de un sistema energético 100% renovable en 2050. «Parecía entonces impensable y hoy está aquí», comenta.

Para el responsable de WWF, en este momento en el que España entra en un «torbellino electoral», es «imprescindible» que el cambio climático se respete como una política de Estado a largo plazo y que no sirva de arma electoral arrojadiza sino de motivo de consenso. «Ningún partido debería hacer de esto una lucha partidista porque la lucha contra el cambio climático puede ser una catapulta para el futuro de España. Es una superoportunidad, especialmente para las zonas despobladas», comenta.

Finalmente, aunque le gustaría que los textos tuvieran más ambición, un cierre más temprano del carbón y las nucleares, entre otras cosas, valora que poner todo ello sobre la mesa es un «salto cualitativo para una nueva era». «España poner a rodar la lucha contra el cambio climático con un papel de liderazgo tanto en la Unión Europea como a nivel global. Hay muchos detalles que nos gustarían de otra manera, pero este paquete supone pasar de un país anclado en las energías sucias a un país poderoso que se propone ser 100% limpio en 2050. Es muy ilusionante», concluye.

Por su parte, desde SEO/BirdLife, su directora ejecutiva, Asunción Ruiz, ha destacado que se está hablando «de una cuestión de Estado, muy por encima de cualquier diferencia política, territorial y sectorial» ya que «el marco que propone el Gobierno debería marcar un suelo para nuestra ambición y una prioridad absoluta para la próxima legislatura a todos los niveles del gobierno, y para todas las siguientes legislaturas hasta final del siglo». Por ello, han hecho un llamamiento «a un debate responsable e inclusivo en la consulta pública y en las campañas electorales, y a una movilización social masiva» ante este reto.

«Incompatible» con eficiencia y competitividad

Por su parte, la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) cree que el borrador del PNIEC es «incompatible» con un sistema eléctrico eficiente y competitivo e impide también que España mantenga su actual producción industrial, de exportaciones y de empleo. «El borrador no refleja en absoluto el supuesto acompañamiento al sector industrial y el marco de apoyo a la cogeneración en la industria al que aludía el Gobierno en su presentación de propuesta del plan», ha puesto de relieve la asociación.

Además, Acogen ha criticado que la propuesta «no sólo no aprovecha el potencial económico de cogeneración de alta eficiencia evaluado en España y Europa, sino que apunta un calendario de cierre de las cogeneraciones en funcionamiento (una de cada tres) totalmente incompatible con las políticas de eficiencia que promueve la Unión Europea«. En esta línea, ha alertado de que la eliminación de una de cada tres cogeneraciones podría conllevar «graves consecuencias» para la industria manufacturera y para la calidad del suministro eléctrico en los polígonos industriales, por lo que se pondría en «grave y directo peligro» la competitividad del 6% del PIB industrial español y más de 60.000 empleos industriales.

El Congreso pide aumentar las primas a la cogeneración eléctrica y un plan para la renovación de las actuales plantas

Europa Press.– La Comisión de Transición Ecológica del Congreso ha aprobado una iniciativa que reclama al Gobierno el aumento de las retribuciones a la cogeneración, así como la puesta en marcha de un plan de renovación de las actuales plantas que permita mejorar su eficiencia. Este sistema de producción de energía permite obtener, al mismo tiempo, energía eléctrica y energía térmica, aprovechando el calor generado, y normalmente se suele obtener mediante la combustión de combustibles fósiles, como el gas o el petróleo.

Solo el PP se abstuvo

La iniciativa, defendida por Compromís y finalmente acordada con PSOE y Unidos Podemos, ha sido respaldada también por Ciudadanos y Esquerra Republicana, mientras que el PP optó por abstenerse. El texto aprobado por el Congreso reclama concretamente «revertir los recortes en la retribución» incluidos en los decretos y órdenes donde se regula la producción de energía eléctrica a partir de energía renovables, cogeneración y residuos, y «recuperar un régimen retributivo razonable que prime la eficiencia».

Asimismo, insta a «poner en marcha un plan de renovación de las actuales plantas de cogeneración para fomentar la alta eficiencia» para evitar su paralización, y que este plan incluya un informe que analice el potencial de la cogeneración, proponga retribuciones que la fomente e indique las necesidades de renovación de las centrales, así como procedimientos que incentiven sustituir combustibles y generar el menor impacto posible en el medio ambiente.

El sector de la cogeneración pide al Gobierno la extensión de la vida de las plantas hasta 2030

Europa Press.- El presidente de la Asociación Española de Cogeneración (Acogen), Antonio Pérez, exigió al Gobierno que actúe con celeridad y ponga en marcha las medidas anunciadas para la extensión de la vida de las plantas cogeneradoras hasta 2030 o hasta la implantación del nuevo Plan Renove, que está previsto en la Ley del Sector Eléctrico desde el 2013.

En los dos próximos años, 50 plantas de cogeneración llegarán al final de su vida útil y 99 industrias tendrán que tomar decisiones de inversión sin que exista un marco legal que haga posible su actividad y esas nuevas inversiones. Pérez calificó de «desastroso» este contexto, que en cinco años afectará a 250 plantas, algo que supondría perder «sus positivas» contribuciones a la eficiencia y acción climática, además de conllevar subidas en los mercados mayoristas de electricidad que repercutirían en los consumidores y en la competitividad de las industrias españolas.

Por ello, la solución propuesta por Acogen es mantener en operación las plantas hasta 2030, extendiendo la retribución actual de aquellas que llegan al final de su vida útil o hasta la llegada del nuevo Plan Renove, un programa que acumula un retraso de más de 5 años. Acogen también entregó su premio Cogeneración de Honor a Sedigas por su labor de apoyo y fomento a la cogeneración y en reconocimiento del «papel clave» del gas en la eficiencia energética, reducción de emisiones y competitividad.

Energía compromete un incentivo «adecuado» para mantener las plantas de cogeneración actuales más allá del final de su vida regulatoria

Europa Press.- El Gobierno trabaja en un plan que garantice «un nivel adecuado de incentivo» para mantener las instalaciones de cogeneración actuales mientras se establecen unos mecanismos para la renovación de las plantas que vayan alcanzando el final de su vida regulatoria, según el secretario de Estado de Energía, José Domínguez Abascal. En este sentido, Domínguez señaló que se tendrá «especial interés» en la renovación de las plantas de cogeneración en aquellas instalaciones que «maximizan la eficiencia y mitigan el impacto ambiental«.

La cogeneración lleva pidiendo desde hace años un marco normativo que facilite implementar una hoja de ruta para el sector con el fin de acometer las inversiones necesarias para la renovación tecnológica de sus instalaciones a través de un plan renove. Domínguez, que subrayó que la cogeneración «ha jugado un papel importante en el camino recorrido hasta ahora en la transición energética» y considera que debe «jugar un papel interesante en este tiempo de cambios rápidos», indicó que las reformas abordadas por el Gobierno del PP «contuvieron» la inversión en la cogeneración, lo que está materializándose en «una reducción progresiva de las instalaciones en funcionamiento«.

Asimismo, afirmó que afecta a más de 1.000 megavatios (MW) de cogeneración de los 6.500 MW que se instalaron. «Somos conscientes de que hay un envejecimiento de instalaciones que se aproximan al final de su vida útil. Por lo tanto, somos conscientes de que debemos actuar», añadió Domínguez, que subrayó que la factura de la cogeneración para el sistema eléctrico asciende a unos 1.000 o 1.200 millones de euros anuales, que podrían mantenerse si no se reduce el número de plantas. «El objetivo del Gobierno es mantener las instalaciones», sentenció.

Por otra parte, el secretario de Estado señaló que las subastas han provocado una reactivación de las renovables, lo que ha llevado a que en el primer semestre de este año las inversiones en el sector hayan ascendido a unos 1.200 millones de euros. Por ello, consideró que estamos «en un momento de recuperación de una situación que nunca debimos perder», por lo que apostó por el desarrollo de un marco regulatorio «sólido y estable» que regule esta transición energética.

En este sentido, Domínguez recordó que el Gobierno se comprometerá con una hoja de ruta a 2030, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima que remitirá a Bruselas antes de finalizar 2018, para instalar 5.000 MW al año hasta 2030, con el objetivo de alcanzar el objetivo de una generación eléctrica del 70% renovable al final de ese periodo, lo que «nos obliga a la instalación del orden de 50 gigavatios (GW)», indicó.

Los cogeneradores piden al Gobierno que adecúe la regulación del sector para poder reinvertir y renovar las instalaciones

EFE.- El presidente de la Asociación para la Promoción de la Cogeneración (Cogen), Julio Artiñano, ha reclamado al nuevo Gobierno una adecuación regulatoria del sector para que pueda hacerse el proceso de reinversión necesario, que tiene que pasar por la renovación de las instalaciones.

Artiñano ha indicado que el nuevo Ejecutivo tiene por delante hacer adecuaciones de la regulación eléctrica para que el país se adapte a los nuevos objetivos de eficiencia energética.

Julio Artiñano ha recordado que el sector de la cogeneración lleva años reclamando a los reguladores que se adopten medidas para que pueda haber una reinversión en el sector, que pasa por renovar instalaciones y también por que arranquen las que están paradas en espera de esa nueva regulación que les permita volver a hacer las inversiones necesarias.

El presidente de Cogen ha afirmado que en el sector de cogeneración están convencidos de que la adecuación de la normativa «se tiene que dar ya» para hacer frente al final de la vida de instalaciones que se va a dar hasta 2021 y a cubrir las necesidades de los que hicieron inversiones en cogeneración sin ver una compensación.

Ha añadido que el sector que va a tirar más en cogeneración es la industria, que supone el 90% de la cogeneración, y tendrá que hacer las inversiones que no ha podido hacer en los últimos seis años.

El director general de la Asociación Española de Cogeneración, Acogen, Javier Rodríguez, que ha intervenido en sustitución del presidente, Antonio Pérez Palacio, ha indicado que para España es bueno mantener y aumentar la cogeneración, pues ahorra en emisiones de CO2, en infraestructuras, tiene beneficios para el mercado eléctrico, ayuda a mantener la calidad de suministro en las zonas donde está implantada y mejora la eficiencia energética.

Por eso, se ha mostrado convencido de que «se van a tomar decisiones muy pronto» para adecuar la regulación de la cogeneración.

También Juan Antonio Alonso, de Cogen y que ha moderado una mesa redonda sobre transición energética y cambio climático, ha pedido un cambio normativo que propicie las inversiones en cogeneración y cuente con un marco para ello como tuvo anteriormente.

Ciudadanos pide un plan para renovar instalaciones eólicas y de cogeneración para ampliar su potencia y su vida útil regulatoria

Europa Press.- Ciudadanos ha propuesto en el Congreso un plan para renovar instalaciones eólicas y de cogeneración, con el fin de ampliar la potencia que aportan al sistema eléctrico y salvar la conclusión de su vida útil. Así, la portavoz de Energía en el Congreso, Melisa Rodríguez, ha registrado una proposición no de ley en la que advierte de que la longevidad de muchas instalaciones anticipa, por ejemplo en cogeneración, una pérdida de la potencia instalada de unos 2.000 megavatios hasta 2020.

Todo ello a pesar de que todos los compromisos y objetivos futuros pasan por un aumento del peso de la energía renovable y de la cogeneración. En el caso de esta última, el informe del Comité de Expertos de Transición Energética planteaba una potencia instalada de unos 8.500 megavatios. A 31 de diciembre de 2017, explica Rodríguez, este proceso que aprovecha el calor útil en el ámbito de la producción industrial para también generar electricidad aportaba cerca de 6.500 megavatios al conjunto del sistema eléctrico, un 6,4% de la capacidad instalada. Sin embargo, asegura que su capacidad de producción cubrió el pasado año hasta el 11% de la demanda peninsular.

Ante esta situación que califica de «incertidumbre», la diputada de Ciudadanos critica la «inacción del Ejecutivo» de Mariano Rajoy pues cree que por ello se han paralizado inversiones de modernización y de nuevos proyectos, los cuales también considera necesarios para alcanzar los objetivos del 30% de eficiencia renovable planteados por Bruselas para 2030. Rodríguez ve similar la situación de las instalaciones eólicas, y señala que la vida útil regulatoria de varios aerogeneradores instalados desde hace dos décadas está próxima a su final, lo que entiende como una oportunidad para acometer un plan de renovación con el que maximizar su potencial.

Según las estimaciones de Rodríguez, la modernización podría duplicar su producción, entre un 60% y un 100% más sobre los actuales valores. Por ello, considera «conveniente fomentar la posibilidad de repotenciar los parques eólicos existentes más antiguos, con el objetivo de incrementar la producción de energía limpia», incorporando aerogeneradores más eficientes y de mayor tamaño. En todo caso, Ciudadanos subraya que esta «repotenciación» debe ser «una libre elección empresarial», y recuerdan que, con el fin de favorecer estas inversiones se necesita «un marco regulatorio estable que fortalezca la confianza de los inversores y las entidades financiadoras, y que de esta forma se puedan abaratar los costes de capital para los propietarios de instalaciones a repotenciar».

Por todo ello, reclama un plan Renove e instalación de nuevas cogeneraciones, en línea de las recomendaciones del informe de expertos para la transición energética, que «prime criterios medioambientales, económicos y de seguridad de suministro». Asimismo, insta a impulsar la renovación de las infraestructuras eólicas de mayor antigüedad a través de un plan que potencie la industria española en renovables, y que atienda a las necesidades específicas del sector «del modo más eficiente y competitivo».

La CNMC recomienda a Energía recalcular la retribución de las plantas de purines para cumplir las sentencias del Tribunal Supremo

Europa Press / EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) recomendó al Ministerio de Energía retirar a las plantas de purines (plantas de residuos de origen orgánico) de su propuesta para actualizar la retribución de las instalaciones de renovables, cogeneración y residuos para 2018, a la espera de una nueva propuesta que dé cumplimiento a varios autos del Tribunal Supremo.

En su informe sobre la propuesta del Ministerio de retribución, la CNMC considera que el gabinete dirigido por Álvaro Nadal debería recalcular esa retribución teniendo en cuenta los autos del Supremo que anularon parcialmente la orden ETU/555/2017, en particular en lo que se refiere a la vida útil regulatoria de estas plantas, que, tanto la orden ETU/1046/2017, como la presente propuesta retributiva que ha hecho el Ministerio para el primer semestre de 2018, limitan dicha vida útil a 15 años.

La propuesta del Ministerio establece los valores de la retribución que se aplicarán durante el primer semestre natural de 2018, y tendrán efectos desde pasado enero, por el funcionamiento de las instalaciones tipo correspondientes a las tecnologías de cogeneración, biomasa, residuos y tratamiento de residuos cuyos costes de explotación dependen esencialmente del precio del combustible. La retribución de estas instalaciones se actualiza cada 6 meses e incluye también las instalaciones dedicadas al tratamiento de los purines de cerdo, sus excrementos sólidos y líquidos. En el caso de las primeras instalaciones, la CNMC no incluye comentarios en su informe sobre la actualización de esa retribución, mientras que para el caso de los purines recomienda su actualización.

A finales del año pasado, el Tribunal Supremo restableció los 25 años de vida útil regulatoria para las plantas de tratamiento de purines para generar electricidad a partir de deyecciones ganaderas. En concreto, el alto tribunal declaró nula la decisión del Ministerio de Energía de limitar a 15 años las ayudas a las plantas de cogeneración, tal y como recoge la sentencia del pasado 8 de noviembre. De esta forma, esa sentencia permitía reabrir todas las plantas que tuvieron que cerrar en 2014 por el recorte del Estado a las energías renovables y la cogeneración, restableciendo el plazo con derecho a ayudas a 25 años.

El Ministerio ya hizo antes una orden que establecía los parámetros retributivos de las instalaciones de tratamiento y reducción de purines, con su actualización para el período 2017-2019. La CNMC, en su informe sobre esa nueva propuesta, ya advirtió que si se rebajaban de 25 a 15 años la vida de las plantas de purines para poder recibir retribución, se excluiría a más de la mitad de las 33 existentes, que alcanzarían o superarían ese tiempo antes de finalizar 2017. Sin embargo, el Ministerio de Energía consideró que la decisión de reducir la vida útil de las plantas de purines para poder recibir la retribución estaba suficientemente justificada, pues las propias plantas de purines amortizaban sus activos a 15 años.

Acogen destaca que los expertos elevan hasta el 12% el papel de la cogeneración en el mix eléctrico de 2030

EFE / Europa Press.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) considera “positivo” el informe de la comisión de expertos sobre transición energética y cree que sus escenarios de análisis y propuestas «deberían constituir la base sobre la que alcanzar acuerdos de España para la descarbonización del país». En este sentido destacan que no sólo mantienen la contribución actual de la cogeneración al mix (diferentes fuentes de energía que cubren el suministro de electricidad), sino que se potencia para 2030.

Acogen destaca que en todos los escenarios energéticos de futuro, analizados en el informe, la contribución de la cogeneración, por la que se obtiene simultáneamente energía eléctrica y térmica, se mantiene y para 2030 se potencia hasta alcanzar el 12% de la generación de electricidad del país. Acogen señala que los expertos reconocen que la cogeneración, al tratarse de generación distribuida que aporta al sistema reducciones de pérdidas de energía y de inversiones en infraestructura, es beneficiosa para el futuro.

Acogen ha recordado que un 50% de las instalaciones en funcionamiento, unas 304 plantas, alcanzarán el final de su vida útil regulada entre este año y 2025, como ha advertido el comité de expertos, que ha destacado “la oportunidad de invertir en la renovación y promoción de nuevas instalaciones para impulsar con cogeneración la transición energética de las industrias”. Según la asociación, la mitad de los cogeneradores, que suman unos 2.700 megavatios (MW) de potencia, esperan una reglamentación que permita seguir operando sus cogeneraciones, prestar sus servicios a las industrias vinculadas a éstas y mantener las aportaciones a los consumidores.

Acogen señaló que el final de la vida útil regulada de las cogeneraciones amenaza a industrias nacionales muy relevantes que requieren un marco de continuidad con certidumbre y horizonte 2030. En este sentido, creen que apoyar un marco de continuidad de estas cogeneraciones estaría en consonancia con el papel que la Unión Europea otorga a la cogeneración para lograr los objetivos de eficiencia energética, reducción de emisiones y competitividad industrial.

Asimismo, Acogen señala que, para los expertos, la cogeneración «constituye una parte difícilmente disociable del proceso de fabricación que permite a la empresa incrementar la eficiencia en la utilización de los recursos energéticos y al sistema eléctrico descentralizar el suministro». Acogen indicó que el informe de la comisión recomienda impulsar la generación distribuida (generar electricidad a través de puntos cercanos a los de consumo), con la cogeneración y renovables térmicas como clave para la transición energética del sector industrial, incorporando las tecnologías más eficientes y destacando el potencial de desarrollo de nuevas plantas de cogeneración.

En España funcionan más de 600 industrias intensivas en consumo de calor de sectores como el alimentario, químico, papel, textil, refino, azulejero y automóvil, entre otros, que fabrican el 20% del PIB industrial nacional y que exportan la mitad de lo que producen. La cogeneración genera el 11% de la electricidad nacional, utilizando el 25% de la demanda de gas y el 5% del consumo eléctrico del país. Proporciona un ahorro anual de energía del 1,5% y de hasta 8 millones de toneladas de emisiones de CO2, además de tener efectos positivos sobre el pool eléctrico, cuyo precio reduce entre un 10% y el 15%.

Transportistas y fiscalidad del diésel

Por su parte, la Asociación de Transporte Internacional por Carretera (Astic) ha alertado que aumentar un 28% los impuestos al diésel, como sugiere el informe presentado por los expertos, tendría un reflejo «inmediato» en el coste final del transporte, lo que podría perjudicar a las empresas exportadoras españolas y encarecer las importaciones. En este sentido, el director general de la patronal, Ramón Valdivia, recuerda que el 65% de las exportaciones españolas tienen como destino la Unión Europea y estas son, en su mayoría, por carretera, por lo que gravar «aún más» los carburantes supondría aumentar los costes de este transporte.

Según los datos que maneja Astic, el sector soporta alrededor de 10.000 millones de euros al año entre impuestos generales y específicos, cargas sociales y otros gravámenes, un importe que supone el 60% del coste total de un viaje internacional. En concreto, los impuestos al combustible ascienden a 3.000 millones de euros, algo que, unido a la propia actividad del sector, aporta más del 4,5% del Producto Interior Bruto (PIB) español, al mismo tiempo que «sustenta» más de 850.000 puestos de trabajo vinculados al transporte y logística. Valdivia señaló que un 30% de los costes fiscales del sector ya están ligados al combustible, en especial el vinculado al Impuesto Especial de Hidrocarburos, que supone el 25% de la factura tributaria.

«El sector soporta ya una gran carga impositiva», añadió Valdivia, «y siempre que se necesita aumentar la recaudación se vuelve la vista hacia la carretera con cualquier excusa». La comisión de expertos propone un encarecimiento del gas y de los derivados del petróleo, especialmente del gasóleo, que subiría un 28,6%, frente a un alza inferior al 2% en la gasolina, a la vez que abogó por abaratar el precio de la electricidad en casi un 7% para el consumidor doméstico.