El Gobierno autonómico de Cataluña inicia la derogación del decreto que limita la implantación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas

Redacción.- El Gobierno de Cataluña ha iniciado el proceso de derogación del decreto que regula la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos en la comunidad autónoma. El Ejecutivo iniciará la consulta pública previa a la elaboración de un decreto para derogar el Decreto 147/2009, por el cual se regulan los procedimientos administrativos aplicables para la implantación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas, el primer trámite para avanzar hacia un marco normativo más favorable para la instalación de energías renovables en Cataluña.

El actual marco jurídico catalán es una de las barreras que han limitado la instalación de energías renovables en la comunidad autónoma durante los últimos años. Con la derogación de este decreto, las instalaciones eólicas y fotovoltaicas pasarán a tramitarse de acuerdo con lo que prevé la normativa sectorial eléctrica para el resto de instalaciones y también estarán sometidas a las correspondientes tramitaciones ambientales urbanísticas. Este cambio pretende impulsar las renovables en Cataluña y avanzar en la consecución de un modelo energético descarbonizado en 2050.

El vigente decreto prevé la existencia de las llamadas Zonas de Desarrollo Prioritario (ZDP) de parques eólicos, que sólo pueden ser explotadas mediante la adjudicación por parte de la Generalitat mediante un concurso público. Fuera de las ZDP sólo se pueden instalar parques de hasta 10 MW o un máximo de 5 aerogeneradores. Este modelo, que tenía como finalidad ordenar la implantación de parques eólicos en el territorio y agilizar su tramitación administrativa, se convirtió en un freno. Por otro lado, el decreto establece diferentes limitaciones tanto de ubicación como de superficie ocupada en las instalaciones fotovoltaicas, que suponen una restricción que impide aprovechar las economías de escala que implican las instalaciones de mayor potencia.

Asturias y el Instituto del Carbón seleccionan 73 proyectos dotados con 97,9 millones de euros procedentes de los fondos mineros

Redacción.- El Gobierno de Asturias y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) han realizado la preselección final de los 73 proyectos que se financiarán con cargo al Plan Marco del Carbón 2013-2018. Estas actuaciones movilizarán una inversión de 97,9 millones, de los que el Ejecutivo central aporta 72,6 y el resto, 25,3, por la administración autonómica.

La comisión de cooperación formada por el IRMC y el Principado de Asturias ha seleccionado las 73 actuaciones entre las 127 recogidas en el convenio marco de colaboración para el impulso económico de las comarcas mineras suscrito entre ambas administraciones en noviembre de 2017. Los 73 proyectos, 25 de los cuales han sido propuestos por el Principado de Asturias y 48 por los ayuntamientos, implican la puesta en marcha de acciones de restauración, telecomunicaciones y eficiencia energética. Asturias es la comunidad autónoma más beneficiada con la distribución de los fondos mineros, dado que recibe 72,5 millones, el 54,5% de la cuantía global de estas ayudas para el periodo 2013-2018 en todo el país, que asciende a de los 132,9 millones.

Errejón propone para la Comunidad de Madrid una Vicepresidencia de Transición Ecológica y un billete integrando bicis, taxis y carsharing

Europa Press.- El candidato de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha lanzado el Plan V, un proyecto de desarrollo regional «verde que beneficie a la mayoría de la ciudadanía», con medidas como la creación de una Tarjeta Única de Transportes que integre plataformas de bicicletas y vehículos de alquiler, y una Vicepresidencia de Transición Ecológica.

El Plan V es una estrategia integral «para hacer de Madrid una región sostenible y ponerla a la vanguardia en materia de innovación» y cuenta con 6 ejes. El primero, de Movilidad sostenible, pretende reducir el uso del coche. Para ello apuesta por un plan de choque en Metro, «frente al maltrato al que ha sido sometido estos años», con la contratación de más personal y trenes, con un plan de eliminación de amianto, «impulsando de forma decidida la accesibilidad y asegurando la calidad del aire en andenes y estaciones».

También quiere crear una Tarjeta Única, un billete integrado que sirva como servicio monedero o servicio de postpago para todos los transportes públicos de la Comunidad de Madrid y que integre las nuevas modalidades como las plataformas de carsharing, la red regional de bicicletas e incluso el taxi. Más Madrid quiere que el uso de la bicicleta sea «un derecho, un servicio público y una pieza fundamental en la movilidad de los madrileños». «Queremos ayudar a que los municipios dispongan de redes propias de bicicletas que protagonicen la movilidad dentro de las ciudades, así como fomentar pasarelas y carriles bicis que comuniquen nuestros municipios», apunta.

Asimismo, pretende seguir el ejemplo de Madrid Central para crear «ciudades amables» e impulsar «nuevos núcleos de vida social, comunitaria y comercial alrededor de centros peatonales, fomento de los modos activos y acceso restringido de vehículos privados contaminantes«. También defiende apoyar el establecimiento de carriles Bus-VAO en las principales vías de acceso a Madrid, competencia estatal, y poner uno de estos carriles en la M-607.

Empleo verde y vivienda eficiente

Errejón quiere que Madrid se convierta en la punta de lanza de la revolución del empleo verde en España con la creación de una Agencia Regional de I+D+i. Igualmente, ve necesario actualizar la FP y orientarla a las necesidades «de una economía en transición ecológica basada en los empleos verdes», así como fomentar las renovables con una «industria de vanguardia muy competitiva». En materia de Vivienda, plantea invertir en vivienda pública y protegida e impulsar la colaboración público-privada para rehabilitar un parque edificatorio «en buena parte envejecido e ineficiente energéticamente«.

El candidato de Más Madrid propone una matriz energética «totalmente descarbonizada» en 2050 diseñando una política estratégica, con un calendario ambicioso «que combine penetración de energías renovables en todos los sectores, electrificación general y una reducción sustancial del consumo de energía mediante el ahorro y la eficiencia». «El carácter distribuido de las energías renovables supone además una oportunidad para avanzar hacia modelos energéticos más democráticos, donde la gente adopte un papel económico protagonista. Y también más justos, erradicando la pobreza energética desde el empoderamiento ciudadano que ofrece el autoconsumo«, indican.

En esta misma línea, se compromete, en caso de gobernar, a aprobar una Ley de Cambio Climático con objetivos de reducción de emisiones (50% para 2030, emisiones nulas en 2050) y de reducción de consumo de energía primaria de un 40% en 2050. Además, crearían una vicepresidencia de Transición Ecológica que supervise y coordine la labor del resto de consejerías.

También elaborarán un Plan Madre de rehabilitación y reforma integral de edificios que reduzca su consumo energético. Siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, «se contratará energía eléctrica 100% renovable certificada en todos los edificios y administraciones de la Comunidad«. Errejón también desea un plan de transición de la flota pública regional a vehículos propulsados por sistemas eléctricos y nuevas tecnologías, apoyando a los municipios para que creen sus propias flotas de bicicletas eléctricas y se renueven los autobuses urbanos.

Por último, quieren crear un «cinturón verde y ecológico» en la región. «Madrid tiene una deuda con el Sur. Tenemos que reequilibrar la región poniendo el Sur en el centro de la transición ecológica y lo haremos con un Cinturón Verde. En cada localidad fomentaremos la articulación de Campus de Innovación especializados que integren innovación científica, Formación Profesional y viveros de empresas sostenibles para impulsar un nuevo modelo productivo», apuntan. Por ejemplo, en Parla estaría el campus Rehabilitación de vivienda/construcción sostenible y en Mostoles Energía.

Vara y Montilla apuestan porque el PSOE sea capaz de «buscar alternativas» frente a las centrales nucleares

Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que hay que aprovechar «la ampliación de vida» de la central nuclear de Almaraz para buscar «alternativas», después de que la Comisión para la Transición Ecológica del Senado haya instado al Gobierno a rechazar el cierre de esta instalación de Cáceres.

«Si España quiere cerrar las centrales nucleares tiene que buscar ya las alternativas energéticas e industriales», señaló Vara, que considera que se puede llegar a 2030 con renovables. También se pronunció el expresidente de la Generalitat y ex ministro de Industria, José Montilla, que ha apoyado la búsqueda de alternativas que defiende Vara y ha destacado que hay que trabajar en «una política destinada al desarrollo de las renovables, que sea creíble y responsable del cierre de las centrales nucleares».

Barcelona espera «trabajar mejor» la movilidad sostenible promocionando el transporte eléctrico en las próximas ediciones del Mobile World Congress (MWC)

Europa Press.- La teniente de alcalde de Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, espera que la movilidad sostenible sea un elemento a trabajar mejor en próximas ediciones del Mobile World Congress (MWC) y apela al compromiso de los promotores: «Nosotros podemos promover o instar, pero depende de los organizadores y forma parte de su compromiso con la ciudad».

Sanz ha asegurado que las consecuencias del congreso en el aire se notó en esos días, en los que además hubo más contaminación en la ciudad a causa de un anticiclón: «Tantos coches no sostenibles han impactado sobre la contaminación». La edil ha reconocido que no ha hablado con la GSMA, pero quieren trabajar con los promotores para poner en marcha «medidas más innovadoras que promocionen el transporte eléctrico o el uso de la bicicleta».

Naturgy inaugura en Plasencia el primer parque eólico de Extremadura, que ahorrará 120.000 toneladas de emisiones

Europa Press.- La localidad cacereña de Plasencia ha inaugurado el primer parque eólico de Extremadura, que contribuirá a reducir en torno a 120.000 toneladas al año de emisiones efecto invernadero. Se trata del parque eólico El Merengue, que está compuesto por 15 aerogeneradores, y en el que Naturgy ha invertido 40 millones de euros y ha creado 250 empleos durante su construcción. Una vez que ha echado a andar, la planta producirá 155 GWh al año, lo que equivale al consumo eléctrico anual de 44.000 viviendas.

El director general de Gas y Electricidad de Naturgy, Manuel Fernández, ha destacado que esta infraestructura «permitirá desplazar el uso de otras fuentes de generación eléctrica convencional», contribuyendo a reducir en torno a 120.000 toneladas al año las emisiones contaminantes y de efecto invernadero, y en 3 millones de toneladas las emisiones de CO2 durante toda su vida útil. Un proyecto que, según Manuel Fernández, demuestra el «compromiso» de la compañía por Extremadura, así como su «fuerte apuesta» por el incremento en generación renovable, contemplado en el Plan Estratégico 2018-2022″.

Por su parte, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado que la región extremeña será la «punta de lanza» de las energías renovables en España durante el siglo XXI, ya que según ha indicado, en la región hay prevista en los próximos 5 años la instalación de 5.000 MW de renovables, que supondrá una inversión privada que rondará los 4.000 millones de euros. «Una inversión que contribuirá no solo a generar empleo y riqueza, sino a subir el Producto Interior Bruto en nuestra región, que convergerá de manera más rápida con el del resto de España», aseveró el presidente extremeño.

Todo ello posibilitará que «Extremadura sea una parte importante de las decisiones que se tomen para el mantenimiento del planeta», ha señalado Vara, quien ha reafirmado que la comunidad «va a aportar las energías renovables para el cumplimiento del Reino de España con la Unión Europea y con los compromisos internacionales en esta materia». Por ello, ha insistido en que las administraciones tienen la «obligación de facilitar la inversión honesta» de tantos empresarios que quieren invertir en la región y contribuir al desarrollo del presente y, sobre todo, del futuro.

Reducir los plazos y trámites

En este punto, ha recordado que desde el inicio de la legislatura el Gobierno que preside ha puesto en marcha procedimientos legislativos y organizativos diferentes para dar el salto hacia el impulso futuro de Extremadura que, según ha indicado, «tiene que venir de la mano de lo que es el futuro del mundo que son las energías renovables.» Así, Fernández Vara ha abogado por que las instituciones autonómicas sean capaces de ganar la batalla del tiempo en la obtención de los permisos para la instalación de empresas con el objetivo de que Extremadura «sea el lugar de España donde más fácil sea instalar una empresa».

Para ello ha animado a las administraciones públicas a «trabajar de manera conjunta y consensuada», por encima de intereses partidarios, para facilitar el trabajo y el desarrollo de cada una de las empresas que quieran venir a invertir a Extremadura. Guillermo Fernández Vara concluyó asegurando que es «un día histórico» para Extremadura y para Plasencia, y que será recordado como el día que se puso en marcha el primer parque eólico «que sirvió de punta de lanza para el futuro».

Por su parte, el alcalde de Plasencia, Fernando Pizarro, ha explicado que la tramitación del parque eólico «ha sido un trabajo de mucho tiempo que ha exigido una gran coordinación entre la Junta y el Ayuntamiento» de la localidad ya que, al ser el primer parque extremeño, los procesos eran nuevos para las dos administraciones«. Pizarro ha aseverado que «es un día de agradecimientos y de esperanza de continuar trabajando juntos por las energías renovables».

El parque eólico Merengue tiene una potencia de 40 megavatios (MW), según Naturgy. El parque eólico cuenta con un total de 15 aerogeneradores, todos ellos de Siemens Gamesa del modelo SG 2.6-126, con una potencia unitaria de 2,625 MW y un diámetro de rotor de 126 metros. Además del parque eólico Merengue, la compañía está desarrollando en la actualidad otros proyectos en Extremadura, como la planta fotovoltaica Las Jaras, ubicada entre La Albuera y Badajoz con una potencia de 50 MW, o la planta fotovoltaica Miraflores, en el término municipal de Castuera, que tendrá una potencia instalada de 20 MW.

El Gobierno aprueba la DIA del proyecto de investigación de hidrocarburos que conllevará pruebas sísmicas en Murcia

Europa Press.- El Ministerio para la Transición Ecológica ha emitido una declaración de impacto ambiental (DIA) favorable al proyecto Leo, que prevé prospecciones sísmicas 2D en el marco del permiso para investigar hidrocarburos en Murcia. La DIA concluye que no se esperan efectos adversos «significativos» para el medio ambiente relacionados con practicar pruebas sísmicas en Murcia, una zona con actividad sísmica donde en 2011 tuvo lugar un terremoto de magnitud 5,1 en Lorca que provocó la muerte a 9 personas y dejó cuantiosos daños materiales.

La Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental considera que no es necesario someter el proyecto a evaluación ambiental ordinaria porque no se esperan efectos adversos significativos si se cumplen ciertas condiciones. Cerca del lugar donde se realizarán las pruebas sísmicas, a 500 metros, se sitúan la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) Sierra del Molino, Embalse del Quípar y Llanos del Cagitán; la ZEC Sierras y Vega Alta del Segura y Ríos Alhárabe y Moratalla y la ZEPA Sierra de la Pila.

La DIA contempla medidas preventivas y correctoras para minimizar los impactos como la retirada de residuos que puedan quedar en el medio natural tras los trabajos, camiones vibradores y retirada de geófonos. También se contempla la restauración de los suelos que hayan sido compactados por el tránsito de los vibrocamiones y por la presión de la placa vibradora que portan para generar las ondas sísmicas.

En cuanto a los acuíferos, no se prevén potenciales afecciones porque no se emite ninguna sustancia química y para paliar la posible afección de hábitats de interés se colocarán puntos de emisión de las ondas sísmicas y se pondrán geófonos en las zonas sin representaciones importantes de los hábitats o, en su caso, en las zonas más degradadas, y siempre se evitarán los hábitats prioritarios.

De cara a la avifauna, la Subdirección General del Medio Natural no prevé que puedan producirse impactos de «entidad importante» siempre que las actividades no se acometan en épocas críticas y señala que el promotor del proyecto se compromete a realizar los trabajos entre septiembre y enero, una época que no supondrá un «incremento apreciable de presión sobre la fauna«. El proyecto Leo abarca poco más de 30.000 hectáreas en Cieza, Calasparra y Jumilla, en Murcia y en Hellín (Albacete).

En esta zona se acometerá sísmica de reflexión 2D, que consiste en generar vibraciones en el subsuelo a intervalos regulares y a lo largo de una línea más o menos recta mediante el empleo de uno o dos camiones. Las ondas sísmicas generadas son captadas por geófonos que se entierran superficialmente y que trasmiten los datos a un registrador instalado en otro vehículo. Los vibrocamiones realizarán registros durante 2 o 3 semanas de entre 1 y 5 minutos de duración.

Por su parte, Ecologistas en Acción presentó alegaciones al proyecto que, a su juicio, debería evaluarse de forma conjunta la suma de impacto de las actividades previstas en el Proyecto Leo junto a los proyectos Aries II, Escorpio y Acuario, en vez de manera fragmentada, ya que estos 4 proyectos están próximos a varios espacios de la Red Natura 2000.

La ONG advierte de que los sondeos exploratorios que se realizarían después de la campaña sísmica requieren perforaciones del terreno y denuncia que esto podría afectar a las aguas subterráneas y superficiales. Es más, añade que es de especial relevancia que el proyecto Leo se asienta sobre un acuífero, el sinclinal de Calasparra, conectado con el río Segura, de modo que alerta de que existe un riesgo de contaminación de las aguas de este cauce.

Asimismo, insiste en que la técnica de fracturación hidráulica, conocida como fracking supondría «graves riesgos» para el medio ambiente, la salud y la economía de las poblaciones de la cuenca del Segura. Asimismo, recuerda el potencial riesgo sísmico que conlleva la técnica de la fracturación hidráulica «especialmente en un territorio donde la actividad símica es frecuente de por sí», con terremotos de magnitudes comprendidas entre 3,5 y 5,2. Por ello, pide la denegación «rotunda» del permiso del proyecto Leo así como del resto de proyectos de fracking en la comarca.

Baleares aprueba la Ley de Cambio Climático, que restringirá el diésel desde 2025 y reducirá las emisiones de sus centrales

Europa Press.- El pleno del Parlamento autonómico de las Islas Baleares ha aprobado la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que entre otras medidas prohibirá el acceso de vehículos diésel a Baleares desde 2025 y prevé el cierre de las centrales energéticas contaminantes en las Islas, con el objetivo de desterrar los combustibles fósiles y alcanzar un 100% de energías renovables en la comunidad para 2050.

Durante el debate en el Parlamento no se ha aprobado ninguna de las enmiendas mantenidas por PP, PI, Podemos, MÉS per Menorca y el Grupo Mixto. El texto legal completo ha salido adelante gracias al voto favorable de los partidos de izquierda, mientras que PP, Cs y PI han votado en contra de algunos artículos que han sido igualmente aprobados. En su defensa de la norma, el consejero de Territorio, Energía y Movilidad de Baleares, Marc Pons, ha avisado de la alta dependencia energética de Baleares y ha mantenido que los objetivos que fija la Ley son «asumibles y ambiciosos».

En las medidas de movilidad, la Ley se propone disponer de 1.000 puntos de recarga de vehículos eléctricos en 2025 y tener el parque móvil totalmente descarbonizado para 2050. Para ello, además del veto al acceso de coches diésel en 2025, entrará en vigor la misma prohibición para el resto de vehículos contaminantes desde 2035 (coches, motos, furgones y furgonetas). Los ya existentes en Baleares hasta entonces podrán seguir circulando. También introduce cambios en el alquiler de vehículos, un sector que deberá funcionar con una flota completamente eléctrica para 2035.

La Ley de Cambio Climático, entre otras medidas, también prevé el cierre progresivo de las centrales contaminantes, empezando con Es Murterar (Mallorca) a partir de 2020, pero que también afecta a las centrales de Mahón, Ibiza y Formentera; obligará a los grandes aparcamientos en superficie a instalar marquesinas con placas fotovoltaicas; y crea el Instituto Balear de la Energía, que podrá crear o participar en mercantiles para comercializar energía eléctrica en régimen de libre competencia.

El consejero de Energía se encargó de defender el Proyecto de Ley, resaltando la «necesidad de contar con un modelo energético propio en las Islas», una comunidad con gran dependencia energética y poca implantación de renovables, ha avisado. En esta línea, Pons ha insistido en que la norma «es la hoja de ruta» para «hacer efectivo el cambio de modelo» y que es una Ley «de hechos y no intenciones».

Marc Pons también ha criticado a quienes se oponen a la Ley «con la intención de mantener el mayor tiempo posible el actual modelo energético». Tras la aprobación de la Ley, preguntado por si teme que la norma sea recurrida en los tribunales, Pons ha confiado en que tiene «toda la cobertura jurídica» y ha dicho que si se presenta un recurso, Baleares defenderá el texto legal «donde haga falta» y «con todos los argumentos».

Críticas al escrito de Marín

La carta remitida al Parlamento por el presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, ha centrado buena parte del debate. En este escrito, avisaba de los «efectos negativos» de la norma que finalmente se ha aprobado y proponía «medidas menos gravosas». El diputado socialista Damià Borràs cuestionó la legitimidad de Marín Quemada para realizar esta advertencia, subrayando los vínculos del presidente del organismo con empresas petroleras.

Similarmente, el diputado de Podemos, Carlos Saura, ha acusado al PP de ser «mayordomos de los lobbys» y que «parece que están esperando que los ricos se puedan salvar». El diputado ha alertado de los riesgos del calentamiento global y ha lamentado que las enmiendas de la oposición «cuestionan y relativizan su peligro». «Nos encontramos en una encrucijada sin precedentes, con muchas cartas de la CNMC intentando presionar para que se retire esta Ley», denunció.

Por su parte, la diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, ha asegurado que la carta de la CNMC «muestra el desprecio a la legitimidad de esta Cámara y sus competencias» y supone «una injerencia intolerable que pone en evidencia su sumisión al IBEX 35 y las grandes multinacionales«. «No podemos y no queremos ir pasito a pasito», apostilló. Asimismo, la diputada de MÉS per Menorca, Patricia Font, ha defendido la necesidad de «tomar medidas drásticas desde hoy» y «poner la supervivencia del planeta por delante de intereses económicos».

Desde el PP, la diputada Tania Marí ha acusado al Pacte de practicar «política de laboratorio» al «hacer experimentos» con la movilidad, y le ha avisado de que es necesario lograr más consenso para que la ley perdure. También pidió a la izquierda que aprobara su enmienda sobre las restricciones a los combustibles fósiles y así «los tribunales no tendrán que tratar otra chapuza socialista».

Por parte de Ciudadanos, la diputada Olga Ballester ha defendido un total de 18 enmiendas mantenidas por su grupo hasta el debate en el pleno, con las que pretendían «que se dé cumplimiento al Acuerdo de París» respetando «dos principios fundamentales para que la transición energética sea justa«. En concreto, que se permita «la reconversión laboral e industrial sin cierre de empresas ni pérdida de puestos de trabajo» y «que nunca se ponga en riesgo la seguridad en el suministro».

Desde el PI, Josep Melià ha lamentado que Baleares sea, a su juicio, «pionera en normativa de Cambio Climático, pero no en hechos«, y ha considerado que el mismo Govern «reconoce que no son asumibles los objetivos» con el acuerdo sobre Es Murterar. «El horizonte temporal de cierre no es realista», cree el diputado, que ha defendido un plan para renovación de los vehículos antiguos.

Finalmente, la diputada del Grupo Mixto, Montserrat Seijas, ha recalcado que, si bien la ley «es necesaria» y «nadie con un mínimo de sentido común puede estar en contra», «todo está proyectado a un tiempo futuro» sin «afrontar con los recursos actuales el tiempo presente«. «Es una ley necesaria pero utópica. Deja insatisfecho al sector ecologista, lo cual pone sobre la mesa que se legisla sin los consensos necesarios», advirtió.

Greenpeace la ve como ”ejemplo”

Greenpeace ha expresado que la aprobación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética balear «debería servir de ejemplo». Según indicó, se debe hacer «hincapié en la urgencia de actuar frente al cambio climático» y lamenta que el Gobierno de España «no haya presentado aún una ley de Cambio Climático y Transición Energética, con un calendario que fije 2025 como fecha límite para el cierre de las centrales térmicas de carbón y nuclear y su sustitución por energías renovables».

Greenpeace ha anunciado que la ley balear es una ley ambiciosa desde el punto de vista de la transición energética «con medidas valientes», como la prohibición de la circulación por las islas de turismos con motor diesel en 2025 o el cierre de 2 grupos de la térmica de carbón de Es Murterar en 2020. El responsable del Programa de Cambio Climático de Greenpeace, José Luis García, expresó su satisfacción por la decisión del parlamento balear ya que los gobiernos «no están actuando con la premura necesaria para limitar el calentamiento global a 1,5 grados».

Castilla y León añadirá 862 MW eólicos hasta 2020 al atraer 789 millones de inversión y crear 2.471 empleos

Europa Press.- Castilla y León añadirá 862 megavatios (MW) de energía eólica en 2019 tras inversiones de en torno a 789 millones de euros y la creación de unos 2.471 empleos en su construcción, según ha avanzado el director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González, quien ha señalado que estos proyectos se pondrán en marcha en 6 de las 9 provincias de la comunidad.

González participó en un acto organizado por Naturgy para detallar sus proyectos previstos en la comunidad durante 2019. Así, como han explicado la directora de Generación de la empresa energética y el responsable de Desarrollo de Renovables en la comunidad de la compañía, Ana Peris y David Muñoz, Naturgy se encargara de impulsar 306 MW de los 862 previstos, con una inversión de 300 millones de euros en 9 parques en Valladolid, Zamora y Burgos.

El director general de Energía y Minas de la Junta ha detallado que el 77,5% de la potencia que se genera en Castilla y León es renovable y acumula el 22% del total de renovables de España. El dirigente autonómico explicó que los proyectos previstos en Castilla y León hasta 2020 «implicará rentas anuales de 2,3 millones de euros en arrendamientos de terrenos y más de 20 millones de euros en ingresos para las corporaciones locales en concepto de ICIO, así como más de 3,5 millones de euros anuales en concepto de tasas e impuestos«.

Finalmente, González destacó que, por convenios e impuestos medioambientales, la Administración autonómica recibirá ingresos por unos 3 millones de euros de media anual durante los primeros 20 años y ha destacado que «a medio y largo plazo, dado el elevado número de avales presentados y vista la capacidad técnica de acceso a la red eléctrica, se estima que se podrían incorporar otros 2.100 MW eólicos».

En concreto, como ha detallado González, en Castilla y León la puesta en marcha de estos 862 MW de potencia tendrá una repercusión más fuerte en Valladolid, donde se prevé generar una potencia de 528 MW con una inversión de 528 millones de euros y la creación de 1.471 empleos, seguida de Burgos con 240 MW, una inversión de 186 millones y 681 empleos. En Soria, se sumarán 41 MW hasta 2020 con una inversión de 33 millones y 220 empleos, a la que le sigue Palencia, con 39 MW por 30 millones y 60 empleos, Salamanca, con 9 MW, ocho millones de inversión y 60 empleos y León, con 5 MW, 4 millones y 16 empleos en su construcción.

Por su parte, Naturgy prevé la construcción de 9 parques eólicos en 16 municipios de las provincias de Burgos, Valladolid y Zamora. Estos parques, que crearán 1.000 empleos durante sus diferentes fases de construcción, tendrán una potencia conjunta de más de 300 MW, equivalentes al consumo eléctrico anual de 380.000 viviendas, el 24% de las totales de Castilla y León.

9 asociaciones ecologistas de Extremadura piden que no se renueve el permiso de explotación de la central nuclear de Almaraz

Europa Press.- 9 asociaciones ecologistas de Extremadura han reclamado que no se renueve el permiso de explotación de la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, ya que «podría ser una imprudencia superar su vida útil de 40 años». Una petición que han realizado las asociaciones AMUS, Adenex, Ecologistas Extremadura, Seo/Birdlife, DEMA, Ecologistas en Acción, Sociedad Extremeña de Zoología, Grus y Anser, tras una reunión celebrada en Almendralejo.

En este encuentro, los ecologistas acordaron solicitar al Gobierno central y a las administraciones competentes que no se prorrogue la actual licencia de explotación de Almaraz. En ese sentido, tras las «múltiples declaraciones y el debate social» generado sobre la continuidad en funcionamiento de los 2 reactores nucleares de esta planta nuclear y ante las «aparentes dudas de las empresas eléctricas», las asociaciones «entienden que cada cual defienda su puesto de trabajo, aunque sea incluso en contra de otros», pero añaden que «es mayor el riesgo real para la comarca de una explotación que casi ha cubierto su vida útil».

Finalmente, las ONG ambientales consideran que la respuesta a las peticiones de algunos sectores «no debe ser promover una extensión del permiso de explotación», sino «apoyar una transición en el modelo de desarrollo de esta comarca y de toda la provincia», dirigido a otros modelos desarrollo más sostenibles como el turismo responsable, las energías sostenibles y a las producciones agrícolas, ganaderas e industriales de calidad.