Gas Natural, sus dificultades para vender los ciclos combinados y el brete de Berenguer

Conocíamos por el diario económico gratuito Negocio el interés de Gas Natural por aplazar la venta de las centrales de ciclo combinado, cuya obligación venía impuesta por las condiciones de la CNC a la operación de compra de Unión Fenosa. El diario citaba como referencias fondos de inversión internacionales. Y es que las desgracias nunca vienen solas: la caída de la demanda y la feroz lucha que existe entre las tecnologías de generación han hecho mella en el valor (precio) que hoy tienen estas instalaciones. Máxime cuando todavía en este escenario se están construyendo en nuestro país 2.000 MW adicionales más, lo que abunda en el concepto de sobrecapacidad existente. Todas ellas, construidas bajo la estimación de un funcionamiento de más de 5.000 horas anuales. Y, todas ellas, teniendo que afrontar la realidad de que este funcionamiento no llegue al 40 por ciento, es decir, que operen en el entorno de las 2.000-2.500 horas anuales, desvalorizando los activos. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Las previsiones fueron construidas bajo expectativas o supuestos optimistas o la propia espiral de creación de capacidad ha desbordado las previsiones? No es el primer proceso que incurre en estos ciclos en la economía, eso es cierto, ni tampoco será el último.

En la situación actual española, pesa enormemente la crisis de demanda, que se puede acentuar mucho más si entran en liza otras cuestiones como el decreto para el incremento de la generación de electricidad mediante carbón nacional aumentando así la producción térmica por esta tecnología. Pero también hay cuestiones en el ámbito internacional referidas a la configuración del mercado del gas que están condicionando fundamentalmente el desabrochamiento de los precios del gas y del petróleo (que tiene signos de recuperación, por cierto) y el cambio que se está produciendo en un consumidor clave que son los Estados Unidos. El asunto es que, sobre todas estas cuestiones, no se perciben atisbos de que cambie su escenario, ya no en el corto, sino ni siquiera en el medio plazo que pudieran hacer pensar que va a cambiar este entorno contractivo.

Y, esta coyuntura es el germen e impulsor de otras campañas como el cuestionamiento frontal de las primas a las renovables que se está produciendo, lo que unido a los desfases regulatorios, en primas y en cantidades en determinadas tecnologías renovables, están inflamando el problema hasta límites insospechados (junto a la grave carencia del diseño de un modelo de generación), sobre todo porque ya ha salido de los esquemas de la integración de las energías renovables en el sector eléctrico, para convertirse en un «meta-asunto» que trasciende lo eléctrico, lo industrial y los intereses agazapados en torno a todas las decisiones que se deslizan al respecto (y sobre las decisiones que no se deslizan y las que se aparcan, claro).

Como cuestión previa a este obligatorio proceso de venta derivada de los requerimientos de las autoridades de competencia, evidentemente la venta de un bien o un activo se puede hacer casi en cualquier momento, sabiendo que siempre hay un precio al que se produce la transacción, es decir, que si se baja mucho el precio, al final el bien se enajena porque hay alguien que está dispuesto a comprar. Es una dinámica propia de todos los mercados.

Por otra parte hay que recordar que la Comisión Nacional de Competencia (CNC) centró sus condiciones a la operación Gas Natural-Unión Fenosa en los activos de generación eléctrica (pese a que el efecto clave en cuestiones de competencia se centraba en la concentración que se producía en el aprovisionamiento de gas). Ahora estas condiciones, mucho más llevaderas en su momento (como los propios implicados reconocían), pueden haberse convertido en una ratonera.

De hecho, el organismo que preside Luis Berenguer tiene una nueva demanda al respecto que también parte de la acción de las autoridades de competencia, enmarañadas nuevamente en este proceso.

Por tanto, parece que las cuestiones de este tipo se complican. Desde el momento en que Gas Natural anunció la compra de Unión Fenosa, el escenario ha cambiado enormemente y cabe preguntarse sobre el brete que se le presenta al organismo que preside Luis Berenguer en el sentido de proceder a la prórroga del plazo previsto inicial (y que tiene carácter de confidencial) en la venta de estos activos.

¿Cuánto tiempo más de margen hay para efectuar la venta (a sabiendas de que esta situación no se va resolver en breve)? ¿Y si, para entonces, no se han recuperado los precios de las centrales de ciclo combinado? Y, la segunda línea de preguntas se sitúa en la más incómoda, ¿cuál es el precio por el que al final se venderán estos activos?

Copenhague mon amour

La presencia de más de cien líderes mundiales en la Cumbre, la estratégica visita de Obama y las primeras señales de las tres economías más contaminantes del planeta de que se pueden producir cambios en su trayectoria en materia de medioambiente, parece que pueden invertir la tendencia al pesimismo que hasta hace un mes invadía los preparativos. Hoy, todo son esperanzas y llamamientos a la generosidad y altura de miras en las negociaciones que tienen que celebrar los distintos países entre sí, para conseguir una reducción de emisiones sustancial, de entre el 25 y el 40 %. La oferta norteamericana (reducción del 17 %), la reducción de intensidad energética prometida por China (aunque con problemas para su verificación) y también los compromisos anunciados por la India, han impulsado esta Cumbre y ha desatado una cierta ilusión colectiva que esperemos no se desabarate.

En medio de estos preparativos, le ha echado morbo la difusión del robo de unos correos electrónicos que alimentarían a los negacionistas del cambio climático, al señalar que algunos científicos han exagerado las consecuencias del mismo, en algo que se califica de nueva religión. Los ultraconservadores y los sectores más reaccionarios están intentando, sin mucho éxito, dinamitar el espíritu de protección del medio ambiente que se ha generado en torno a esta cumbre.

Por su parte, según se ha podido saber estos días, España va a anunciar las que serán sus propuestas en materia energética durante la presidencia de turno de la Unión Europea, cuyas líneas principales serán «la seguridad de suministro», la organización de una Conferencia de los Ministros de Energía y conseguir el apoyo a varios proyectos en curso (entre ellos el de captura de carbono de Ciuden). Esperemos que no sea un ejercicio de voluntarismo, de realidades demoradas futuras, y que debido a nuestras propias inconsistencias internas de “descafeine”, no se vea mermada la capacidad de nuestro país en tanto que anfitrión para comprender e impulsar directrices referidas a la política energética comunitaria (con nuestra peculiar “tercería vía autóctona”) en este caso.

Volviendo a Copenhague pero relacionado con la política energética española y como decía en días anteriores Pedro Linares en El País (en un artículo firmado junto a Gonzalo Sáenz de Miera), «cualquier acuerdo de esta naturaleza exige una decisión previa sobre el modelo energético que queremos, es decir, sobre la forma en que producimos y consumimos la energía, que es origen, en gran medida, de las emisiones de gases de efecto invernadero». Y, estas son decisiones que afectan al mix energético, a la competitividad y al precio de la electricidad. Todo ello son cuestiones de medio plazo si lo que se quiere hacer es serio y se quiere hacer de forma ortodoxa. Para ello, Linares reclamaba mayor conocimiento, mejores estudios, más análisis estratégico, para perfilar una estrategia española y recordaba la desgraciada negociación y el resultado de la misma del 15 % sobre las emisiones de 1990. En este artículo, Linares era «condescendiente» con los gobiernos y no enseñaba los trapos más sucios, además de evidenciar que volvemos a estar ante este nuevo acuerdo como estábamos respecto a estudios y estrategia: con una mano atrás y otra delante.

Por eso, y ante este escenario, hay otra manera de negar ese espíritu medioambientalista mucho peor. Y esa negación es la hipocresía. Es «ir de ello», ir de medioambientalista, sin serlo, generalmente para los comicios electorales, en los mítines, en los encuentros con los colectivos ecologistas, y luego, en virtud de razones volubles, actuar en sentido contrario de forma farisea, unos de corte distributivo por tecnología, otros de corte empresarial y otros derivados de presiones concretas. Tenemos muchos ejemplos en el caso español y Kyoto, lo que ha derivado en una visión muy pesimista de los resultados en nuestro país y de la seriedad a la hora de afrontarlo. Desde la distribución de los derechos de emisión por tecnologías hasta la detracción de derechos de emisión. Por no hablar de la pretensión de perpetrar el aumento de la generación de electricidad mediante la quema de carbón nacional bajo la excusa de la seguridad de suministro (en momentos en que más abundancia y sobrecapacidad existe en el sector energético).

Incluso, algunas decisiones, en apariencia medioambientalistas en el muy corto plazo como la «inflación» y «burbuja» de determinas tecnologías renovables, operan en sentido contrario en el largo plazo. Sobre todo, cuando las decisiones de precio de la energía chocan con la incapacidad política de asumir las consecuencias de sus actos previos en un ejercicio de improvisación con cuestiones que tienen mucho de medio plazo: inversión, modelo energético y medioambiente. Cosas que no se arreglan de la noche a la mañana con graciosas decisiones de gasto público, de ensoñación intervencionista y voluntarista.

Por tanto, la pregunta es, a la vista de la revitalización del proceso de Copenhague y México, si esta vez nos lo vamos a tomar en serio y no vamos a poner una vela a Dios y otra al diablo. Porque frente que tener una estrategia, el siguiente paso negativo es tener una estrategia equivocada. Y peor que una estrategia equivocada es no tener estrategia. Y, aún peor que no tener estrategia es no tenerla y estar sujeto a la administración de las presiones momentáneas y el coyunturalismo. Porque quien no sabe adónde va, puede aparecer en cualquier sitio.

La carencia de ese modelo global incapacita la definición de una estrategia coherente en materia de cambio climático, con señales claras a los agentes, sobre sus implicaciones, costes, sobre los precios de la energía y sus tendencias. Y, en ese río revuelto, sólo hay ganancia de pescadores (y de especuladores). Por eso, Copenhague debería ser un punto de inflexión para que empezáramos a hacer las cosas en serio.

Federales contra confederados en las renovables

El desenlace de determinados acontecimientos en el sector energético empieza a dar signos de que el sudoku tiene difícil encaje, o más bien que hay más piezas del puzzle que las que se pueden colocar. Estamos, por tanto, asistiendo a una ofensiva multilateral por tecnologías para ocupar un espacio, el de la generación eléctrica en estado de saturación por la caída de la demanda. Caída de la demanda que amenaza con recrudecerse en términos de volumen, prolongarse en términos de tiempo y agravarse por las decisiones administrativas asociadas desequilibrantes.

Ninguna acción ya en este contexto es inocente: el impulso a la generación de electricidad mediante la quema de carbón nacional (el Decreto de Energía Insostenible) se come tarifa, derechos de emisión, contaminación, expulsa tecnología de generación y provocará más desconexiones en los parques eólicos alterando las bases de su régimen retributivo. La semana pasada podíamos leer en El País, cómo en breve podría sobrar producción de energía renovable. Por eso, podemos comprobar cómo no hay día en el que un sector u otro levante el dedo y manifieste su papel y su contribución al sector energético español.

El hecho es que podemos comprobar cómo desde hace unos días el torrente de informaciones es incesante al respecto de las diversas tecnologías de generación eléctrica. Todas ellas, con legítimo interés, postulándose ante este escenario contractivo. Y, por ello, hemos podido comprobar, sobre todo en el ámbito del sector renovable una realidad convulsa y contradictoria. En esa realidad convulsa y contradictoria aparece dos fuerzas centrífugas: las que cuestionan las primas a las renovables y las que las defienden. Una confrontación que se libra en los medios de comunicación, en el espacio público de construcción de la opinión, casi en términos de derby, forofismo, con todo su aparataje y forma retórica. El problema es reconocer que el debate hoy está construido en unos términos en los cuales es inexistente de forma que puede llegar a establecerse una partida de damas en las que un jugador juega en las casillas blancas y otro en las negras.

Son varios los argumentos recurrentes a la hora de colocarse en la posición favorable: el primero tiene que ver con generación de empleo, actividad, tecnologías, reducción de emisiones de dióxido de carbono y del volumen derechos de emisión a adquirir. Pocos argumentos parten de su incardinación directa en el sector eléctrico. Con esa pléyade argumental, cualquier decisión sobre el futuro renovable debería tener cabida: inclusive primas y volúmenes, muy generosos cuya contribución en términos de prima, megavatios de generación sea muy descompensada (situación recientemente evidenciada en el caso de la tecnología termosolar cuya irrupción masiva por decisiones administrativas ha derivado en sus consecuencias en términos de hipoteca futura: drenaje de la capacidad de producir más energía renovable con menos incentivo económico a cargo de los consumidores).

Los más avanzados, de este primer grupo favorable a las renovables, son conscientes de que las peores decisiones son las que contravienen el desarrollo futuro del sector. Es decir, las que se pasan de frenada. Y, por tanto, mantienen un cierto escepticismo con una adhesión sin reparos al desequilibrio retributivo, sin visión global. En este entorno, se participa de la confianza del desarrollo de las tecnologías, comparten la necesidad de comprender cada una de ellas y sus características diferenciales y comprenden la necesidad de aproximarse a la rentabilidad y a los precios de mercado, bien por ganancias de eficiencia, bien por relación de precios comparativos, o por las dos cosas a la vez. Son conscientes de la necesidad de que los incentivos económicos a las renovables no sean sine die, se integren y sean sostenibles en el sistema eléctrico y la tarifa, y por tanto, los proyectos no sean fuente de especulación, sino que sirvan a la inversión en capacidad de generación eléctrica.

Segunda línea: los ligados al colectivo desfavorable a las renovables tienen que ver con la negación del cambio climático o la evolución del impacto de las renovables en la tarifa eléctrica, magnificando su efecto (sin descontar los beneficios económicos y medioambientales) y amplificando los errores de bulto del pasado. Este grupo se ve alimentado por decisiones administrativas y regulatorias que han provocado que el sector de generación eléctrica mediante tecnología renovable no participe de la conformación del sector eléctrico y del mercado en términos de relación oferta/demanda. Un buen marco regulatorio y retributivo mal acabado, digamos. Con este tratamiento, se han producido importantes burbujas que buscan apropiarse de unas plusvalías cuasi-inmobiliarias. En suma, por un cúmulo de decisiones que han sumido en un descontrol a la Administración en este camino, cuya respuesta acaba siendo una reacción de impotencia: desplegar inspecciones de dudoso resultado, una vez que se han desbordado las aguas en lo económico. En ese tráfago, además las Comunidades Autónomas y determinados sectores concretos han encontrado puntos débiles y cierta volubilidad en sus coyunturas.

¿De dónde viene esta confrontación abierta? Primero, de un hueco, de una carencia trágica generada por los responsables de la regulación y de la planificación de los sectores energéticos, al no ser capaces de proporcionar una respuesta sostenible y global y actuar de manera parcial a intereses momentáneos relacionados con cada sector de generación. Y en esto se demuestra que el orden de las decisiones no será inocuo: decisiones sobre energía nuclear, carbón y renovables no son independientes. Segundo, que el debate desde las autoridades no se construya en el espacio público en el que se deberían configurar las coordenadas del mismo, cuestión que se produce por evidente esquivamiento de la responsabilidad central. El tablero de la generación eléctrica, régimen general y especial, se tienen que centrar en el modelo de generación, de mercado y de tarifa eléctrica, como ejes fundamentales. Cuestión que requiere una respuesta global, conjunta, tanto desde el punto de vista de sostenibilidad económica, como medioambiental y de la tarifa eléctrica como resultante. Por tanto, hay que volver a la ortodoxia: colocar las piezas en el mismo tablero y en las casillas del mismo color para evitar veleidades derivadas de intereses espurios y de la cizaña que puede surgir de su abandono. Todo ello, para no hacernos los dedos huéspedes y contaminar objetivos de política energética y eléctrica con cuestiones e intereses de otra índole (legítimos, eso sí), industriales, de empleo, o de ayuda a sectores improductivos, tomando decisiones insostenibles.

Energía: economía y sostenible

El anuncio, precedido de una «big band», de la presentación pública de la cacareada Ley de Economía Sostenible y que realizó el pasado domingo el Presidente del Gobierno está en todos los medios de comunicación como «claim informativo». Misión cumplida. Se ensayó (y mucho), para la puesta de largo del anuncio del anteproyecto de ley y su aprobación por el Consejo de Ministros el próximo viernes, un nuevo formato de mítin del Partido Socialista, incluyendo presentadores y jazz, siempre atentos a las «megatrends» de la comunicación política.

Todo ello con una escenografía novedosa y con el apoyo de sectores más o menos arrinconados en los últimos tiempos dentro del partido del Gobierno, el ala más liberal del partido, junto con la presencia de Felipe González. Parece que se están dando determinados signos externos de intento de reformas y de tomar una posición más activa en lo que se refiere a la situación económica. Queda por saber si estos movimientos que detecta el sismógrafo del Gobierno van en serio o forman parte de una estrategia para conseguir la iniciativa política mediante respiración asistida pero, la realidad tiene que confirmar si son movimientos de fondo y si son reales o no. Es decir, si es realidad o son espejismos o engaños.

En todo caso, a estas alturas del campeonato, ya no valen los fuegos de artificio, los movimientos de mercadotecnia electoral más o menos posmoderna y el tiempo que resta hasta las próximas elecciones exige que el imaginario político se convierta en reactivación real. Por eso, esa ansiedad por conjurar la salida de la crisis, esa urgencia, aumentada por cada anuncio trimestral del PIB y del empleo, puede jugar muy malas pasadas, si todo esto que se anuncia, al final, se conforma como un reclamo vano o vacío. Habrá que estar muy atentos y marcar en corto la situación.

Por tanto, y en referencia a la Ley de Economía Sostenible, se ha escrito mucho, se habían anunciado grandes expectativas que se verán confrontadas con la realidad en la medida que puedan desatarse reformas que necesitan la economía española y sus instituciones, y uno de los capítulos más esperados, jugosos y suculentos iba a ser el dedicado a la energía.

De hecho, con innegable oportunismo político, la ley, en teoría, estaba llamada a subsumir la Ley de Energías Renovables y Eficiencia Energética. Partamos de un hecho: la energía es una de las cuestiones más importantes de nuestro tiempo y de la que depende el desarrollo económico, el bienestar social y el futuro de las sociedades. Sin ella, no se entienden hasta los movimientos geopolíticos y estratégicos. Fíjense, por ejemplo, en la campaña que llevó a Obama a la Casa Blanca, cómo realmente quizá el escenario más importante en donde se dirimía el debate en el espacio político era la energía (y de ahí las reacciones que está desencadenando con su interés en la transformación del modelo energético americano). Fíjense en la atención que se está prestando en los distintos grupos e instituciones transnacionales como el G-20 o la Unión Europea.

Este tema es importante también en nuestro país, que no cuenta con recursos de energía primaria y que ha venido comportándose con una abstracción de las fronteras pasmosa, con un intervencionismo generador de ineficiencias, consumo desmedido y déficit que al final era solucionado. Eso sí que genera costes y precios por obra y gracia del control tarifario administrativo. Por eso sorprende la frivolidad con la que se está tratando esta cuestión y la ajeneidad a las cuestiones de corte económico y medioambiental de nuestra errática (por inexistente) política energética. En el fondo, lo único que ha preocupado es cómo no trasladar el coste de la energía o cómo distribuir su impacto en los sectores industriales anexos a la misma (el caso del carbón o el reciente de la termosolar son palmarios). ¿Es esto sostenibilidad?

Por ello, el hecho de fomentar un modelo energético sostenible (económica y medioambientalmente), así como eficiente es altamente importante y cobra una relevancia especial para que nos lo tomemos en serio. Casi trascendental. Lo que pasa es que la retórica no nos debe confundir y hay que seguir poniendo los pies en la tierra antes de caer en la más dulce y total renuncia a los postulados programáticos de la ley y su sonido de trompetas. Esa sostenibilidad supone reforma, transformación y cambio de modelo energético. Pero en serio. No se puede pretender un cambio de modelo e incrementar las ayudas públicas al carbón por la vía de trastornar todos los mercados energéticos y romper su lógica económica y medioambiental. O forzar el déficit tarifario o determinadas tecnologías renovables por compromisos colaterales con la política y el desarrollo regional. Y en medio de eso, exhibir una ley que tape la inconsistencia.

Por eso, sin hacer determinadas cosas en serio, no será creíble. Sin comportarse de forma coherente faltará la credibilidad necesaria en nuestra economía y en nuestras instituciones. Y sin tratar todo ello, mirando a los ojos a todos los agentes para abordar de una forma global las cuestiones que se derivan del problema energético, sólo serán pretensiones electorales postergadas o meros ejercicios de venta de mercancía mediática, poco sostenible en el tiempo.

Por otra parte, la sostenibilidad y la economía no sólo se deben cultivar en una ley, sino que deben ser el eje y norte de la actuación del Gobierno, en todas sus gestiones y actuación institucional. Sostenibilidad es buena regulación. Sostenibilidad son instituciones serias y creíbles, es resolver el entuerto de la CNE. Sostenibilidad es competitividad y mercado, con señales claras y estabilidad regulagoria. Sostenibilidad es definición de una política energética global. Es no dilapidar las primas a las energías renovables y utilizarlas correctamente. Sostenibilidad es no administrar estas primas con prodigalidad selectiva a partir de la generación de las burbujas a las que hemos asistido fruto de la mala regulación. Sostenibilidad también es acabar con un modelo de financiación dual del carbón, mediante subvenciones y precios altos, conjuntamente. Algo que ni es sostenibilidad, ni es economía.

Esperemos, por tanto, que esta normativa (tanto tiempo anunciada y que ha pasado por tantas vicisitudes en su elaboración) no defraude y entienda lo que quiere decir economía y sostenibilidad. Esperemos que las actuaciones políticas y decisiones del Ejecutivo se hagan en coherencia con el espíritu de estos dos términos. Si no, tendremos otro mantra nuevo, dentro del tacticismo gubernamental al que estamos acostumbrados, pero no habremos hecho nada. Seamos realistas, pidamos lo imposible: concreción a partir de este momento, coherencia y seriedad.

¿Hay relación entre la investigación de la CNC en UNESA y el decreto para priorizar la generación eléctrica mediante el carbón nacional?

Ayer comentábamos que la Comisión Nacional de Competencia (CNC) está participando en una ceremonia antiempresarial y antimercado, impropia de su función y cometido. Por ello, bajo ese contexto, este escenario sería uno de los elementos episódicos de la misma. Hoy buscaremos una interpretación más concreta a los últimos acontecimientos relacionados con el comportamiento de este organismo en relación al sector eléctrico, sobre todo en lo relacionado con la propuesta de aumentar la producción de energía eléctrica mediante carbón nacional.

Por ello, intentaremos señalar hechos, relaciones y casualidades (o causalidades) que se han producido en los últimos tiempos en el sector energético, desde la atención minuciosa de la realidad y con perspectiva histórica, cercana y lejana de la situación de partida. Son mecanismos más o menos evidentes, o que al menos transparentan comportamientos. Pero también son mecanismos que contienen elementos narrativos elípticos, basados fundamentalmente en relaciones y capicúas, en la existencia de hechos más o menos coincidentes y en declaraciones de intenciones explícitas.

La pregunta que deberíamos hacernos es si existe alguna relación entre la medida propuesta para aumentar la generación de electricidad mediante el carbón nacional y el hecho de que los investigadores de la CNC hayan entrado en la sede de la patronal eléctrica Unesa a la búsqueda de pruebas previa a la incoación de un expediente. Sobre todo en la medida en que la CNC desde el principio del proceso (y de forma cronológica) ha estado como una sombra, detrás (o delante, quién sabe) del sector eléctrico, reuniendo en este momento sus «ententes» pasadas para servirlas de manera acumulada.

Primero: el aviso y el primer anuncio de la investigación.

Al principio de este proceso, tuvimos información de que la CNC iba a vigilar muy de cerca la propuesta que el Ministerio de Industria para garantizar el suministro eléctrico, propuesta en forma de Real Decreto, y cuyo mecanismo servirá para incentivar la producción mediante la quema de carbón nacional acelerada y preferente. Una intervención en el mercado que parte de una reclamación de los sindicatos y patronales mineras en Rodiezmo y que Moncloa reelabora para que se atienda desde el sector eléctrico, con impactos generalizados sobre el mercado, sobre las empresas, sobre la tarifa y sobre las emisiones contaminantes. Algo que hubiera sido más fácil articular de forma directa, pero que la actuación política se encargó de complicar.

De manera coincidente con esas declaraciones, y a principios de todo este proceso, la CNC hizo pública una investigación al sector eléctrico, en términos de «totum revolutum», que englobaba todo lo pasado: desde cuestiones relativas al mercado de restricciones técnicas, suposiciones relativas a las casaciones al amparo del derogado Real Decreto 3/2006, cuestiones no avaladas por las investigaciones de la CNE sobre denuncias relativas a la concertación de precios en el OMEL, y remontándose hasta cuestiones bastante creciditas en edad, etc…. Todo bastante nebuloso e inconcreto pero contado con mucha salsa, como un «thriller». Hay que valorar, por ello, este primer dato: justo en el principio del lanzamiento de este proceso, Competencia dijo que iba a estar «vigilante» sobre el comportamiento de las eléctricas ante esta medida. Y, claro, no iba a estar vigilante, sobre la medida.

Segundo: el escándalo, un escenario que se complica.

Por otra parte, parece que la medida del futuro Real Decreto ha levantado fuertes y dolorosas ampollas en muchos sectores y sus efectos son más intensos y generalizados de los que se preveían en un primer momento. Se ha generado una fuerte controversia de proporciones mucho mayores que lo estimado y que, en algún caso, se quiere paliar por la vía de la demagogia y la retórica de la «justicia social» manipulada. Es innegable su acción intervencionista, como es innegable que los perjuicios de la misma van más allá de lo solicitado inicialmente por los propios agentes mineros, sobre todo por la obcecación con intervenir el mercado eléctrico. Hay escándalo e incluso riesgo de que se compliquen hasta las votaciones en el Consejo de la CNE.

El escándalo, empieza a trascender en lo que se refiere a los costes, más de 4.750 millones de euros. Además, la distribución de su efecto va por barrios, en función de la estructura de generación que tiene cada empresa, los contratos de suministro de gas y carbón extranjero que tengan suscrito, las consecuencias medioambientales en materia de emisiones y derechos de emisión absolutamente ninguneadas y, finalmente, el efecto expulsión presente y futuro sobre otras tecnologías de generación. Es serio y la atención que empieza a prestar el mundo financiero desde el exterior sobre esta medida incluso asusta en determinadas instancias económicas.

Tercero: la persecución de la CNC a las eléctricas y el uso de la propaganda.

Ahora es conveniente echar la vista atrás y recordar. Y es que a la CNC, hasta el momento, no se le han dado bien los expedientes a las eléctricas, y eso que lo ha intentado con insistencia: todo lo que ha iniciado se ha quedado en cuestiones postergadas en el tiempo, ha sido cuestionado judicialmente, no ha sido avalado por los datos de la CNE, o del OMEL y lo restante, que es bastante poco, es pura bisutería denunciatoria, intentonas golpistas, por mucho que se quiera practicar el arte de la hipérbole.

Por otra parte, no hay que pasar por alto que la CNC tiene tendencia a utilizar la «pena del Telediario y de la nota de prensa» de forma especialmente frecuente, es decir, que tiene una tendencia a la utilización de métodos trotskistas de difusión y propaganda, método que alimentan de forma entrópica las investigaciones, y que se aprovecha del clima de escándalo permanente que vive el país, que «surfea» en la ola gracias a la presunción de culpabilidad y descrédito instalada en la sociedad española. Por eso, ahora se conoce que los investigadores han estado en la sede de la patronal Unesa, algo que de puro «naif» debería escandalizar.

Cuarto: la CNC, sus comportamientos liberalizadores y promercado peculiares y las relaciones entre sus protagonistas.

Hay que recordar que la CNC, en su actuación, no parte de una idea clara de lo que significan los mercados libres y eficientes. Sólo hay que echar un vistazo a la gran variedad de sus cuadros intervencionistas. Además, la CNC parece que parte de la convicción de que las empresas son intrínsicamente perversas e infractoras. Recordemos la reciente sentencia contra los métodos de captura de información indiscriminada de la CNC y la débil calidad (y recursos) de las investigaciones del organismo.

Asimismo, no podemos olvidar que la CNC es, en este momento, el martillo neumático del sector energético español con sus métodos de amasar expedientes y generación de sospechas. Y que su presidente, Luis Berenguer, (hombre cercano a Pedro Solbes y cuya salida le ha dejado sin referentes), el consejero de la CNE y ponente del informe que se elaborará en el regulador sobre el Plan del Carbón, Jaime González (leonés, del ala intervencionista y anti mercado eléctrico, cercano al Presidente del Gobierno y se dice también cercano a la propuesta de medida para fomentar la generación mediante carbón nacional con cargo a las empresas eléctricas) y Pilar Núñez (ex Red Eléctrica de España) mantienen una relación directa y estrecha entre si.

Y no podemos olvidar el interés de la CNC en suplantar y superponerse a la CNE en determinadas asuntos, cuestión que gira de forma casi obsesiva estos días en los medios de comunicación como medida incluida en la reforma de los órganos reguladores tomando la palabra y los deseos de Berenguer.

Por otra parte, para testar el cariz liberalizador de este organismo, su «independencia» y su vinculación con «instancias más altas», hay que recordar que la CNC consintió la creación de un monopolio en el aprovisionamiento de gas con su actuación en la operación de adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural. Una resolución que ya perseguirá a este organismo y a sus autores materiales. Precisamente, es en este tipo de actuaciones donde el organismo tendría que mostrar su ejercicio sin mácula. ¿Cómo es compatible una actuación tan asimétrica y desequilibrada en términos de la «supuesta defensa de la competencia»? ¿Está legitimado, por tanto, el organismo en estas condiciones a actuar así?

Y hay que recordar la falta de análisis respecto a cuestiones como los márgenes que pueden establecer las tarifas de último recurso para la competencia o las limitaciones que provocan las redes de transporte a la competencia, al suministro o la evacuación de energía, creando precisamente restricciones técnicas y encarecimiento de la energía.

Colorarios y reflexiones más allá de las teorías conspiratorias: nada es casual.

Vivimos en los tiempos de las ficciones y capicúas. Seguramente se trata de una ficción que esté a punto de hacerse realidad en forma de intervención de mercado y que determine una producción obligatoria, a un precio fijo y que, por ello, establece unos mecanismos de compensación por lucro cesante. ¿Qué posición tiene la CNC, sobre la naturaleza y sentido de la medida? En realidad, ¿esto no es lo que es antimercado de todo lo que se propone? ¿Esto no es lo que debería investigar y reprender la CNC, es decir, las agresiones al mercado que parten del regulador? ¿Hay que aceptar sin discusión esta medida? ¿Cómo puede ser, si el carbón nacional es menos «competitivo», que la CNC no denuncie la práctica de priorizarlo artificialmente?

Por su parte, el Real Decreto de marras se denomina Real Decreto de Garantía de Suministro, cuando la garantía de suministro realmente se produciría si en estos momentos no se quemara el carbón (económicamente no es competitivo, como todo el mundo sabe) y se guardara para momentos en los que se produzca un alza de los precios del petróleo y de la energía, aumentando la oferta en momentos de encarecimiento. Otra ficción.

Como reflexión final, hay que señalar que lo bonito de las teorías conspiratorias es que permiten simplificar la realidad, sobre la base de intentar construir las relaciones causa-efecto o, lo que es lo mismo, que pueden proporcionar una explicación más o menos sencilla a problemas complejos. Lo que pasa es que esta conspiración no es sencilla, sino todo lo contrario, es muy compleja, tanto por sus protagonistas como por sus comportamientos, afanes e intereses. Y es también muy compleja, cómo no, en sus consecuencias.

Seguramente sólo sean capicúas todas estas relaciones personales entre los protagonistas. Probablemente, la aparición en la agenda pública de esta investigación sólo sea también otro capicúa más de la actualidad, más que un nuevo intento de campaña de disuasión hacia el sector eléctrico.

En todo caso, que ahora entre en liza la Comisión Nacional de Competencia en el sector eléctrico, oportunamente, por este procedimiento no deja de ser chocante y paradójico. A lo mejor no es una conspiración y sólo una alineación de los astros. Aunque, realmente, nada es casual.

La propuesta para aumentar la protección del carbón y el teléfono de aludidos

Pocas veces ha existido un mar de fondo tan bravo como con la propuesta de Real Decreto para fomentar la generación de energía mediante carbón nacional. De hecho, ya se han empezado a desgranar, de forma más o menos meticulosa, las aportaciones y alegaciones de los concernidos reunidos en torno al Consejo Consultivo de la Electricidad (por otra parte, lógicas). Hacía mucho tiempo que una cuestión de carácter energético no producía tantas páginas en periódicos (prensa escrita) y pasaba a la radio (un síntoma de que el nivel del problema es altamente inflamable). El teléfono de aludidos echa humo y seguramente sea un buen momento para hacer un repaso (aunque inconcluso) de los argumentos encima de la mesa.

Hacemos aquí un resumen de los principales argumentos contrarios a la propuesta de Real Decreto:

La propuesta sube la tarifa, con el consiguiente efecto para consumidores domésticos e industriales. La medida supone claramente una subida de tarifas, lo que encarecerá la factura energética (AEGE como asociación que reúne a los grandes consumidores empresariales lo ha advertido). Por ahora, las asociaciones de consumidores domésticos y pequeños consumidores empresariales no han expresado su posicionamiento hasta el momento, aunque razonablemente debería ir en la misma línea.

El Real Decreto puede contraer aún más la demanda de energía. ¿Puede, por tanto, que la medida tire de la demanda hacia abajo? Si a esto unimos la subida de precios, puede suponer un retroceso adicional a la caída de demanda que se viene produciendo. Esto es sólo el juego de movimientos de fuerzas del mercado de oferta y demanda.

La medida supondría un aumento del déficit tarifario (UNESA) y por tanto, una reducción del margen que establece el Real Decreto Ley 6/2009 para amortiguar el déficit tarifario futuro y por tanto, supondrá un encarecimiento o prolongación de la deuda. O su consumación.

La propuesta alterará los precios eléctricos, según Gas Natural y otorga una capacidad de gestión y de intervención a Red Eléctrica que lo sigue configurando como el gestor regulador ‘in pectore’. Hay que recordar que Red Eléctrica de España ha sido el soporte de los estudios que han derivado en esta propuesta.

La medida expulsa a corto plazo otras tecnologías de generación. Fundamentalmente afectará a los ciclos combinados.

– A largo plazo, deja menos recorrido para cualquier otro tipo de tecnologías, incluso las renovables.

Los volúmenes previstos son incluso superiores a los que prevé el Plan de Reservas Estratégicas de Carbón como denuncia Gas Natural, lo que puede suponer una forma de revitalizar artificialmente el sector.

– Otros argumentos giran sobre la idea de que el carbón sea verdaderamente estratégico: es decir, que se utilice en situaciones en las que por la elevación de los precios de la energía y petróleo pueda ayudar a futuras escaladas de precios, que no se queme indiscriminadamente, sin ser competitivo por meras razones de mantenimiento de la actividad a costa de la tarifa.

Aumenta las emisiones de gases efecto invernadero y el coste de los derechos de emisión para la sociedad y la economía. Todavía no se conocen las alegaciones de las organizaciones ecologistas (también representadas en el Consejo Consultivo de la Electricidad), pero lógicamente se supone que mostrarán su total oposición a la propuesta. En definitiva, la medida va contra las políticas para mitigar y reducir el cambio climático.

– Finalmente, el argumento más inquietante deriva de cómo desde la Unión Europea se pueden valorar estos incentivos adicionales a la industria del carbón, articulados muy alambicadamente desde la tarifa y mercado eléctrico. La sombra de la consideración de “ayudas de Estado” en un momento en que la UE se plantea con más firmeza el repliegue del carbón planea sobre la propuesta de Real Decreto.

Hagamos también una reseña de los argumentos favorables leídos o escuchados y también en otro sentido, de los pliegos de descargo:

– El Ministro, con una exposición bastante elíptica, habla del denostado carbón y de que “seguramente” en breve y gracias al desarrollo tecnológico, acabe siendo limpio, mediante los procedimientos de captura (todavía no se sabe ni dónde ni cómo) y las tecnologías de carbón limpio en fase de investigación. Aunque todavía, no. Una aseveración relativamente débil aunque propia del Ministro, un hombre convencido de la potencia del avance tecnológico.

– La Secretaria de Estado de Cambio Climático, Teresa Ribera, quien incluso con autoridades presentes de la Agencia Internacional de la Energía, defendió la medida impulsada por el Gobierno español para potenciar el consumo de carbón nacional con destino a la generación de electricidad, justificándolo con el argumento de la palabra dada. Todo ello, con un exceso de emisiones sólo sofocado por la caída de actividad de la crisis y con una política medioambiental muy cuestionada desde instancias europea (último ejemplo, Daimiel, excesos costeros,…).

Carbunión muestra su satisfacción y se remite a la futura promulgación de una normativa europea al efecto.

Luego hay una suerte de “pliegos de descargo en el teléfono de aludidos”. Principalmente, estos argumentos de los pliegos de descargo evitan hablar del fondo de la cuestión, asiéndose a argumentos ‘victimistas’ de basta ya de atacar al carbón nacional, en una especie de justificación contra el modelo de la subvención. Bonificación contra ataques e inquinas viene a decir. Retórica épica a pagar a escote contra competitividad. Bastante es que no sea competitivo y de que la forma en que hayan pensado “ayudarle” sea la más costosa y perjudicial e incluso cree fuertes resistencias a medio plazo.

Recordemos que todo empezó con la petición de 300 millones adicionales para el Plan del Carbón y que está acabando por el momento con un coste de 4.750 millones por el desaguisado de intervenir el mercado. Y, hoy, parece que el teléfono de aludidos sigue sonando, por lo que este resumen seguramente irá creciendo y lo iremos actualizando.

En suma, más coste, más déficit, precios más altos, más emisiones, mecanismo más caro, frente a alternativa más barata de apoyo, promesas de futuro limpio, si Dios quiere, y palabra dada.

Los males mayores: mi reino por un caballo

Un adagio latino decía algo así. Por una herradura, un caballo; por un caballo, un caballero; por un caballero, una batalla; por una batalla, una guerra; por una guerra, un reino. ¡Mi reino por un caballo! Así y ante la demanda de aumentar las ayudas directas al Plan del Carbón 2008-2012 y la formulación de que éstas se instrumenten desde el sector eléctrico mediante la priorización de adquirir carbón y quemarlo para producir electricidad a precio regulado, podríamos encontrar una sucesión de consecuencias de este mismo calado e impacto para el sector, para el mercado y para los consumidores, consecuencias que la medida va a encarecer.

Consecuencias que tendrán que ser evaluadas con tres criterios diferenciales. El primero, el impacto en la tarifa eléctrica y en el déficit tarifario. De hecho, la propuesta no es nada inocua, dado que, al final, las primas al carbón, los derechos de emisión de contaminación adicionales y los pagos por capacidad a las plantas gasistas por dejar de producir tendrán que ser pagados por los consumidores. Eso y las diferencias por generar energía mediante tecnologías menos eficientes y menos competitivas.

Así, el primer criterio es cómo la medida afecta a la factura energética traduciéndose en mayores precios en el mercado de generación (de hecho, uno de los problemas que ha derivado en el problema del carbón nacional es la caída de precios en el mercado, dado que, al ser menos competitivo no efectúa casaciones: es decir, no vende energía por no llegar a cubrir costes). Ese mayor precio reducirá también el margen de déficit tarifario que establecía el Real Decreto Ley 6/2009 para los próximos tres años y encarecerá su financiación futura (de hecho, casi se lo come entero) y complica los planes de Industria de cara a la comercialización. Además pone la proa al desarrollo renovable.

Segunda cuestión a tener en cuenta es el montante de la medida y sus efectos, comparativamente con las aportaciones que requerían los agentes sociales al Plan del Carbón Nacional. De 300 millones pedidos al Presidente, la “dolorosa” se ha elevado mucho más de lo previsto inicialmente, por el mecanismo utilizado: priorizar carbón nacional expulsando otras fuentes más eficientes. Las cifras que se han hecho públicas sin efectos indirectos alcanzan los 4.700 millones de euros. Hubiera sido mucho más fácil y limpio el aumento de las cuantías del Plan del Carbón. El procedimiento, habiendo sido suavizado con respecto a la primera propuesta (o mejor dicho, matizado en su efectos con compensaciones), es más caro y más sucio que las ayudas directas (y no sólo por las mayores emisiones de carbono, sino también por cómo se entremezcla y altera por sus consecuencias en los goznes del mercado eléctrico). De confundir política social con funcionamiento de mercado para estropear y encarecer las dos. Además, sigue existiendo el problema de que la Unión Europea lo perciba como ayudas de estado, un riesgo que no está del todo conjurado.

Pero, es más: si se divide el impacto calculado de la medida por cada uno de los trabajadores que trabajan en el carbón nacional, sale una subvención directa por puesto de trabajo a 31 de diciembre de 2008 de 885 mil euros y que sería superior al millón de euros si a esto unimos las ayudas anuales del Plan. Y, por la vía de los accionistas, la propiedad de estas empresas está muy concentrada: tampoco es que sea muy numerosa o participativa para los españoles. En suma, una cantidad que los mineros no han visto ni en pintura y viendo la situación del norte de España (lo que denomina Enric Juliana, el nuevo Sur) no parece que se traduzca en desarrollo regional.

El tercer criterio, es el de la crisis económica de nuestro país y ver si la forma de resolver un problema como el del carbón nacional (problema indudable que requiere actuaciones gestoras y políticas) es el procedimiento del genocidio de las moscas mediante las baterías antiaéreas, la artillería pesada y los cañonazos. Primero, porque es geométrico el salto cuantitativo de las demandas sociales con respecto a los costes finales de una medida mal instrumentada. Segundo, porque sitúa un escenario de vuelta a atrás y de producción carbonífera desde el cual volver a un modelo de reestructuración programada se complica y perjudica al mix energético español haciéndolo más ineficiente. ¿No hay formas más eficientes de resolver el problema? Con el problema general de empleo de nuestro país, una actuación de este tipo generaría efectos incalculables.

Por eso, ya han venido los primeros y serios reproches a esta política errática por una parte en términos de “justicia comparativa”. En estos días se ha recordado cómo el sector fotovoltaico ha tenido una reconversión acelerada de 20.000 empleos con la entrada del nuevo procedimiento del Real Decreto 1578/2008. Y, por otra parte, las incertidumbres en determinadas tecnologías renovables por la gestión del registro de preasignación, administración temporal del mismo y nuevo marco regulatorio y retributivo pendiente y que están teniendo ya en el horizonte efectos sobre un sector cuyo nivel de empleo es ya muy alto comparativamente.

Por su parte, el Presidente parece que ha emprendido un camino que le aboca a intentar contentar a tirios y troyanos, con la retranca de su procedencia y sus vinculaciones. Habla en sus discursos sin cesar de cambio climático, de energías renovables, de eficiencia energética. Por otro lado, dice que aprovechará su período de presidencia de turno en la Unión Europea para fomentar el carbón nacional, aplica medidas internas que aumentan emisiones de carbono (junto con los polémicos Planes Nacionales de Asignación y su distribución o la detracción de derechos en la tarifa eléctrica indiscriminada), o disminuye la eficiencia energética en la generación. Rodiezmo versus Kyoto. Más contexto: la UE le reprende por su política medioambiental y, para más INRI, se le queman las Tablas de Daimiel. Cosas que tiene la política.

Por otro lado, Rifkin dice que Obama está atento a la política medioambiental española. En estas condiciones, no se sabe cuánto durará un modelo que tiene ciertos componentes de “atrezzo” y opereta, si rascan un poco. Frente a ello, hoy hemos podido volver a leer declaraciones políticas en el reportaje que publica EL PAÍS(Rodiezmo contra Kyoto), en que justifican esta medida (que tenía alternativas mucho más baratas y eficientes, en “la palabra dada”). Ya estamos otra vez igual. ¿Les suena? Maldita sea.

Milonga por la calidad institucional y reorganización del sector energético

Están empezando a proliferar los análisis referidos a los cambios en la titularidad empresarial de las empresas energéticas españolas, quizá porque la globalidad de este fenómeno ha cobrado relevancia singular y se empieza a tener una perspectiva completa de la transformación operada y pendiente. Y, especialmente, en la medida en que nuestro país contaba (y cuenta) con un conjunto de buenas empresas energéticas, eficientes, que, por unos motivos o por otros, han sido colocadas en el punto de mira de estas operaciones empresariales, con resultados o consecuencias que indican que el futuro será, al menos, diferente para el sector.

En los análisis más recientes que podemos leer en los medios de comunicación suelen ser recurrentes varios argumentos. El primero, el riesgo de que las empresas españolas pasen a manos de accionistas foráneos. El segundo es que este cambio de propiedad se está realizando a “golpe de talonario” (en el fondo, como se realizan todos los cambios de propiedad porque cabría preguntase, ¿cómo se puede hacer un cambio de propiedad sin comprar la forma en que se materializa, es decir las acciones de las empresas? Otra cosa es que se haya abaratado el coste de las operaciones por motivos relativos a la inseguridad jurídica y regulatoria en la que vive el sector). El tercero es que alguna de esas empresas, que alguna vez fueron públicas en España y posteriormente privatizadas en nuestro país, ha pasado a estar bajo la órbita de la titularidad pública de otros países. El cuarto, es que la mayor parte de estas operaciones se realizan “sin dinero”, con un fuerte apalancamiento (y que, por tanto, se van pagando a través de sus dividendos, algo que también suele pasar en casi todas las operaciones). El quinto, es la existencia de plusvalías fruto de las compraventas ocurridas (lo cual parece algo pecaminoso), lo que además sirve para inyectar nuevamente “gasolina” a otras operaciones.

En esos análisis y relatos, suelen aparecer las historias, más o menos “truculentas”, de los principales actores que han protagonizado en los últimos años estos distintos episodios, todo ello alimentado por el morbo, como en el caso de la batalla entre Florentino Pérez e Ignacio Sánchez Galán en el caso de Iberdrola. En otros casos, estos análisis tienen que ver con la política estratégica de las empresas: por ello, se cuenta cómo algunas empresas (protagonistas) procedentes del sector de la construcción e inmobiliario buscan en el sector energético diversificar sus inversiones, un sector que tiene la garantía de sus ingresos recurrentes y una tendencia incrementalista más o menos asegurada (algo que no está del todo claro dadas las caídas en demanda tanto de consumidores finales como industriales que estamos conociendo en este principio de 2009).

Lo que parece menos habitual en estas crónicas es el escenario de falta de calidad institucional y regulatoria que podemos describir como caldo de cultivo en el que se han dado todas estas operaciones, con sus legítimos intereses empresariales (nacionales o extranjeros, de constructoras o de cajas de ahorros, cada una en su propia circunstancia dentro de este momento económico financiero). Por ello, y en este caso particular, es especialmente paradójico el exquisito trato que han tenido nuestras autoridades, reguladores y supervisores, apareciendo siempre en un inexplicable segundo plano, cuando han tenido que ver enormente en lo que ha ocurrido en el sector y en cómo se ha producido.

Ha sido obvia (e incluso, desgraciadamente, descuidada) la influencia de las sacristías de la Moncloa (sobre todo en la anterior legislatura) en estas operaciones e incluso con responsabilidad referida a los distintos pares y nones vigentes en el Ministerio de Industria y Secretaría General de Energía. Tanto es así, que se puede afirmar que todo lo que ha venido después tuvo como elemento de disparo, como forma de levantar la liebre en el ojeo, la operación que lanzó Gas Natural sobre Endesa. A partir de ahí, de ubicarnos en la escena en primer plano, lo que se ha desatado en el panorama energético español ha sido una difícil sucesión de secuencias que aún no ha finalizado, como todo el mundo sabe.

También podemos comprobar que, cuando se han querido acelerar estas operaciones desde instancias políticas, se ha hecho todo lo posible para hacerlo. Del mismo modo, cuando se ha querido entorpecer o bloquear una operación, no se ha reparado en modificar ad líbitum la legislación (el oprobio de la función 14 de la CNE ha sido un ejemplo de esto). De todo esto tenemos suficientes y probadas muestras en los sucesivos ejecutivos y conformaciones de la Administración, órganos gubernamentales, organismos de control político y gubernamental. Nadie se ha quedado sin su cuota en parte de la polémica en todo este tortuoso proceso: ni la CNMV, ni la CNE, ni la Oficina Económica del Presidente, ni el Ministerio de Industria o el de Economía.

Y también, parece que las consecuencias de este tipo de operaciones no han sido medidas. Por ejemplo, la operación recientemente en vías de liquidación para la adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural ha acabado por configurar un cuasimonopolio en el aprovisionamiento de gas en nuestro país y de solapamiento de redes de distribución de gas y electricidad que, en nada, van a ayudar al desarrollo de la competencia. Y ello se ha realizado con todos los parabienes (CNE, CNC y Ministerio de Hacienda) y todos los silencios más allá del seguimiento diario de la trama y de los “sucedidos diarios” que ha dado de sí la operación. Incluso, esta operación se lanzó sin hacerla pasar por la función 14, sin análisis del efecto sobre las inversiones en las actividades reguladas.

Podemos señalar, por tanto, cómo una baja calidad institucional puede influir en que las operaciones que se están produciendo en el sector energético español nos lleven adonde no queremos. Más allá de proteccionismos o de la retórica de los campeones nacionales que fue exhibida en momentos puntuales y ocultada en momentos oportunos, también los cánticos a la libertad de mercado y de las empresas en determinadas operaciones fueron blandidos con convicción astuta, momentánea o voluble.

En todo caso, no es momento de lamentarse por lo perdido a lo Boabdil, o buscar culpables en los adquirentes, en su nacionalidad o en sus plusvalías. Si nos vamos a la figura retórica del tango, el argumento suele ser un lamento por una pérdida o por la nostalgia del pasado. Hoy no nos podemos quejar de lo que ha pasado en el sector, fruto de nuestra mala cabeza y de la dejación del funcionamiento institucional, manifiestamente deficiente. Lo demás son milongas.

Milonga por la calidad institucional y reorganización del sector energético

Están empezando a proliferar los análisis referidos a los cambios en la titularidad empresarial de las empresas energéticas españolas, quizá porque la globalidad de este fenómeno ha cobrado relevancia singular y se empieza a tener una perspectiva completa de la transformación operada y pendiente. Y, especialmente, en la medida en que nuestro país contaba (y cuenta) con un conjunto de buenas empresas energéticas, eficientes, que, por unos motivos o por otros, han sido colocadas en el punto de mira de estas operaciones empresariales, con resultados o consecuencias que indican que el futuro será, al menos, diferente para el sector.

En los análisis más recientes que podemos leer en los medios de comunicación suelen ser recurrentes varios argumentos. El primero, el riesgo de que las empresas españolas pasen a manos de accionistas foráneos. El segundo es que este cambio de propiedad se está realizando a “golpe de talonario” (en el fondo, como se realizan todos los cambios de propiedad porque cabría preguntase, ¿cómo se puede hacer un cambio de propiedad sin comprar la forma en que se materializa, es decir las acciones de las empresas? Otra cosa es que se haya abaratado el coste de las operaciones por motivos relativos a la inseguridad jurídica y regulatoria en la que vive el sector). El tercero es que alguna de esas empresas, que alguna vez fueron públicas en España y posteriormente privatizadas en nuestro país, ha pasado a estar bajo la órbita de la titularidad pública de otros países. El cuarto, es que la mayor parte de estas operaciones se realizan “sin dinero”, con un fuerte apalancamiento (y que, por tanto, se van pagando a través de sus dividendos, algo que también suele pasar en casi todas las operaciones). El quinto, es la existencia de plusvalías fruto de las compraventas ocurridas (lo cual parece algo pecaminoso), lo que además sirve para inyectar nuevamente “gasolina” a otras operaciones.

En esos análisis y relatos, suelen aparecer las historias, más o menos “truculentas”, de los principales actores que han protagonizado en los últimos años estos distintos episodios, todo ello alimentado por el morbo, como en el caso de la batalla entre Florentino Pérez e Ignacio Sánchez Galán en el caso de Iberdrola. En otros casos, estos análisis tienen que ver con la política estratégica de las empresas: por ello, se cuenta cómo algunas empresas (protagonistas) procedentes del sector de la construcción e inmobiliario buscan en el sector energético diversificar sus inversiones, un sector que tiene la garantía de sus ingresos recurrentes y una tendencia incrementalista más o menos asegurada (algo que no está del todo claro dadas las caídas en demanda tanto de consumidores finales como industriales que estamos conociendo en este principio de 2009).

Lo que parece menos habitual en estas crónicas es el escenario de falta de calidad institucional y regulatoria que podemos describir como caldo de cultivo en el que se han dado todas estas operaciones, con sus legítimos intereses empresariales (nacionales o extranjeros, de constructoras o de cajas de ahorros, cada una en su propia circunstancia dentro de este momento económico financiero). Por ello, y en este caso particular, es especialmente paradójico el exquisito trato que han tenido nuestras autoridades, reguladores y supervisores, apareciendo siempre en un inexplicable segundo plano, cuando han tenido que ver enormente en lo que ha ocurrido en el sector y en cómo se ha producido.

Ha sido obvia (e incluso, desgraciadamente, descuidada) la influencia de las sacristías de la Moncloa (sobre todo en la anterior legislatura) en estas operaciones e incluso con responsabilidad referida a los distintos pares y nones vigentes en el Ministerio de Industria y Secretaría General de Energía. Tanto es así, que se puede afirmar que todo lo que ha venido después tuvo como elemento de disparo, como forma de levantar la liebre en el ojeo, la operación que lanzó Gas Natural sobre Endesa. A partir de ahí, de ubicarnos en la escena en primer plano, lo que se ha desatado en el panorama energético español ha sido una difícil sucesión de secuencias que aún no ha finalizado, como todo el mundo sabe.

También podemos comprobar que, cuando se han querido acelerar estas operaciones desde instancias políticas, se ha hecho todo lo posible para hacerlo. Del mismo modo, cuando se ha querido entorpecer o bloquear una operación, no se ha reparado en modificar ad líbitum la legislación (el oprobio de la función 14 de la CNE ha sido un ejemplo de esto). De todo esto tenemos suficientes y probadas muestras en los sucesivos ejecutivos y conformaciones de la Administración, órganos gubernamentales, organismos de control político y gubernamental. Nadie se ha quedado sin su cuota en parte de la polémica en todo este tortuoso proceso: ni la CNMV, ni la CNE, ni la Oficina Económica del Presidente, ni el Ministerio de Industria o el de Economía.

Y también, parece que las consecuencias de este tipo de operaciones no han sido medidas. Por ejemplo, la operación recientemente en vías de liquidación para la adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural ha acabado por configurar un cuasimonopolio en el aprovisionamiento de gas en nuestro país y de solapamiento de redes de distribución de gas y electricidad que, en nada, van a ayudar al desarrollo de la competencia. Y ello se ha realizado con todos los parabienes (CNE, CNC y Ministerio de Hacienda) y todos los silencios más allá del seguimiento diario de la trama y de los “sucedidos diarios” que ha dado de sí la operación. Incluso, esta operación se lanzó sin hacerla pasar por la función 14, sin análisis del efecto sobre las inversiones en las actividades reguladas.

Podemos señalar, por tanto, cómo una baja calidad institucional puede influir en que las operaciones que se están produciendo en el sector energético español nos lleven adonde no queremos. Más allá de proteccionismos o de la retórica de los campeones nacionales que fue exhibida en momentos puntuales y ocultada en momentos oportunos, también los cánticos a la libertad de mercado y de las empresas en determinadas operaciones fueron blandidos con convicción astuta, momentánea o voluble.

En todo caso, no es momento de lamentarse por lo perdido a lo Boabdil, o buscar culpables en los adquirentes, en su nacionalidad o en sus plusvalías. Si nos vamos a la figura retórica del tango, el argumento suele ser un lamento por una pérdida o por la nostalgia del pasado. Hoy no nos podemos quejar de lo que ha pasado en el sector, fruto de nuestra mala cabeza y de la dejación del funcionamiento institucional, manifiestamente deficiente. Lo demás son milongas.

Lectura energética de las elecciones en el País Vasco y Galicia

Que tras unas elecciones se efectúe una lectura de todos los acontecimientos políticos que están interrelacionados, tiene su razón de ser y toda su lógica. ¿Puede el aleteo de una mariposa en Manhattan provocar un terremoto en Pekín, escribía Antonio Tabucci? Máxime cuando en estos últimos comicios autonómicos se ha buscado de forma deliberada una lectura, además de autonómica, nacional. Por ello, sería momento de hacer un recuento de varios factores que se han concitado en estas elecciones y de dos o tres consecuencias de las mismas para los procesos que, actualmente, tiene abiertos el sector energético.

Primera cuestión y como fondo, desde el punto de vista de la actualidad de la denominada “política nacional”, varias cuestiones han salpicado al gobierno en este momento en el medio de la crisis económica. El desenlace de la operación de adquisición de Endesa por Enel que ha tenido una lectura en los medios de comunicación negativa por la actuación del primer ejecutivo socialista en todo el proceso (parece que el tono es de grano grueso en la prensa internacional, como publica «The Economist»). Seguramente son muy pocos los electores que se han visto influenciados por una cuestión así, pero casi todos los medios periodísticos, con todo el arco político, lo han recogido con un tono de censura. Es previsible que otras “bombas de racimo” le vayan a estallar al ejecutivo procedentes de actuaciones en el sector durante la etapa Nieto-Clos (la más nefasta para el sector energético que se recuerda), y que actualmente están en fase judicial sea en los tribunales españoles o europeos. Hay una cierta latencia de que determinadas actuaciones del gobierno en operaciones como ésta o la reciente de Gas Natural con Unión Fenosa, con efectos monopolísticos en el gas, han pasado completamente desapercibidas.

Con el fin de que no sólo haya una lectura unívoca de este resultado a nivel nacional, cabría hacer una recomendación también al principal partido de la oposición y verdadero ganador de estos dos comicios, para que también cambie completamente su “oposición económica”, en la medida que ahora el despliegue demagógico de Cristóbal Montoro va a ser imposible de mantener tras estos resultados, que obligan a aumentar la seriedad de la misma. Criticada en todos los foros económicos y financieros de la capital, la oposición económica es el verdadero talón de Aquiles de acción del PP, desprovista de sentido de Estado y de mínimos de ortodoxia económica necesarios para estos momentos.Y si no, para muestra un botón, el papelón que el Partido Popular está haciendo en las tarifas eléctricas o la propia acusación de falta de interlocución que el Ministro, Miguel Sebastián, hizo al Partido Popular respecto de las negociaciones para la remodelación del Consejo de la CNE.

En el plano autonómico, pero con reminiscencias nacionales, las elecciones gallegas dejaban la promesa del candidato ganador por el Partido Popular Alberto Núñez Feijóo de anular el concurso eólico convocado por la Xunta de Galicia, ya que los propios representantes socialistas presentes en la mesa de contratación abandonaron la misma. Verdadera pieza de escándalo, sobre todo en la prensa regional que ha tenido su caja de resonancia con la fotografía del líder del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Anxo Quintana surcando los mares en el yate de un constructor que, posteriormente, fue el claro ganador de este concurso. Este concurso eólico, además, fue recurrido por Iberdrola, según se pudo conocer por el diario ABC el sábado de la jornada de reflexión. Por tanto, seguramente ya hay una consecuencia política directa de estas elecciones para el sector energético.

También en el plano autonómico, pero con reverberaciones nacionales, los resultados en el País Vasco y la opción “constitucionalista” de Patxi López que, seguramente, dejan en el aire la incorporación al Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía de un consejero cercano a esta formación política. Como ya adelantó el diario Cinco Días, podría tratarse del Consejero de Industria José Ramón Zudaire. Lo que sí parece claro es que la remodelación del organismo se va a realizar en un nuevo escenario político.

Queda una maldad dentro de todas estas lecturas. Y es todo lo aparecido durante esta campaña sobre los elementos suntuarios de los que decidió dotarse la administración gallega de Pérez Touriño. Desde un coche blindado más caro que el del presidente Obama, los muebles del despacho, la sala de reuniones que se oscurecía con el sol y cuyo coste era astronómico o el Consejero que pidió permiso para una obra menor y “retejar” y que, al final, estaba deconstruyendo y construyendo una mansión. Lectura aciaga para tiempos de crisis y que tiene su metáfora en la CNE: los viajes, los coches, los muebles o el nuevo edificio.

¿Cogerán la indirecta?