Moscas y cañonazos

Como hemos señalado ya alguna vez en Energía Diario, desde la aprobación del R.D. 1578/2008, la energía solar fotovoltaica ha sido llevada, por distintos motivos y razones regulatorias, a un tornado provocado por una batidora en que se han incorporado muchos ingredientes: primero, un régimen regulatorio endiablado (el del R.D. 661/2007) que generó una inflación sectorial importante; segundo, el cambio regulatorio, crónica de una retribución anunciada y disruptiva que llevó a que se apreciaran casos en los que había indicios de fraude o de utilización indebida de la retribución; tercero, un organismo regulador-supervisor independiente, con las ideas poco claras de cómo actuar en un programa de inspecciones, sumergida en una crisis de credibilidad y necesidad de percepción política, con una tendencia freudiana a llamar la atención y a tocar a rebato (dígase de otra forma, matar moscas a cañonazos); cuarto, un Ministerio muy preocupado por la situación de las primas y por el posible fraude existente.

Por tanto, ahora resulta que la CNE se declara incapaz de gestionar la documentación de… ¡las 26.000 plantas fotovoltaicas instaladas!, todas sometidas a la sospecha o la presunción de culpabilidad e incorporadas a un plan de inspecciones exhaustivas, que ríanse ustedes de las cuarentenas por la gripe porcina. Imagínense que algo así se le ocurre a la Agencia Tributaria y que inspecciona a todos los ciudadanos españoles: a los que tributan por si hacen trampas y los que no tributan, por si acaso tuvieran que tributar.

Por ello, el organismo que preside Maite Costa, pide al Ministerio una dotación económica adicional para la realización de este programa de inspecciones que, de un modo espectacular, quiere desplegar a lo largo y ancho de toda la geografía nacional. La CNE ha identificado perfectamente un punto en que el Ministerio de Industria es especialmente sensible, está dispuesta a reclamar más recursos y, como se dice vulgarmente, “pillar cacho” de forma oportunista. Es decir, llevárselo al huerto (solar, en este caso).

Y, lo sabemos, en la misma semana que conocemos uno de los nuevos episodios de actividad internacional multitudinaria del organismo, de los gastos en los coches de los directivos, contratación de los parkings, obras, instalación de pantallas para avisar de eventos, etc…, que ya son lugar común (a la vez que Industria anunció una reducción de recursos para el organismo).

Por tanto, ¿no sería más razonable que se instrumentara un programa de inspecciones racional, selectivo, con criterio, organizado, segmentado, perfilado, muestral… como son todos, vamos? ¿Es necesario revisar totalmente la gestión administrativa de las 26.000 plantas fotovoltaicas y provocar un tráfago de 500.000 documentos como estima el propio regulador? ¿Tanta política de campanario, con artículos a toda plana para encontrarnos esto así unos medes después? ¿No era reconducible a algo más sensato antes de haber montado semejante McGuffin, semejante bluff?

En el segundo plano, está la propuesta económica que la CNE hace a Industria incluyendo el desarrollo de la Administración Electrónica y con las garantías de procedimiento administrativo para los agentes y titulares de las instalaciones. ¿No sería más lógico conocer los gastos del organismo regulador de cara a adecuar su comportamiento presupuestario a dotarse de los servicios electrónicos en lo que le afecta la Ley de Acceso Electrónico a los Servicios Públicos, en todas las actividades y registros que tiene encomendadas y de obligado cumplimiento en 2010? ¿No sería necesaria mayor austeridad y recentrarse en lo que toca, sobre todo en los momentos de crisis?

Y, finalmente, una duda que nos queda, ¿al final contratarán helicópteros para localizar las plantas solares móviles?

San Kilowatio

Si retrocedemos al pasado en la máquina del tiempo podemos encontrar esa época reciente en la que cada gremio tenía su patrón, un santo del santoral que tenía, a la vez, su festividad (su víspera y su octava). Pueden encontrar ejemplos de este tipo en San José (patrón de los carpinteros), san Isidro (patrón de los labradores y del municipio de Madrid), la Virgen del Socorro, patrona de los seguros o Santo Tomás de Aquino, relacionado con las profesiones que tienen que ver con la difusión del saber (el mundo académico). Entre las ocurrencias más inusuales o exóticas, cabe señalar que la patrona de los informáticos es Santa Tecla. Pues bien, creemos haber identificado que ayer fue la festividad de San Kilowatio.

En este sentido, si ayer hubieran efectuado una llamada a la Comisión Nacional de Energía para recoger el análisis de alcance referido a lo que se había conocido sobre la resolución del déficit tarifario, pudieron comprobar cómo no era día laborable en este organismo (entre cuyas funciones también está la gestión de determinados servicios y “ventanillas de atención”) y hubieran sido atendidos por sus servicios de seguridad. Al parecer, según pudimos saber con posterioridad, se trata de un acuerdo del convenio de este organismo, al que también se sumaron directivos y consejeros, es decir, todos aquellos a los que no afectan las condiciones laborales pactadas. Que no son de Convenio, como se dice en lenguaje sindical.

Y la pregunta es, por tanto: en los tiempos de la conciliación de la vida personal y laboral, ¿no hay mecanismos flexibles, más eficaces y eficientes para garantizar el cumplimiento de una jornada anual pactada, que echa el cierre a un organismo oficial un día en que el país entero está funcionando?

Si además, unimos este “sucedido” recién ocurrido, anacrónico incluso desde la perspectiva de la negociación colectiva de cualquier empresa (¿se imaginan Vds. una empresa que no preste servicios un día y cierre al público?), con el déficit tarifario de cuerpo presente, encontramos cómo los calendarios del Consejo de Administración se ciñen al almanaque de los festivos de las Comunidades Autónomas (comprueben abril y las notas de prensa), podemos identificar esa tendencia al absentismo regulatorio en otra de sus distintas variantes. O bien, cómo impactan las relaciones internacionales del organismo en su acción cotidiana o en la ubicación de las convocatorias de su Consejo.

Al mismo tiempo, y dentro del apartado dedicado a las “vacaciones regulatorias”, pueden comprobar el ínterin en que se mueve la renovación de los consejeros de la Comisión Nacional de Energía, que ya cuenta con casi un año de prolongación sobre el período de vigencia de su nombramiento. Por ejemplo, imagínense un árbitro de fútbol que pitase un alargamiento del juego de un partido con una indicación de que la prolongación es de 3 minutos y la cosa sigue, sine die.

Pero existe otro ausentismo adicional, realmente más grave, que es la carencia de capacidad y ascendencia sobre las principales cuestiones abiertas en el sector energético en la actualidad, una ausencia de valor en su acción, como incluso ha sido ejemplo paradigmático el mecanismo para la resolución del déficit tarifario. En suma, la pérdida de relevancia, prestigio, legitimidad y referencia institucional de cara al papel que un regulador independiente tiene que tener.

Como ven, también hay absentismo regulatorio en sus diversas formas: bajas temporales o incentivadas regulatorias, expedientes de regulación evanescente (ERE), puentes regulatorios, años sabáticos regulatorios, jolgorios regulatorios o festejos regulatorios. Instauremos San Kilowatio o San Octano. El cierre de ayer como metáfora de ese mirar para otro lado.

Spain is different.

San Kilowatio

Si retrocedemos al pasado en la máquina del tiempo podemos encontrar esa época reciente en la que cada gremio tenía su patrón, un santo del santoral que tenía, a la vez, su festividad (su víspera y su octava). Pueden encontrar ejemplos de este tipo en San José (patrón de los carpinteros), san Isidro (patrón de los labradores y del municipio de Madrid), la Virgen del Socorro, patrona de los seguros o Santo Tomás de Aquino, relacionado con las profesiones que tienen que ver con la difusión del saber (el mundo académico). Entre las ocurrencias más inusuales o exóticas, cabe señalar que la patrona de los informáticos es Santa Tecla. Pues bien, creemos haber identificado que ayer fue la festividad de San Kilowatio.

En este sentido, si ayer hubieran efectuado una llamada a la Comisión Nacional de Energía para recoger el análisis de alcance referido a lo que se había conocido sobre la resolución del déficit tarifario, pudieron comprobar cómo no era día laborable en este organismo (entre cuyas funciones también está la gestión de determinados servicios y “ventanillas de atención”) y hubieran sido atendidos por sus servicios de seguridad. Al parecer, según pudimos saber con posterioridad, se trata de un acuerdo del convenio de este organismo, al que también se sumaron directivos y consejeros, es decir, todos aquellos a los que no afectan las condiciones laborales pactadas. Que no son de Convenio, como se dice en lenguaje sindical.

Y la pregunta es, por tanto: en los tiempos de la conciliación de la vida personal y laboral, ¿no hay mecanismos flexibles, más eficaces y eficientes para garantizar el cumplimiento de una jornada anual pactada, que echa el cierre a un organismo oficial un día en que el país entero está funcionando?

Si además, unimos este “sucedido” recién ocurrido, anacrónico incluso desde la perspectiva de la negociación colectiva de cualquier empresa (¿se imaginan Vds. una empresa que no preste servicios un día y cierre al público?), con el déficit tarifario de cuerpo presente, encontramos cómo los calendarios del Consejo de Administración se ciñen al almanaque de los festivos de las Comunidades Autónomas (comprueben abril y las notas de prensa), podemos identificar esa tendencia al absentismo regulatorio en otra de sus distintas variantes. O bien, cómo impactan las relaciones internacionales del organismo en su acción cotidiana o en la ubicación de las convocatorias de su Consejo.

Al mismo tiempo, y dentro del apartado dedicado a las “vacaciones regulatorias”, pueden comprobar el ínterin en que se mueve la renovación de los consejeros de la Comisión Nacional de Energía, que ya cuenta con casi un año de prolongación sobre el período de vigencia de su nombramiento. Por ejemplo, imagínense un árbitro de fútbol que pitase un alargamiento del juego de un partido con una indicación de que la prolongación es de 3 minutos y la cosa sigue, sine die.

Pero existe otro ausentismo adicional, realmente más grave, que es la carencia de capacidad y ascendencia sobre las principales cuestiones abiertas en el sector energético en la actualidad, una ausencia de valor en su acción, como incluso ha sido ejemplo paradigmático el mecanismo para la resolución del déficit tarifario. En suma, la pérdida de relevancia, prestigio, legitimidad y referencia institucional de cara al papel que un regulador independiente tiene que tener.

Como ven, también hay absentismo regulatorio en sus diversas formas: bajas temporales o incentivadas regulatorias, expedientes de regulación evanescente (ERE), puentes regulatorios, años sabáticos regulatorios, jolgorios regulatorios o festejos regulatorios. Instauremos San Kilowatio o San Octano. El cierre de ayer como metáfora de ese mirar para otro lado.

Spain is different.

La visita de Sarkozy y la interconexión eléctrica España-Francia

«Il existe au milieu du temps, la possibilité d´une île/ Entrée en dépendance entière / Je sais le tremblement de l´être / L´hésitation à disparaître», canta Carla Bruni.

Es evidente la existencia de signos de hermanamiento con el país galo y con el actual Presidente de la República, Nicolas Sarkozy. Así, con motivo de la visita del presidente francés, el Paseo de la Castellana se ha vestido de gala, ha cambiado las banderas, se han estrenado gallardetes e, incluso, se ha emitido una edición de ‘pines’ a modo de escarapelas, con las banderas de los dos países cruzadas. Por su parte, nuestro presidente del gobierno no oculta su admiración (y en algunas cosas su “benchmarking” de las cosas que hace Sarko), la querencia por el golpe de efecto que, en los tiempos que corren, despierta más suspicacias que adhesiones y que inunda su acción política. Y, Sarkozy, por su parte, maneja con Zapatero tanto el favor (cesión del asiento en el G 20, colaboración indubitada en la lucha contra ETA) como el desdén, de vez en cuando, para animar la controversia en más de una y de dos ocasiones sobre la base de la ambigüedad en las declaraciones o en sus posiciones, que provocan malestar en la Moncloa, amago de conflicto diplomático “ma non tropo”, incluido el reciente episodio a cuenta de la inteligencia de nuestro presidente.

Por otra pare, el hecho es que muchos países han configurado una diplomacia denominada económica, basada en los intereses nacionales, de sus sectores económicos y de sus empresas. No estamos en la relación entre Sarkozy y Zapatero, por lo menos en la simetría de sus comportamientos, en una de esas correlaciones, porque aunque sea uno de los momentos en que las relaciones hispano-galas pasan por un momento dulce, lo cierto es que el país vecino prefiere aún mantener a raya los intereses de las pujantes y agresivas empresas españolas. Parece que, de nuestro lado, más que los intereses económicos han estado en la mesa otros, de corte más político como es la búsqueda de un hueco en la esfera internacional de nuestro país o la consecutividad de la necesaria acción contra ETA, cuestiones que parecen ser conseguidas a cambio de otras cuestiones, justiprecios que entran en el terreno de la especulación y del delirio político.

Tanto es así, que el domingo pasado Enric Juliana, subdirector y cronista político de ‘La Vanguardia’ en Madrid, narraba cómo Francia controla los corredores de transporte que decidirán la España del futuro y, así, el vigor del desarrollo del eje ferroviario atlántico (Algeciras-Sevilla-Madrid-Vitoria-Hendaya-Burdeos-París), frente a la pereza en la articulación del eje mediterráneo (Málaga-Murcia-Valencia-Barcelona-Montpellier-Lyón-París) y menos el desarrollo de una red asociada de mercancías, junto a la alta velocidad. Este cronista, quizá el que con mayor agudeza percibe los mapas, señala en este estado de cosas, pereza francesa, inconcrección española y olvidos en el diseño de las infraestructuras de las administraciones de nuestros gobiernos, desde Felipe González hasta Aznar.

En el caso de la energía, Sarkozy, que sí sigue una agenda diplomática de intereses económicos, no se ha andado con rodeos en la construcción de nuevas centrales en el norte de África, en la perseverancia en conseguir las interconexiones gasistas o el apoyo a su potente industria nuclear, por ejemplo. A cambio, cabría recoger el “negocio” realizado con la interconexión eléctrica, cuestión largamente reclamada por la Administración española y cerrado deprisa y corriendo en la última cumbre hispano-francesa antes de la finalización de la primer legislatura de Zapatero. La historia oficial incorpora, en ocasiones, unas omisiones que podían poner en evidencia.

Una interconexión que, una vez conocidos los detalles de la misma, parece que es una solución, pero no tanto. Es más bien un parche o una mejora. La nueva conexión permitirá una capacidad de interconexión del 10% de la demanda punta. Mejor que lo que había sí es, pero su configuración, parcialmente soterrada y en corriente continua, no permite resolver los problemas de suministro de Gerona, impide la importación-exportación de energía, aumenta los requerimientos técnicos de los parques eólicos españoles (y el crecimiento de esta industria), empeora las condiciones de calidad y seguridad que hubieran tenido de ser alternas y mantiene, en la medida de lo posible, la configuración de “isla eléctrica” de la Península Ibérica, pese a que se está configurando uno de los mercados regionales de la energía en Europa. Todo ello, tras haberse generado un caldo gordo de intereses hacia esta interconexión que puede ser incluso objeto de otro análisis separado, al modo de las cerezas.

Pero después de celebrar con albricias y fanfarrias este acuerdo, resulta que hoy todavía tampoco se ha puesto en marcha esta infraestructura, precaria, disminuida para la necesidad de nuestro país y tantas veces demorada. Implicando al ex comisario Mario Monti para intentar conseguir una cierta velocidad en el proceso, o no, da igual. Evidentemente, el resultado proviene de la renuencia francesa a establecer mejores interconexiones, combinada con la ineficiente diplomacia española (hay importantes monedas de cambio estratégicas), así como los intereses y comportamientos de la empresa encargada de su construcción, en este caso Red Eléctrica de España. ¿Servirá entonces la visita de Sarkozy para poner en marcha este proyecto de una vez? ¿Cómo puede ser cierto que esta infraestructura siga en este estado de cosas? ¿De quién es la responsabilidad de la construcción de la misma y sus retrasos?

Esperemos que esto suceda, que haya una reclamación en serio sobre esta cuestión y, como dice Juliana, se produzca “antes de que el glamour convierta en tul ilusión la razón de Estado”.

La visita de Sarkozy y la interconexión eléctrica España-Francia

«Il existe au milieu du temps, la possibilité d´une île/ Entrée en dépendance entière / Je sais le tremblement de l´être / L´hésitation à disparaître», canta Carla Bruni.

Es evidente la existencia de signos de hermanamiento con el país galo y con el actual Presidente de la República, Nicolas Sarkozy. Así, con motivo de la visita del presidente francés, el Paseo de la Castellana se ha vestido de gala, ha cambiado las banderas, se han estrenado gallardetes e, incluso, se ha emitido una edición de ‘pines’ a modo de escarapelas, con las banderas de los dos países cruzadas. Por su parte, nuestro presidente del gobierno no oculta su admiración (y en algunas cosas su “benchmarking” de las cosas que hace Sarko), la querencia por el golpe de efecto que, en los tiempos que corren, despierta más suspicacias que adhesiones y que inunda su acción política. Y, Sarkozy, por su parte, maneja con Zapatero tanto el favor (cesión del asiento en el G 20, colaboración indubitada en la lucha contra ETA) como el desdén, de vez en cuando, para animar la controversia en más de una y de dos ocasiones sobre la base de la ambigüedad en las declaraciones o en sus posiciones, que provocan malestar en la Moncloa, amago de conflicto diplomático “ma non tropo”, incluido el reciente episodio a cuenta de la inteligencia de nuestro presidente.

Por otra pare, el hecho es que muchos países han configurado una diplomacia denominada económica, basada en los intereses nacionales, de sus sectores económicos y de sus empresas. No estamos en la relación entre Sarkozy y Zapatero, por lo menos en la simetría de sus comportamientos, en una de esas correlaciones, porque aunque sea uno de los momentos en que las relaciones hispano-galas pasan por un momento dulce, lo cierto es que el país vecino prefiere aún mantener a raya los intereses de las pujantes y agresivas empresas españolas. Parece que, de nuestro lado, más que los intereses económicos han estado en la mesa otros, de corte más político como es la búsqueda de un hueco en la esfera internacional de nuestro país o la consecutividad de la necesaria acción contra ETA, cuestiones que parecen ser conseguidas a cambio de otras cuestiones, justiprecios que entran en el terreno de la especulación y del delirio político.

Tanto es así, que el domingo pasado Enric Juliana, subdirector y cronista político de ‘La Vanguardia’ en Madrid, narraba cómo Francia controla los corredores de transporte que decidirán la España del futuro y, así, el vigor del desarrollo del eje ferroviario atlántico (Algeciras-Sevilla-Madrid-Vitoria-Hendaya-Burdeos-París), frente a la pereza en la articulación del eje mediterráneo (Málaga-Murcia-Valencia-Barcelona-Montpellier-Lyón-París) y menos el desarrollo de una red asociada de mercancías, junto a la alta velocidad. Este cronista, quizá el que con mayor agudeza percibe los mapas, señala en este estado de cosas, pereza francesa, inconcrección española y olvidos en el diseño de las infraestructuras de las administraciones de nuestros gobiernos, desde Felipe González hasta Aznar.

En el caso de la energía, Sarkozy, que sí sigue una agenda diplomática de intereses económicos, no se ha andado con rodeos en la construcción de nuevas centrales en el norte de África, en la perseverancia en conseguir las interconexiones gasistas o el apoyo a su potente industria nuclear, por ejemplo. A cambio, cabría recoger el “negocio” realizado con la interconexión eléctrica, cuestión largamente reclamada por la Administración española y cerrado deprisa y corriendo en la última cumbre hispano-francesa antes de la finalización de la primer legislatura de Zapatero. La historia oficial incorpora, en ocasiones, unas omisiones que podían poner en evidencia.

Una interconexión que, una vez conocidos los detalles de la misma, parece que es una solución, pero no tanto. Es más bien un parche o una mejora. La nueva conexión permitirá una capacidad de interconexión del 10% de la demanda punta. Mejor que lo que había sí es, pero su configuración, parcialmente soterrada y en corriente continua, no permite resolver los problemas de suministro de Gerona, impide la importación-exportación de energía, aumenta los requerimientos técnicos de los parques eólicos españoles (y el crecimiento de esta industria), empeora las condiciones de calidad y seguridad que hubieran tenido de ser alternas y mantiene, en la medida de lo posible, la configuración de “isla eléctrica” de la Península Ibérica, pese a que se está configurando uno de los mercados regionales de la energía en Europa. Todo ello, tras haberse generado un caldo gordo de intereses hacia esta interconexión que puede ser incluso objeto de otro análisis separado, al modo de las cerezas.

Pero después de celebrar con albricias y fanfarrias este acuerdo, resulta que hoy todavía tampoco se ha puesto en marcha esta infraestructura, precaria, disminuida para la necesidad de nuestro país y tantas veces demorada. Implicando al ex comisario Mario Monti para intentar conseguir una cierta velocidad en el proceso, o no, da igual. Evidentemente, el resultado proviene de la renuencia francesa a establecer mejores interconexiones, combinada con la ineficiente diplomacia española (hay importantes monedas de cambio estratégicas), así como los intereses y comportamientos de la empresa encargada de su construcción, en este caso Red Eléctrica de España. ¿Servirá entonces la visita de Sarkozy para poner en marcha este proyecto de una vez? ¿Cómo puede ser cierto que esta infraestructura siga en este estado de cosas? ¿De quién es la responsabilidad de la construcción de la misma y sus retrasos?

Esperemos que esto suceda, que haya una reclamación en serio sobre esta cuestión y, como dice Juliana, se produzca “antes de que el glamour convierta en tul ilusión la razón de Estado”.

La solar fotovoltaica, en suspenso

En algún momento habría que reflexionar sobre la evolución de las noticias en torno al sector de la energía solar fotovoltaica, desde la aprobación del Real Decreto 1578/2008, escisión imperiosa del R.D. 661/2007, cuyo tratamiento regulatorio desembocó en un crecimiento bastante incontrolado del sector y sus expectativas (razonables a partir de las actuaciones del entonces regulador).

Desde el momento en que se aprueba este Real Decreto, este sector ha generado un torrente de información, en muchos casos no beneficiosa por las consecuencias derivadas del mismo. En primer lugar, la famosa presunción de culpabilidad de la ‘redada’ de la CNE contra las instalaciones acusadas de ‘fraude’ por su incorporación en los registros sin que estuvieran vertiendo energía en el sistema (unas por unas razones y por unos responsables y otras por otras razones y otros responsables, pero metidas en el mismo saco). El hecho es que hoy sabemos poco de las conclusiones de la investigación y de la clasificación o taxonomía de las faltas (si las hubiera y sus consecuencias), para identificar el volumen real de las mismas (y, eso, sin contar el derecho de recurso y el intento de aplicar interpretaciones legislativas a lagunas legales precedentes).

Con posterioridad a este Real Decreto, uno de los mecanismos que venía asociado para ordenar la evolución del sector eran las convocatorias para la adjudicación de proyectos que establecía esta norma. Esto genera, por una parte, una importante expectación y al mismo tiempo por el volumen reducido del cupo total para 2009 (500 MW) y, por otra parte, su demora (por distintos motivos y razones, que son cosas diferentes) están agravando la situación de un sector que se ha visto obligado a un ajuste en seco.

Unido a esto, los representantes del sector vienen señalando que el Ministerio de Industria está aplicando ‘un recorte en las primas para las instalaciones fotovoltaicas en suelo superior’ al máximo trimestral del 2,5% debido a que la norma establece unos máximos de potencia a instalar trimestrales para las instalaciones en suelo y en techo. Cuando en una convocatoria las peticiones superan el 75% del cupo, se aplica una rebaja progresiva de las primas. El descuento tiene un tope del 2,5% trimestral y del 10% en el año.

En este caso y, al haberse superado con creces en la primera convocatoria el cupo trimestral de suelo, Industria ha seguido aplicando la rebaja hasta alcanzar el 4%. Además, ha sumado una potencia adicional por el trasvase de potencia de tejado a suelo que podría recortar hasta el 8% las primas.

El mejor reflejo de todas estas cuestiones y de algunas más que están en ciernes y que analizaremos en próximos días se cristaliza en los procesos de financiación asociados, consecuencia de la identificación de riesgos que dificultan estas operaciones, en un momento además de menor fluidez crediticia. Por tanto, parece lógico reclamar la necesidad de consciencia y conciencia de estabilidad regulatoria para este sector y su futuro, y que todas estas incertidumbres se vayan resolviendo con sentido común y comprendiendo los mecanismos financieros y su articulación con la iniciativa empresarial. Sobre todo por gestionar eficaz y racionalmente la realidad del gestor, para evitar nuevos vaivenes maniqueos

La solar fotovoltaica, en suspenso

En algún momento habría que reflexionar sobre la evolución de las noticias en torno al sector de la energía solar fotovoltaica, desde la aprobación del Real Decreto 1578/2008, escisión imperiosa del R.D. 661/2007, cuyo tratamiento regulatorio desembocó en un crecimiento bastante incontrolado del sector y sus expectativas (razonables a partir de las actuaciones del entonces regulador).

Desde el momento en que se aprueba este Real Decreto, este sector ha generado un torrente de información, en muchos casos no beneficiosa por las consecuencias derivadas del mismo. En primer lugar, la famosa presunción de culpabilidad de la ‘redada’ de la CNE contra las instalaciones acusadas de ‘fraude’ por su incorporación en los registros sin que estuvieran vertiendo energía en el sistema (unas por unas razones y por unos responsables y otras por otras razones y otros responsables, pero metidas en el mismo saco). El hecho es que hoy sabemos poco de las conclusiones de la investigación y de la clasificación o taxonomía de las faltas (si las hubiera y sus consecuencias), para identificar el volumen real de las mismas (y, eso, sin contar el derecho de recurso y el intento de aplicar interpretaciones legislativas a lagunas legales precedentes).

Con posterioridad a este Real Decreto, uno de los mecanismos que venía asociado para ordenar la evolución del sector eran las convocatorias para la adjudicación de proyectos que establecía esta norma. Esto genera, por una parte, una importante expectación y al mismo tiempo por el volumen reducido del cupo total para 2009 (500 MW) y, por otra parte, su demora (por distintos motivos y razones, que son cosas diferentes) están agravando la situación de un sector que se ha visto obligado a un ajuste en seco.

Unido a esto, los representantes del sector vienen señalando que el Ministerio de Industria está aplicando ‘un recorte en las primas para las instalaciones fotovoltaicas en suelo superior’ al máximo trimestral del 2,5% debido a que la norma establece unos máximos de potencia a instalar trimestrales para las instalaciones en suelo y en techo. Cuando en una convocatoria las peticiones superan el 75% del cupo, se aplica una rebaja progresiva de las primas. El descuento tiene un tope del 2,5% trimestral y del 10% en el año.

En este caso y, al haberse superado con creces en la primera convocatoria el cupo trimestral de suelo, Industria ha seguido aplicando la rebaja hasta alcanzar el 4%. Además, ha sumado una potencia adicional por el trasvase de potencia de tejado a suelo que podría recortar hasta el 8% las primas.

El mejor reflejo de todas estas cuestiones y de algunas más que están en ciernes y que analizaremos en próximos días se cristaliza en los procesos de financiación asociados, consecuencia de la identificación de riesgos que dificultan estas operaciones, en un momento además de menor fluidez crediticia. Por tanto, parece lógico reclamar la necesidad de consciencia y conciencia de estabilidad regulatoria para este sector y su futuro, y que todas estas incertidumbres se vayan resolviendo con sentido común y comprendiendo los mecanismos financieros y su articulación con la iniciativa empresarial. Sobre todo por gestionar eficaz y racionalmente la realidad del gestor, para evitar nuevos vaivenes maniqueos

Atención al pajarito

La semana pasada pudimos conocer cómo los planes estratégicos de Gas Natural tras la ampliación derivada de la adquisición como consecuencia del lanzamiento de la OPA de Unión Fenosa pasaban por una reducción en más de 11.000 millones de euros (entre 11.000 y 13.000 millones) de las inversiones del grupo, que se centrará en las inversiones denominadas no orgánicas. Todo ello, en el marco del importante apalancamiento, de la dilución del beneficio de la compañía que se produce fruto de la ampliación, unido a que todavía la cotización de la compañía es cara comparativamente, de acuerdo a los PER que maneja el sector.

Lo primero que hay que señalar es que se debería poner el olfato de los órganos de regulación en esta reducción de inversiones, para que se garanticen las actividades reguladas. Recordemos que fruto del “procedimiento express” seguido en los órganos reguladores españoles del sector energético y de competencia, la operación se hizo sin pasar por la denominada función 14 que hace referencia a la seguridad de suministro y al efecto de esta operación sobre las actividades reguladas, cuestión que debería ser seguida en sus parámetros económicos y financieros, y en el grado de endeudamiento final con toda atención.

Podemos recordar que en un número importante de operaciones empresariales, los órganos de regulación realizan o establecen determinadas condiciones (aquí no se hicieron y las que se fijaron eran puramente testimoniales) que luego nunca se siguen. Es decir, de las que nunca más se supo, ni se dio información a la sociedad de su cumplimiento y efectividad. En este caso, fruto de estas “no condiciones” y de la advertencia relativa a la reducción de inversiones, sería razonable tener una vigilancia de esa función 14 distraída.

Del mismo modo, las autoridades de competencia y de supervisión energética tendrían que efectuar un seguimiento minucioso de los comportamientos en el mercado de aprovisionamiento de gas, del comportamiento en el mercado eléctrico de esta compañía, del tímido proceso de desinversión propuesto (completamente desviado del objetivo de fomentar la competencia al centrarse en la actividad eléctrica) y del cumplimiento del proceso de reducción de puntos de consumo. Sería necesario tener especial atención en el plano de la comercialización en las zonas donde hay solapamiento de las redes de distribución de gas y electricidad, de cara a que los consumidores tengan finalmente ofertas competitivas y capacidad de elección.

En suma, es hora de conocer cuáles son los resultados de las decisiones políticas y “económicas” y, al mismo tiempo, de ejecutarlas, de ser coherentes con ellas y cubrir sus posibles lagunas o zonas oscuras.

Por tanto, oído al parche, a retratarse. Atención al pajarito. Seguiremos informando.

Atención al pajarito

La semana pasada pudimos conocer cómo los planes estratégicos de Gas Natural tras la ampliación derivada de la adquisición como consecuencia del lanzamiento de la OPA de Unión Fenosa pasaban por una reducción en más de 11.000 millones de euros (entre 11.000 y 13.000 millones) de las inversiones del grupo, que se centrará en las inversiones denominadas no orgánicas. Todo ello, en el marco del importante apalancamiento, de la dilución del beneficio de la compañía que se produce fruto de la ampliación, unido a que todavía la cotización de la compañía es cara comparativamente, de acuerdo a los PER que maneja el sector.

Lo primero que hay que señalar es que se debería poner el olfato de los órganos de regulación en esta reducción de inversiones, para que se garanticen las actividades reguladas. Recordemos que fruto del “procedimiento express” seguido en los órganos reguladores españoles del sector energético y de competencia, la operación se hizo sin pasar por la denominada función 14 que hace referencia a la seguridad de suministro y al efecto de esta operación sobre las actividades reguladas, cuestión que debería ser seguida en sus parámetros económicos y financieros, y en el grado de endeudamiento final con toda atención.

Podemos recordar que en un número importante de operaciones empresariales, los órganos de regulación realizan o establecen determinadas condiciones (aquí no se hicieron y las que se fijaron eran puramente testimoniales) que luego nunca se siguen. Es decir, de las que nunca más se supo, ni se dio información a la sociedad de su cumplimiento y efectividad. En este caso, fruto de estas “no condiciones” y de la advertencia relativa a la reducción de inversiones, sería razonable tener una vigilancia de esa función 14 distraída.

Del mismo modo, las autoridades de competencia y de supervisión energética tendrían que efectuar un seguimiento minucioso de los comportamientos en el mercado de aprovisionamiento de gas, del comportamiento en el mercado eléctrico de esta compañía, del tímido proceso de desinversión propuesto (completamente desviado del objetivo de fomentar la competencia al centrarse en la actividad eléctrica) y del cumplimiento del proceso de reducción de puntos de consumo. Sería necesario tener especial atención en el plano de la comercialización en las zonas donde hay solapamiento de las redes de distribución de gas y electricidad, de cara a que los consumidores tengan finalmente ofertas competitivas y capacidad de elección.

En suma, es hora de conocer cuáles son los resultados de las decisiones políticas y “económicas” y, al mismo tiempo, de ejecutarlas, de ser coherentes con ellas y cubrir sus posibles lagunas o zonas oscuras.

Por tanto, oído al parche, a retratarse. Atención al pajarito. Seguiremos informando.

Un reality show a cuenta de la energía nuclear

Se le atribuye al Premio Nóbel de Literatura español, Camilo José Cela, la frase “el que resiste, gana”. Y no sabemos si será así, pero puede parecer que estamos ante un nuevo capítulo del esperpento episódico que existe ante la energía nuclear en España, los intentos cada vez más denodados por abrir este debate y los sucesivos mandobles que se dan para cerrarlos.

En torno a esta cuestión, se está produciendo un efecto propio de las atracciones de las ferias: por un lado, los partidarios de abrir el debate nuclear que cogen impulso, inercia, fuerza, posiciones, fruto principalmente de la realidad económica, y, por otro lado, cada cierto tiempo en el desarrollo de esta partida de mus, sus detractores, que tiran del freno y ponen la marcha atrás (por cierto, de forma cada vez más abrupta). Esto es lo que sucedió, o lo que se escenificó a principios de esta semana, con la tromba de declaraciones de varios ministros del Gobierno contra la energía nuclear y que pudimos conocer a través de los medios de comunicación de manera práctica y sorprendentemente alineada y orquestada. Otras veces ha coincidido con la desaparición de un maletín “nuclear” en Móstoles o con el aireamiento forzadamente exagerado y continuado de incidencias en alguna instalación concreta.

Tres son las lecturas que se pueden hacer del hecho de que se haya producido esta “catarata” de declaraciones de Miguel Sebastián (desafiante, excluyente…) , Elena Espinosa y Cristina Garmendia a modo casi de corifeo. La primera es que el gobierno precisa una respuesta cada vez más rocosa y, a la vez, correosa para esquivar la cuestión del debate nuclear en nuestro país. En otros momentos, estos movimientos se dosificaban en una sola cartera o responsable político. Segunda lectura: parece que esta postura, cada vez más ideologizada, proviene de instancias más altas de quienes son sus almuecines directos, por tanto se puede situar a Moncloa detrás de esta táctica de achique de espacios en torno a esta cuestión. Tercero, que puede no ser casual, ahora que se deslizan en los medios de comunicación quinielas respecto al cambio de gobierno con ministros cuestionados por razones de una índole u otra, que sea necesario dentro del meritoriaje de la continuidad que se incluya algún servicio de estas características. Todo el mundo, además, sabe que en el seno del PSOE (y también dentro del Ejecutivo) hay partidarios de reabrir el debate nuclear y por ello es mejor no citar nombres porque, como se suele decir, hasta ahí podemos leer.

Son momentos en los que ninguna declaración es inocente o, mejor dicho, todas persiguen una cierta finalidad. Estamos al borde de tener que decidir sobre la central de Garoña y se ha dado a conocer también que Almaraz es una de las centrales más eficientes de Europa. Pero las declaraciones ministeriales parece que quieren condicionar si cabe más este “pseudodebate” sobre si abrir el debate.

En España no hay debates en profundidad sobre la realidad social y económica dado que se han preferido situar en temas susceptibles de ideologización. Pero es que hay veces que no se pueden elegir los mismos: la Memoria Histórica, la Educación para la Ciudadanía o la nueva legislación sobre el aborto van a dar paso, si la crisis no remite, a cuestiones de este tipo o la necesidad de reformar el mercado de trabajo. La realidad impone el hecho de trabajar en serio. Hay otros que los impone la realidad económica, pero el procedimiento de la avestruz o de la evitación continuada no puede ser la solución. Obviamente, un gobierno o un país que tiene miedo de abrir debates evidencia una inseguridad o un ejercicio autoritario de las repuestas del país.

Lo que sí parece que es obvio es que el Gobierno, el Presidente, el Ministro, los Ministros tienen derecho por posiciones ideológicas o por lo que sea a mostrarse en contra de la energía nuclear. Pero también tienen la obligación de explicar a esa masa informe que es la ciudadanía sobre cómo va a ser el mix de generación futura en España, cuál puede ser su coste para los ciudadanos, cómo se van a afrontar (en serio) los costes de la reducción de emisiones de carbono, cuáles son las consecuencias de la dependencia energética final derivada de elegir determinadas fuentes de energía.

En todo caso, no es de recibo asistir a una partida de mus con cartas marcadas, a un “tour de force” parcelado convenientemente, porque se convierte en un “falso debate” y se convierte en un reality-show. Y, lo que es peor, no damos soluciones de futuro a la sociedad más allá de las consignas.