Elecciones 28-A: Propuestas en torno a la fiscalidad y la gobernanza del sector en el avance hacia la transición energética

Javier Angulo.- La falta de apoyos para aprobar unos Presupuestos han impedido al Gobierno del PSOE introducir notables cambios en la fiscalidad que afecta al sector energético durante los 10 meses que ha estado en el poder. El Ejecutivo sí ha generado más titulares con la devolución de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, generando una gran trifulca con el PP y con Ciudadanos, con la renovación del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

No lo menciona expresamente en su programa electoral pero, leyendo entre líneas, la subida del impuesto sobre el diesel para su equiparación con el de la gasolina es una de las medidas que sin duda llevarían a cabo los socialistas para cumplir con ese “impulso a una fiscalidad medioambiental que desincentive la contaminación”. A juicio de los de Pedro Sánchez, es la fórmula para avanzar en la descarbonización de la economía y la transición ecológica. Además, según el PSOE, todo lo que sea penalizar el consumo de combustibles fósiles puede contribuir a reducir la “elevada” dependencia energética exterior de España y lo que esto significa, un déficit acusado en la balanza comercial de nuestra economía.

Por otro lado, los socialistas no hacen menciones en su programa al CSN y a la CNMC pero a nivel regulatorio destaca cómo presumen de las medidas elaboradas por el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera para proporcionar seguridad jurídica a los inversores en renovables que se vieron perjudicados por la reforma Soria-Nadal del PP. De este modo, estas plantas renovables tendrían asegurada su actual retribución hasta 2031.

Por su parte, Ciudadanos parece que ve con buenos ojos la propuesta de Transición Ecológica ya que habla de garantizar un marco jurídico “estable y seguro con una adecuada rentabilidad razonable” para los inversores en tecnologías renovables que sufrieron los “recortes arbitrarios” de los gobiernos del PSOE y el PP. De ellos también se acuerda Unidas Podemos, que compromete sin concretar en detalle una solución “para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el hachazo a las renovables”.

Quién no se acuerda de estos inversores es el PP. De sus principales medidas fiscales ya se han dado detalles en sus recetas para bajar el precio de la factura para los consumidores domésticos y la industria electrointensiva eliminando impuestos y aprovechando los ingresos de los derechos de emisión de CO2. Más original es su promesa de un Plan Talento Energía y Clima para potenciar la financiación de la I+D+i vinculada a la transición energética y promover la competitividad de la economía española, el empleo de calidad y el retorno del talento. Asimismo, llama la atención su apuesta por favorecer las relaciones con Estados Unidos (importando combustibles fósiles) y convertir a España en un “hub del Atlántico” a nivel energético.

A diferencia de los socialistas, desde Unidas Podemos sí que presentan un completo repertorio de medidas fiscales para avanzar hacia su Horizonte Verde. Para ello echan mano de su proyecto de Ley de lucha contra el cambio climático y de Transición Energética: los de Pablo Iglesias bajarían el impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos; reformarían el IRPF para desgravar por el uso de abonos de transporte público y la adquisición de electricidad 100% renovable; asimismo, gravarían con impuestos a las energías no renovables. A nivel de Gobernanza, la formación morada se compromete a reforzar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estableciendo el nombramiento de sus miembros por parte del Congreso.

Desde Ciudadanos también han concentrado sus medidas fiscales en cómo bajar un tercio la factura de la luz. Eso sí, indudablemente son el partido que más preocupación muestra por la gobernanza y siempre han rechazado participar en el reparto de sillas en los reguladores mientras siguen recalcando sus compromisos para que sean auténticos expertos los que ocupen estos órganos. La polémica en torno al CSN es buena muestra de la posición de los de Albert Rivera en estos asuntos. En este sentido, el programa de la formación naranja se compromete a “despolitizar” el CSN. Para ello reformarán el método de elección de sus miembros, “que deberán ser elegidos entre personas con formación y experiencia acreditada en las funciones del regulador”.

Por otro lado, en lo que respecta a la CNMC, Ciudadanos mantiene su propuesta de dividir el superregulador que creó el PP en la primera legislatura de Mariano Rajoy en 2 entidades independientes: una para la regulación de los mercados y otra para la defensa de la competencia y la unidad de mercado, “siguiendo el modelo mayoritario en la Unión Europea” según afirman desde Ciudadanos.

Por su parte, Vox va por libre. El CSN y la CNMC escapan de su punto de mira. De hecho, los de Santiago Abascal recalcan que ven un exceso de regulación en el sector energética y piden más mercado. Eso sí, ven necesario arbitrar para la transición energética unos potentes mecanismos de retribución de capacidad, “necesarios para atraer inversión y mantener operativas” las tecnologías que deben dar respaldo a las renovables mientras avanza la competitividad de las baterías. Y al menos son los únicos que se cuestionan el papel del Estado en Enagás y Red Eléctrica y plantean la venta del paquete accionarial mientras exigen mayor racionalidad en sus inversiones.

País Vasco tiene los precios de los carburantes más caros de la Península tras adoptarse el tipo especial único estatal

Europa Press.– El tipo especial único, la nueva fiscalidad que grava el consumo de hidrocarburos desde el pasado 1 de enero, ha provocado una subida de los precios de venta al público de la gasolina y el gasóleo de 0,10 y 0,22 céntimos por litro, respectivamente, según datos del informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondiente a enero.

Desde enero, se integraron los dos tramos del antiguo Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), el tramo autonómico (que oscilaba entre 0 y 4,8 céntimos de euro por litro y cuya cuantía decía cada comunidad) y el tramo estatal (que ascendía a 2,4 céntimos de euro por litro) en un único impuesto. Este nuevo gravamen denominado tipo especial se elevó a 7,2 céntimos de euro por litro y se aplica por igual en toda la Península y Baleares.

Según el regulador, el impacto de esta modificación impositiva es que, a pesar de que los precios antes de impuestos disminuyeron, se produjo un aumento de los precios de venta al público. En concreto, el precio antes de impuestos de la gasolina descendió un 2% (-1 céntimo de euro por litro) y el del gasóleo A un 1,6% (-0,95 céntimos de euro por litro). Sin embargo, los precios de venta al público se incrementaron en 0,10 y 0,22 céntimos de euro por litro para la gasolina y el gasóleo, respectivamente.

Además, debido a ello, se ha modificado el ranking provincial de precios de venta al público. Así, en las comunidades en las que se aplicaba un tramo autonómico igual a cero (Castilla y León, Navarra, La Rioja, Cantabria y País Vasco), el precio se incrementó en 5,8 céntimos de euro por litro (4,8 céntimos + 21% de IVA) debido al cambio impositivo. De esta manera, las provincias con la gasolina más cara fueron Guipúzcoa, Asturias y Vizcaya. Por el contrario, las que registraron precios más bajos fueron Almería, Murcia y Lleida. Con respecto al gasóleo A, Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria tuvieron los precios más elevados mientras que Badajoz, Lleida y Valencia registraron los más bajos.

En lo que respecta al margen bruto promedio mensual, el de la gasolina 95 disminuyó con respecto al del mes anterior un 7,1% (-1,5 céntimos), situándose en 19,5 céntimos de euro por litro. Del mismo modo, el margen bruto promedio del gasóleo A cayó un 11,2% (-2 céntimos) hasta situarse en 17 céntimos. Estos márgenes fueron superiores a la media europea (UE-6) en 5,5 céntimos para la gasolina y 2,9 céntimos para el gasóleo A.

En lo que respecta a las estaciones de servicio, las de Repsol, y tras ellas las de Cepsa, fueron las que más aumentaron sus precios de venta al público, señala la CNMC. Por su parte, las instalaciones que registraron los descensos de precios más notables fueron las llamadas independientes, seguidas de las de BP en gasolina 95 y del grupo resto operadores en gasóleo A. Las diferencias entre estaciones integradas en redes de operadores y las independientes llegaron a los 5,5 céntimos en la gasolina y 5,8 céntimos en el gasóleo. Los precios más bajos se registraron en los hipermercados.

La CNMC pide ampliar a 8 años el proceso de sustitución de los contadores de gas que tienen 20 años

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha respaldado la propuesta presentada por el Gobierno que regula el control metrológico del Estado de instrumentos de medida como contadores de gas y electricidad, así como su vida útil, pero recomienda una serie de mejoras, como ampliar de 5 a 8 años el calendario de sustitución de los 1,7 millones de contadores de gas con más de 20 años.

La CNMC considera que va a permitir «un marco adecuado» para la implantación de los cambios, pero sugiere diversas mejoras. Concretamente, se fija una vida útil de 20 años para los contadores de gas de caudal igual o inferior a 25 m3/h (contadores hasta tipo G-16 inclusive), así como unos plazos de sustitución de 3 años ampliables a 5 años, unos plazos que, advierte, «podrían no ser viables». En este sentido, la CNMC, que recuerda que el 90% de los contadores de gas está en régimen de alquiler y con precios de alquiler regulados, considera que una sustitución rápida de los contadores podría ocasionar «importantes problemas logísticos, de fabricación y de elevación de los precios».

A 1 de enero existen 1,7 millones de contadores con una antigüedad superior a 20 años, lo que implica que se tendrían que fabricar e instalar en los próximos 3 años unos 766.000 contadores nuevos al año. Dado que el promedio de instalación de nuevos contadores, por nuevos puntos de suministro y sustituciones, es de unos 200.000 contadores al año, ocasionaría un incremento de la actividad fabricación e instalación de contadores en un 280%. Ante estas cifras, la CNMC propone un calendario de sustitución de contadores de gas, según el cual antes del final del tercer año deberá sustituirse un 30% del total del parque de contadores, antes del 5º deberá sustituirse un 60% y antes del 8º, el 100%.

Por otro lado, la orden ministerial también regula la verificación periódica y la prohibición de reparación o modificación, que afectaría a unos 7,8 millones de contadores doméstico-comerciales. La CNMC considera adecuado eximir a estos contadores de la verificación periódica, pues simplificaría las obligaciones metrológicas, que se valora de manera positiva para el sector de consumo de gas doméstico-comercial al que aplica. Asimismo, considera adecuada la prohibición de reparación o modificación, pues lo habitual es que cuando un contador está estropeado, se achatarre, dado que la reparación es normalmente más costosa que instalar un nuevo contador.

En cuanto a la vida útil establecida, quedaría justificada en función de la información obtenida que la vida útil de los contadores de gas sería de al menos 20 años. Por lo que respecta a los contadores de consumo de electricidad, el 1 de enero finalizó el plazo para la sustitución de contadores tele-gestionados. Cada una de las empresas distribuidoras de energía eléctrica solo puede mantener un máximo de un 2% sin sustituir por causas no imputables a la misma.

La CNMC considera «adecuado» el decreto que regula el autoconsumo de electricidad pero sugiere mejoras antes de su aprobación

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) considera que el real decreto ley que regula el autoconsumo de energía eléctrica constituye un marco «adecuado» para su desarrollo, aunque propone la mejora de la definición de qué se entiende por instalaciones próximas y clarificar el mecanismo de compensación simplificada.

El regulador ha emitido un informe sobre la propuesta del Gobierno para regular las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo energético, considerando que «en líneas generales» crea un marco normativo que permite «el impulso definitivo» al autoconsumo. La CNMC cree que simplifica las modalidades de autoconsumo y los trámites administrativos y de registro, que define el concepto de instalación próxima a los efectos de regular el autoconsumo colectivo o que confirma la eliminación del cargo a la energía autoconsumida.

También destaca que la propuesta crea un mecanismo de compensación simplificada para retribuir al autoconsumidor con excedentes los vertidos de energía a la red, y facilita la instalación de elementos de acumulación sin más requisitos que cumplir las normativas de seguridad y calidad industrial, al mismo tiempo que ha tenido en cuenta elementos «de gradualidad y prudencia» a la hora de regular los aspectos más novedosos introducidos por el decreto.

No obstante, y sin perjuicio de esta valoración positiva, la CNMC matiza que, respecto a la definición de instalación de producción próxima a las de consumo y asociada a las mismas, se debería detallar mejor cómo medir los 500 metros, así como relajar el criterio de referencia catastral para las fincas rústicas (además de aludir al sistema catastral foral). En relación con el mecanismo simplificado de compensación de excedentes, cree que se debería clarificar su aplicación para los consumidores que realicen autoconsumo colectivo sin excedentes.

Con carácter transitorio y para las instalaciones preexistentes a la entrada en vigor de la propuesta, el regulador sugiere relajar la limitación de permanencia de un año como mínimo, desde el alta o modificación del contrato de acceso, en la modalidad de autoconsumo elegida, sin perjuicio de que los sujetos deban cumplir con todas las obligaciones y requisitos que conlleve la nueva modalidad. También recomienda incluir una habilitación normativa expresa que permita al Gobierno establecer y revisar modelos de contrato (en particular, el relativo al mecanismo de compensación simplificada) y de comunicación que deban utilizarse en los intercambios de información entre los distintos agentes (autoconsumidor, distribuidor, comercializador, comunidades autónomas) en el procedimiento administrativo del autoconsumo.

En cuanto a la eliminación de las limitaciones a la representación del autoconsumo en el mercado, propone la eliminación de la limitación prevista en el artículo 53.5 del mismo real decreto, siempre y cuando dicha representación se limite a las energías renovables ligadas al autoconsumo. Por último, considera «en exceso restrictivo» descartar como ubicaciones no válidas para los equipos de medida todas las cubiertas donde se ubiquen las instalaciones de producción, ya que algunas de dichas cubiertas podrían ser transitables.

Las organizaciones ecologistas ven con «estupor» la «extralimitación» de Martí Scharfhausen por pedir paralizar la renovación del CSN al Congreso

Europa Press.- Ecologistas en Acción y Greenpeace han calificado de «peculiar» e «inédita» la carta remitida por el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, a la presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en la que le pide aplazar la elección de los nuevos miembros del pleno del organismo regulador para evitar el nombramiento del candidato propuesto por Unidos Podemos, el portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón.

A Ecologistas en Acción le ha causado «estupor» leer la misiva porque no considera que ser «crítico con las nucleares» inhabilite a Castejón para garantizar la seguridad nuclear y se plantea más bien lo contrario, si los españoles pueden estar «más tranquilos» porque la mayor parte de los consejeros sean «abiertamente pronucleares, especialmente tolerantes y poco críticos» con ciertas situaciones. Además, acusa a los miembros del pleno de en ocasiones poner «aparentemente» los intereses de las grandes compañías eléctricas frente a la seguridad del sistema.

En este contexto, ve en la propia carta una «prueba más» de la urgencia de la renovación del CSN porque considera «de suma gravedad» sus acusaciones. «Asistimos nuevamente al intento de aplicar una doble vara de medir en la que los intereses empresariales copan los órganos de representación mientras la representación de la sociedad civil resulta excluida», lamenta. Para la ONG, la «insinuación» realizada por Scharfhaussen de que Castejón está «en litigio contra el CSN no se sostiene», porque sus declaraciones representan a la organización Ecologistas en Acción y no a una «persona concreta». Además, considera que no se puede poner en cuestión la «cualificación y solvencia técnica» de Castejón.

Por ello, considera que su incorporación al CSN por su «visión» debería ser «casi obligada» en un órgano «asesor» que debe buscar «equilibrios y proteger adecuadamente» la seguridad de una población que se declara mayoritariamente antinuclear. Ecologistas agradece a Castejón sus años de trabajo altruista porque nunca ha mantenido una relación «remunerada, laboral o profesional» sino que su participación fue un «ejercicio activo» de sus derechos civiles y políticos y de su libertad de asociación.

Greenpeace va más allá y denuncia el «grave intento» de Martí Scharfhaussen de «usurpar las funciones del Parlamento» y ha anunciado si esta actuación de «extralimitarse» en sus competencias es constitutiva de delito porque no considera que sea función de Scharfhaussen asesorar al Congreso o a su Presidencia sobre los nombramientos de miembros del regulador. La responsable de la campaña nuclear de Greenpeace, Raquel Montón, miembro también del Comité Asesor del regulador nuclear, cree que Fernando Martí ha mostrado «de principio a fin de su mandato su falta de escrúpulos».

Así, recuerda que desde hace año y medio está reprobado por el Congreso de los Diputados y que la idoneidad del nombramiento de los miembros del pleno del CSN corresponde al Congreso de los Diputados, según la ley de creación del CSN. Finalmente, acusa al presidente de usar su cargo «por encima de las funciones» que tiene atribuidas y le acusa de falta de independencia.

Equo pide una nueva reprobación

Por su parte, Equo, formación que pertenece al grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos, pidió en el Congreso la reprobación del presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, por «interferencias» en la renovación del regulador, en referencia a la polémica carta. Equo considera que la actitud de Scharfhausen es «una maniobra para interferir en las decisiones» y una «extralimitación de las funciones que debe tener la presidencia del organismo». Asimismo, recuerdan que el presidente del regulador ya fue reprobado «por su mala gestión del organismo» en 2016 y 2017 pero, a su juicio, esta actuación «tratando de frenar la renovación del CSN supera su nefasta gestión”.

«Se da la circunstancia de que Martí fue Secretario de Estado con el PP, partido que lo nombró. A diferencia de Francisco Castejón, que es doctor en física nuclear, Martí no tenía ninguna experiencia previa en materia nuclear», ha apuntado el portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos y diputado de Equo, Juan López de Uralde. En su opinión, el nombramiento de Martí Scharfhausen fue «estrictamente político», por ello, le preocupa que esté utilizando argumentos «puramente ideológicos» contra una persona que es «técnicamente solvente», para tratar de frenar la renovación del CSN. «Está interfiriendo gravemente en la actividad del Congreso, tratando de sustituirlo. Su actuación es disparatada» ha concluido Uralde.

Ciudadanos pide un informe jurídico

Por otro lado, Ciudadanos ha presentado un escrito en el Congreso solicitando a los servicios jurídicos de la Comisión para la Transición Ecológica un informe sobre la legalidad del procedimiento de renovación del CSN y, en concreto, por un posible conflicto de intereses del candidato ecologista promovido por Unidos Podemos. Según fuentes de la formación naranja, esta iniciativa es también consecuencia de la polémica carta de Martí Scharfhausen. Las mismas fuentes han explicado que esta propuesta no tiene que ver con los perfiles presentados y pactados por el Gobierno, sino con el sistema de renovación del Consejo, basado en el nombramiento «a dedo» del organismo.

Martí Schafhausen, presidente saliente del CSN, pide al Congreso parar los nuevos nombramientos y alerta contra el ecologista Francisco Castejón

Europa Press.- El presidente saliente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, envió una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que demandaba bloquear la renovación del regulador impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, a la vez que alertaba contra el candidato de los morados, el ecologista Francisco Castejón.

En el escrito, Martí Scharfhausen enumera algunos de los puntos del currículum de Castejón, destacando su labor como portavoz de política antinuclear en Ecologistas en Acción y sus declaraciones «reiteradas» y «públicas» en contra de la energía nuclear y a favor del cierre de las centrales. También señala que Castejón ha asistido como representante legal de la organización ecologista a reuniones del Comité Asesor para la Información y Participación Pública sobre seguridad nuclear, en cuyas intervenciones ha «descalificado actuaciones del CSN» y algunos estudios técnicos. De hecho, explica Martí Scharfhausen, «la asociación en la que milita ha presentado demandas y denuncias» contra el regulador, «interponiendo recursos en varios ámbitos jurisdiccionales”.

Es este episodio concreto el que Martí Scharfhausen utiliza para poner en duda la legalidad de su nombramiento. Así, alude a la definición de conflicto de intereses que consta en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración y que cita nominativamente como supuesto en el que incurre en una incompatibilidad «las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente«. «Para favorecer el máximo en las decisiones que adopte la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, considero oportuno informar de la propuesta realizada para el nombramiento de Francisco Castejón», apunta Martí Scharfhausen.

Para Martí Scharfhausen, no es entendible «la necesidad de cursar con urgencia esas propuestas de nombramiento en las actuales circunstancias», es decir, «cuando es más que previsible que en un horizonte próximo» se produzca «una coyuntura adecuada para llevarlos a cabo con todas las garantías, que eviten posibles impugnaciones o la nulidad de actuaciones respecto de los Acuerdos del Consejo».

El portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, ha calificado la carta de «inaceptable» y ha acusado a Martí Scharfhausen de «tratar de influir sobre quiénes serán sus sucesores, cuestionando el derecho de una persona a ocupar un puesto sólo por ser ecologista«. En este sentido, Uralde ha recordado que Castejón tiene «sobrados conocimientos» para acceder al Consejo, ya que es doctor en física nuclear. Para el diputado, Martí Scharfhausen no está defendiendo ningún interés para el organismo o la industria, sino sólo «el interés político del PP» que es, según ha indicado, «quien le puso ahí».

PP y Ciudadanos acusan al Gobierno socialista de politizar las instituciones ante los nombramientos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)

Europa Press.- El PP y Ciudadanos rechazan la propuesta del Gobierno del PSOE, pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, para la renovación de 4 de los 5 consejeros del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Ambas formaciones han mostrado su rechazo a esta actitud del Ejecutivo alegando que busca politizar las instituciones con sus afines antes de terminar su mandato en esta legislatura.

El portavoz parlamentario adjunto del PP, Guillermo Mariscal, ha denunciado que esta propuesta para renovar al regulador «va más allá de la política energética» y se basa en «la ocupación del espacio público, apoderándose de las instituciones». «El hecho de que el Gobierno tenga que nombrar a estas personas con las cámaras disueltas es, además de absolutamente irresponsable, una demostración más de que el único objetivo de este cambio es llenar todas las instituciones posibles de miembros de su formación política o adeptos», ha denunciado.

El portavoz del PP ha señalado que organismos tan importantes como estos «necesitan el consenso y la concordia» de las formaciones políticas y que los partidos lleguen juntos «a buscar a quienes son los mejores candidatos». Según ha señalado, el PSOE está haciendo un «ejercicio de sectarismo» que el PP no practicará «a partir del 28 de abril cuando Pablo Casado sea presidente del Gobierno».

Por su parte, la portavoz adjunta de los naranjas en la Cámara, Melisa Rodríguez, ha explicado que es contraria a «seguir manipulando y poniendo a dedo» los órganos de regulación y que los diputados de su grupo se mantendrán en esa convicción. En este sentido, Rodríguez ha defendido reguladores independientes del poder político y ha mostrado su sorpresa ante la actitud de un PSOE que, en la oposición, se mostraba favorable a las propuestas de Ciudadanos para cambiar el sistema de elección de estos órganos.

«Propusimos que las negociaciones no fueran a puerta cerrada y a dedo y que las personas que tienen que formar parte del regulador se eligiesen de manera independiente y meritocrática», ha señalado, para apuntar que los socialistas quieren «a toda prisa» y «saltándose el reglamento» nombrar para el CSN «a los suyos». En este sentido, indicó que este «nerviosismo» por «repartirse los cromos» llega ante el miedo de que después de las elecciones “pierdan la cuota» en el organismo sin poder «nombrar a los suyos».

El presidente del CSN pide «mimar» a sus técnicos y critica que desde Hacienda no les dejen viajar en business

Europa Press.- El presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, ha defendido en el Congreso la labor de su equipo durante sus 6 años de mandato y ha pedido especialmente que «mime» a sus técnicos, «reconocidos internacionalmente«, y a quienes Hacienda, según ha explicado, no permite volar en business.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, para informar sobre las actividades del CSN en 2017, Martí Scharfhausen pidió respeto por los trabajadores del regulador que, según han explicado, «están mal pagados con respecto al sector», «trabajan los fines de semana desde casa» y viajan de forma voluntaria a países como Japón o México, para estudiar o informar en materia nuclear.

En este sentido, ha pedido a los diputados que mejoren los trayectos de aquellos técnicos de más de 60 o 65 años que realizan estos largos viajes y que, por decisión de Hacienda, ya no pueden hacerlo en clase business. «Lo hemos intentado por todos los medios», ha reconocido el presidente del CSN, antes de invitar al Congreso a hacer algo al respecto porque «son personas que merecen la pena».

En su intervención, también ha destacado el «respeto» que existe en el pleno del CSN a pesar de las diferencias políticas. «Cristina Narbona y yo hemos tenido momentos complicados, pero nunca ha habido una voz malsonante, ni nos hemos faltado al respeto«, apuntó. En este sentido, se ha mostrado orgulloso de que la labor del organismo se haya hecho siempre desde la unidad del Pleno.

Estas declaraciones del presidente del Consejo han sido su respuesta a la intervención de la portavoz del PSOE en esta comisión, Patricia Blanquer, quien ha criticado el paso de Martí Scharfhausen al frente del CSN durante su mandato, que ahora termina. A su juicio, su presidencia ha sido «controvertida» y «cuestionada» por decisiones como el informe de no cerrar la central de Garoña «a pesar de que no cumplía los requisitos de los técnicos«, el informe favorable a la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC), cuando «no estaba despejadas las dudas técnicas», o la modificación de la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), entre otras.

Crítico con la labor del regulador también ha sido el representante de Ciudadanos, Vicente Ten, que, si bien ha destacado mejorías en algunos aspectos con respecto a años anteriores, sí ha denunciado «carencias» en relación a la independencia del organismo, transparencia, o neutralidad. En este sentido, Ten se ha referido a la formación del pleno que, a su juicio, está monopolizada por los partidos algo que, ha aclarado, no está en las intenciones de Ciudadanos. Ten ha recordado cómo, «de manera vergonzosa», el Gobierno aprobó una propuesta de nombramientos para renovar el CSN tras «un acuerdo oculto» con Unidos Podemos.

Martí Scharfhausen se ha desvinculado de esta propuesta, al ser preguntado por ella, señalando que en su puesto, por ley, no se le permite hablar de política nuclear. Sin embargo, las declaraciones de Ten abrieron un cruce de acusaciones por parte de las formaciones. Desde el PP, su portavoz José Alberto Herrero Bono, ha acusado al PSOE de «politizar» el organismo y permitir que éste no represente la realidad parlamentaria y difiera, por tanto, del sentir mayoritario de los españoles. Además, criticó que uno de los consejeros propuestos, el candidato de Unidos Podemos y responsable de la política antinuclear de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, vaya a formar parte del regulador cuando está en contra del uso de esta energía.

Para el portavoz de Medio Ambiente de los morados, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, el PP está vetando a una persona «sólo por ser ecologista», una postura que, a su juicio, es «anticonstitucional». «Está usando ese veto hacia una persona con un currículum intachable», ha recriminado Uralde a su homólogo popular, para aclarar que Castejón es físico nuclear y que, además, «lucha por la defensa del planeta».

Por otra parte, el presidente del CSN ha explicado que en 2017 se notificaron 44 sucesos de los que sólo 1 se clasificó como nivel 1 en la escala INES y el resto se clasificó fuera de escala (nivel 0). Del mismo modo, ha apuntado que en 2017 se han emitido 4 apercibimientos: a Ascó por incumplimiento de la Autorización de Explotación vigente en relación con la gestión y control de los residuos radiactivos; a la planta de Trillo por incumplimiento de las instrucciones relacionadas con modificaciones de diseño e inspección en servicio; a Vandellós II y Garoña por incumplimiento en la Protección Contra Incendios (PCI). Por este motivo se propuso la apertura de un expediente sancionador a Vandellós II.

Dentro de su exposición del informe, Martí Scharfhausen también destacó que se aprobó el Plan Estratégico para el periodo 2017-2022, tomando en consideración las novedades en el entorno nacional e internacional y en el seno del propio CSN, así como los principales retos a afrontar en el entorno regulador a corto y medio plazo. Del mismo modo, según ha indicado, se han implantado distintas actividades relacionadas en el eje de la transparencia, como un Plan de comunicación para reforzar la credibilidad y la confianza en las actuaciones del Consejo; o un refuerzo de la cultura de seguridad del Consejo, que se ha plasmado en la publicación de la política del CSN sobre Cultura de Seguridad.

Elvira Romera, Pilar Lucio, Francisco Castejón y José María Serena, propuestos como consejeros del CSN con el rechazo del PP

Europa Press.- El PP se ha desmarcado de los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar 4 plazas del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), cuya negociación se achaca a PSOE, Unidos Podemos y PDeCAT, y ha acusado al presidente Pedro Sánchez de «abusar de su posición» en el poder hasta «el último minuto«. En este sentido, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de nombramientos de Elvira Romera Gutiérrez, Mª Pilar Lucio Carrasco, Francisco Castejón Magaña y Josep Mª Serena i Sender.

La propuesta responde a la voluntad del Gobierno de reflejar en la composición del pleno del regulador nuclear el actual reparto parlamentario. El Gobierno podrá nombrar a los candidatos mediante un decreto aprobado en el Consejo de Ministros. De acuerdo con el artículo 5 del Estatuto del CSN, el presidente y los consejeros serán designados entre personas «de conocida solvencia en las materias encomendadas al Consejo, como las especialidades de seguridad nuclear, tecnología, protección radiológica y del medio ambiente, medicina, legislación o cualquier otra conexa con las anteriores, así como en energía en general o seguridad industrial, valorándose especialmente su independencia y objetividad de criterio».

Según refleja el Gobierno, Elvira Romera es catedrática de Física Atómica, Molecular y Nuclear de la Universidad de Granada. Tiene una amplia trayectoria docente, investigadora y de gestión desarrollada desde 1992. Desde 2014, es directora del Instituto Universitario de Investigación Carlos I de Física Teórica y Computacional. Pertenece, entre otros, al Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada, a su Comisión de Investigación y al Consejo Asesor del PAIDI de la Junta de Andalucía.

Por su parte, María Pilar Lucio es diputada y portavoz de Energía del PSOE en el Congreso de los Diputados. Licenciada en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y master en Consultoría Estratégica de las Organizaciones y Estudios de postgrado en Gobierno y Administración Pública por la misma Universidad. Desde 2014 ocupa la Secretaria Federal de Cambio Climático y Sostenibilidad del PSOE y se especializó en regulación energética y en la regulación de la seguridad nuclear y de la protección radiactiva.

Por su parte, Francisco Castejón, es propuesto por el grupo de Unidos Podemos. Es doctor en Física por la Universidad Complutense de Madrid. En CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas) fue científico titular desde 2004 hasta 2015, año en que pasó a ocupar la posición de investigador titular. Actualmente es director de la Unidad de Teoría de Fusión y líder del proyecto Stellarator Optimization: theory, development and Engineering, dentro de EUROFUSION. Además, es el portavoz de la campaña antinuclear de Ecologistas en Acción.

En cuarto lugar, se propone a Josep Mª Serena, doctor Ingeniero Industrial por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona (ETSEIB) y diplomado en Ingeniería y Gestión Ambiental por la Universitat Politècnica de Catalunya. Entre 1993 y 2018 fue presidente y consejero delegado de Auma Consultores en Medio Ambiente y Energía, y anteriormente ostentó diversos cargos en el Área Metropolitana de Barcelona y en la Corporació Metropolitana de Barcelona. Actualmente, preside la Comisión de Medio Ambiente del Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña.

Los nuevos consejeros podrán permanecer en el cargo 6 años y podrán optar, mediante el mismo procedimiento, a un segundo periodo de igual duración. Los cargos de presidente y consejeros no pueden ser ostentados por personas mayores de 70 años. Precisamente, por edad cesó el 2 de febrero Jorge Fabra, quien sustituyó a Cristina Narbona cuando fue elegida presidenta del PSOE, y que desde finales de diciembre estaba en situación de prórroga. En la actualidad el presidente del CSN, Fernando Martí Scharfhausen, está también en situación de prórroga desde diciembre y otros dos consejeros desde finales de febrero. Se trata de la vicepresidenta, Rosario Velasco, y el consejero Fernando Castelló.

El PP contra el PSOE

Por su parte, el portavoz parlamentario popular en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha explicado que su formación «no ha participado» en la negociación de estos nombres y que el Gobierno de Sánchez ha preferido apoyarse en Podemos. Como resultado de estos acuerdos, según denuncia, la propuesta aprobada está formada por un grupo «claramente sesgado» y «prejuicioso» en materia de energía nuclear. En concreto, el diputado pone en duda la apuesta de los morados, el miembro de Ecologistas en Acción, Paco Castejón, un antinuclear declarado. Mariscal ha recordado que en los 6 años que dura el mandato de los miembros del CSN, éstos deberán enfrentarse a la posibilidad de cierre o renovación de la vida activa de varias centrales nucleares.

El portavoz popular cree que esta decisión entra en la «línea habitual del PSOE» de «politizar las tecnologías«. Además, ha criticado que estas propuestas lleguen ante la “inmediata disolución» de las cámaras. «Sánchez está abusando de su posición hasta el último minuto», ha insistido. «Así que los candidatos serían elegidos con un Gobierno en funciones», ha lamentado Mariscal, que alerta de que con esta medida el PSOE ha «garantizado su presencia mayoritaria» en esta institución durante «los próximos 6 años».

La CNMC prepara una batería de nuevas regulaciones para el sector energético para que entren en vigor en 2020

Europa Press.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) prepara una batería de nuevas regulaciones para el sector energético, con el objetivo de que entren en vigor a partir del 2020. En concreto, la CNMC prevé aprobar un total de 13 circulares, que tienen rango de vinculantes, que afectarán a la regulación del sector eléctrico y gasista. La intención del organismo es someter al trámite de audiencia pública esta batería de circulares antes del verano.

En el sector eléctrico, las circulares que prevé sacar adelante el regulador se refieren a cómo se establecen las metodologías de retribución del operador del sistema eléctrico, así como a los cálculos de los peajes y retribución del transporte y distribución de electricidad. También se incluyen la metodología relativa al funcionamiento del mercado mayorista de producción de energía eléctrica y la que establece las condiciones del acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de las instalaciones eléctricas.

En lo que respecta al sector gasista, se abordará una circular por la que se establece la metodología de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de gas y regasificación, transporte y distribución de gas natural y otra por la que se establece la metodología de retribución del gestor técnico del sistema gasista.

Además, también figura una circular por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de regasificación, transporte y distribución de gas natural, así como otras para las retribuciones de las actividades reguladas de transporte y de regasificación de gas; de la actividad regulada de distribución de gas natural; o las normas de balance de gas natural y los mecanismos de acceso y asignación de capacidad a aplicar en el sistema gasista.

Con la convalidación por el Congreso de los Diputados del real decreto de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias del derecho comunitario, el regulador consigue nuevas competencias en el ámbito económico, en materia de acceso y conexión, supervisión de los mercados organizados y de planes de inversión, inspección y sanciones. En concreto, le corresponderá a la CNMC aprobar la metodología de peajes, los valores de los peajes, los parámetros retributivos del transporte y la distribución, salvo los almacenamientos subterráneos de gas natural, y la remuneración anual de estas actividades.

Asimismo, se le atribuye la competencia para aprobar la retribución, y su correspondiente metodología, del operador del sistema eléctrico y del gestor técnico del sistema gasista. Con carácter transitorio, la aprobación de los peajes se realizará por la CNMC una vez que se aprueben sus metodologías, que no serán de aplicación antes del 1 de enero de 2020. En el caso de las metodologías de retribución serán aplicables una vez finalice el primer periodo regulatorio previsto respectivamente para gas y electricidad, mientras que la fijación de la retribución la realizará a partir del próximo enero.