El Gobierno autonómico de Cataluña inicia la derogación del decreto que limita la implantación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas

Redacción.- El Gobierno de Cataluña ha iniciado el proceso de derogación del decreto que regula la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos en la comunidad autónoma. El Ejecutivo iniciará la consulta pública previa a la elaboración de un decreto para derogar el Decreto 147/2009, por el cual se regulan los procedimientos administrativos aplicables para la implantación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas, el primer trámite para avanzar hacia un marco normativo más favorable para la instalación de energías renovables en Cataluña.

El actual marco jurídico catalán es una de las barreras que han limitado la instalación de energías renovables en la comunidad autónoma durante los últimos años. Con la derogación de este decreto, las instalaciones eólicas y fotovoltaicas pasarán a tramitarse de acuerdo con lo que prevé la normativa sectorial eléctrica para el resto de instalaciones y también estarán sometidas a las correspondientes tramitaciones ambientales urbanísticas. Este cambio pretende impulsar las renovables en Cataluña y avanzar en la consecución de un modelo energético descarbonizado en 2050.

El vigente decreto prevé la existencia de las llamadas Zonas de Desarrollo Prioritario (ZDP) de parques eólicos, que sólo pueden ser explotadas mediante la adjudicación por parte de la Generalitat mediante un concurso público. Fuera de las ZDP sólo se pueden instalar parques de hasta 10 MW o un máximo de 5 aerogeneradores. Este modelo, que tenía como finalidad ordenar la implantación de parques eólicos en el territorio y agilizar su tramitación administrativa, se convirtió en un freno. Por otro lado, el decreto establece diferentes limitaciones tanto de ubicación como de superficie ocupada en las instalaciones fotovoltaicas, que suponen una restricción que impide aprovechar las economías de escala que implican las instalaciones de mayor potencia.

Asturias y el Instituto del Carbón seleccionan 73 proyectos dotados con 97,9 millones de euros procedentes de los fondos mineros

Redacción.- El Gobierno de Asturias y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) han realizado la preselección final de los 73 proyectos que se financiarán con cargo al Plan Marco del Carbón 2013-2018. Estas actuaciones movilizarán una inversión de 97,9 millones, de los que el Ejecutivo central aporta 72,6 y el resto, 25,3, por la administración autonómica.

La comisión de cooperación formada por el IRMC y el Principado de Asturias ha seleccionado las 73 actuaciones entre las 127 recogidas en el convenio marco de colaboración para el impulso económico de las comarcas mineras suscrito entre ambas administraciones en noviembre de 2017. Los 73 proyectos, 25 de los cuales han sido propuestos por el Principado de Asturias y 48 por los ayuntamientos, implican la puesta en marcha de acciones de restauración, telecomunicaciones y eficiencia energética. Asturias es la comunidad autónoma más beneficiada con la distribución de los fondos mineros, dado que recibe 72,5 millones, el 54,5% de la cuantía global de estas ayudas para el periodo 2013-2018 en todo el país, que asciende a de los 132,9 millones.

La Comisión Europa y China lanzan en Pekín una plataforma de cooperación para acelerar la transición a una energía limpia

Redacción.- La Comisión Europea ha establecido una plataforma de cooperación energética UE-China como una herramienta práctica para apoyar y poner en práctica el Diálogo sobre la Energía y cumplir los objetivos específicos de la cooperación energética bilateral con China. El gigante asiático produce y usa más energía que cualquier otro país. Los desarrollos energéticos en China, por lo tanto, tienen un gran impacto en los mercados energéticos mundiales, así como en la cantidad de gases efecto invernadero emitidos a la atmósfera.

La Unión Europea y China comparten intereses y objetivos comunes para la transición hacia una energía limpia y son responsables conjuntamente de un tercio del consumo de energía final del mundo. La cooperación energética de Bruselas con China se centra, por lo tanto, en apoyar la transición de energía limpia en ambas partes, un requisito previo para implementar con éxito el Acuerdo de París y proporcionar a sus ciudadanos una energía limpia, sostenible y asequible.

Desde 1994, los funcionarios de la Unión Europea y de China se han reunido en un diálogo anual para cooperar en cuestiones energéticas. El trabajo del Diálogo a menudo forma parte de la Cumbre anual UE-China, como el último Diálogo sobre Energía celebrado este año entre el comisario Miguel Arias Cañete y el administrador Zhang Jianhua. Se han identificado cuatro áreas prioritarias para cooperar con el objetivo de avanzar en la transición hacia una energía limpia. Estas prioridades las constituyen la eficiencia energética, las energías renovables, el diseño y transformación del sistema energético y el papel de los actores innovadores.

Plataforma para la cooperación energética

La plataforma está financiada por el Instrumento de Asociación de la Unión Europea, diseñado para promover los intereses estratégicos de la Unión y abordar los desafíos globales, y está dirigido conjuntamente por la Dirección General de Energía de la Comisión y la Administración Nacional de Energía de China. Reunirá a una amplia gama de actores energéticos en China y la Unión Europea: autoridades públicas relevantes, asociaciones energéticas, industria y empresas energéticas, así como institutos de investigación de energía y grupos de reflexión líderes. Al final se realizará un análisis exhaustivo de los beneficios y desafíos en las cuatro áreas prioritarias.

La plataforma también creará oportunidades para el intercambio político y de políticas, así como nuevas perspectivas comerciales para empresas innovadoras en el sector energético. La implementación de la Plataforma fue aprobada por los líderes de la Unión Europea y China, los presidentes Juncker y Tusk y el primer ministro Li, en la Declaración de la Cumbre UE-China, el pasado abril.

Actualmente, más de la mitad de los ciudadanos chinos viven en áreas urbanas y este número está aumentando. A través de la Asociación UE-China para la Urbanización, la Unión Europea trabaja con China para promover ciudades limpias, sostenibles y energéticamente eficientes. La asociación abarca foros, viajes de estudio y actividades de formación. Si bien la asociación abarca muchos sectores económicos y sociales, la Dirección General de Energía actúa como coordinador general de la Unión Europea. En materia de energía, la Alianza trabaja en temas como la promoción de edificios energéticamente eficientes, la investigación de tecnologías energéticas y la búsqueda de formas de integrar las energías renovables en las áreas urbanas.

Ingenieros Industriales piden al Gobierno un calendario en el PNIEC que garantice la estabilidad de precios en el suministro eléctrico

Europa Press.- El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) pide al Gobierno que añada al borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) un calendario «planificado y consensuado con todos los sectores» que garantice la continuidad del suministro eléctrico y unos precios estables.

En este contexto, se ofrece al Ejecutivo para plantear alternativas que presenten mejores perspectivas de ser ejecutadas en los plazos previstos, iguales o mejores resultados en cuanto a costes y reducción de emisiones y menores riesgos de suministro. Para el colegio profesional los plazos del PNIEC son «muy ambiciosos» ya que el ritmo anual de implantación de generación eólica y solar que sería necesario «multiplica por cuatro» el del periodo de mayor crecimiento del sector.

El borrador del plan aprobado por el Gobierno el 22 de febrero y remitido a la Unión Europea contempla una «ambiciosa» transformación del sistema energético a través de la reducción de emisiones, la eficiencia energética y potenciar las energías renovables con una inversión de 236.000 millones de euros hasta 2030, lo que supone unos 23.600 millones de euros anuales, de los que el 80% será asumida por el sector privado.

El plan incluye también la disminución en un 25% de la cogeneración con gas natural, prevé el cierre de 9 centrales de carbón en 2020 y otras 5 antes de 2030 y el cierre de 4 centrales nucleares entre 2025 y 2030 y otras 3 entre 2030 y 2035. Otros aspectos del plan incluyen un importante cambio en la movilidad que plantea pasar de los 58.000 vehículos eléctricos actuales a los 5 millones en 2030.

Se necesitan renovables y almacenamiento

A este respecto, el COIIM pide este calendario “planificado y consensuado con todos los sectores» porque en función del ritmo real de cierre sería necesario sustituir entre 2020 y 2030 los 80.081 gigawatios hora al año, que dejarán de generar las centrales de carbón y las nucleares. Las nucleares proporcionan en torno al 21% de la electricidad sin emisiones de CO2. De este modo, advierten al Gobierno de que ese plan de cierre «solo sería viable» si se añaden 65.456 megawatios de generación eólica y solar, incluida la fotovoltaica y la termosolar hasta 2030 en los plazos previstos, «con suficiente capacidad» de sistemas de almacenamiento y respaldo, tanto de corta duración como de carácter estacional.

De acuerdo con los cálculos realizados por los ingenieros, el ritmo anual de instalación debería ser de 5.950 megawatios al año, lo que equivale a casi cuadriplicar la instalación en los años de mayor crecimiento (periodo entre 1998 y 2011), cuando el ritmo era de 1.600 MW/año. En cuanto a las cifras de inversión, el colegio profesional asegura que en la actualidad la inversión total al año del sector industrial en España es de 23.000 millones de euros, lo que supone el 1,9% del PIB. El nivel de inversión del sector de producción eléctrica representa el 0,3% del PIB, 3.630 millones de euros al año.

Sin embargo, la inversión anual total propuesta en el PNIEC es de 23.600 millones de euros, una cifra que en el plan para renovables, redes y electrificación es de 14.348 millones, lo que también multiplica por 4 la inversión anual del sector eléctrico. En este contexto, advierte de que el hecho de no abordar estas inversiones podría incrementar el riesgo de incumplimiento y multa por parte de la Unión Europea.

Por otro lado, además de las medidas indicadas, el Colegio ve «interesantes» otras acciones como actualizar tecnológicamente las plantas renovables existentes, aumentar las interconexiones con el resto de Europa y África, instalar nuevos bombeos en centrales hidroeléctricas existentes o repotenciarlas, aumentar la eficiencia energética de los procesos en la industria, transporte y edificación, con mejoras del aislamiento y los sistemas de climatización o la producción distribuida para favorecer la autogeneración.

Errejón propone para la Comunidad de Madrid una Vicepresidencia de Transición Ecológica y un billete integrando bicis, taxis y carsharing

Europa Press.- El candidato de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha lanzado el Plan V, un proyecto de desarrollo regional «verde que beneficie a la mayoría de la ciudadanía», con medidas como la creación de una Tarjeta Única de Transportes que integre plataformas de bicicletas y vehículos de alquiler, y una Vicepresidencia de Transición Ecológica.

El Plan V es una estrategia integral «para hacer de Madrid una región sostenible y ponerla a la vanguardia en materia de innovación» y cuenta con 6 ejes. El primero, de Movilidad sostenible, pretende reducir el uso del coche. Para ello apuesta por un plan de choque en Metro, «frente al maltrato al que ha sido sometido estos años», con la contratación de más personal y trenes, con un plan de eliminación de amianto, «impulsando de forma decidida la accesibilidad y asegurando la calidad del aire en andenes y estaciones».

También quiere crear una Tarjeta Única, un billete integrado que sirva como servicio monedero o servicio de postpago para todos los transportes públicos de la Comunidad de Madrid y que integre las nuevas modalidades como las plataformas de carsharing, la red regional de bicicletas e incluso el taxi. Más Madrid quiere que el uso de la bicicleta sea «un derecho, un servicio público y una pieza fundamental en la movilidad de los madrileños». «Queremos ayudar a que los municipios dispongan de redes propias de bicicletas que protagonicen la movilidad dentro de las ciudades, así como fomentar pasarelas y carriles bicis que comuniquen nuestros municipios», apunta.

Asimismo, pretende seguir el ejemplo de Madrid Central para crear «ciudades amables» e impulsar «nuevos núcleos de vida social, comunitaria y comercial alrededor de centros peatonales, fomento de los modos activos y acceso restringido de vehículos privados contaminantes«. También defiende apoyar el establecimiento de carriles Bus-VAO en las principales vías de acceso a Madrid, competencia estatal, y poner uno de estos carriles en la M-607.

Empleo verde y vivienda eficiente

Errejón quiere que Madrid se convierta en la punta de lanza de la revolución del empleo verde en España con la creación de una Agencia Regional de I+D+i. Igualmente, ve necesario actualizar la FP y orientarla a las necesidades «de una economía en transición ecológica basada en los empleos verdes», así como fomentar las renovables con una «industria de vanguardia muy competitiva». En materia de Vivienda, plantea invertir en vivienda pública y protegida e impulsar la colaboración público-privada para rehabilitar un parque edificatorio «en buena parte envejecido e ineficiente energéticamente«.

El candidato de Más Madrid propone una matriz energética «totalmente descarbonizada» en 2050 diseñando una política estratégica, con un calendario ambicioso «que combine penetración de energías renovables en todos los sectores, electrificación general y una reducción sustancial del consumo de energía mediante el ahorro y la eficiencia». «El carácter distribuido de las energías renovables supone además una oportunidad para avanzar hacia modelos energéticos más democráticos, donde la gente adopte un papel económico protagonista. Y también más justos, erradicando la pobreza energética desde el empoderamiento ciudadano que ofrece el autoconsumo«, indican.

En esta misma línea, se compromete, en caso de gobernar, a aprobar una Ley de Cambio Climático con objetivos de reducción de emisiones (50% para 2030, emisiones nulas en 2050) y de reducción de consumo de energía primaria de un 40% en 2050. Además, crearían una vicepresidencia de Transición Ecológica que supervise y coordine la labor del resto de consejerías.

También elaborarán un Plan Madre de rehabilitación y reforma integral de edificios que reduzca su consumo energético. Siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, «se contratará energía eléctrica 100% renovable certificada en todos los edificios y administraciones de la Comunidad«. Errejón también desea un plan de transición de la flota pública regional a vehículos propulsados por sistemas eléctricos y nuevas tecnologías, apoyando a los municipios para que creen sus propias flotas de bicicletas eléctricas y se renueven los autobuses urbanos.

Por último, quieren crear un «cinturón verde y ecológico» en la región. «Madrid tiene una deuda con el Sur. Tenemos que reequilibrar la región poniendo el Sur en el centro de la transición ecológica y lo haremos con un Cinturón Verde. En cada localidad fomentaremos la articulación de Campus de Innovación especializados que integren innovación científica, Formación Profesional y viveros de empresas sostenibles para impulsar un nuevo modelo productivo», apuntan. Por ejemplo, en Parla estaría el campus Rehabilitación de vivienda/construcción sostenible y en Mostoles Energía.

NextEra reclama 291 millones a España tras fallar a su favor el Ciadi por el recorte a las energías renovables

Europa Press.- España sufrió un nuevo revés ante la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), dependiente del Banco Mundial, por los recortes a las renovables, con un fallo a favor de la estadounidense NextEra Energy. El fallo concluye que España «incumplió con su obligación en virtud del Tratado de la Carta de la Energía de 1994 de brindar un trato justo y equitativo al no proteger las expectativas legítimas de la compañía sobre las cuales decidieron sus inversiones».

NextEra estima que, según las reglas para fijar los daños por los que debe ser compensada, debe ser indemnizada con 291 millones de euros, más intereses antes y después del juicio, basados en la rentabilidad del bono español a 5 años. NextEra inició en 2014 el arbitraje contra España. NextEra invirtió en dos plantas termosolares en Extremadura con una capacidad de 49,9 megavatios (MW). NextEra subraya que existen motivos por los cuales España puede tratar de anular la decisión, por lo que deberá buscar «la ejecución de la decisión a través de procedimientos legales adicionales».

En total, España suma 33 demandas de arbitraje de inversiones ante el Ciadi relacionadas con las reformas energéticas de las renovables. La última de ellas fue presentada a finales de febrero por el grupo Canepa Green Energy. El Ciadi ya ha fallado hasta en 3 ocasiones anteriores a favor del demandante. En concreto, en los casos de Masdar, perteneciente al fondo soberano de Abu Dhabi Mubadala, reconociéndole una indemnización de 64 millones de euros; Eiser Infraestructure, condenando a España a pagar 128 millones de euros más intereses; y el fondo Antin, con el pago de una indemnización de 112 millones.

No obstante, en los tres casos la ejecución de los laudos no se ha llevado a cabo, ya que se encuentran recurridos por el Gobierno español en procedimiento de anulación, en el caso de Eiser, o en periodo de solicitud de rectificación, en las demandas de Masdar y Antin. Además, el Estado español ha sufrido 2 reveses más: la danesa Athena Investments comunicó que había ganado un laudo contra España ante el Instituto de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Estocolmo (SCC), que le favorecía con una indemnización de 11 millones; Asimismo, el tribunal sueco también reconoció el pago de 53 millones a la firma NovEnergia por los recortes a las renovables, aunque posteriormente suspendió la ejecución del laudo.

La resolución de estos procesos en contra del Estado está en el aire ya que la Comisión Europea respaldó a España en este frente abierto por los arbitrajes de las renovables, al considerar que al haberse iniciado por inversores de otros Estados de la Unión Europea era una situación contraria al Derecho de la Unión. Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) falló que la cláusula de arbitraje incluida en el acuerdo entre Eslovaquia y Países Bajos sobre la protección de inversiones no era compatible con el Derecho de la Unión Europea.

Este fallo abría una vía favorable para España en el conflicto con los fondos de inversión extranjeros por las renovables, aunque no definitiva, ya que muchos de los arbitrajes de inversión se han iniciado al amparo de la Carta Europea de la Energía. Anteriormente, España había ganado una demanda presentada por Isolux, mientras que también decayó la demanda de 6 millones de Solarpark Management, que había denunciado ante el SCC.

Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las renovables ascienden a más de 8.000 millones de euros. Entre todas estas demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de toda la cantidad demandada a España.

Victoria del PSOE: La hora del Green New Deal de Teresa Ribera y la reforma del mercado eléctrico

Javier Angulo.- El PSOE de Pedro Sánchez ha sido el vencedor de las elecciones generales. Un triunfo holgado, que deja al Gobierno a expensas de pactos, pero que invita a pensar en una formación rápida del Ejecutivo. A nivel energético todo lo que no fuera la continuidad de Teresa Ribera al frente del Ministerio para la Transición Ecológica sería una sorpresa colosal. Por delante 4 años: tiempo para implementar la Green New Deal prometida, la reforma del mercado eléctrico y avanzar en la descarbonización.

El programa electoral del PSOE era muy claro al respecto: eficiencia, renovables y empleo verde deberían ser la base del Green New Deal, un ambicioso pacto social sobre el que cimentar la transición energética. Como avance quedan los 10 meses de Gobierno socialista, en los que Teresa Ribera ya ha puesto en marcha medidas importantes: devolución de competencias energéticas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), eliminación de los cargos al autoconsumo y regulación para su desarrollo, la Estrategia de lucha contra la pobreza energética, medidas de transición justa para las comarcas mineras (a nivel de empleo y de I+D+i, potenciando la Ciudad de la Energía).

España tendrá por fin una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, muy diferente a cuando el expresidente Mariano Rajoy la prometió en plena COP21 en París. A expensas de lo que matice la Comisión Europea, también habrá luz verde para el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, toda una hoja de ruta para la descarbonización de la economía.

De momento los borradores ya ponen cifras sobre la mesa. El principal objetivo es cumplir las metas comprometidas con Europa para la reducción de emisiones: un 20% de reducción para 2020, un 40% para 2030 y un 90% para 2050. Estos números tienen un reflejo directo sobre el sector eléctrico. El objetivo que se marca el PSOE para 2030 es alcanzar un 35% de energías renovables sobre el consumo de energía primaria, por encima del 32% fijado por la Unión Europea. Esto supondría que las fuentes renovables tuvieran una cuota en el mix eléctrico del 74%. La descarbonización exigiría que en 2050 el país se suministrara con electricidad 100% renovable.

En esta senda mucho tiene que cambiar el panorama para las centrales térmicas de carbón, que todo apunta a que cuando termine la legislatura en 2023 se podrán contar con los dedos de una mano las que quedan abiertas. Igual de importante es el calendario acordado con las compañías eléctricas con fechas que los socialistas recalcan como “máximas” para el cierre de las centrales nucleares.

Formación de precio del pool

El Gobierno lleva meses hablando, especialmente en la figura de secretario de Estado de Energía, sobre una fórmula que traslade al precio de la electricidad “la reducción del coste” que supondrá el crecimiento de las energías renovables en la transición ecológica de la economía. Habrá que ver cómo encaja con la normativa europea esta intervención socialista en el mercado eléctrico. No en vano, también están en discusión en Bruselas las directrices comunitarias para la regulación de estos mercados. Este asunto promete ser uno de los principales caballos de batalla para el Ministerio de Teresa Ribera.

No menos polémico será, cuando se aprueben los futuros Presupuestos, la subida de los impuestos sobre el diesel, punto de partida en la revisión a la fiscalidad energética que plantean los socialistas. Y dentro del sector del transporte, las estaciones de servicio ya habrán empezado a hacer números ante la obligación de instalar puntos de recarga eléctrica que va a exigir el Gobierno para hacer que la movilidad eléctrica deje de ser una anécdota para empezar a ser una realidad.

Tampoco hay que perder de vista la necesidad de acordar la hoja de ruta con su socio de legislatura. Por fortuna para los socialistas, la agenda no difiere en demasía con Ciudadanos o con Unidas Podemos, sus socios potenciales. Los de Albert Rivera preferirían revisar la fiscalidad energética y, por ejemplo, discreparían de la subida de impuestos a los carburantes, por su incidencia directa sobre el bolsillo de los consumidores. Los de Pablo Iglesias exigen una senda más ambiciosa, que estaría más cómoda con lo que exponía el programa electoral de los socialistas de 2015.

En este sentido, desde Unidas Podemos preferirían que las centrales nucleares cerraran antes de llegar a 2025 y las térmicas de carbón antes alcanzar 2026. También adelantarían 10 años, a 2040, la descarbonización completa de la economía. Asimismo, en materia de protección al consumidor doméstico vulnerable, Unidas Podemos lleva años reclamando una reducción del IVA de la factura de la luz y del gas al 10% al tratarse de suministros básicos. Más improbable parece la creación de una eléctrica pública.

Elecciones 28-A: Propuestas en torno a la fiscalidad y la gobernanza del sector en el avance hacia la transición energética

Javier Angulo.- La falta de apoyos para aprobar unos Presupuestos han impedido al Gobierno del PSOE introducir notables cambios en la fiscalidad que afecta al sector energético durante los 10 meses que ha estado en el poder. El Ejecutivo sí ha generado más titulares con la devolución de competencias a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y, generando una gran trifulca con el PP y con Ciudadanos, con la renovación del pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).

No lo menciona expresamente en su programa electoral pero, leyendo entre líneas, la subida del impuesto sobre el diesel para su equiparación con el de la gasolina es una de las medidas que sin duda llevarían a cabo los socialistas para cumplir con ese “impulso a una fiscalidad medioambiental que desincentive la contaminación”. A juicio de los de Pedro Sánchez, es la fórmula para avanzar en la descarbonización de la economía y la transición ecológica. Además, según el PSOE, todo lo que sea penalizar el consumo de combustibles fósiles puede contribuir a reducir la “elevada” dependencia energética exterior de España y lo que esto significa, un déficit acusado en la balanza comercial de nuestra economía.

Por otro lado, los socialistas no hacen menciones en su programa al CSN y a la CNMC pero a nivel regulatorio destaca cómo presumen de las medidas elaboradas por el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera para proporcionar seguridad jurídica a los inversores en renovables que se vieron perjudicados por la reforma Soria-Nadal del PP. De este modo, estas plantas renovables tendrían asegurada su actual retribución hasta 2031.

Por su parte, Ciudadanos parece que ve con buenos ojos la propuesta de Transición Ecológica ya que habla de garantizar un marco jurídico “estable y seguro con una adecuada rentabilidad razonable” para los inversores en tecnologías renovables que sufrieron los “recortes arbitrarios” de los gobiernos del PSOE y el PP. De ellos también se acuerda Unidas Podemos, que compromete sin concretar en detalle una solución “para reparar la situación de los pequeños inversores perjudicados por el hachazo a las renovables”.

Quién no se acuerda de estos inversores es el PP. De sus principales medidas fiscales ya se han dado detalles en sus recetas para bajar el precio de la factura para los consumidores domésticos y la industria electrointensiva eliminando impuestos y aprovechando los ingresos de los derechos de emisión de CO2. Más original es su promesa de un Plan Talento Energía y Clima para potenciar la financiación de la I+D+i vinculada a la transición energética y promover la competitividad de la economía española, el empleo de calidad y el retorno del talento. Asimismo, llama la atención su apuesta por favorecer las relaciones con Estados Unidos (importando combustibles fósiles) y convertir a España en un “hub del Atlántico” a nivel energético.

A diferencia de los socialistas, desde Unidas Podemos sí que presentan un completo repertorio de medidas fiscales para avanzar hacia su Horizonte Verde. Para ello echan mano de su proyecto de Ley de lucha contra el cambio climático y de Transición Energética: los de Pablo Iglesias bajarían el impuesto de matriculación y circulación a los coches híbridos y eléctricos; reformarían el IRPF para desgravar por el uso de abonos de transporte público y la adquisición de electricidad 100% renovable; asimismo, gravarían con impuestos a las energías no renovables. A nivel de Gobernanza, la formación morada se compromete a reforzar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), estableciendo el nombramiento de sus miembros por parte del Congreso.

Desde Ciudadanos también han concentrado sus medidas fiscales en cómo bajar un tercio la factura de la luz. Eso sí, indudablemente son el partido que más preocupación muestra por la gobernanza y siempre han rechazado participar en el reparto de sillas en los reguladores mientras siguen recalcando sus compromisos para que sean auténticos expertos los que ocupen estos órganos. La polémica en torno al CSN es buena muestra de la posición de los de Albert Rivera en estos asuntos. En este sentido, el programa de la formación naranja se compromete a “despolitizar” el CSN. Para ello reformarán el método de elección de sus miembros, “que deberán ser elegidos entre personas con formación y experiencia acreditada en las funciones del regulador”.

Por otro lado, en lo que respecta a la CNMC, Ciudadanos mantiene su propuesta de dividir el superregulador que creó el PP en la primera legislatura de Mariano Rajoy en 2 entidades independientes: una para la regulación de los mercados y otra para la defensa de la competencia y la unidad de mercado, “siguiendo el modelo mayoritario en la Unión Europea” según afirman desde Ciudadanos.

Por su parte, Vox va por libre. El CSN y la CNMC escapan de su punto de mira. De hecho, los de Santiago Abascal recalcan que ven un exceso de regulación en el sector energética y piden más mercado. Eso sí, ven necesario arbitrar para la transición energética unos potentes mecanismos de retribución de capacidad, “necesarios para atraer inversión y mantener operativas” las tecnologías que deben dar respaldo a las renovables mientras avanza la competitividad de las baterías. Y al menos son los únicos que se cuestionan el papel del Estado en Enagás y Red Eléctrica y plantean la venta del paquete accionarial mientras exigen mayor racionalidad en sus inversiones.

País Vasco tiene los precios de los carburantes más caros de la Península tras adoptarse el tipo especial único estatal

Europa Press.– El tipo especial único, la nueva fiscalidad que grava el consumo de hidrocarburos desde el pasado 1 de enero, ha provocado una subida de los precios de venta al público de la gasolina y el gasóleo de 0,10 y 0,22 céntimos por litro, respectivamente, según datos del informe mensual de supervisión de la distribución de carburantes de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondiente a enero.

Desde enero, se integraron los dos tramos del antiguo Impuesto de Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos (IVMDH), el tramo autonómico (que oscilaba entre 0 y 4,8 céntimos de euro por litro y cuya cuantía decía cada comunidad) y el tramo estatal (que ascendía a 2,4 céntimos de euro por litro) en un único impuesto. Este nuevo gravamen denominado tipo especial se elevó a 7,2 céntimos de euro por litro y se aplica por igual en toda la Península y Baleares.

Según el regulador, el impacto de esta modificación impositiva es que, a pesar de que los precios antes de impuestos disminuyeron, se produjo un aumento de los precios de venta al público. En concreto, el precio antes de impuestos de la gasolina descendió un 2% (-1 céntimo de euro por litro) y el del gasóleo A un 1,6% (-0,95 céntimos de euro por litro). Sin embargo, los precios de venta al público se incrementaron en 0,10 y 0,22 céntimos de euro por litro para la gasolina y el gasóleo, respectivamente.

Además, debido a ello, se ha modificado el ranking provincial de precios de venta al público. Así, en las comunidades en las que se aplicaba un tramo autonómico igual a cero (Castilla y León, Navarra, La Rioja, Cantabria y País Vasco), el precio se incrementó en 5,8 céntimos de euro por litro (4,8 céntimos + 21% de IVA) debido al cambio impositivo. De esta manera, las provincias con la gasolina más cara fueron Guipúzcoa, Asturias y Vizcaya. Por el contrario, las que registraron precios más bajos fueron Almería, Murcia y Lleida. Con respecto al gasóleo A, Guipúzcoa, Vizcaya y Cantabria tuvieron los precios más elevados mientras que Badajoz, Lleida y Valencia registraron los más bajos.

En lo que respecta al margen bruto promedio mensual, el de la gasolina 95 disminuyó con respecto al del mes anterior un 7,1% (-1,5 céntimos), situándose en 19,5 céntimos de euro por litro. Del mismo modo, el margen bruto promedio del gasóleo A cayó un 11,2% (-2 céntimos) hasta situarse en 17 céntimos. Estos márgenes fueron superiores a la media europea (UE-6) en 5,5 céntimos para la gasolina y 2,9 céntimos para el gasóleo A.

En lo que respecta a las estaciones de servicio, las de Repsol, y tras ellas las de Cepsa, fueron las que más aumentaron sus precios de venta al público, señala la CNMC. Por su parte, las instalaciones que registraron los descensos de precios más notables fueron las llamadas independientes, seguidas de las de BP en gasolina 95 y del grupo resto operadores en gasóleo A. Las diferencias entre estaciones integradas en redes de operadores y las independientes llegaron a los 5,5 céntimos en la gasolina y 5,8 céntimos en el gasóleo. Los precios más bajos se registraron en los hipermercados.

Bruselas fija los criterios para identificar los biocombustibles que generan más emisiones de CO2 por sus efectos sobre el territorio

Europa Press.- La Comisión Europea ha publicado los criterios para identificar los biocombustibles con alto riesgo de ILUC, aquellos con riesgo de generar más emisiones de dióxido de carbono (CO2) como consecuencia de un cambio en el uso de la tierra que antes se utilizaba para la producción de alimentos o pastos. Este cambio en el uso de la tierra puede provocar un aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Bruselas estaba obligada a publicar este documento tras la aprobación de la nueva directiva de energías renovables, que establece el objetivo de que el 32% del consumo energético de la Unión Europea en 2030 provenga de renovables. La nueva directiva sobre energías renovables fija una reducción progresiva, hasta 2030, de dichos biocombustibles. También establece que los Estados miembros podrán utilizar importar los biocombustibles con alto riesgo de ILUC, pero no podrán contabilizarlos en los objetivos de utilización de energías renovables.

En concreto, el acto delegado del Ejecutivo comunitario establece 2 criterios acumulativos para identificar las materias primas que se utilizan como biocombustible y que generan un incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Así, una materia prima será considerada como tal si su producción global se ha incrementado anualmente en más de un 1% y 100.000 hectáreas desde 2008 y si más del 10% de dicha expansión ha tenido lugar en áreas con un elevado stock de carbono.