La UE firma su primera interconexión gasística entre Polonia y Lituania

EFE.- La Unión Europea (UE) firmó hoy un acuerdo para la construcción de su primera conexión gasística entre Polonia y Lituania dirigida a acabar con el aislamiento energético de los países del Báltico y reducir la dependencia de las importaciones de Rusia.

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, y el comisario europeo de Energía, Miguel Arias Cañete, recibieron hoy en Bruselas a la primera ministra de Polonia, Ewa Kopacz, y a la presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaité para formalizar la firma.

También suscribieron el acuerdo la primera ministra de Letonia, Laimdota Straujuma, y el primer ministro de Estonia, Taavi Rõivas.

«Acaban de ser testigos de un punto de inflexión importante, de un hecho histórico: el primer proyecto de infraestructura energética que va a conectar directamente los estados del Báltico con el resto del mercado europeo», dijo Juncker en rueda de prensa tras la firma.

El presidente de la CE destacó que este acuerdo supone mucho más que conectar dos países: «han conseguido acabar con el aislamiento energético del Báltico y con la dependencia de un único suministrador», una de las cuestiones que más ha preocupado en los últimos años a Europa, que depende fuertemente de las importaciones a Rusia.

«Hemos invertido 300 millones de euros, el mayor esfuerzo en un proyecto de este tipo», continuó, al tiempo que explicó que es una inversión «que va a pagar dividendos: el flujo libre de la energía en Europa».

La presidenta de Lituania, Dalia Grybauskaité, por su parte, reconoció que hace 11 años esta interconexión era «un sueño» que «no habría sido posible sin buena voluntad política, sin un consenso y sin el apoyo financiero de la UE».

La primera ministra de Polonia, Ewa Kopacz, afirmó que el acuerdo permite «romper con el aislamiento histórico del tránsito de gas» y proporciona a los países del Báltico un posición «más fuerte y sólida en las negociaciones con terceros estados en el ámbito energético».

Un elemento central de la estrategia de Bruselas para crear una verdadera unión energética en la UE es establecer las conexiones que faltan en sus infraestructuras para que el gas pueda llegar a todos los socios comunitarios.

El Ejecutivo comunitario se marcó como objetivo que todos los Estados miembros tengan acceso a al menos tres fuentes de energía.

«Construir las conexiones que faltaban entre la región del Báltico y el resto del mercado energético de la UE es una prioridad para la Comisión», destaca la institución en un comunicado.

Ahorro e iluminación

La iluminación es una de las aplicaciones esenciales de la casa. Una familia standard de cuatro personas, consume una media de unos 65 ó 70 Kwh cada dos meses en iluminación. Si sabemos cómo utilizar mejor la energía eléctrica para la iluminación, disminuirá el coste nuestra factura y mejorará el confort visual.

Existen varios tipos de lámparas y bombillas y diferentes necesidades de iluminación para las diferentes habitaciones de la casa. hay varios factores que debemos tener en cuenta antes de elegir qué tipo de lámpara o bombilla nos hace falta: cuál es el ambiente que se quiere iluminar, qué actividades se van a desarrollar y durante cuánto tiempo, de media, la lámpara se quedará encendida. La eficiencia luminosa y la vida útil son los parámetros que nos van a decir cuál es la más apropiada en cada caso.

Consejos útiles para ahorrar en la iluminación del hogar

– A la hora de elegir los aparatos de iluminación hay que tener en cuenta no sólo el aspecto estético, sino también su rendimiento luminoso.

– La luz indirecta obtenida cuando se dirige una lámpara hacia el techo o una pared clara, crea un efecto muy agradable, pero el rendimiento es bajo y se consume más energía eléctrica.

– A la hora de elegir qué tipo de bombillas ponemos a las arañas con muchas bombillas, hay que tener presente que una bombilla de incandescencia de 100 w (que pronto estarán fuera del mercado) ilumina como seis de 25 w, pero consumen el 50 % más que las últimas.

– En las habitaciones donde la luz está encendida muchas horas, hay que elegir siempre las bombillas fluorescentes compactas, que aunque cuesten más que las de incandescencia consumen mucho menos y duran más.

– Las bombillas halógenas tienen una vida más larga respecto a las tradicionales; además son las más adecuadas para iluminar puntos en concreto, de otro modo pierden el 20% de su luminosidad.

– Siempre que sea posible, es mejor sustituir los interruptores normales por reguladores de intensidad luminosa.

– No tener encendida inútilmente la luz.

– Evitar la posición de stand-by de la televisión y otros aparatos electrónicos: así se ahorraránn 20 w/h por cada aparato.

– Limpiar los aparatos de iluminación, lámparas y bombillas, para evitar que el polvo pueda provocar una reducción de luz.

– Pintar las paredes y los techos con colores claros.

Panorama para después del verano

Parece que la vuelta del verano, año tras año, lleva a la teoría del otoño caliente, aunque parece que el de este 2009 tiene motivos más que suficientes para que lo consideremos así. Hacemos un breve repaso de los principales hitos y cuestiones abiertas para el nuevo curso con la perspectiva del paréntesis vacacional.

Industria y Economía agilizarán la colocación del déficit tarifario que podría estar cerrada completamente en noviembre de este año. Al parecer, septiembre será un mes de infarto para todo el proceso de colocación del déficit tarifario, de forma que quede resuelto el mecanismo que establece el R.D. Ley 6/2009 para afrontar la deuda acumulada por insuficiencia de las tarifas eléctricas y los costes de la misma. En este sentido, parece que se desmienten las noticias que apuntaban que este importante proceso no estaría resuelto hasta bien entrado el año 2010. Los pasos que, a marchas forzadas, depara septiembre y que tienen que ver con la ejecución de todo este proceso serán:

– Elaboración de un primer decreto para la creación de una Comisión Ministerial (este decreto será aprobado por el Consejo de Ministros de mañana). En los primeros días de agosto se publicará el pliego de condiciones para el concurso de la Sociedad Gestora del Fondo. Los candidatos con mayores posibilidades serían Titulización de Activos (TdA), Intermoney y Ahorro Corporación.

– Concurso para seleccionar la Sociedad Gestora del Fondo, de forma que antes del día 15 de septiembre se habría efectuado la selección de la misma. La aprobación por el Consejo de Ministros de la Sociedad gestora debe producirse alrededor del 25 de septiembre.

– Elaboración y aprobación del Real Decreto por el que se establecen las condiciones para la cesión de los derechos al Fondo de Titulización. Posteriormente, se crea el Fondo de Titulización y se ceden los derechos.

El objetivo de toda la operación, por tanto, es lograr que la emisión de los activos financieros vinculados al fondo se efectúe en noviembre, de forma que se llegue a tiempo para su colocación en este mismo año (algo que debe producirse antes del 18-19 de noviembre).

Las negociaciones del nuevo marco de las renovables tras el R.D. Ley 6/2009. Atención al sector eólico. En medio de la elaboración del trámite de la Ley de Economía Sostenible, que subsume la promesa de la Ley de Eficiencia Energética y Energías Renovables, el hecho de que los Registros de Preasignación por tecnología hayan colmatado los cupos y previsiones del Plan de Energías Renovables, obligan a negociar nuevas condiciones de capacidad y retributivas. Según ha podido conocer Energía Diario, en el caso de la energía eólica (la parte del león en este caso), el registro de preasignación podría alcanzar los 12.000 MW, lo que supone superar considerablemente los objetivos de 20.155 MW instalados. Del mismo modo, Industria, podría estar planeando aplicar un modelo semejante al empleado en el R.D. 1578/2008 para la energía solar fotovoltaica, en aras de controlar los volúmenes de nueva instalación, a la vez que buscaría una reducción sustancial de los incentivos. El telón de fondo del cumplimiento de los objetivos de España en 2020, la diferente situación y maduración del mercado eólico nacional e internacional están en juego y, con toda seguridad, este tema dará mucho de qué hablar. En ello también tendrá mucho que ver si el Gobierno presenta definitivamente la Planificación Energética hasta 2030 con el telón de fondo del debate nuclear.

La renovación de la CNE se pospone hasta el otoño. Se confirma que la renovación irá más allá de la pura sustitución de consejeros salientes y que se modificará el número de consejeros, así como el empeño y acuerdo para la despolitización y profesionalización de la misma, como objetivos resultantes de la reforma. Más que probablemente, los nuevos consejeros serán, según fuentes cercanas al proceso, Ramón Pérez Simarro (actual Consejero de Enagás) y Andrés Seco, ex Director General de Acogen.

La sustitución del Director General de Energía, Jorge Sanz también para septiembre. Desde finales de mayo se conocía la noticia de que Jorge Sanz abandonaba la Dirección General de Energía y Minas para ocuparse en Los Angeles de labores de comercio y promoción exterior. Fuentes consultadas por Energía Diario señalan que el nuevo Director General será Antonio Hernández, un alto funcionario, Técnico Comercial y Economista del Estado. Antonio Hernández es hermano de Gloria Hernández, ex Directora General del Tesoro, quien ocupó este puesto tras la salida de Jaime Caruana. Con ello se despejaría el nombre del nuevo responsable de este área, tras una fase en la que se habían difundido nombres de otros candidatos, como el de Beatriz de Guindos (con más insistencia).

Y Zapatero cogió su fusil

Es obligado que el último artículo del resumen del curso trate de la decisión del Presidente del Gobierno de cerrar la Central Nuclear de Garoña. Decisión que, al final, ha traído más de un quebradero de cabeza en Moncloa, en la medida que la opinión pública se ha ido dado cuenta que las razones de este cierre evidenciaban una indigencia intelectual, carencia de análisis económico y una obsesión ideológica que requería una coartada política y discurso defensivo u ofensivo. Y, luego, vinieron los motivos (razones y motivos son cosas diferentes), algo mucho más coyuntural, en los cuales tampoco hubo especial acierto ni por los “spin doctor” de Moncloa, ni las varias apariciones del Presidente del Gobierno en las que se utilizaban datos erróneos, falsos o falaces directamente, lo que afectó directamente a la credibilidad del emisor (la entrevista de Cuatro, en respuesta a la que hizo Felipe González fue, sencillamente, un despropósito).

Lo que sí parece claro es que el hoyo en el que se ha precipitado la imagen del Presidente del Gobierno en el plano económico, es de imposible recuperación y los fuegos de artificio de otras propuestas de corte ideológico empiezan a inquietar nerviosamente en el Partido Socialista, por la radicalidad del equipo. Lo que lleva a una sensación de cruzar los dedos y a una zozobra entre los socialistas militantes que observan que la sociedad ya no recibe las invectivas y la polarización de Zapatero con aplauso y que el guerracivilismo tiene un límite. Y Garoña ha representado un nuevo escándalo en este sentido destinado a un modelo de izquierda y progresía que se ha ido formando en la medida que nuestro país vivía la ensoñación del ladrillo y sus efectos enriquecedores: “el pijoprogre”. Políticamente correcto, que no se mancha las manos de tinta, enrollado, enemigo del todo lo que tenga algún matiz peyorativo y feo, pseudonórdico en los derechos (aunque no en las obligaciones), inconsciente de las necesidades industriales y de funcionamiento de la sociedad, poco preocupado con los costes de los cosas, acreedor de todos los ismos posibles (ecologismo, pacifismo,…), con un enfoque antiempresa y mercado de nuevo cuño, “cool” y de moda, bastante “guay” y “sobrao”, defensor de que todo sea público (por tanto, contrario a lo privado) y de que “alguien (en genérico) se ocupe de cada cosa” y, consecuentemente, en lo económico no se ha hecho consciente de que el momento y las consecuencias de las decisiones económicas deben volver a la ortodoxia.

La operación “cierre de Garoña”se había programado en Moncloa mediante la elaboración (apresurada), de un encargo torpe que el obediente Jesús Caldera ejecutó desde la Fundación Alternativas. Un Informe que era “la insoportable levedad del ser”, o al menos del ser económico al que nos referimos y del ser energético. Poco análisis de los problemas energéticos por la vía de la ortodoxia: seguridad y garantía de suministro, dependencia energética, sostenibilidad económica, sostenibilidad medioambiental. El análisis y diagnóstico energético de España se había sostenido por una tenue ideología amable y “cool”. Un Informe que abogaba por un mix energético seráfico y proponía el cierre completo de todo el parque nuclear español, algo que se paliaba, cómo no, con el presupuesto y primas a las renovables . La precipitación, en todo caso del informe, y las bajas de los expertos llamados a certificar la parte económica han lastrado tanto su contenido, como el hecho de que nadie lo haya tomado como una referencia y todo el mundo cuando le preguntan al respecto (incluidos los renovables) dicen, “Dios mío, aparta de mí este cáliz”.

Zapatero, una vez comunicada la decisión de cierre de Garoña (la tomó bastante antes), tocó retreta y organizó de una forma más coherente su discurso previo y preparó en la Fundación Jaime Vera, junto con los jóvenes cachorros, un argumento sin contestación ni mácula que recordaba en ciertos delirios la retórica chavista. Primero, el amarre a la literalidad del programa electoral, ferro contrato, interpretado por los popes, (que no de gobierno) del Partido Socialista (en el contrato con los ciudadanos figuraba el pleno empleo y, al parecer, el Presidente no va a cumplir, junto a otras promesas de distintos alcance). Segundo, una satanización de las empresas que ya empieza a formar parte del discurso del Presidente (preparación de un tono que se ha acentuado e inflamado salvajemente con la ruptura irresponsable del diálogo social). Tercero, la incorporación del argumento retroprogresivo de la rentabilidad de la energía nuclear por sus bajos costes (lo que en realidad, y leído al revés, es un bumerán si todo el mundo conociera que gracias a eso baja el precio de la electricidad para los ciudadanos, es decir, que afecta a la factura y al bolsillo). Y, finalmente, hizo un canto a las renovables por su capacidad primero de “distribuir riqueza” y por tanto de poner al intervencionismo en su sitio: dado que permite a los estatalistas decidir quién tiene derecho a la subvención. Como tiene que ser.

Después hizo una utilización/apropiación indebida de los argumentos medioambientales (a lo Leire Pajín), pese que hasta el fundador de Greenpeace se encargó de desmontar el argumento y la ONU centró el problema medioambiental en el cambio climático. La energía nuclear es una tecnología no contaminante, no emisora de CO2, lo que lleva a que la sustitución de Garoña se tiene que realizar en un primer momento y cuando no haya condiciones metereológicas para generación renovable, mediante tecnologías emisoras de carbono (carbón, gas, fuel). Consecuencia: la decisión va a ser negativa y perjudicial desde el punto de vista económico y medioambiental, pero en todo el entorno monclovita se ha hecho un esfuerzo para convencerse de que, a fuerza de repetirlo, la idea es la contraria.

Y, a partir de ahí, ha venido el segundo eje de actuación política, el segundo mensaje oportunista: oponer de forma interesada nuclear a renovables, cuando los mix energéticos que propone la Unión Europea y Estados Unidos, se centran precisamente en combinar estas tecnologías. Volvemos a lateralizarnos, y por motivos estrictamente ideológicos.

Y, finalmente, en toda esta precipitación está la preocupación por parte de los municipios de la zona, la preocupación por el empleo, por la riqueza, que se han visto solventados en el discurso, con la promesa de un etéreo y también precipitado Plan (el plan de Zorita ha sido un verdadero fracaso) y con un Parador Nacional, como con Franco (un amigo de Zapatero, leonés, está al frente de esta empresa pseudopública y ha salido al quite).

En todo esto, no han dolido prendas en romper varias cosas de la vajilla: la primera la confianza institucional. La decisión de cierre de Garoña se toma en contra del Informe del Consejo de Seguridad Nuclear, organismo técnico muy solvente y riguroso que ha visto enmendada la plana por los opinadores y por todos aquellos a los que ha dado pábulo el entorno monclovita. Se toma también en contra de argumentos referidos a la seguridad jurídica y de la inversión, dado que la legislación establece que la decisión de la vida útil de la central depende de motivos estrictamente técnicos. Segundo: el deterioro de la calidad del mix energético español (concepto que debería haber sido clave en esta decisión y en la determinación calvinista de Zapatero con la energía nuclear) que tiene efectos sobre la dependencia energética, la seguridad de suministro, la tarifa y la competitividad del país.

Y finalmente, en toda esta discusión se ha querido utilizar un argumento escaso intelectualmente, que gravita en torno al concepto de “vida” de la central. En un principio, se trataba de la vida de diseño de la central (es decir, del período de vida de la instalación cuando se construyó y se puso en funcionamiento). A partir de ahí, en función del uso de la misma, de las condiciones de utilización, de las inversiones y mejoras, se puede y se debe prolongar su vida útil, por encima de los 40 años de vida técnica de diseño. Por tanto, la vida útil de la central ya se había elevado y sería un despilfarro decidir su cierre por motivos ideológicos.

Zapatero comunicó la decisión por persona interpuesta. Y fueron los Ministros de Trabajo y de Industria, Celestino Corbacho y Miguel Sebastián los que tuvieron que hacer pública esta decisión. El Ministro de Industria tendrá que salir a explicar esta decisión mañana en el Parlamento, además de elaborar un catálogo de pretextos para justificar la decisión, en la orden ministerial, como obliga la ley al Gobierno cuando actúa de forma contraria a las instituciones energéticas.

Zapatero, crecientemente cesarista, abandonando su talante hacia posiciones mucho más beligerantes políticamente, cogió su fusil contra Garoña, contra las empresas y sus trabajadores, contra la creación y distribución de la riqueza. Y en ese afán por polarizar a la sociedad española (en un momento peligroso), por cambiar el rumbo de la historia, decidirlo todo y convertirse en el alfa y omega del Ejecutivo, tomó una decisión sólo entendible desde el punto de vista ideológico. Ha introducido serías dudas sobre la capacidad de toma de decisiones de Estado y de Gobierno del Presidente y ha estropeado el funcionamiento racional de una democracia que era pragmática, realista y moderna.

Hasta ahora.

La CNE anda suelta

Groucho Marx afirmaba que “de la nada, hemos logrado alcanzar las más altas cotas de miseria que podíamos imaginar”. Por eso este curso que acaba de finalizar deja nuevamente al regulador energético, teóricamente independiente, en uno de sus comportamientos paradójicos e imposibles, ligado a una campaña de guerra de guerrillas contra el modelo de liberalización energética, la tarifa de último recurso y el modelo de comercialización. Tampoco es algo que deba sorprendernos en exceso, aunque sí es llamativo que perdure, de una forma tan prolongada en el tiempo, la deriva de este organismo, cuyos fines regulatorios y supervisores consistían en desarrollar y defender un modelo de mercado y de liberalización coherente con la legislación que dio lugar a su creación.

En cambio, la realidad es bien distinta, habiéndose producido una involución en el propio organismo que, desde el punto de vista del mercado, es contradictoria (busca alejarse de él, justificándose en razones peregrinas y extemporáneas) y, desde el punto de vista de la historia del sector energético, nos devuelve a tiempos previos al Marco Legal Estable, es decir, al falangismo ideológico, al control de rentas individualizadas frente a la búsqueda de la eficiencia conjunta de los mercados y su supervisión profesionalizada. En todo ello, además, persiste un enfrentamiento soterrado con el Ministerio de Industria, a cuenta del fracaso del sector retroprogresivo en su empeño por dinamitar la fase final de la liberalización, así como el modelo de tarifas y comercializadores de último recurso, que incluyó una primera fase de filtración de los avances de la negociación y una labor de difusión de bulos y rumores contra las empresas. Confrontación que no es propia de un regulador independiente, sino de un electrón suelto y perdido con comportamientos no coherentes con su papel.

Se puede decir, por ello, que el curso que finaliza ha servido para que continúe el expolio institucional de la CNE a manos de la política y la ideología, pese al esfuerzo inane de Maite Costa en señalar la ausencia de politización del Consejo. La supresión de sus objetivos de defensa de la legalidad vigente y del mercado por el cuestionamiento generalizado del mismo, o mediante la colocación de astillas que lo hagan inútil, acaba por certificar la escasa credibilidad del organismo en su configuración actual y las funciones de su Consejo. Así, la CNE actual será responsable de su propio harakiri.

La lista de absurdos ha ido “in crescendo”: desde el informe de costes y precios complementario a las tarifas de junio del año pasado, madre de todas las batallas, Biblia inspiradora del pensamiento retroprogresivo que aboga por exterminar el mercado en pos del intervencionismo, han ido sucediéndose de manera continuada nuevos episodios en este período en los que la credibilidad del organismo ha seguido en el tobogán de bajada. Desde que fuera elaborado este informe de marras, basado en las tesis antimercado del pensamiento único retroprogresivo genuino español, sostenido por dos consejeros y la hija de uno de ellos, posteriormente aprobado de rondón, con datos erróneos, suposiciones de pizarra y ninguna información económica y contable, sucede que se ha procurado que se disolviese, de vez en cuando, a través de nuevas figuras regulatorias, realizando un esfuerzo voluntarioso de propagación distribuida gracias a algunos secuaces y a que no ha habido una renovación generacional con presencia pública en el campo regulatorio (más allá de la genética) que pudiera estar orientada hacia modelos de mercado más occidentales.

Solo así se puede entender el estrepitoso fracaso en las subastas para la colocación del déficit tarifario, asunto que abocó a que se abordara con mayor urgencia un proceso de negociación, de elaboración de un escenario temporal de transición y de excepcionalidad del que ahora la propia CNE se desentiende incomprensiblemente y del que se hace desconocedora de la trayectoria de decisiones políticas acumuladas en torno a ese déficit. Es éste el momento en el que viene a colación la crítica, en plan tendido 7, a la liberalización efectuada y al R.D. Ley 6/2009.

Luego viene el comportamiento del organismo en lo que han sido las operaciones corporativas en el sector. Primero, con el papelón en las Opas de E.ON y de Gas Natural (ésta, en el último curso), incluyendo el escondrijo temporal de los Informes, escamoteo de votos particulares y su escape de la transparencia pública, así como la publicación de los mismos a destiempo y de forma parcial. Estos hechos han afectado duramente a los principios de transparencia que deben regir la acción de un regulador independiente, tal y como hemos venido señalando y denunciando puntualmente en cada vez que esto ha sucedido.

Segundo, el informe sobre la evolución de la competencia en los mercados energéticos, que también fue publicado a destiempo (para evitar la implosión de las críticas retroprogresivas ante el avance de la competencia que, con total claridad, se está produciendo en el sector energético español). Luego, el que estos informes hayan sido cuestionados técnicamente al incluir defectos graves en el cálculo de los índices sobre la competencia en el mercado energético, cuyos efectos regulatorios provocan fuerte inestabilidad sectorial, además de consecuencias para los agentes. Y, finalmente, que la corrección de los mismos y sus críticas no hayan sido hecho públicos, sino que se hayan intentado sofocar mediante la coacción.

Otra de las constantes de la CNE ha sido la de inflamar las incidencias sectoriales hasta intentar convertirlas en escándalos que se apagaban con una rapidez proporcional al desarrollo de los acontecimientos. En su haber, está la utilización de una función inspectora con las renovables basada en la trotskista generación de terror en los medios de comunicación y en una presunción de culpabilidad, de forma que las empresas son intrínsicamente cuestionadas. Del megalómano episodio de los helicópteros para perseguir placas solares, al informe enviado en secreto y por mensajero al Ministerio sobre las conclusiones sobre la investigación de las renovables y su traducción en “irregularidades” sancionables, media un abismo. Se echa en falta responsabilidad en los dictámenes que se elaboran (¿no podrían haber dicho nada del mecanismo que preveía el R.D. 661/2007 y los riesgos retributivos en la transición de modelos?), junto a la generación de un marco de seguridad, rigor y actuación discreta y proporcionada que sería muy de agradecer.

En el plano interno, contamos, por un lado, con un Consejo demorado más de un año y un clima interno deteriorado entre los servicios técnicos, pero por otro lado, en el órgano más viajero de los reguladores españoles, que dedica un número importante de recursos a convenios internacionales de finalidad imposible, así como en un abundante programa de eventos públicos, adquisición de bienes muebles y retribución en especie impropio del momento económico del país.

Y, en el plano personal, queda la posición de los consejeros (la mitad con su período vencido y demorado) y de la presidenta del organismo. Tras el idilio regulatorio con el anterior Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, y los puentes quebrados con este equipo energético, Maite Costa ya ha cubierto todo su camino como presidenta de la CNE, desposeída judicialmente de unos poderes deseados (en lo formal) y desprovista (de facto) de legitimidad política, económica y sectorial.

Costa abandera un organismo convertido en un “muerto viviente”, un zombi que vaga perdido sin rumbo, una institución que es eludida en los círculos oficiales, regulatorios y sectoriales energéticos, que evidencia su prescindibilidady que muestra su cuestionamiento generalizado. Desde esa perspectiva es como hay que comprender (además de por sus propias posiciones) la indiferencia hacia las decisiones que expresa el organismo en los dictámenes de su Consejo.

Por tanto encontramos a un organismo en su contradicción: abandonando las funciones supervisoras de la competencia, para criticar que exista un modelo que provoque competencia, censurando la legalidad vigente en una actitud antimercado puramente ideológica. Probablemente, detrás de todo esto subsiste un anhelo de investirse en un ente de control de rentas energéticas por instalación, que administre el intervencionismo y la discrecionalidad. Por tanto, la deriva de este organismo ya es un asunto perentorio y merece una solución para que se configure un organismo que dé confianza, estabilidad regulatoria y coherencia a la liberalización del sector energético español. Para ello, que se haga lo que se tenga que hacer, desde modificar su marco legal hasta remocionar (en la medida que sea) su composición actual. Pero esta situación empieza a ser muy urgente.

El año del taxidermista

Hay que reconocer que este curso ha sido uno de los más movidos para los que han venido siendo protagonistas del sector energético, si lo hablamos en términos de responsables o directivos. Quizá el hecho de que hayan sucedido un número importante de conjunciones astrales, ha derivado en que la nómina de los ex en el sector se haya engrosado considerablemente, cada uno con motivos diferentes. Y, dado el nivel de los mismos, en algunos casos, haya sido un ejemplo de caza mayor, por lo cual habría que llamar al taxidermista para dejar constancia del trofeo. En otros casos, la inclusión del retrato del saliente en la sala de Consejos o lugar que le sustituya según la organización de partida, dará cuenta del nivel del saliente. Juzguen en todo caso, como será el recuerdo, a la vista del trofeo cinegético o del semblante del retrato.

Quizá la salida más comentada del año ha sido la de Honorato López Isla, por su historia, por su trascendencia, por el respeto de todo el sector y porque su salida, una vez consumada la adquisición de Unión Fenosa por Gas Natural, es un síntoma de un tiempo que no volverá. Además su marcha repercutirá moralmente a Unión Fenosa, en cuyas venas ha corrido el espíritu de un modelo de crecimiento orgánico, incluso de definir un modo de hacer característico. Por otra parte, en el sector existe coincidencia en la necesidad de reforzar el equipo eléctrico de Gas Natural, como compañía resultante en lugar de prescindir de un activo tan importante.

También ha sido el año en que se ha producido la salida de Rafael Miranda de Endesa, y mucho se ha hablado en algún confidencial de que podría haber sido reclutado por Florentino Pérez de cara al asalto a Iberdrola. La salida de Miranda se ha producido tras la primera etapa de convivencia en Endesa de Acciona y Enel y tras materializarse la salida del grupo español. En esa primera etapa Rafael Miranda compartió responsabilidades ejecutivas con André Brentan hombre de Enel en España, en lo que se puede decir que es una transición de libro.

Una pérdida irreparable es la de Pedro Meroño, fallecido a principios de año, ex Presidente de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y cuya desaparición temprana concitó al mundo de la energía, especialmente tras algunos momentos amargos en su mandato. Por otra parte, su ausencia, ha recordado el adagio de que Dios nos libre del día de las alabanzas, pero su austeridad y criterio hoy son anhelados en la actual configuración de la CNE. Sobre todo por la diferencia en estos dos sentidos: criterio y austeridad que exhibe la que es su sustituta, Maite Costa. Por su parte, según se pudo comprobar en directo, por los allí presentes, en el funeral de Meroño, la actual presidenta de la CNE terminó por hacerse la encontradiza con el Ministro Miguel Sebastián.

También ha sido anunciada la salida de Jorge Sanz, hombre que ha resistido con tres administraciones la responsabilidad de ser Director General de Energía y Minas, un puesto que tiene su correlato directo en su superior (el Secretario General de Energía y Secretario de Estado, ahora), dado que éste no tiene Dirección General alguna más. La convivencia, tras provenir del gabinete de Rodrigo Rato, con Antonio Fernández Segura, primero, Ignasi Nieto, después y Pedro Marín, ahora, han perfilado a Sanz como un todoterreno en el plano político y regulatorio.

En la Comisión Nacional de Energía, además de la sentencia sin fecha de la salida de los consejeros con su período de titularidad demorado, se produjo la salida de José Manuel Revuelta, Director de Regulación y Competencia y fuertemente vinculado al anterior Secretario General de Energía. La controversia provino de su vuelta a una empresa regulada, en este caso, Endesa, lo que volvió a poner de manifiesto la necesidad de trazar ciertas líneas rojas en las fronteras, límites y cautelas del pase de la actividad de “lo público” a lo privado, sobre todo cuando la vinculación con el ámbito regulatorio ha sido tan intenso. En todo caso, no parece ni ético, ni estético.

Quizá el final ha sido la salida de María Luisa Huidobro como presidenta del Operador de Mercado Eléctrico (OMEL) y su sustitución por Pedro Mejía, anterior Secretario de Estado de Turismo. Ello empieza a evidenciar que el nuevo equipo del Ministerio de Industria empieza a tomar las riendas de los nombramientos, además de haberse producido un cierto aislamiento, sectorial e institucional, de la titular saliente.

Dejemos para el final la salida de José María Paz de Unión Fenosa, precedida de una fuerte polémica por su papel en las negociaciones para el cierre del déficit tarifario en el que se incluye algún renuncio explícito que se transparentó en todo el proceso. Por lo visto, no alcanzó los mismos honores que los históricos Miranda y López Isla en los homenajes que les dedicaron en el sector. Parece que hubo algún respiro de alivio y alguno de contrariedad, sobre todo en el colectivo retroprogresivo.

La sala de trofeos y de retratos está llena. Pasen y vean.

Temporada de huracanes

Cuando llega la temporada de huracanes a regiones donde este fenómeno atmosférico se produce, todo condiciona la vida de una sociedad y de un ámbito geográfico. Todo el mundo está atento a la temperatura de las aguas, a si se forma un nuevo tornado, a su paso. Se preparan las personas para resistir sus embates y, además, se pone a prueba lo construido durante años y años. Podemos decir que la sociedad entra en una situación de excepcionalidad que, por repetida o por periódica en determinadas zonas del planeta, no deja de ser diferente para sus habitantes.

Por eso, el año de los precios bajos de la energía, la electricidad y la caída de la demanda se puede, en sí, comparar con todo este contexto huracanado. Respecto a la caída de la demanda de electricidad diremos que ha venido para quedarse y que no es, en ningún caso, momentánea. Las estimaciones más optimistas revelan que esta caída de la demanda nos lleva a que en el año 2013 podamos estar recuperando los niveles de demanda del año pasado, es decir del año 2007.

– Consecuencia directa número uno: la lucha feroz entre las tecnologías para conseguir un hueco en el mix de generación tras el achique de espacios producido por la reducción de demanda. Lucha por conseguir un hueco en el futuro, y lucha por llegar a los umbrales de rentabilidad, en el presente actual. Y todos los argumentos relativos al modelo de costes y precios, y de intervencionismo a todo trapo, echados a perder. Porque acompañado a esta caída de la demanda energética, se ha producido un desplome de los precios del mercado mayorista de electricidad, con reducciones de casi un tercio de los precios que se estaban pagando hace un año y perjudicando a unas tecnologías sobre otras. En ese mismo contexto, empiezan a parapetarse nuevos problemas para las tecnologías relacionadas con los combustibles fósiles y los mayores costes derivados de los derechos de emisión, sobre todo si se confirma la posibilidad de un escenario asíncrono entre la recuperación económica y la elevación de los precios de la energía (aunque sea a nivel de país)

– Consecuencia directa número dos: este marco ha servido como coartada falaz a los contrarios a la energía nuclear y, en concreto, en el momento que nos ubicamos a la decisión ideológica del Presidente del Gobierno de cerrar la central nuclear de Garoña, en una justificación que viene a decir algo así como “nos podemos permitir ese lujo”. Curiosa consecuencia de una situación de crisis. El lujo consiste en deteriorar el equilibrio del mix energético futuro. Coyunturalismo oportunista frente a ajuste del modelo energético en el medio plazo con visión integrada de las cuestiones de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad económica, dependencia energética exterior y mercado.

– Consecuencia directa número tres: hay que modificar todos esos documentos y propuestas para definir el futuro energético. La inconclusa planificación energética, la participación futura de cada una de las tecnologías en el mix energético se verán lógicamente condicionadas por este freno y marcha atrás en el que ha supuesto el contexto económico y la crisis, que especialmente se ha cebado con la demanda energética de los agentes empresariales.

– Consecuencia directa número cuatro: sobre todo para las empresas, la ralentización y parada de inversiones tanto de las empresas como de los operadores de red y de transporte (primero por motivos técnicos y luego por motivos de financiación), dificultades para cumplir las previsiones del mercado interno, necesidad de contar con buenas posiciones exteriores de cara a su diversificación internacional.

Quizá la vis más positiva de esta crisis de demanda es que permitirá una transición moderada a la liberalización y nuevo modelo tarifario. Por tanto existe un cúmulo de consecuencias que suponen abocarnos a una situación prolongada de excepcionalidad, a una temporada de huracanes derivada de la caída de la demanda energética.

Pero, también han existido más huracanes. Dentro de los tornados del año, también podemos señalar como empiezan a resolverse judicialmente pleitos que habían embarrado el campo de juego del sector energético, en el campo regulatorio, procedentes de la etapa que más vale recordar, pero no repetir: Nieto y Clos como herencia envenenada. Las sentencias firmes emitidas por instancias judiciales, originados en conflicto de la época Nieto se han manifestado (subastas de capacidad, poderes de la presidente de la CNE) y eso que todavía alguno de los pleitos más importantes como el de la detracción de derechos de emisión que está en Bruselas, sigue sin resolverse.

Y, finalmente, 2009 ha sido el año en que la energía pasó a ser Secretaria de Estado, que incluyó que en el nombramiento (o en este caso se dice investidura) de Pedro Marín, se reprodujera una admonición del Ministro, al flamante Secretario de Estado, de cara a los resultados necesarios para abordar los retos que se avecinaban para el sector.

Por cierto, ¿habrá temporada de huracanes a la CNE?

Y Luis Atienza salió del cerco

Que en España no está resuelto el papel de los operadores de sistema y de transporte en los sectores eléctrico y gasista y que, incluso, se han dado pasos atrás hacia el monopolio en estas actividades de forma relativamente reciente, es algo que es conocido, público, notorio y en lo que hay consenso. Por otra parte, y como trasfondo, la tendencia, muy de largo plazo pero a nivel europeo, es la de ir avanzando hacia modelos en los que el operador de transporte y el de sistema estén separados (ISO), frente al actual modelo TSO en el que ahora aparecen integrados en nuestro país y con tendencia al monopolio único en las redes y, lo que es peor, a condicionar las decisiones regulatorias y de mercado, habiendo atesorado este tipo de empresas el perfil de “Ente” y el poder de ser reguladores en la sombra, pese a su condición de empresas privadas.

En todo ello influye decisivamente el hecho de que estas actividades estén sometidas a un modelo de costes reconocidos (es decir, se calcula cuál es el coste de un activo, en teoría necesario, para esta actividad, en función de lo que declara el propio operador) y, por otra parte, se le aplica una tasa de rentabilidad (un tipo de interés anual) que debe incluir, incluso, su retorno. Lógicamente, los operadores pueden tener varios intereses: uno, elevar los costes de cada activo y su mantenimiento. Dos, colocar tasas de interés (de beneficio) más altas. Tres, aumentar el número de activos a retribuir, como buen monopolista. Es lo que ocurre cuando en una actividad no hay mercado en el que buscar comportamientos eficientes de sus operadores.

Comenzábamos, por tanto, el año con la herencia del acuerdo con el ex Secretario General de Energía para modificar el modelo retributivo del transporte de electricidad que, entre otras cuestiones pendientes de resolución (el mecanismo de valoración de los activos), implicaba que en el mes de septiembre de cada año, REE ya habría percibido su retribución del ejercicio. La subida de retribución para este operador ascendía al 10-11%. En estos momentos, parece ser que se está en fase de intentar objetivizar el precio de esos activos a remunerar a partir de estudios comparativos especializados.

Por otra parte, la caída de la demanda que se ha producido tanto en la electricidad como en el gas, ha determinado que Industria sea favorable a reducir la inversión de los actuales operadores de sistema y transporte de electricidad y del operador técnico de sistema en el caso del gas. Especialmente clave es el efecto de la caída de la demanda la situación de Enagás, dadas las infraestructuras previstas y prometidas de regasificación y el tendido de gaseoductos previstos para el transporte de este combustible. Hay que tener en cuenta que si la retribución se establece en función de cada uno de los activos, sus distintos elementos y su mantenimiento, cada uno de los operadores la percibe, sean necesarias o no, se usen mucho o poco. Tienen por tanto “incentivos” a la bulimia. Y, lógicamente, la consecuencia directa es que esa retribución por activo tiene que repercutir sobre los precios finales de la energía: es decir, sobre la tarifa que pagan los consumidores. En el caso de Red Eléctrica, ese análisis requiere más pormenorización, dado que existen problemas de “cuellos de botella” o estrangulamientos en suministro o evacuación de energía, que obligan a acudir a los desvíos/mercado de restricciones técnicas, o tienen riesgo de suministro en ciertas zonas del país, lo que obliga a que sea necesario que se siga invirtiendo selectivamente para resolver estos problemas.

En este año escolar también tuvo presencia el conflicto en la determinación de la naturaleza de determinados tramos de la red como de transporte o distribución, partiendo de un dilema problemático: la calificación funcional o técnica de la red, algo que también ha traído verdaderos quebraderos de cabeza para resolver inversiones que estaban pendientes. La clave está en determinados tramos de 220 kV en grandes ciudades y en las redes extrapeninsulares, donde, de repente, un nuevo operador, REE, entra a estar presente por arte de birlibirloque legal en este entramado. La Comisión Nacional de Energía perforó todos los tiempos posibles en establecer unos criterios técnicos y no funcionales para la clasificación de este tipo de redes que, al final, pudimos descubrir por el método intrincado de hacerse público a través de un voto particular a la resolución de los mismos y que además no son eficientes.

Por otra parte, el cierre del acuerdo de la conexión eléctrica con Francia obtuvo un resultado menos satisfactorio del necesario (soterramiento y línea de corriente continua), que implicará la reducción de la capacidad potencial de exportación e interconexión de mercados regionales de electricidad y, por tanto, un cierto freno a sectores como el eólico que necesitarían más capacidad de transferencia para momentos punta. En todo caso, no hay avances en su construcción pese a la mediación de Mario Monti. En las cumbres Sarkozy-Zapatero, también se ha planteado en este período la interconexión gasista con Francia.

Y, finalmente, quizá lo más relevante o, mejor dicho, lo más novelesco y emocionante, es cómo Miguel Sebastián sondeó la reconfiguración e integración de los operadores de red y transporte, eléctrico y gasista, noticia que se filtró convenientemente a través de los cauces habituales de sabotaje. Con posterioridad a esta publicación, se trabajó duramente en la fortificación de Luis Atienza en el consejo de REE, además de que él mismo, ni corto, ni perezoso, se presentó en el Ministerio, montó una pajarraca, haciendo valer sus poderes para abortar cualquier operación de estas características. Hoy parece que ese proceso está momentáneamente parado y REE elevó un 17 % su dividendo.

Estrategia y táctica: el año en lo empresarial

Empezamos este resumen del año con la operación Gas Natural-Unión Fenosa, que además de sus derivaciones regulatorias y de competencia en el seno de la CNE y CNC, puede ser entendida como la gran operación militar empresarial en el sector energético del año 2008-2009. En símil táctico, incluía desde desembarcos, acumulación de fuerzas (en este caso regulatorias) utilización de medios aéreos, marítimos y terrestres… y estrategia de grandes batallones. Todo ello quedando todavía varias escaramuzas abiertas: una en Unión Fenosa Gas con ENI y otra en Eufer con Enel, las dos sometidas a la teoría del equilibrio inestable.

Volare en Endesa… y sin Doménico Modugno

Por eso, si tuviéramos que hacer un resumen en lo que se refiere a lo empresarial y pasáramos revista a los acontecimientos ocurridos el último año, siguiendo con el símil militar, podemos destacar que se ha seguido la táctica de las operaciones de los cuerpos de infantería y de zapadores. Son operaciones en las que las batallas no son tan numerosas y cruentas, pero la modificación de las posiciones relativas de cada uno de los contrincantes, conjura modificaciones en la relación de fuerzas resultante, así como en el mapa de operaciones.

En este caso, por un lado podemos señalar la salida de Acciona de Endesa, prevista en los acuerdos parasociales que dieron lugar al desenlace de la operación de compra por parte de Enel. Fruto de la salida de los Entrecanales de Endesa, Acciona se ha quedado con los activos renovables que hasta ese momento eran titularidad de Endesa, más una plusvalía muy interesante por el 25 % de su participación, que además, hasta ese momento se había traducido en el control operativo de Endesa. Nada más terminar los cambios accionariales, se produjo una profunda remodelación del Consejo de esta compañía, cuya vis política y técnica en clave interna y equilibrios es de orfebrería.

Con todo ello se completa un proceso que ha durado dos años y en el que, desde algunos medios han querido levantar nuevamente la bandera del patriotismo energético para intentar aprovechar este desenlace como evidencia de la pérdida de una joya de la corona del sector empresarial energético español por la mala cabeza y los trajines del Ejecutivo. Cuestión, que en todo caso, a la vista del propio comportamiento de Endesa en el mercado español, ha dejado claro la potencia y capacidad de este operador, hoy probablemente una de las joyas del corona del grupo Enel.

Espadas en alto en Iberdrola

El caso de Iberdrola ha estado protagonizado por un duelo de medio y largo plazo, el de Florentino Pérez con Sánchez Galán. De hecho, cada vez que una de las dos compañías (Iberdrola o ACS) comunican un hecho relevante a la CNMV parece que tendrían que enviar su traducción en lo que se refiere a efectos sobre esta supuesta partida de ajedrez. Así, la venta de Unión Fenosa a Gas Natural se ha entendido (incluso se ha traslucido por el propio interesado) como una vía para obtener liquidez de cara a conseguir mayores participaciones futuras en Ibedrola. Por su parte la batalla por la presencia en el Consejo de Iberdrola por parte de ACS continúa y ha pasado a la esfera judicial. Por su parte, Iberdrola lanzó una operación para ampliar el capital con la polémica de no articular mecanismos que otorgasen derechos preferentes para sus accionistas anteriores, lo que desató la teoría de la dilución, aunque “ma non troppo”. Parece que ya estaba descontada.

Todo ello con el trasfondo del castigo en bolsa a las eléctricas que hacía relativamente sencillo y barato el intentar dar un nuevo golpe de mano en Iberdrola, todo ello con la crisis financiera y de crédito internacional que parece ser el único freno al grupo que preside Florentino Pérez, embarcado a la vez en reconquistar el Real Madrid por la puerta grande. Nadie sabe, si después de Kaká o Cristiano Ronaldo puede venir Iberdrola, lo que realmente es la batalla más apasionante empresarialmente y con más episodios de los últimos años. Y, como dice Enric Juliana, la lonja del Bernabeu.

El caso de la liberalización liberalizadita y la CNE como bala perdida

Como se habrán podido dar cuenta en esta recopilación de temas del curso energético, la mayor parte de ellos, además de estar interrelacionados de alguna manera, en su mayor parte, no están conclusos. Quiere decirse que lo que hemos podido seguir en el curso 2008-2009 es relativamente episódico, dentro de lo importante que ha sido lo que va de 2009 para el sector energético español y, en especial, para el sector eléctrico.

La liberalización, en síntesis, ha consistido en: uno, calendarizar el final del déficit tarifario; dos, disociar lo que son los comercializadores de último recurso del conjunto de los comercializadores que pueden realizar ofertas a los consumidores; tres, fijar una tarifa máxima y única que es la tarifa de último recurso (TUR) que es la que ofrecen, precisamente, los comercializadores de último recurso (CUR); y cuatro, traspasar los consumidores a su comercializador en función de su elección.

Como consecuencia, parece que la estrategia de medio plazo, de imperar la lógica, consistirá en ir elevando la tarifa de último recurso moderadamente para dos cosas: absorber el déficit tarifario acumulado e ir dejando margen a la actividad de comercialización con el tiempo (quiere decirse que es cierta la existencia actual de dificultades para encontrar ofertas competitivas dado que todavía no existen márgenes suficientes para que las ofertas de la comercializadoras tengan márgenes razonables). En concreto, en la subida de julio, a través de la elevación de los peajes o tarifas de acceso, se ha traducido una subida del 2% en la tarifa de último recurso con respecto a las últimas tarifas integrales. El esquema ha sido: tratar de combinar subidas moderadas, transición a la liberalización y extinción del déficit tarifario, una ecuación con varias incógnitas complejas y que necesita tempo, para que el día de mañana haya, de verdad, mercado.

Lo lógico es entender y comprender que este proceso es a dos o tres años, es decir, en un horizonte de medio plazo en el que hay que aprovechar los precios bajos de la energía en el mercado de generación para que la adecuación de la tarifa de último recurso sea menos traumática. Además, para un número importante de consumidores, incluyendo los pensionistas, se ha articulado el bono social que sufragan las eléctricas para que determinados colectivos vulnerables se queden en este período hasta 2012 con una foto fija en lo que se refiere a sus tarifas. Es decir, que no suban y se queden congeladas.

Por eso, en el caso de la segunda parte de la liberalización, la correspondiente a la actividad de comercialización, se ha producido un fenómeno particularmente curioso que es el de la conversión fervorosa por la vía del exceso y la exageración. El deseo de liberalización súbito en plan purga de Benito. Podemos encontrar cómo los disconformes o contrarios a la liberalización han pasado en un movimiento pendular a una credulidad sin precedentes. A la militancia por la vía del “stacatto”. Y, así con la furia del converso, han comenzado ha criticar la liberalización por insuficiente, por no haber producido una revolución instantánea que haga olvidar el pasado de déficit tarifario, por no tener un torrente de ofertas inmediatas, en lugar de comprender el contexto general.

Convencidos de que la electricidad debe ser el último bien en el que el Estado debe intervenir para hacer redistribución, su estrategia parte de intervenir los precios a decir que la liberalización es insuficiente: que el bono social es poco (porque lo que debería hacer no es congelar la tarifa, sino regalar dinero y, a poder ser, para muchos o para todos), que hay insuficiencia de comercializadores de último recurso, insuficiencia de comercializadores e insuficiencia de ofertas masivas de comercializadores (además de aprovecharse de alguna de las precipitaciones del proceso, como el cálculo de la tarifa con discriminación horaria que ha tenido que ser modificada vía corrección de errores o la necesidad de haber facilitado que ciertas distribuidoras accediesen a la comercialización de último recurso por alguna vía).

Además este grupo se ha visto reforzado por quienes, legítimamente, piden una liberalización más rápida, es decir, una subida de tarifas mayor para que la actividad de comercialización empezase a dar frutos en menos tiempo. En conjunto se ha formado un cierto magma de intereses contrapuestos, con “móviles criminales” diferenciados, para cometer un asesinato a este modelo de liberalización dosificada razonablemente. Podemos calificar así de curiosos los fenómenos de simbiosis y parasitismo que se han dado en esta fase.

Este grupo, capitaneado en la sombra por los retroprogresivos del sector energético, también se ha ido especializando en azuzar de manera irresponsable a las asociaciones de consumidores. Proveerles de argumentos sombríos para que en el problema del déficit tarifario se puedan apreciar lo que toda la vida se ha denominado “excusas de mal pagador”. Por eso, este grupo, a parte de abjurar del déficit tarifario (tras fomentarlo), y de sus consecuencias futuras como si fuera un secreto de familia, se olvida de que se ha diseñado un procedimiento poco traumático para su extinción y pago aplazado, además de minimizar la labor redistribuidora de las tarifas a través del bono social, que además no va a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.

Lo curioso y particularmente lacerante, es que dentro de este grupo se haya inscrito de manera poco precisa y lábil, la propia Comisión Nacional de Energía, en abstracto y con una campaña de erosión de baja intensidad. No existe artículo en el que fuentes de la CNE, o en la que extraoficialmente la CNE no introduzca, gravemente, y de forma impropia para un organismo oficial supervisor del sector eléctrico español y garante del marco regulatorio liberalizado, dudas y sombras de irregularidades sobre el sector y las empresas. Incluso se han organizado encuentros por parte del organismo a este fin, donde se difunden estos argumentos, que en una sociedad occidental y por su procedencia, deberían calificarse de “peligrosidad social”. Y todo ello, además, sin el pronunciamiento expreso del Consejo de Administración, que a lo mejor ganas tendría de mostrarse en contra de la liberalización, pero está cruzando los dedos por si se reforma la composición del mismo, se tecnifica y se despolitiza. Vamos, lo que quiere decir es que se depura.

Entramos, por ello, en que la diferencia entre un organismo independiente y un organismo “bala perdida” puede ser muy tenue llegados a este punto. Y en un concepto falaz: defender al consumidor de la realidad, de forma paternalista, a base de precios bajos vía intervención o no explicando la realidad previa de la deuda acumulada y sus consecuencias, no es defender al consumidor, es engañarlo, desorientarlo, dar señales falsas de precio, abocarlo a que consuma de manera irresponsable. Sobre todo para que éste no exija con seriedad un mix energético sostenible económica y medioambientalmente en el medio plazo.

Por eso, ¡que liberalicen la CNE y por la vía rápida!