Un reality show a cuenta de la energía nuclear

Se le atribuye al Premio Nóbel de Literatura español, Camilo José Cela, la frase “el que resiste, gana”. Y no sabemos si será así, pero puede parecer que estamos ante un nuevo capítulo del esperpento episódico que existe ante la energía nuclear en España, los intentos cada vez más denodados por abrir este debate y los sucesivos mandobles que se dan para cerrarlos.

En torno a esta cuestión, se está produciendo un efecto propio de las atracciones de las ferias: por un lado, los partidarios de abrir el debate nuclear que cogen impulso, inercia, fuerza, posiciones, fruto principalmente de la realidad económica, y, por otro lado, cada cierto tiempo en el desarrollo de esta partida de mus, sus detractores, que tiran del freno y ponen la marcha atrás (por cierto, de forma cada vez más abrupta). Esto es lo que sucedió, o lo que se escenificó a principios de esta semana, con la tromba de declaraciones de varios ministros del Gobierno contra la energía nuclear y que pudimos conocer a través de los medios de comunicación de manera práctica y sorprendentemente alineada y orquestada. Otras veces ha coincidido con la desaparición de un maletín “nuclear” en Móstoles o con el aireamiento forzadamente exagerado y continuado de incidencias en alguna instalación concreta.

Tres son las lecturas que se pueden hacer del hecho de que se haya producido esta “catarata” de declaraciones de Miguel Sebastián (desafiante, excluyente…) , Elena Espinosa y Cristina Garmendia a modo casi de corifeo. La primera es que el gobierno precisa una respuesta cada vez más rocosa y, a la vez, correosa para esquivar la cuestión del debate nuclear en nuestro país. En otros momentos, estos movimientos se dosificaban en una sola cartera o responsable político. Segunda lectura: parece que esta postura, cada vez más ideologizada, proviene de instancias más altas de quienes son sus almuecines directos, por tanto se puede situar a Moncloa detrás de esta táctica de achique de espacios en torno a esta cuestión. Tercero, que puede no ser casual, ahora que se deslizan en los medios de comunicación quinielas respecto al cambio de gobierno con ministros cuestionados por razones de una índole u otra, que sea necesario dentro del meritoriaje de la continuidad que se incluya algún servicio de estas características. Todo el mundo, además, sabe que en el seno del PSOE (y también dentro del Ejecutivo) hay partidarios de reabrir el debate nuclear y por ello es mejor no citar nombres porque, como se suele decir, hasta ahí podemos leer.

Son momentos en los que ninguna declaración es inocente o, mejor dicho, todas persiguen una cierta finalidad. Estamos al borde de tener que decidir sobre la central de Garoña y se ha dado a conocer también que Almaraz es una de las centrales más eficientes de Europa. Pero las declaraciones ministeriales parece que quieren condicionar si cabe más este “pseudodebate” sobre si abrir el debate.

En España no hay debates en profundidad sobre la realidad social y económica dado que se han preferido situar en temas susceptibles de ideologización. Pero es que hay veces que no se pueden elegir los mismos: la Memoria Histórica, la Educación para la Ciudadanía o la nueva legislación sobre el aborto van a dar paso, si la crisis no remite, a cuestiones de este tipo o la necesidad de reformar el mercado de trabajo. La realidad impone el hecho de trabajar en serio. Hay otros que los impone la realidad económica, pero el procedimiento de la avestruz o de la evitación continuada no puede ser la solución. Obviamente, un gobierno o un país que tiene miedo de abrir debates evidencia una inseguridad o un ejercicio autoritario de las repuestas del país.

Lo que sí parece que es obvio es que el Gobierno, el Presidente, el Ministro, los Ministros tienen derecho por posiciones ideológicas o por lo que sea a mostrarse en contra de la energía nuclear. Pero también tienen la obligación de explicar a esa masa informe que es la ciudadanía sobre cómo va a ser el mix de generación futura en España, cuál puede ser su coste para los ciudadanos, cómo se van a afrontar (en serio) los costes de la reducción de emisiones de carbono, cuáles son las consecuencias de la dependencia energética final derivada de elegir determinadas fuentes de energía.

En todo caso, no es de recibo asistir a una partida de mus con cartas marcadas, a un “tour de force” parcelado convenientemente, porque se convierte en un “falso debate” y se convierte en un reality-show. Y, lo que es peor, no damos soluciones de futuro a la sociedad más allá de las consignas.

No news, good news

Uno de los adagios propios de la prensa norteamericana es el que afirma “No news, good news”, es decir, es buena noticia que no haya noticias. La semana pasada el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseveró que no iba a subir la luz en lo que restaba de año y que los precios del gas bajarían. Cuestión previa: razonablemente, es una “buena noticia” que los precios de la energía se moderen y bajen, tanto para los consumidores como para el conjunto de la economía española, especialmente intensiva en el uso de la energía.

La segunda cuestión previa es que parece que los efectos de la crisis se están dejando notar en la demanda de electricidad, junto a la bajada de los precios del gas y del petróleo, lo que da un respiro (un fuerte respiro) y bastante oxígeno a los precios de la energía. En todo caso, todas estas cuestiones tienen un carácter más o menos coyuntural, con independencia de lo que dure la coyuntura y las razones estructurales que explican la misma.

Quiere decirse, por tanto, que esta situación es variable en el tiempo y, con más o menos probabilidad, puede modificarse. La evolución de los precios de la electricidad, consecuente en el mercado mayorista, tiene una fuerte caída con respecto a lo que se estaba registrando el año pasado. Por tanto, puede ser que ese déficit oculto de la tarifa de este año se pueda amortiguar y que acabemos un año limpio de polvo y paja en la liquidación de la factura eléctrica. Sería una buena noticia.

Pero esto tiene sus matices. El aviso o la noticia de que no habrá subidas de la electricidad puede ser prematuro en la medida que todavía hay mucho período del año pendiente y, si bien esto se puede asegurar para ésta y seguramente la siguiente revisión trimestral de la tarifa, puede ser que el medio plazo no permita hacer aseveraciones tan firmes como esta. Recordemos lo que se dice en los anuncios de determinados productos financieros: “rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras”. Algo parecido puede pasar en los precios de la electricidad.

Es lógico que desde el punto de vista de la política y del gobierno del país exista un cierto nivel de ansiedad respecto de ofrecer buenas noticias a esa masa ingente de ciudadanos sometidos continuamente a procesos electorales y demoscopias, pero también es cierto que el mejor trabajo que queda pendiente de realizar en el ámbito de los precios de la electricidad es conseguir la comprensión pública y social de que los precios de la electricidad se vinculan a condiciones de oferta y demanda y su correlación se saca del debate político y de la controversia partidista. Probablemente este sea el mejor momento.

En ese sentido, la mejor noticia para los precios es que no haya noticia. En el largo plazo, que se actúe para bajar el precio de la energía con un mix que reduzca la dependencia exterior, garantice el suministro y sea eficiente. La mejor noticia para todos es que se trabaje activamente en este proceso de conocimiento económico de la sociedad española.

No news, good news

Uno de los adagios propios de la prensa norteamericana es el que afirma “No news, good news”, es decir, es buena noticia que no haya noticias. La semana pasada el Ministro de Industria, Miguel Sebastián, aseveró que no iba a subir la luz en lo que restaba de año y que los precios del gas bajarían. Cuestión previa: razonablemente, es una “buena noticia” que los precios de la energía se moderen y bajen, tanto para los consumidores como para el conjunto de la economía española, especialmente intensiva en el uso de la energía.

La segunda cuestión previa es que parece que los efectos de la crisis se están dejando notar en la demanda de electricidad, junto a la bajada de los precios del gas y del petróleo, lo que da un respiro (un fuerte respiro) y bastante oxígeno a los precios de la energía. En todo caso, todas estas cuestiones tienen un carácter más o menos coyuntural, con independencia de lo que dure la coyuntura y las razones estructurales que explican la misma.

Quiere decirse, por tanto, que esta situación es variable en el tiempo y, con más o menos probabilidad, puede modificarse. La evolución de los precios de la electricidad, consecuente en el mercado mayorista, tiene una fuerte caída con respecto a lo que se estaba registrando el año pasado. Por tanto, puede ser que ese déficit oculto de la tarifa de este año se pueda amortiguar y que acabemos un año limpio de polvo y paja en la liquidación de la factura eléctrica. Sería una buena noticia.

Pero esto tiene sus matices. El aviso o la noticia de que no habrá subidas de la electricidad puede ser prematuro en la medida que todavía hay mucho período del año pendiente y, si bien esto se puede asegurar para ésta y seguramente la siguiente revisión trimestral de la tarifa, puede ser que el medio plazo no permita hacer aseveraciones tan firmes como esta. Recordemos lo que se dice en los anuncios de determinados productos financieros: “rentabilidades pasadas no aseguran rentabilidades futuras”. Algo parecido puede pasar en los precios de la electricidad.

Es lógico que desde el punto de vista de la política y del gobierno del país exista un cierto nivel de ansiedad respecto de ofrecer buenas noticias a esa masa ingente de ciudadanos sometidos continuamente a procesos electorales y demoscopias, pero también es cierto que el mejor trabajo que queda pendiente de realizar en el ámbito de los precios de la electricidad es conseguir la comprensión pública y social de que los precios de la electricidad se vinculan a condiciones de oferta y demanda y su correlación se saca del debate político y de la controversia partidista. Probablemente este sea el mejor momento.

En ese sentido, la mejor noticia para los precios es que no haya noticia. En el largo plazo, que se actúe para bajar el precio de la energía con un mix que reduzca la dependencia exterior, garantice el suministro y sea eficiente. La mejor noticia para todos es que se trabaje activamente en este proceso de conocimiento económico de la sociedad española.

El «defecto» invernadero

En el propio maremagnum de cuestiones abiertas y pendientes en el sector energético, incluido el proceso de negociación para la liquidación del déficit tarifario, ha pasado relativamente desapercibida la decisión del Consejo de Adminsitración de la Comisión Nacional de Energía de proponer que la detracción de los derechos de emisión de emisiones contaminantes de la retribución de la generación se extienda a las instalaciones de régimen especial que acuden al mercado.

Pongámonos en situación, en la medida que este medio ha sido especialmente crítico con esta decisión en sus diferentes estadios. La detracción de derechos de emisión consiste en una deducción de la retribución que tienen que percibir las empresas generadoras por la energía generada en función de los derechos de emisión percibidos. La fórmula “made in Spain” para el sector eléctrico consiste en “estimar” la elevación de los precios de la energía que se ha producido por la internalización de los costes de estos derechos y, posteriormente, deducirlos entre las instalaciones generadoras, sean emisoras o no, adjudicatarias o no, de derechos de emisiones contaminantes (mecanismo instrumentado junto con el comercio de emisiones para luchar contra el denominado “efecto invernadero”) y que fueron distribuidos en el ámbito europeo gratuitamente, hasta el momento, a los sectores afectados (a los que en sus otras actividades: vidrio, cerámica, cemento, etc…, no se les descuenta de su facturación). Cada país, por su parte, a través de su Plan Nacional de Asignaciones tendría que hacer efectivo este mecanismo. Un proceso que además está recurrido en instancias europeas y que nadie sabe cómo quedará, porque tiene visos de muy dudosa legalidad, por mucho que se aprobara de forma vergonzante in extremis en los estertores de la anterior legislatura.

¿Por qué se produce este tratamiento diferencial? Por varios motivos: primero, porque en ese momento va creciendo con fuerza desaforada el déficit tarifario y hay que reducir la factura de la luz como sea, y si el como sea es una ilegalidad, pues adelante. Segundo, porque hay una confusión entre política medioambiental y política energética (en el caso de existir las dos) y no se tiene muy claro cuál es el objeto de la denominada “economía de los incentivos”. Y tercero, porque las consecuencias futuras de las decisiones políticas generalmente las soporta otro (y las económicas los ciudadanos que viven en el futuro).

En esta sucesión de hechos, se corresponde ahora con la detracción propuesta para el año 2007, que es la que toca, fruto, en primer lugar, del Real Decreto-Ley 3/2006 y, de manera consecutiva, a través del Real Decreto Ley 3/2007, cuyo oprobioso trámite parlamentario va a traer más de un mal recuerdo a sus promotores (además de atraer malas consecuencias para los españoles). Y, en este caso, de cara al siguiente proceso de detracción, la CNE acaba de dictaminar en su examen que esta deducción se extienda a las instalaciones de generación de energía en régimen especial que acuden al mercado, como señalamos al prinicipio de este artículo.

¿Con esto qué hace la CNE? La CNE hace dos cosas al mismo tiempo. Por una vez, es coherente con una posición ideológica que parte del método dirigido a sofocar y reducir el precio de la electricidad, haciendo “igualitario” su efecto. Todo el problema de este organismo hoy se reduce, al parecer, a la diferencia de costes entre tecnologías y a que todos participen/soporten el pago de estos derechos de emisión.

La segunda cuestión que consigue la CNE con esta propuesta, ahora coherente, eso sí, es ahondar en el error. Si, a nivel europeo, la política en materia de emisiones contaminantes fuera la de que todos lo pagaran a escote no se habría articulado un mecanismo con el que se busca generar determinados incentivos, que aquí se pretenden anular, confundiendo primero a las empresas con señales de mercado erróneas y a los consumidores, con otro tipo de señales también contradictorias. Y es más, las emisiones contaminantes no bajan en España: seguimos ampliando nuestro diferencial con los objetivos, salvo si se producen efectos de mejor climatología o baja la demanda (por los efectos de la crisis).

¿Cuál es el objeto de la existencia de derechos de emisión distribuidos gratuitamente a las tecnologías contaminantes? ¿Se tienen claras, más allá de la política de “gestos” mediáticos, las consecuencias económicas de una política medioambiental? Lo que hoy tenemos es que, al final, pagan contaminantes y no contaminantes. Emisores y no emisores, régimen general y régimen especial.

Vivimos bajo el influjo del «defecto» invernadero.

Como un relámpago

Anoche podíamos conocer la decisión del Ministro de Economía Pedro Solbes de aprobar la operación de adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural en los términos que había propuesto la Comisión Nacional de Competencia, es decir, con el importante bajonazo final perpetrado en este organismo tras lo escrupuloso de los sucesivos cuestionarios seguidos a todas las empresas y entidades concernidas en la operación. Algo que podemos calificar de un examen detenido, meticuloso y… estéril, a la vista de los resultados. En el fondo, la CNC (y el Ministro de Economía) han participado en la configuración de un nuevo pseudomonopolio en el sector de aprovisionamiento gasista y en la configuración de conglomerados que obstaculizan la competencia en la comercialización de gas y electricidad.

Por tanto, el Ministro se ha apresurado a dar carpetazo y se ha pronunciado “tan pronto como fue posible” en sus propias palabras. Es decir, que parece que no le ha dado tiempo a leer el expediente con mucho detenimiento, en el que ha tenido que acarrear con lo que se le ha servido en bandeja desde un organismo, la CNC, cuya reforma reciente ha dirigido directamente Economía y cuyas consecuencias son francamente desalentadoras a la vista de la primera operación de empaque que aborda. Si el órgano garante de la competencia acaba creando nuevos monopolios es que algo va mal, muy mal.

Crónica regulatoria de un paseo

Si hacemos historia de esta operación en las respectivas instancias regulatorias de nuestro país, podemos ver, como primer paso, cómo la Comisión Nacional de Energía comenzó su “no trámite” de esta operación con el “sobreseimiento” discutible de la función 14. Un paso que al final obviaba analizar si la nueva empresa tendría capacidad (con el nivel de endeudamiento y apalancamiento resultante) para realizar las inversiones que exigen las actividades reguladas que realiza, a la vista de los precios pagados (algo que se ha pronunciado, si cabe más con el tiempo, dado el ‘crack’ bursátil de estos meses).

Posteriormente, en este camino silencioso, la Comisión Nacional de Energía realizó el análisis de la función 15 sin concretar condiciones sustanciales y con condiciones testimoniales, en algo que puede calificarse de escenario de “opereta”, que parece que es el que se ha situado como proscenio de toda la operación.

Y finalmente, el reciente, ya conocido y comentado ‘número’ de la Comisión Nacional de Competencia de interpelar, casi en tercer grado, a los concernidos, tener a su disposición informes serios y relevantes sobre las consecuencias de la operación y, finalmente, menudearlos. Todo ello, con una “negociación” (por llamarlo así, porque así se hace en la Unión Europea en operaciones de este tipo en que las autoridades de competencia negocian las condiciones de la operación, pero allí realmente negocian, no esto) consistente en multiplicar los dos puntos siguientes, que la empresa adquirente proponía: desinversión en ciclos combinados y puntos de distribución, todo centrado en el mercado eléctrico y barra libre para el monopolio en el mercado de aprovisionamiento de gas y en la concentración en las redes de distribución de gas y electricidad con poca atención a territorios geográficos. O esa, condición imposible que desafía los criterios de la lógica humana: que la filial de gas Unión Fenosa Gas se comporte como si no lo fuera (¿?), completamente aislada e independiente del grupo empresarial. Se trata de la primera condición esotérica de la regulación española y así habrá que respetarla. Los voluntarismos son así.

Resultado: la empresa adquirente está satisfecha con las condiciones y todo a la primera. Es un indicador. Ya se han anunciado recursos por parte de ENI y es posible que también dentro de las más de 20 empresas y asociaciones que han sido llamadas a consultas. Son males menores en un momento en que nos acostumbramos a que haya litigios por desgracias en el funcionamiento del sector institucional. Misión cumplida.

Todas ellas, cuestiones que algún día alguien (o todos) tendrá que explicar a esa masa ingente de señores y señoras que votan y que se denomina la “ciudadanía”. Por ejemplo, cuando suba el precio del gas, o de la electricidad en el mercado mayorista por la integración vertical de gas y electricidad. Y vendrá entonces el crujir de dientes, el arrastrar de cadenas, el pensar en nuevas medidas intervencionistas para ver cómo se “bajan los precios”, como si todos fuesen ajenos a las decisiones del pasado y mirasen para otro lado.

Por tanto, estamos ante una operación silente, callada, subrepticia, que ha pasado y va a cambiar la fisonomía del sector gasista español en una vuelta atrás, sin que las autoridades hayan hecho nada por evitarlo. Falta cultura económica y, probablemente, el entretenimiento que se sitúa entre el espionaje y las cacerías y el espectáculo político han ayudado a que todo pase completamente inadvertido y con aquiescencia de los partidos políticos.

Lo que sí es evidente, es que nuestra maquinaria administrativa obedece a buenos principios latinos: cuando se quiere obstaculizar una operación, todo esfuerzo desde los tentáculos políticos y mediáticos se alinea, con decisiones “arbitrarias” y poco meditadas (en su momento y con los mismos protagonistas se echaron por tierra intentos de integración empresarial por motivos políticos, como todo el mundo sabe). Y, cuando se quiere facilitar, también se convierte en una operación silente y opaca para los ciudadanos en virtud de los intereses (legítimos, eso sí, pero cuestionables) de los interesados. Aunque las consecuencias sean diferentes, la fuerza matriz es la misma.

En realidad, y en todo caso, lo que ha caído aquí, nuevamente, es la credibilidad institucional, la calidad de nuestra organización social y económica, en el desdoro de una operación en la que una vez más no se han guardado ni las formas.

La Comisión Internacional de Energía y las embajadas de Maite Costa

Si ustedes hacen un repaso por las páginas web de los organismos reguladores españoles, podrán comprobar como la página con más enlaces a foros internacionales de regulación es la de la Comisión Nacional de Energía (CNE). Ese mismo esquema se reproduce en el número de foros a los que asiste e incluso en el tamaño de las delegaciones o séquito que componen las expediciones de nuestro organismo patrio, incluyendo alquiler de limusinas.

Como se decía antiguamente en el lenguaje folletinesco, o la edulcorada prosodia del NO DO, asiste “una nutrida representación”, como en la convocatoria a Cartagena de Indias (bella ciudad turística colombiana) que comienza su viaje el domingo y que culminará con su regreso el próximo día 13 de febrero, donde el regulador español envía nueve personas entre consejeros y directivos. Seguramente, si todos los países enviasen representaciones de este tamaño y todos los asistentes pronunciasen una conferencia, los encuentros durarían como el Juicio Universal y, por ello, ríanse ustedes de la Alianza de Civilizaciones y creen la Alianza de los Reguladores o el Festival de la OTI redivivo.

Al mismo tiempo, dentro del Consejo de Administración la vis internacional es indudable. Por un lado, tenemos el caso de José Sierra, hombre cuya trayectoria europea es muy conocida y que actualmente compatibiliza su actividad en la CNE con los trabajos para la Comisión de Energía irlandesa, de forma que incluso participa en la formación de sus cuadros, algo que ha levantado suspicacias en términos de transferencia de recursos y disponibilidad, al menos de dedicación entre las dos Comisiones de reguladores.

Además, se da la circunstancia que José Sierra ha sido nombrado presidente del ERGE a nivel europeo en un momento en que ya ha expirado el periodo de su nombramiento como consejero (está prorrogado desde junio de 2008 y ya es imposible que pueda renovar) y está en espera de ser sustituido, lo que llevaría a pensar que debe abandonar el cargo una vez que se consume su salida de la CNE. Por otra parte, y aunque hubiera sido posible, las fuentes consultadas en el Partido Popular se muestran muy contrarios a su continuidad, dada su desvinculación con los criterios de partido y la desafección que genera en el seno de esta formación política.

Por su parte, otro caso de trayectoria internacional, pero esta vez en el ámbito iberoamericano es el de Carmen Fernández-Rozado cuya especialización en cuestiones medioambientales y, especialmente en lo que se refiere a los Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), ha ido basculando su perfil por estos derroteros. Incluso a nivel interno en lo que se refiere a la actividad internacional de la CNE, se especula con la posibilidad de que Maite Costa quiera mantener una colaboración futura tanto con Sierra y Fernandez Rozado, una vez que se produzca la remoción de sus puestos actuales como consejeros, como si se tratasen de “embajadores energéticos” de la CNE.

Por tanto, ya tienen una noticia de alcance: la semana que viene no hay Consejo de Administración.

La CNE en capilla

La vuelta de la navidad y la nevada han vuelto a sacar a la actualidad informativa la renovación pendiente de los órganos reguladores. En el caso que nos ocupa, la congelación en el proceso de renovación de la Comisión Nacional de Energía con una situación de interinidad prolongada desde antes de mediados del año pasado. En este sentido, podemos afirmar que el consejo de la CNE está en capilla, preparándose para un cambio de origen y de escala como se adivina a todas luces.

En primer lugar, se debe señalar que existan situaciones de interinidad de estas características en instancias como los órganos reguladores o el Tribunal Constitucional, no puede ni mucho menos convertirse en una norma, más bien debe tratarse de una excepción, más que nada por la propia normalidad en el funcionamiento de las instituciones económicas o judiciales que precisa una sociedad, deben garantizar su transición sin traumas, con normalidad, como signo de funcionamiento y vitalidad social.

La última de las cuestiones de más reciente aparición es la posibilidad (parece más que descontada) de que la reforma vaya más allá de la propia sustitución de los puestos de los consejeros vacantes y que, en esa remodelación, se reduzca el tamaño del consejo y se opte por un modelo muy parecido al de la CNMV donde está presente la Administración General del Estado a través de los responsables del ramo en el seno del Consejo de Administración del organismo. Es el ejemplo de la presencia de la Directora General del Tesoro y Política Financiera, Soledad Núñez en la CNMV.

Evidentemente, una primera valoración, de confirmarse esta información que publica el diario El Economista, es que no es una buena noticia que el modelo de reguladores independientes tenga algún elemento de tutela y que evidencia la desconfianza (por otro lado lógica por su trayectoria reciente) al funcionamiento de estos organismos. El problema es hoy, en el caso de la Comisión Nacional de Energía, la perdida de credibilidad, de respeto y de prestigio como regulador energético. Situación que se ha visto conducida por un tobogán de caída sin fondo, unido a una gestión permanentemente rodeada de polémica y la controversia desde el nombramiento de Maite Costa por José Montilla y su supervivencia con el exótico Joan Clos.

El problema es que la actuación de este organismo ha cuestionado el mercado eléctrico (cuando su misión debía ser garantizarlo), ha impactado negativamente sobre la percepción del sector por parte de los mercados financieros, se ha metido en todos los charcos posibles a cuenta de las decisiones en determinados procesos empresariales, proyectando una sombra de duda muy negativa en todo momento para la institución y nuestra economía. Ha mantenido varias posturas inverosímiles a cuenta de las tarifas de gas y electricidad (además de enfrentamientos con Industria en los últimos tiempos en un toma y daca poco razonado que hizo que hasta el propio Ministro y el Presidente del Gobierno ironizaran sobre el organismo). Un desagrado expresado en círculos privados que ha llegado a ser vox populi. En fin, un cuestionamiento tan profundo y tan extendido, que sólo se podía ver acrecentado por las decisiones de intendencia y política interna que se han ido pudiendo conocer de esta etapa en el organismo regulador.

Lo que pide un esfuerzo de seriedad, dignificación, revisión, remoción, que vaya más allá de las obligaciones formales de sustitución de consejeros y, definitivamente, aporte al esquema de regulación independiente y supervisión que necesita el sector energético y cuyo reciente pasado, sólo han sido pasos atrás.

Recemos como los toreros antes de la corrida para que salga bien. Si no, será una faena.

Por qué nuestro país está a salvo de la crisis del gas

La escalada entre Rusia y Ucrania por el conflicto del gas tiene a media Europa y Asia Menor con un importante problema debido al corte en el bombeo y su efecto sobre otros países afectados (hasta diecisiete) por recibir su gas a través de estos gaseoductos. Son daños colaterales que se vienen repitiendo los últimos inviernos, además en los momentos en que se produce lo que Kenneth Brannagh denomina “en lo más crudo del crudo invierno” continental. Media Europa con el gas racionado en medio de esta ola de frío evidencia cómo se las están gastando en esta controversia.

En España esta crisis la podemos ver con una enorme distancia, gracias sobre todo a nuestro sistema gasista, una verdadera joya, pieza de relojería del sector energético español. Todo ello, gracias a la contribución de una buena regulación, la existencia de mecanismos de mercado, la existencia de inversión, existencia de buenas empresas y operadores, factores institucionales y de mecanismos de gestión.

Por ello, hay que congratularse de que no hayan entrado otras razones espurias en la conformación de este modelo que combina la existencia de buenas infraestructuras de regasificación con el aprovisionamiento a través de las canalizaciones procedentes del norte de África, algo que permite una fuerte diversificación de los países proveedores (lo que reduce notablemente el poder de negociación) y aumenta la flexibilidad de aprovisionamiento del sistema en su conjunto. Al mismo tiempo el desarrollo de las plantas de ciclo combinado en electricidad han generado que la demanda tenga distintos componentes entendiendo los mecanismos de precios que operan en los mercados gasista y eléctrico (comprendiendo los mecanismos y consecuencias que se derivan de las crisis de oferta o aumentos de demanda). Es decir, en el que existen posibilidades y alternativas de suministro de diferentes mercados. Por eso, al mercado del gas, como a cualquier mercado, le va bien la capacidad excedentaria bien gestionada.

Eso no quiere decir que esta crisis no tenga lecturas para nuestro país. Primera, como la lectura que hay que hacer del papel del Banco de España en el sistema financiero español en medio de la catástrofe financiera a la que hemos asistido en 2008. Hay que preservar el sistema gasista de la invasión de otros criterios que no sean técnicos, de buena regulación y de mercado para evitar que se contamine de los males ajenos. Igualmente, hay que contar con una actuación inversora decidida y buenas infraestructuras de transporte (el programa que hay puesto en marcha es necesario y muy ambicioso), buenas empresas de distribución y comercialización, junto con la necesidad de una gestión y operación técnica del sistema impecable. Al igual que hay que abordar la cuestión pendiente de los almacenamientos subterráneos con criterios que combinen la actuación del gestor técnico y sus infraestructuras de respaldo con la de las propias empresas gasistas.

La segunda lectura deviene de la actuación de las empresas rusas como organismos ejecutores de la acción del estado ruso y sus consecuencias en el momento en que todavía está caliente el rescoldo y las brasas de la posible irrupción de Gazprom o Lukoil en Repsol. La tercera es el papel de la Unión Europea en un conflicto que tiene un componente panempresarial y panestatal, de forma que el radio de acción de la diplomacia comunitaria es muy limitado. Y, además porque las formas en que se están resolviendo estos conflictos los últimos años no son nada sofisticadas que digamos, larvando una situación de fuerte incertidumbre geopolítica asociada.

Y, la ultima, pese a que los devenires políticos digan lo contrario, es que todo un modelo gasista, un sistema de estas características, no se improvisa y articular un modelo de este tipo es una labor de medio plazo, que concierne a la administración energética, a las empresas. Que una combinación razonada y razonable de intervención, regulación y mercado es la mejor solución para que su funcionamiento sea eficiente. Mantengámoslo así.

La olla a presión

El año 2008 toca a su fin con los últimos días del mes de diciembre y el sector eléctrico se ha convertido en una olla a presión. El comienzo de las negociaciones entre el Ministerio de Industria y las empresas eléctricas para terminar, de una vez por todas, con el déficit tarifario, parecía iniciar una “luna de miel” entre ambas partes. Sin embargo, puede convertirse en una pesadilla, en la cual hay dos claves a tener en cuenta: Moncloa y el despertar de los accionistas en tiempos de crisis de liquidez, crediticia, bursátil y económica.

La primera, la irrupción de Moncloa, es decir del núcleo duro del Gobierno, en el tan anhelado acuerdo final sobre el déficit tarifario. Moncloa quiere que el acuerdo con las eléctricas se firme en la sede presidencial, por eso se han tomado cartas en el asunto desde esta institución. Algo que ha exacerbado las tendencias voraces del Ejecutivo en lo tocante a la quita que se les quiere pedir a las eléctricas de ese déficit.

Hay que decir que eran verdaderas “fruslerías” aquellas amenazas iniciales sobre el ajuste de cuentas de los Costes de Transición a la Competencia (CTC’s). De ahí se pasó a los 5.600 millones de euros, más las “gabelas” asociadas a la nueva tarifa. La tarifa social y la rebaja a los grandes consumidores de la G4. Todo, es al parecer, ir “estirando” las reclamaciones, a la vista de que la negociación fue sencilla en un primer momento y que la autoaceptación de la quita, allanaba el camino libre al Gobierno para nuevas demandas. Eso, después de conocer, varios documentos elaborados desde UNESA, con posturas muy serias al respecto y que han ido diluyéndose, por el procedimiento del azucarillo, durante todo este proceso negociador (si es que se puede llamar así).

La segunda tiene que ver con los mercados financieros y con los accionistas, como principales agentes de la empresa . De hecho, hay que ver cómo las eléctricas han sufrido en mayor medida los rigores de la caída en Bolsa. Algo que entre los analistas financieros se achaca, con claridad, a la incertidumbre regulatoria. En el caso de Iberdrola es fuertemente paradigmático, además, con la mirada acechante de Florentino Pérez (ACS) sobre la empresa que preside Ignacio Sánchez Galán, cuyo único refreno es la situación financiera y crediticia. El abaratamiento, muy pronunciado de la acción en este último año, teniendo en cuenta la naturaleza del sector de las “utilities”, negocios recurrentes, serios y seguros donde los haya, sólo es explicable por la situación regulatoria y la incertidumbre generada por la solución al déficit tarifario. Los analistas más eufemísticos califican esta solución, al menos, de “poco aséptica” para las empresas.

Por eso, es el momento en el que los accionistas empiezan a pedir cuentas de las negociaciones realizadas y del resultado final de las mismas, no vaya a ser que el peor escenario (o el ya descontado) pueda agudizarse. Por todo esto, tal y como arrecian las condiciones económicas, empiezan a temerse lo peor, en especial, que la quita de las eléctricas, efectuada y descontada de la propia creación de valor y de los resultados de las compañías (conseguidos en los últimos años con unas reglas concretas) pueda afectar a los titulares de la propiedad de estas empresas, si ahora se ven cuestionadas en virtud de esta negociación.

Estos procesos no se hacen a entes abstractos denominados empresas, sino a sus propietarios, como accionistas de las compañías en forma de minoración del valor. Sería, por tanto, otra fórmula sofisticada de un nuevo incidente económico-financiero, el hecho de considerar que alguien invierte en una empresa cuyos niveles de riesgos son medios-bajos y de la noche a la mañana crecen de forma exponencial. Y todo ello, con aparente acuerdo y buen clima, como se ha hecho llegar desde los medios de comunicación.

En todo caso, todo se ha empezado a mover. Parece que la solución al déficit tarifario se aleja, el acuerdo se desvanece. El atolladero en el sector eléctrico parece que vuelve a manifestarse con toda su crudeza. Y, en el plano interno, Iberdrola reorganiza y refuerza su dirección.

La pregunta es ¿quería ser un acuerdo o buscaba un trágala?. Papá Noel nos deja una olla a presión.

Nos dan las «grapes»

La situación existente al hilo de la publicación del caso de la subestación del polígono Ca Na Lloreta de Alcudia en Palma de Mallorca, prolongada hace hoy más de un año en su tramitación por las administraciones pertinentes, pone de manifiesto tres cuestiones, a cual más peliaguda, y que cada una requiere su propia atención y análisis por separado.

La primera es la situación propiamente dicha que genera la ley 17/2007 como herramienta para forzar el monopolio en las redes de transporte bajo una definición técnica de las redes y no funcional. Sobre todo, porque una definición de las redes de estas características puede afectar al servicio que reciben los ciudadanos y al correcto funcionamiento de la ordenación del sistema de transporte y distribución. Hay que recordar que esta involución hacia un modelo TSO con transportista único y definición técnica de las redes (integrando y unificando todo el transporte y la operación de red en el caso de Red Eléctrica) se tramitó por la puerta de atrás, aprovechando la transposición de varias directivas que estaban pendientes de incorporar al ordenamiento jurídico español que era el objeto de esta Ley. Sobre este propósito inicial, colado de rondón en trámite parlamentario por el anterior equipo energético y del que nada decía la Unión Europea, más bien al contrario, como se ha venido demostrando con posterioridad, es sobre el que vienen estos lodos.

Unido a esto, se articula un mecanismo de excepcionalidad para determinar la titularidad de determinados tramos en los que las distribuidoras pueden solicitar al Ministerio de Industria, que éstos tengan la consideración de distribución y no de transporte. Son aquellos de 220 kV y menores, sobre los que faltaba poner “criterio”.

La segunda tiene que ver con un compromiso expresado por el propio Presidente del Gobierno en lo que se refiere a la agilidad para facilitar los trámites de los proyectos de inversión de la iniciativa privada, en la conciencia que la actuación de la Administración estaba prolongando y demorando la puesta en marcha de determinadas inversiones, debido a su propio funcionamiento. Hay que recordar que la ley 17/2007 es de junio de 2007 y estamos a finales de 2008. Es decir 18 meses y como el primer día, con la CNE pensándose los criterios que tendría que aplicar. Esto sucede porque además existe un cierto desdén hacia la iniciativa privada por parte de los gestores públicos, en un momento en que lo privado y lo empresarial, recibe los coletazos ideológicos de su displicencia.

La tercera tiene que ver con la impotencia que preside todo el proceso, para quienes lo inician (es decir los promotores de este Polígono Industrial) y, al mismo tiempo para el mismo Ministerio de Industria. La Comisión Nacional de Energía, ha pasado más de un mes desde que fue reconvenida desde la Secretaría General de Energía en duros términos. Y la cosa, sigue igual, sin que sepa que haya criterios fijados, ni tampoco que se hayan resuelto los casos concretos que hay planteados y que el Ministerio asegura que son “decenas”. Un verdadero despropósito.

La verdad es que hay que comprender que sea difícil que la CNE se ocupe de estos temas, con el impresionante trabajo al que está sujeta, además de las tribulaciones de su inminente cambio. Desde los casos de la función 14 en los que ya se inhibe directamente tras la resolución del Tribunal Europeo de Justicia, defendiendo la protorregulación en la sombra de REE, la elaboración de informes incendiarios sobre la subida de tarifas para justificar cambios en el modelo (y no aplicarlo), los enfrentamientos sordos con el Ministerio de Industria, la elección de vehículos, parkings, el cambio de mobiliario, o la adquisición de edificios, entre otras cosas de mayor urgencia y menester.

Como se suele decir, y más en estas fechas prenavideñas. Llegaremos al 31 de diciembre así. ¿Nos dan las uvas?