¿Crucifixión o harakiri?

Cuando se habla de los órganos reguladores independientes, en el caso de la Comisión Nacional de Energía, se venía presentando la situación del organismo como un ejercicio de ‘sadismo’ por parte del regulador principal, esto es por el Ministerio de Industria. Así, el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, en varias ocasiones (no tantas, son muy concretas en las que ha ocurrido algo así) remitió sus propuestas contrarias a las intenciones gubernamentales, al anterior Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, para que fueran posteriormente laceradas por la autoridad competente en la fase de revisión administrativa.

Por otra parte, es constante que aparezcan llamadas de expertos en los medios de comunicación a que la Comisión Nacional de Energía sea la ultima instancia administrativa en las competencias y proceso regulatorio que les compete a que sea un organismo independiente. Un ejemplo de ello, son las propias tarifas eléctricas, en cuyo proceso de liberalización y de administración la propia Comisión Europea reclama el papel de un órgano verdaderamente independiente (en un contexto de mercado real y de liberalización, obviamente). Desde el punto de vista formal, sería una cuestión clave para que no sean remocionadas sus decisiones por una instancia superior del aparato de la Administración o del Gobierno.

Pero un escenario así, simplista no recoge la realidad actual del organismo y dibuja una situación maniquea, que además podría interpretarse en clave de ejercicio de poder del fuerte frente al débil. Algo que incluso podría inducir a una cierta conmiseración o una mirada indulgente sobre la deriva regulatoria en la que se adentrado desde que comenzó esta última etapa tan pintoresca. Pero no es así, la situación de la Comisión Nacional de Energía hoy en términos de prestigio institucional (o mejor dicho de desprestigio), es obra directa de sus propias actuaciones. Lo que tampoco implica que la autoridad competente no abuse y conozca al dedillo las debilidades de este órgano regulador de forma que hurga en sus entrañas con enorme facilidad. Por tanto, si el dilema es que la Comisión Nacional es asesinada o se suicida para prestar servicios a la ‘causa’, parece que hay que optar por el harakiri. Pero no un harakiri de honor como sería el caso de los samuráis japoneses, sino una auto inmolación derivada de las relaciones peligrosas con la superioridad.

Sólo en un contexto como el español, donde los favores, las afinidades, la negociación y las amistades políticas obtienen como contraprestación la designación para un órgano regulador independiente (que tiene que velar del mercado), ha permitido que posiciones contrarias a la liberalización del sector, y al propio mercado, aniden dentro de él, como anida la cizaña. En consecuencia, el resultado es que se pone a la zorra a cuidar de las gallinas. Y, claro, se las quiere comer, bajo la fórmula de o arraso en el sistema o arraso el sistema.

Pero el adefesio del informe sobre precios y costes en el sector eléctrico perpetrado por el regulador (un informe ideológico, dogmático, sin datos, camuflado desde lo más interno del organismo) ha dejado a la CNE en la picota más absoluta, tras otras actuaciones memorables de los mismos protagonistas como el papelón que realizó en la OPA de E.ON a Endesa. En pocos lugares del mundo, el regulador independiente, entre cuyos objetivos es velar por el buen funcionamiento del mercado, acaba cuestionando el mercado, criticando las consecuencias del marginalismo y generando una crisis de confianza institucional en el funcionamiento del sector, dentro y fuera del país, con graves consecuencias a todos los niveles financieros, empresariales y económicos. Todo ello, a la par que ejerce un modelo de supervisión y vigilancia del sector muy criticable (ora inexistente, ora en plan guerra preventiva mediante la difusión de anuncios de expedientes previos e informativos, como si fueran condenas sumarísimas, con el fin de amedrentar a las empresas). Un organismo así no puede dedicarse a ser el proveedor de ideología intervencionista oficial del Reino, por mucho que los sectores más retroprogresivos hayan aprovechado la entrada en la administración de un nuevo equipo para intentar inocular su particular forma de involucionar el sector.

Del mismo modo, en el plano interno, el informe ha puesto de manifiesto el profundo deterioro del funcionamiento del organismo. En las tarifas eléctricas, (ni en el gas, ni en nada), no intervienen los responsables de las áreas correspondientes, y en su lugar, la Dirección de Regulación y Competencia, una pieza organizativa diseñada para que sea ambidextra y, lo mismo valga para un roto, que para un descosido, suplante al resto de servicios especializados y ejerza de puente lejano y cercano con las autoridades “competentes”, y pueda recibir y trasladar consignas con enorme eficacia, participando (incluso haciendo suyos informes ajenos) en las campañas para cuestionar el mercado, las empresas, sus beneficios o sus operaciones corporativas de acuerdo con los designios de la superioridad.

La CNE, en este formato actual, con semejante historial, con el sector sometido a escándalo desde hace tres años, ya no puede hacer nada. No puede liderar nada o proponer nada, sólo puede esperar su liquidación expedita, al menos para que no haga más daño al sector energético y a la credibilidad de su funcionamiento con consecuencias en el medio plazo terribles para todos. Que se culmine el harakiri, que se certifique el fallecimiento, que se incineren sus restos.

Aquí yace la independencia.