El nombramiento de Maite Costa en la Comisión Nacional de Energía parece que ha sido un detonante clave para aumentar la presencia de catalanes al frente del mismo, en un proceso de cierta ‘catalanización’. Así, Costa no ha dudado en rodearse de personas cercanas y de su confianza para pilotar este organismo, la mayor parte procedente de Cataluña.

Así, al nombramiento deJoan Batalla, su jefe de gabinete, se le han unido la incorporación del actual jefe de prensa Pere Lladó, ex diputado de Convergencia i Unió (y del que hace poco recogíamos su nombramiento en Energía Diario). Del mismo modo, también se ha incorporado María Mondedeu procedente de Barcelona, más concretamente de la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, tal y como informamos recientemente. Por otra parte hay que recordar que el anterior director de regulación del organismo, Ignasi Nieto, también catalán, mantiene una relación muy estrecha con la actual presidenta, aunque pasó al Ministerio de Industria con el cambio de ministro, tras la salida de José Montilla y la incorporación de Joan Clos.

Además, la presidenta ha configurado la tríada que configura la gestión de la Comisión entorno a Sesbastiá Ruscalleda y Jaime González. Recordemos que el último decreto que establecía el reglamento del régimen interno del organismo otorgaba mayor capacidad de acción de Costa al margen de los consejeros, y sobre todo en el plano interno, creando una “comisión ejecutiva” de tres consejeros para dar “mayor agilidad” al funcionamiento del organismo y a las decisiones

Al parecer es fácil encontrar a Batalla, Lladó, Ruscalleda y Costa en la nueva Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, los jueves por la tarde, que es cuando regresan a Barcelona habitualmente de su muy corta semana, coincidiendo con el final la actividad de los consejos, habitual de los jueves en la mañana en la CNE.

De hecho, circula dentro del Ministerio de Industria y del organismo un documento no oficial, muy crítico en el que se afirma que el gobierno buscaba con la CMT “llevar el regulador a Barcelona” y en el caso de la CNE “traer Barcelona a Madrid”.

Por otra parte, la dedicación de Costa al organismo, con numerosos viajes (entre otros, el año pasado a Montevideo en un momento crítico en la OPA de Endesa), con más de sesenta días de ausencia del organismo desde finales de julio pasado, las semanas de tres días, la cantidad de eventos que convoca el organismo (http://www.elsemanaldigital.com/arts/66590.asp?tt=), han empezado a ser vox populi y fuertemente criticados dentro y fuera de la CNE.

Dos hechos añadidos, la dimisión de Conthe, que ha hecho que Maite Costa desaparezca de la vida pública (y que ha gestionado con toda discreción en su persona, para evitar comparaciones, siempre odiosas, y en este caso más, con lo que ha ocurrido en el sector a raiz de las operaciones recientes) y la polémica que le persigue por la norma que se aprobó el año pasado que le garantiza dos sueldos una vez finalice su mandato, parece que no son capaces de terminar de estrechar el cerco de Costa, tal y como se murmura tanto en los círculos especializados de Madrid y Barcelona.

Cuentan los conocedores y conspiradores del 23-F, que varios de los ‘autores intelectuales’ del intento de golpe de estado de 1981, se cruzaban mensajes crípticos en los periódicos en artículos de opinión los días anteriores a que tuviera lugar la intentona golpista. El hecho es que llevamos unos días con insinuaciones a diestro y siniestro a favor de la “solución española”, en el asunto de la OPA de E.ON a Endesa. Incluso las declaraciones del Ministro en su última entrevista en Cinco Días, contenían varios mensajes ambiguos y hoy interpretables a la luz de los hechos. Es evidente que al menos el propio Bernotat si perciba como un duro golpe estas maniobras.

La verdad es que ya era agobiante el ambiente de silencio que rodeaba todo lo relacionado con la OPA a Endesa. Evidentemente que era un silencio de Sergio Leone y no un silencio de Werner Herzog, por lo visto. Y parece que nuestro gabinete de adivinación tenía razón en afirmar que el baile seguía por debajo y que se estaban muñendo pactos y alianzas, en un terreno de ‘omertá’ y de maquinaciones, sin que nos puedan asustar estos términos de calibre grueso, pero al fin y al cabo sólo descriptivos y que atienden perfectamente a la semántica.

Ayer mismo por la mañana, el propio Ministro Joan Clos decía en la Cadena Ser que la intención del gobierno era dejar que los accionistas decidieran en libertad. Del mismo modo preveía que habría un pacto que posibilitaría una ‘solución española’. Quizá una afirmación un poco ‘obscena’, horas antes de que se desvelara la adquisición del 9,9% de Endesa por parte de Enel. Lo que si parece es que el gobierno preparó esta solución hace dos semanas y, ayer, casi era vox populi en Madrid.

Al primer argumento podemos decir que los accionistas pueden decidir en libertad, si es que los compradores siguen interesados en comprar, por ejemplo, y no retiran su OPA. También pueden decidir si no hay información privilegiada desde que empezó el montaje en Ibiza e, incluso, dado que se ha trabajado activamente a favor de una posición concreta, si pueden conocer todos los intereses: económicos, empresariales y políticos en juego y hasta que punto está dispuesto cada uno del los protagonistas a llevarlos hasta el final. Lo que si es evidente es que todos hemos perdido un poco la inocencia y esperamos otra vuelta de tuerca, otro conejo de la chistera en toda esta situación.

Sin que esta turbina se alinee por unos o por otros, el segundo argumento, el de la españolidad para evitar la invasión ‘teutona’ o de una empresa con participación estatal, supone tomar partido frente a un oferente que debe resignarse a no ser del agrado de las instituciones. Abandonado el argumento del españolismo(en todo caso, latineidad) para justificar una situación de estas características, concluimos que, la solución tampoco es tan española, ¿no?. Sólo que a nivel internacional y a largo plazo, podremos valorar cómo todo este largo y azaroso ‘affair ‘afecta a la credibilidad de nuestra economía y a nuestra forma de mezclar negocios y política.

Puede parecer una contradicción ‘in terminis’, pero no lo es. La ‘energía’
puede estar anquilosada, petrificada, en un estado de inacción que le
impida avanzar hacia un lugar concreto, es decir, lo contrario a su
naturaleza. Resulta difícil recordar un momento de nuestra historia como el actual en que pudiéramos identificar un comportamiento similar de la
Administración del Estado en el sector de energía. Una situación
caracterizada por la ausencia de los requerimientos de los mercados, del
marco que rigen las decisiones económicas en materia de inversión, de la
necesaria estabilidad regulatoria, y de sus mecanismos de funcionamiento de los distintos agentes.

Así, esta semana pasada nos enteramos de que el ‘déficit tarifario’ del
año 2006 se conocerá alrededor del mes de junio, según comunicación del Secretario General de Energía y del Secretario de Estado de Economía, Ignasi Nieto y David Vegara, respectivamente, que de forma reiterada muestran una interesante sintonía. Esto quiere decir que las empresas no podrán determinar sus ingresos correspondientes al ejercicio 2006 en los tres primeros meses del año, tal y como exige la ley, y tal y como esperan los mercados para evaluar los comportamientos empresariales. Por tanto, estamos ante una nueva fórmula de prolongación de incertidumbre.

Haciendo un poco de historia, y en la misma línea, el año pasado ni
siquiera se elaboró el decreto o la orden ministerial para la titulización
del déficit tarifario. Así, fueron las propias compañías eléctricas las
que elaboraron junto con las entidades financieras los contratos que rigen esta operación financiera. A esto se le llama laissez faire.

Uno de los argumentos para aplazar el resultado del déficit tarifario del
2006 es la necesidad de calcular el importe de los derechos de emisión de los gases invernadero para detraerlos de la tarifa total. Pero resulta que en Energía ahora están indecisos sobre el tratamiento a dar a tales derechos de emisión, fruto del decurso de unos acontecimientos que han hecho aflorar múltiples criterios de imputación. Industria elaboró primero (antes del cambio ministerial) un Real Decreto-Ley, después elaboró una propuesta de Orden Ministerial, diferente a la norma inicial, que claramente quería evitar los resultados de la aplicación (a quien beneficiaba y a quien perjudicaba) del Real Decreto. Finalmente, la Comisión Nacional de Energía le devuelve otras dos propuestas diferentes, una aprobada por el Consejo de Administración y otra que es el voto particular de un consejero.

Otro hecho reciente que termina dibujando a unas autoridades energéticas que más parecen estatuas de sal es el comportamiento errático observado en la fijación de la tarifa 2007, en el que Industria y Economía acabaron bailando un rigodón de propuestas, cifras, porcentajes y métodos (algunas verdaderamente esotéricas, como la tarifa federal), hasta que la decisión final se adoptó por criterios estrictamente políticos. Por cierto, el baile acabó cuando la vicepresidenta política decidió retirar el ponche, desenchufar el tocadiscos y apagar paulatinamente las luces.

Todo esto sin hablar de la creciente incertidumbre imperante entre los
inversores financieros por cuestiones como la nueva regulación del régimen especial (las renovables), que también promete alargarse.

¿Qué es lo que tenemos a cambio?. Tenemos una utilización de los mecanismos regulatorios como si se estuviera haciendo política de
rentas, estamos en la tragedia pequeñita de los intereses más cercanos o más lejanos y, lo que es peor, existe, y cada vez se detecta más, una marcada ausencia de liderazgo e iniciativa, imprescindibles para dar los
pasos necesarios por la gran complejidad del escenario actual.

Además, estamos ajenos a todo el debate existente en la Unión Europea, sobre el futuro del suministro energético, del modelo de regulación, del esquema a seguir en materia de inversión futura en capacidad de generación o de las necesidades de reforma del mercado eléctrico para promover la competencia real y un mercado integrado.

A todos aquellos que, una vez leído esto, consideren que lo mejor que se puede hacer es permanecer atónitos observando la foto del desastre, les proponemos que modifiquen su encuadre. Por eso, que nadie se extrañe si se producen sorpresas con los asuntos que están abiertos: la reforma de las renovables, los procesos judiciales que trufan el sectore energético, el enfrentamiento abierto, sin precedentes y de proporciones formidables (y lo que es peor, sin sentido), con la Unión Europea, el comportamiento de las empresas españolas que se internacionalizan o de las empresas extranjeras que quieren participar en nuestros mercados. Atentos.

Hace poco más de un mes y medio tuvo lugar en un hotel de la Castellana de Madrid uno de los encuentros que, con carácter anual, organiza el Club de la Energía. Este evento fue el primero al que tuvo ocasión de asistir el nuevo ministro de Industria, a la sazón –que diría un castizo— otro catalán. El sucesor de Montilla, al dirigirse a los asistentes a la comida, quiso expresar su voluntad de alcanzar una solución equilibrada a los problemas que padece el sector eléctrico, anunciando para ello que su objetivo iba a ser la búsqueda del mínimo común divisor (sic) de las soluciones propuestas por las distintas empresas.

Energíadiario.com ha podido saber que esta anécdota fue comentada –discreta pero profusamente— por los asistentes, entre los que predominaban los ingenieros industriales, profesionales que tienen a gala disfrutar de amplios y profundos conocimientos matemáticos. Como recordaba recientemente un importante directivo empresarial, cada uno es muy dueño de calcular lo que le venga en gana, pero cuando a uno le nombran ministro debe procurar calcular algo que resulte útil a la ciudadanía.

Al ministro de industria (que abandonó hace mucho tiempo la aritmética para dedicarse a la medicina primero y a las municipalidades después) alguien debería decirle que el mínimo común divisor de cualquier conjunto de cifras es siempre la unidad (es decir 1) y que para llegar a esa conclusión no hay que esforzarse mucho; suponemos que el propio ministro deducirá, él solo, sin que tenga que ayudarle nadie, que este cálculo (el del mínimo común divisor) no sirve para nada.

Si al señor ministro se le ocurre (todo es posible) calcular el máximo común múltiplo de cualquier conjunto de cifras (sea cual sea el número de éstas y sean éstas las que sean) bueno será que alguien le diga que esta magnitud siempre es infinito; además, si el doctor Clos intentara realizar el cálculo de esta otra magnitud por el método iterativo puede terminar agotado.

Hasta hoy mismo los libros de matemáticas de la enseñanza secundaria obligatoria (la ESO) explican los conceptos y los métodos de cálculo del mínimo común múltiplo y del máximo común divisor, pero posiblemente por su irrelevancia nada se dice de los otros dos conceptos. Estas últimas semanas los directivos y, más aún, los accionistas de las compañías eléctricas comentan preocupados, aunque con buen humor, que el ministro del ramo haría bien en repasar las matemáticas. Otros, incluso, llegan a afirmar que, a lo peor, ninguno de estos cuatro conceptos le va a reportar gran utilidad.