En su auto, la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJC argumenta que el riesgo para el medio ambiente y el turismo que el Gobierno canario expone «con insistencia» para fundar su solicitud «resulta absolutamente hipotético y determinado al caso de una emergencia o catástrofe«. Los cinco magistrados que firman este fallo, ya que un sexto juez abogó por conceder la suspensión, subrayan que, «a pesar de las críticas, el protocolo de seguridad que sigue la prospección de Repsol es el de la directiva del Consejo de la Unión Europea» sobre búsqueda de petróleo en alta mar, «que parte de las medidas exigidas en el mar de Noruega, siendo de las más avanzadas del mundo».
El TSJC examina en este recurso un litigio sobre el que ya se pronunció el Tribunal Supremo en junio, cuando desestimó los recursos presentados por el Gobierno canario, los cabildos de Lanzarote y Fuerteventura y los ecologistas contra la decisión del Consejo de Ministros de reactivar las autorizaciones que Repsol recibió en 2001 para buscar hidrocarburos en esa zona. Asimismo, recuerda que el Supremo dictó sus sentencias, siete, sobre otros tantos recursos, cuando aún no se conocía cuál era el parecer del Ministerio de Medio Ambiente, que en agosto emitió una declaración de impacto favorable.
El TSJC razona que, en esta fase, no puede entrar a valorar el fondo del asunto, sino determinar si existen indicios que permitan cimentar una medida cautelar como la que pide el Gobierno canario. Su conclusión es que no es así: «Se aprecia», dice la Sala canaria, «que el procedimiento seguido para la autorización ha sido conforme a derecho, dando cumplimiento a la legislación de aplicación en respuesta a su carácter reglado», apunta el auto.
Citando un auto anterior dictado por el Tribunal Supremo en esta misma controversia, el TSJC recuerda que, «siendo incuestionable el valor ecológico de las Islas Canarias y la relevancia del sector turístico pesquero y portuario para su desarrollo, no cabe eludir que la producción y explotación de hidrocarburos representa un factor económico de especial significación para definir la riqueza de un país, lo que requiere promover la investigación de yacimientos«.
La Sala considera que el Gobierno canario no ha rebatido la probabilidad estimada por la declaración de impacto ambiental de que se produzca un derrame masivo de crudo por descontrol del pozo durante las prospecciones (0,00282; o lo que es lo mismo, 1 entre 354) y también que alega riesgos «hipotéticos» que parecen más orientados «a la explotación petrolífera continuada en Canarias que a un sondeo de duración limitada a un máximo de 180 días«.
El TSJC examina también si procede conceder una medida cautelar por afección a zonas protegidas, para concluir que «las prospecciones están por ahora fuera de los lugares de la Red Natura 2000 y de los espacios protegidos a nivel estatal, autonómico, comunitario e internacional». La Sala reconoce que existe «la iniciativa» de declarar un Lugar de Interés Comunitario en las aguas situadas al este de Lanzarote y Fuerteventura, pero subraya que un mero proyecto no es «argumento de peso» para bloquear unas prospecciones petrolíferas que incluso podrían ser autorizadas aunque estuvieran en un lugar protegido.
Voto particular apoya la suspensión
El magistrado que discrepa de esta decisión, Helmuth Moya Meyer sostiene que el TSJC ha favorecido «resueltamente la posición de una de las partes», Repsol, al asegurarle «la satisfacción completa de su pretensión de culminar las prospecciones«. Este magistrado cuestiona abiertamente la declaración de impacto aprobada por el Ministerio de Medio Ambiente, opina que no se han valorado adecuadamente los riesgos y también pide que se aclaren en qué se diferencian las medidas de seguridad que se aplican en Canarias de las que tenía la plataforma petrolífera Deep Blue, que provocó una «catástrofe ecológica descomunal» en el Golfo de México.
Además, entiende que paralizar temporalmente los sondeos no afecta al interés nacional, sino al interés de Repsol, «que tiene mucha prisa por consolidar su situación en la zona ante la inminente declaración de la misma como lugar de interés comunitario y por colocarse en una posición óptima para hacerse acreedor de los derechos de explotación de los yacimientos». En su opinión, las pérdidas económicas que sufriría Repsol por la interrupción de los sondeos «no serían sino una consecuencia de haberse querido imponer por la fuerza de los hechos, una situación buscada deliberadamente que no sería un interés digno de protección«.
Moya Meyer admite que dentro de un lugar protegido puede darse un permiso de prospecciones, pero defiende que, tratándose de «un territorio insular que constituye casi en su totalidad una reserva de la biosfera», esa decisión debería haberla tomado el Consejo de Ministros, no «un subsecretario de Estado». Además considera que tendría que haberse valorado «el peor escenario posible» y califica de «cándidas» las afirmaciones de Industria de que un descubrimiento de crudo disminuiría la importación de petróleo en España. Finalmente añade que «una ponderación de los intereses en juego, sin ceder a unas prisas que solo benefician a Repsol, debió optar por proteger de manera preferente los intereses medioambientales«.
«Nuevo aval» a los sondeos
Repsol valoró la decisión del TSJC como «un nuevo aval» a los sondeos que la petrolera desarrolla en Canarias. Para Repsol, el fallo del TSJC demuestra que este proyecto de investigación de hidrocarburos cuenta con todas las garantías y protecciones en materia de seguridad y respeto medioambiental. Además, recuerda que se añade a los diferentes autos del Tribunal Supremo y a otros pronunciamientos favorables que se han dado en otras instancias, tanto administrativas como judiciales. Por ello, anuncia que continuará trabajando «con absoluta normalidad» en un proyecto de investigación que considera beneficioso para Canarias y para España «porque permitirá conocer mejor los recursos naturales del país y, si se dan las circunstancias, ponerlos en valor».
Durante el pasado fin de semana, Repsol inició el descenso de un nuevo tramo de perforación del pozo en el que trabaja el Rowan Renaissance, el buque que tiene contratado para conocer si hay hidrocarburos en las islas Canarias. Según fuentes de la petrolera, ya se perforaron 1.500 metros de los 3.100 previstos en este sondeo de investigación, 883 metros de ellos correspondientes a la lámina de agua que separa la superficie del lecho marino.
En estos últimos días la perforación se detuvo por la colocación de unas válvulas de seguridad que suponen una nueva medida de garantía añadida a las que ya tiene esta investigación. Según estas fuentes de Repsol, se están cumpliendo todos los plazos previstos en el calendario de este sondeo, por lo que a mediados de enero se podría conocer si hay petróleo o gas natural. Asimismo, Repsol destacó que los trabajos hasta la fecha están avanzando con rapidez, aunque también recordó que cuanto más profunda sea la perforación en el lecho marino también se va a ralentizar más su ritmo.
«Ridículo» para el Gobierno autonómico
El senador del Partido Popular por Tenerife, Antonio Alarcó, aseguró que la decisión del TSJC dejó «en ridículo» al Gobierno de Canarias y, a su juicio, «demuestra una vez más que el presidente Paulino Rivero está utilizando todas las vías, incluso la penal, para continuar con su batalla personal en contra del Ejecutivo central». En este sentido, Alarcó aplaudió la decisión del TSJC porque supone un «respaldo» a las actuaciones que «siempre» defendieron el Gobierno central y el Ministerio de Industria, y porque «avala» la declaración de impacto ambiental por la cual se autorizó a Repsol a realizar los sondeos.
«Los diferentes pronunciamientos jurídicos sobre este tema deberían hacer reflexionar a Rivero, pues es evidente que está mal asesorado y ya tendría que conocer que la competencia en esta materia sólo la tiene el Estado», indicó el senador popular. De igual forma, añadió que con este tema hay «mucha demagogia y manipulación», pues «el único argumento que repiten tanto los nacionalistas como los socialistas es que estos estudios supondrán una amenaza para el sector turístico, lo cual es falso», consideró aludiendo a Italia, Portugal o Noruega, «que destacan en la optimización de sus recursos naturales sin daños para su turismo«.
Asimismo, explicó que España destina en torno a un 4% de su PIB anual a importar hidrocarburos y tiene una dependencia del 99%, lo que representa una «abultada factura» para el país. «Si se confirmara la presencia de hidrocarburos en Canarias supondría una reducción de nuestra dependencia de más de 5 millones de toneladas anuales, lo que representa cubrir hasta un 10% de la demanda anual durante un período mínimo de 20 años», afirmó el popular, quien recordó que la dependencia de hidrocarburos del mundo es «muy alta», pues hasta que logre ser sustituida «pasarán, por lo menos, 35 años».
