Ingenieros Industriales piden al Gobierno un calendario en el PNIEC que garantice la estabilidad de precios en el suministro eléctrico

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Europa Press.- El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) pide al Gobierno que añada al borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) un calendario «planificado y consensuado con todos los sectores» que garantice la continuidad del suministro eléctrico y unos precios estables.

En este contexto, se ofrece al Ejecutivo para plantear alternativas que presenten mejores perspectivas de ser ejecutadas en los plazos previstos, iguales o mejores resultados en cuanto a costes y reducción de emisiones y menores riesgos de suministro. Para el colegio profesional los plazos del PNIEC son «muy ambiciosos» ya que el ritmo anual de implantación de generación eólica y solar que sería necesario «multiplica por cuatro» el del periodo de mayor crecimiento del sector.

El borrador del plan aprobado por el Gobierno el 22 de febrero y remitido a la Unión Europea contempla una «ambiciosa» transformación del sistema energético a través de la reducción de emisiones, la eficiencia energética y potenciar las energías renovables con una inversión de 236.000 millones de euros hasta 2030, lo que supone unos 23.600 millones de euros anuales, de los que el 80% será asumida por el sector privado.

El plan incluye también la disminución en un 25% de la cogeneración con gas natural, prevé el cierre de 9 centrales de carbón en 2020 y otras 5 antes de 2030 y el cierre de 4 centrales nucleares entre 2025 y 2030 y otras 3 entre 2030 y 2035. Otros aspectos del plan incluyen un importante cambio en la movilidad que plantea pasar de los 58.000 vehículos eléctricos actuales a los 5 millones en 2030.

Se necesitan renovables y almacenamiento

A este respecto, el COIIM pide este calendario “planificado y consensuado con todos los sectores» porque en función del ritmo real de cierre sería necesario sustituir entre 2020 y 2030 los 80.081 gigawatios hora al año, que dejarán de generar las centrales de carbón y las nucleares. Las nucleares proporcionan en torno al 21% de la electricidad sin emisiones de CO2. De este modo, advierten al Gobierno de que ese plan de cierre «solo sería viable» si se añaden 65.456 megawatios de generación eólica y solar, incluida la fotovoltaica y la termosolar hasta 2030 en los plazos previstos, «con suficiente capacidad» de sistemas de almacenamiento y respaldo, tanto de corta duración como de carácter estacional.

De acuerdo con los cálculos realizados por los ingenieros, el ritmo anual de instalación debería ser de 5.950 megawatios al año, lo que equivale a casi cuadriplicar la instalación en los años de mayor crecimiento (periodo entre 1998 y 2011), cuando el ritmo era de 1.600 MW/año. En cuanto a las cifras de inversión, el colegio profesional asegura que en la actualidad la inversión total al año del sector industrial en España es de 23.000 millones de euros, lo que supone el 1,9% del PIB. El nivel de inversión del sector de producción eléctrica representa el 0,3% del PIB, 3.630 millones de euros al año.

Sin embargo, la inversión anual total propuesta en el PNIEC es de 23.600 millones de euros, una cifra que en el plan para renovables, redes y electrificación es de 14.348 millones, lo que también multiplica por 4 la inversión anual del sector eléctrico. En este contexto, advierte de que el hecho de no abordar estas inversiones podría incrementar el riesgo de incumplimiento y multa por parte de la Unión Europea.

Por otro lado, además de las medidas indicadas, el Colegio ve «interesantes» otras acciones como actualizar tecnológicamente las plantas renovables existentes, aumentar las interconexiones con el resto de Europa y África, instalar nuevos bombeos en centrales hidroeléctricas existentes o repotenciarlas, aumentar la eficiencia energética de los procesos en la industria, transporte y edificación, con mejoras del aislamiento y los sistemas de climatización o la producción distribuida para favorecer la autogeneración.

Errejón propone para la Comunidad de Madrid una Vicepresidencia de Transición Ecológica y un billete integrando bicis, taxis y carsharing

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Europa Press.- El candidato de Más Madrid a la presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha lanzado el Plan V, un proyecto de desarrollo regional «verde que beneficie a la mayoría de la ciudadanía», con medidas como la creación de una Tarjeta Única de Transportes que integre plataformas de bicicletas y vehículos de alquiler, y una Vicepresidencia de Transición Ecológica.

El Plan V es una estrategia integral «para hacer de Madrid una región sostenible y ponerla a la vanguardia en materia de innovación» y cuenta con 6 ejes. El primero, de Movilidad sostenible, pretende reducir el uso del coche. Para ello apuesta por un plan de choque en Metro, «frente al maltrato al que ha sido sometido estos años», con la contratación de más personal y trenes, con un plan de eliminación de amianto, «impulsando de forma decidida la accesibilidad y asegurando la calidad del aire en andenes y estaciones».

También quiere crear una Tarjeta Única, un billete integrado que sirva como servicio monedero o servicio de postpago para todos los transportes públicos de la Comunidad de Madrid y que integre las nuevas modalidades como las plataformas de carsharing, la red regional de bicicletas e incluso el taxi. Más Madrid quiere que el uso de la bicicleta sea «un derecho, un servicio público y una pieza fundamental en la movilidad de los madrileños». «Queremos ayudar a que los municipios dispongan de redes propias de bicicletas que protagonicen la movilidad dentro de las ciudades, así como fomentar pasarelas y carriles bicis que comuniquen nuestros municipios», apunta.

Asimismo, pretende seguir el ejemplo de Madrid Central para crear «ciudades amables» e impulsar «nuevos núcleos de vida social, comunitaria y comercial alrededor de centros peatonales, fomento de los modos activos y acceso restringido de vehículos privados contaminantes«. También defiende apoyar el establecimiento de carriles Bus-VAO en las principales vías de acceso a Madrid, competencia estatal, y poner uno de estos carriles en la M-607.

Empleo verde y vivienda eficiente

Errejón quiere que Madrid se convierta en la punta de lanza de la revolución del empleo verde en España con la creación de una Agencia Regional de I+D+i. Igualmente, ve necesario actualizar la FP y orientarla a las necesidades «de una economía en transición ecológica basada en los empleos verdes», así como fomentar las renovables con una «industria de vanguardia muy competitiva». En materia de Vivienda, plantea invertir en vivienda pública y protegida e impulsar la colaboración público-privada para rehabilitar un parque edificatorio «en buena parte envejecido e ineficiente energéticamente«.

El candidato de Más Madrid propone una matriz energética «totalmente descarbonizada» en 2050 diseñando una política estratégica, con un calendario ambicioso «que combine penetración de energías renovables en todos los sectores, electrificación general y una reducción sustancial del consumo de energía mediante el ahorro y la eficiencia». «El carácter distribuido de las energías renovables supone además una oportunidad para avanzar hacia modelos energéticos más democráticos, donde la gente adopte un papel económico protagonista. Y también más justos, erradicando la pobreza energética desde el empoderamiento ciudadano que ofrece el autoconsumo«, indican.

En esta misma línea, se compromete, en caso de gobernar, a aprobar una Ley de Cambio Climático con objetivos de reducción de emisiones (50% para 2030, emisiones nulas en 2050) y de reducción de consumo de energía primaria de un 40% en 2050. Además, crearían una vicepresidencia de Transición Ecológica que supervise y coordine la labor del resto de consejerías.

También elaborarán un Plan Madre de rehabilitación y reforma integral de edificios que reduzca su consumo energético. Siguiendo el ejemplo del Ayuntamiento de Madrid, «se contratará energía eléctrica 100% renovable certificada en todos los edificios y administraciones de la Comunidad«. Errejón también desea un plan de transición de la flota pública regional a vehículos propulsados por sistemas eléctricos y nuevas tecnologías, apoyando a los municipios para que creen sus propias flotas de bicicletas eléctricas y se renueven los autobuses urbanos.

Por último, quieren crear un «cinturón verde y ecológico» en la región. «Madrid tiene una deuda con el Sur. Tenemos que reequilibrar la región poniendo el Sur en el centro de la transición ecológica y lo haremos con un Cinturón Verde. En cada localidad fomentaremos la articulación de Campus de Innovación especializados que integren innovación científica, Formación Profesional y viveros de empresas sostenibles para impulsar un nuevo modelo productivo», apuntan. Por ejemplo, en Parla estaría el campus Rehabilitación de vivienda/construcción sostenible y en Mostoles Energía.

Podemos promete un plan para reducir en un 50% la factura eléctrica y el 90% de las emisiones en 2040

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Europa Press.- Podemos ha anunciado un Plan Horizonte Verde, que forma parte de su programa electoral para las elecciones del 28 de abril, y con el que pretenden reducir la factura de la luz al 50%, una media de 400 euros por hogar, y disminuir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2040.

En este sentido, los portavoces de la formación morada, Noelia Vera y Pablo Echenique, han señalado que este Plan se basa en la proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el grupo parlamentario de Unidos Podemos presentó en el Congreso en julio de 2018. Su propuesta, según han indicado, tiene como objetivo fundamental «una transformación masiva» del sistema productivo. Echenique ha indicado, en este sentido, que quieren «reducir la producción eléctrica basada en combustibles fósiles a la mitad en una década y alcanzar el 100% de producción de energías renovables en 2040». Además, esta iniciativa incluye también un plan de rehabilitación de edificios para la eficiencia energética.

Inversión del 2,5% del PIB

Otro de los objetivos es reducir las emisiones en un 50% en 2030 y lograr llegar al 90% en 2040, respecto a las emisiones actuales. «Un ritmo que está incluso por encima de lo que en este momento está pidiendo el IPCC para estabilizar la temperatura del planeta, lo cual situaría a España en el lugar que se merece a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y las tecnologías renovables», expone Echenique.

Para la puesta en marcha de estas medidas, explica la formación, se requerirá de una «movilización sin precedentes» de todas las energías productivas e intelectuales del país mediante una inversión público-privada anual en el entorno del 2,5% del PIB español. Según reivindicó Echenique, «este nuevo modelo creará cientos de empleos de calidad, aumentará innovación, recuperará el talento migrado e iniciará una senda para competir por arriba en industria de valor añadido para competir con países como Alemania o Japón y no competir en precariedad laboral».

Ribera se muestra «satisfecha» con su gestión al frente del Ministerio para la Transición Ecológica aunque critica la herencia recibida

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Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha mostrado «moderadamente satisfecha» con su gestión al frente del departamento que ha dirigido durante los últimos 8 meses, aunque recriminó que le hubiese gustado encontrarse «con las cosas mejor hechas«.

Así lo expresó la ministra, que ha manifestado que ha sido «una pena haberse encontrado con el terreno tan embarrado y con problemas de litigiosidad tremendos que habrá que pagar». La ministra hacía mención al retraso que España ha ido acumulando en los últimos años en la transposición de las leyes en materia medioambiental en el marco de los compromisos adquiridos con la Unión Europea y cuyo incumplimiento podría derivar en futuras multas por parte de las instituciones comunitarias. En concreto, ha resaltado el problema del cierre de las centrales de carbón aún presentes en España, que tendrían que echar el cierre en 2020 salvo que contasen con «cuantiosas inversiones».

Por ello, Ribera ha defendido que la estrategia es ahora seguir el Plan Nacional de Energía y Clima (PNIEC) para el periodo 2021-2030, que pretende contar con un marco estable para la plena descarbonización de la economía en 2050, en línea con los objetivos a nivel mundial. La ministra ha recordado que este plan prevé que la factura de la luz alcance una rebaja de hasta el 12% antes de impuestos en 2030, en alusión a las críticas vertidas por el diputado del PP, Guillermo Mariscal, quien ha culpado al PSOE de la subida de la factura de la luz.

«El PSOE ha vuelto y ha vuelto a subir la factura eléctrica», ha recriminado Mariscal a la ministra, al mismo tiempo que ha reprochado al Gobierno que sus políticas energéticas «nunca piensan en los costes y en la sostenibilidad del sistema, por lo que crece la factura«. Sin embargo, Ribera ha defendido que entre marzo y mayo del 2018, antes de que el PSOE llegara al Gobierno, el precio del mercado mayorista de electricidad se incrementó en casi un 40%.

Unidos Podemos reprocha al PSOE su tardanza con la Ley de Cambio Climático y los socialistas apelan a su «calidad»

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Europa Press.- Unidos Podemos ha reprochado al Gobierno su tardanza a la hora de elaborar su Ley de Cambio climático. «Se ha perdido una legislatura», ha señalado su portavoz de Medio Ambiente, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, a quien el PSOE ha respondido apelando a la «calidad» del texto.

El grupo confederal ha llevado al Pleno del Congreso una moción en la que reclama al Gobierno objetivos más ambiciosos en su norma de cambio climático, tanto en lo que respecta a la reducción de emisiones de CO2, como en la implantación de energías renovables. La iniciativa ha sido rechazada con el voto en contra del PP y la abstención de PSOE, Ciudadanos y PNV.

López de Uralde criticó que los socialistas hayan presentado su paquete energético, en el que se incluye su ley, al acabar la legislatura. A su juicio, es «demasiado poco y demasiado tarde» para los compromisos que el Ejecutivo adquirió cuando llegó a la Moncloa. El diputado ha recordado que los impactos por este fenómeno son ya «brutales» y que la ciencia ha pedido de forma «clara y contundente» reducir las emisiones de aquí a 2030.

Evitar la celeridad al regular

Su homólogo socialista, Marc Lamuà, ha respondido a López de Uralde explicando que cuando el PSOE llegó al Gobierno se encontró con «cajones vacíos» de iniciativas del anterior Ejecutivo y decidió «arremangarse», creando las leyes que hacían falta de manera «inminente», pero «con responsabilidad» y «con la calidad que un Estado como España debe tener«. Lamuà ha denunciado que, en estos casos, es necesario evitar la «celeridad chapucera» que pueda llevar a «un resultado mediocre».

Por su parte, el PP se mostró crítico con los morados. La diputada de los populares, María Valentina Martínez, ha criticado que la moción de Unidos Podemos no plantea «alternativas» para que España «siga funcionando» con el nuevo modelo energético y sin emisiones que plantean. Así, le señala que no hay propuestas, por ejemplo, de empleo para las zonas afectadas.

Para Ciudadanos, la moción que ha presentado López de Uralde «no es de fiar» por la actitud que ha tenido el grupo confederal en otros asuntos medioambientales como el agua, en donde, según ha señalado, han actuado con «sectarismos y demagogia». Su portavoz, José Luis Martínez, se ha dirigido además a PP y PSOE para denunciar su actitud en los últimos años, que ha llevado a España a afrontar varias sanciones relacionadas con el medio ambiente en el marco internacional.

Unidos Podemos sí ha contado con el voto a favor de ERC, que se ha unido a las críticas sobre la tardanza del Gobierno y les ha reprochado que esta ley haya quedado en una «mera declaración de intenciones». También ha votado a favor de la moción PDeCAT, después de que el grupo confederal haya incluido en su texto unas enmiendas del partido independentista con medidas relacionadas con el transporte.

El Senado pide al Gobierno medidas para evitar la llegada de especies invasoras mediante plataformas petrolíferas que atracan en España

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Europa Press.- La Comisión para la Transición Ecológica del Senado acordó por unanimidad instar al Gobierno a adoptar un protocolo de actuación y medidas concretas para evitar la llegada de especies invasoras asociadas a las plataformas petrolíferas que atracan en puertos españoles.

La moción presentada por el grupo parlamentario socialista solicita al Gobierno que establezca y desarrolle protocolos para controlar y vigilar las especies exóticas asociadas a su llegada y así, reducir la amenaza que estas suponen para la biodiversidad de las aguas españolas. En su defensa, el senador Manuel Guerra ha destacado que desde 2011 aumentó el tráfico de plataformas petrolíferas en Canarias, la mayoría procedentes de zonas tropicales del Atlántico, como Brasil, el Caribe, el Golfo de Guinea, pero también del Indo-Pacífico y del Mediterráneo.

Estas plataformas, según explicó, funcionan como un arrecife artificial donde se instalan, normalmente en lugares donde no suele haber este tipo de elementos naturales, por lo que proliferan a su alrededor peces e invertebrados. En su desplazamiento, a menos de 15 kilómetros por hora, la fauna marina que crece a su alrededor se desplaza con ella y estas plataformas se convierten en una especie de hábitat que se desplaza lentamente por el océano. Esto, unido a que las aguas de Canarias han aumentado su temperatura media, podría acarrear graves consecuencias.

La propuesta, aceptada por todos los grupos, advierte al Gobierno de la «preocupante situación» que hace «necesario» establecer un protocolo de control ante la llegada de estas plataformas que favorecen el transporte de una «gran cantidad de especies invasoras», con lo que supone para la biodiversidad del medio marino y, por extensión, por su impacto negativo sobre el turismo, por lo que pide implantar medidas.

Unidos Podemos exige objetivos más ambiciosos en la Ley de Cambio Climático y hace propuestas para reformar el sector eléctrico

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Europa Press.– Unidos Podemos defiende la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico, así como otra serie de medidas para abaratar la tarifa de la luz, entre las que destaca el recorte retributivo a las empresas eléctricas y un gravamen en las centrales ya amortizadas como las hidráulicas. Asimismo, Unidos Podemos reclama al Gobierno objetivos más ambiciosos en su Ley de Cambio Climático, tanto en reducción de emisiones de CO2, como en la implantación de renovables.

El diputado de Equo, Juan López de Uralde, destaca la necesidad de establecer un objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 2030 del 35% respecto a 1990 y un objetivo del 45% del consumo de energía final mediante fuentes de energía renovables, y sin centrales nucleares. El objetivo es llegar a un escenario en 2050, con un 95% de reducción de emisiones de CO2 respecto a 1990 y un 100% del consumo de renovables, así como un 50% para el objetivo de eficiencia energética.

Equo ha calificado de «tomadura de pelo» el proyecto de ley aprobado y ha lamentado que el equipo de Ribera no avanzara lo suficiente para haber llevado una norma a tramitación al Congreso cuando, a su juicio, había tiempo. «Esperamos que la próxima legislatura podamos aprobar definitivamente una ley ambiciosa contra el cambio climático. Los ejes de nuestra propuesta los hemos recogido en esta moción», ha indicado López de Uralde. «Esperamos que cuente con un apoyo parlamentario amplio que siente las bases de un acuerdo para que salga adelante esa ley imprescindible y urgente en la próxima legislatura», ha concluido.

Propuestas para el sector eléctrico

Con una iniciativa, registrada en septiembre por los diputados Jorge Luis Bail (Podemos) y Josep Vendrell (En Comú), en plena escalada de los precios del recibo eléctrico, Unidos Podemos aboga por reformar la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, los pagos por capacidad que reciben algunas centrales por su disponibilidad y modificar el servicio de interrumpibilidad para asemejarlo a otros modelos europeos.

Otra de las propuestas pasa por una reforma del bono social para que su solicitud sea automática, que el único criterio para acceder a él sea la renta del hogar, garantice que cualquier hogar tenga acceso a un suministro esencial, se reduzca el IVA eléctrico a consumidores vulnerables y las empresas asuman su coste, de forma proporcional a su facturación. Unidos Podemos también reclama auditar los costes de todo el sistema eléctrico para determinar cuánto cuesta producir a cada tecnología, los costes asociados al transporte y la distribución y examinar también el déficit de tarifa.

Asimismo, pide cambios legales para impedir las puertas giratorias desde la gestión pública hacía las empresas energéticas, para las que también pide nuevas obligaciones con el fin de facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de las personas consumidoras. Por otro lado, exige «una reforma de calado» de la carga fiscal en el sistema eléctrico «que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética», con el fin de aumentar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental «en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con Europa, al mismo tiempo que incremente la progresividad fiscal».

El PP ve en el plan climático de Ribera un futuro con más paro, menos crecimiento y energía más cara

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Europa Press.- Mientras la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno garantizará que los turismos y vehículos comerciales nuevos que se vendan en 2040 serán 0 emisiones, aunque el Ejecutivo evita hablar de prohibiciones, el PP entiende que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) elaborado por el Ministerio supone «un paso claro a la ralentización económica, a la futura generación de desempleo y, sin lugar a dudas, a un incremento de la factura eléctrica».

Así lo auguró el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Guillermo Mariscal, quien denuncia la ausencia de «negociación» para un plan «que afecta a más de una legislatura y, probablemente, a más de una generación». El dirigente popular cree que el Gobierno es «víctima de la politización de las tecnologías» y que, por ello, plantea «la desaparición» de una energía libre de emisiones, como la nuclear, lo que, a su juicio, «contraviene» lo defendido por la Unión Europea o la Agencia Internacional de la Energía, que «abogan por su mantenimiento como energía de respaldo«.

Asimismo, ha criticado que Ribera anticipe un abaratamiento de la energía y un fortalecimiento de la industria, cuando el Gobierno «ha colaborado activamente a la salida de Alcoa y que ha propiciado un ERE en Ferroatlántica«. «Hemos escuchado ensoñaciones y cantos de sirena. Tenemos una ministra que practica una suerte de realismo mágico, que obvia y olvida los números, las cifras y las propuestas creíbles. Nos encontramos humo», señaló, acusando a Ribera de «lanzar soflamas o propaganda electoral para conseguir votos» en las próximas elecciones.

«Un ejemplo más es lo que ocurre con el diésel. Siguen sin responder qué piensan hacer en 2040, si es cierto que deben de circular los coches diésel o de gasolina, o no. Ha cambiado de opinión ya dos veces«, indicó, subrayando que el comisario europeo de Energía y Acción Climática, Miguel Arias Cañete, «la obligó a rectificar porque en Europa está prohibido prohibir tecnologías».

Ribera evita la palabra “prohibir”

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética recoge que el Gobierno adoptará las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos y destinados a usos no comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones de modo que «no más tarde de 2040 sean vehículos con emisiones de 0 gramos de dióxido de carbono (CO2) por kilómetro». Así, a partir de esa fecha no se podrán vender vehículos que emitan CO2.

«En el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, los objetivos de penetración de sistemas de movilidad descarbonizada, y parte electrificada, son importantes para 2030, pero no se incluye ningún tipo de prohibición», ha afirmado Ribera, que reivindicó que el borrador del PNIEC 2021-2030 recoge «palabra por palabra» lo que Arias Cañete propuso al Colegio de Comisarios. «Debemos garantizar que los vehículos ligeros sean 0 gramos de CO2 por kilómetro recorrido en 2040. Es muy difícil imaginar escenarios de descarbonización del sistema energético si no se presenta atención a la movilidad y creo que es importante acompañar a este proceso de transformación», ha defendido la titular para la Transición Ecológica.

Con la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el Ejecutivo pretende renovar «paulatinamente» el parque automovilístico con modelos de menores emisiones para «culminar» en 2050 con vehículos sin emisiones de CO2, así como definir un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático. El Gobierno lanzará un plan de impulso a la movilidad eléctrica con un importe total de 1.000 millones de euros entre 2021 y 2025, según las cifras recogidas en el borrador del PNIEC, que contempla que el parque español de vehículos eléctricos alcanzará 5 millones de unidades en 2030.

El gas reclama su papel

Por su parte, la Asociación Española del Gas (Sedigas) ha destacado que el gas «es una energía de presente y futuro» que ayuda a conseguir las metas fijadas por el Gobierno en su PNIEC. Sedigas reclama así que el gas renovable «debe tener un papel prominente» en la matriz energética, ya que supone un sumidero de dióxido de carbono (CO2) que sirve para restar emisiones. Por ello, Sedigas valora «positivamente» la inclusión del gas renovable en el plan, por suponer una solución «realista y técnicamente viable» para lograr una mayor eficiencia energética en la edificación.

Por otra parte, el sector gasista sí echa en falta «un gran impulso sobre la movilidad a gas», al considerar que con el gas natural vehicular se pueden reducir las emisiones de óxidos de nitrógeno en un 80% y casi la totalidad de las partículas sólidas y el azufre, además de disminuir los gases de efecto invernadero en un 20%.

Escal UGS comunica al Gobierno que el MIT y Harvard no realizaron un informe oficial sobre el almacén gasista Castor

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Europa Press.- Escal UGS presentó ante el Ministerio para la Transición Ecológica un escrito en el que comunican que el Massachusetts Institute of Technology (MIT) y la Universidad de Harvard reconocen que el informe Castor «no es un informe oficial producido o perteneciente al MIT o Harvard».

Según la empresa participada por ACS, dicho escrito «contradice» las conclusiones alcanzadas por todos los grupos de científicos que han emitido estudios al respecto, calificándolo de «erróneo y descuidado» y sus resultados de «inconscientes, contradictorios e incompatibles». Para Escal, el informe Juanes et al, en alusión a los profesores del MIT y de Harvard que habrían realizado el estudio a título personal y no en representación de sus respectivas escuelas, dice que la sismicidad ocurrió en la falla Amposta, lo que contradice las observaciones instrumentales.

Por ello, Escal UGS considera que las conclusiones de este informe «deberían haber sido sometidas a revisión independiente por parte del Ministerio antes de hacerse públicas». «A la vista de los errores, imprecisiones y de las dudas que suscita su contenido, Escal UGS considera preciso someter el mismo a un debate riguroso con participación de expertos que puedan aportar una visión más completa», señala Escal.

En mayo de 2017, el entonces ministro de Energía, Álvaro Nadal, señaló que el almacenamiento Castor no se reabriría y que su desmantelamiento se produciría tras la elaboración de «muchos estudios» que permitan descartar “ningún problema». El ministro adelantó algunos datos que se desprenden del informe que supuestamente habría sido encargado al MIT y a Harvard, el mismo que ahora Escal UGS desmiente que fuera oficial. Según explicó Nadal, este estudio relacionaba la inyección de gas realizada en la zona con la aparición de terremotos.

El PDeCAT pide a Ribera que prorrogue con otro decreto la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica

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Europa Press.- El portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano, ha reclamado al Gobierno que prorrogue con un nuevo decreto ley la suspensión del impuesto a la generación de electricidad, ya que esta exención se aprobó para 6 meses y este plazo termina en abril. Así, Campuzano ha señalado que, de lo contrario, será una «mala noticia para familias y empresas», ya que las compañías repercuten este coste, un 7% de la electricidad generada, en el recibo que paga el consumidor.