Del maná al pedrisco

El famoso informe del ácido bórico del sector energético tiene como trasfondo un contenido ideológico, que es la denominada presunta existencia de “beneficios caídos del cielo”, procedente de una visión estatalista del funcionamiento del sector energético, originario del Antiguo Régimen. Y decimos sector, porque lo que pretende un discurso así, es abolir el mercado como mecanismo de funcionamiento y asignación de recursos en el sector.

Para ello la crítica se ceba en que el mercado es “marginalista”. ¿Qué quiere decir eso? Que la última tecnología fija el precio que perciben todas las demás por los kilowatios generados. Y por su parte, a la vez, las tecnologías tienen unos costes, unas más altos y otras más bajos (nunca inexistentes, obviamente), dependiendo de muchos parámetros. Y, también cada tecnología tiene un papel en el mercado. Por ejemplo, la energía hidráulica tiene una utilización horaria muy baja (1.200 horas), dependiente de la meteorología y frente a otras que alcanzan las 8.000 horas. Se dice que es una tecnología que se utiliza para momentos “punta” de demanda.

Todos los mercados son marginalistas. Si ustedes intentan contratar un viaje a Barcelona desde que se inauguró el AVE, podrán encontrar ofertas de precio más baratas si se desplazan en el avión. Y, seguramente, ustedes no conocen el coste de un trayecto por viajero y medio de transporte (ni falta que hace, además de que dependerá de horarios y del tipo de avión, o de tren), porque cada tecnología tiene una “misión” en el sistema. Y, no se plantean si las compañías aéreas o Renfe tienen beneficios. Interesa que haya oferta y competencia para que bajen los precios de manera “natural”. Nadie tampoco puede dudar que el transporte es un servicio público, tiene un papel para el desarrollo de la sociedad y que está “regulado” administrativamente mediante un sistema lo suficientemente sofisticado de concesiones (eso no quiere decir que no requiera mejoras). Esa liberalización y mayor oferta produce beneficios para todos.

En la energía, sucede lo mismo, por ejemplo, con la extracción de petróleo. El precio del petróleo lo fija la última unidad vendida. Y es un hecho irrefutable que hay lugares dónde la extracción de petróleo cuesta un dólar y otros dónde la extracción de petróleo cuesta sesenta dólares. La oferta y la demanda van “señalando” que pozos es necesario abrir a la vista de su evolución. Cualquier intento diferente de mecanismo de determinación de precios, además de irreal, es inútil y baldío. En consecuencia, como ustedes se pueden imaginar uno no va al surtidor de gasolina y pide gasolina procedente del petróleo con menos costes. No vivimos en ese absurdo. En el caso de la electricidad, la indiferenciación del kilowatio es mucho más difícil todavía si se pretendiera.

Seguramente se pueden proferir mecanismos de justicia distributiva para evidenciar que tal medio de transporte gana más por trayecto que otro. O que en tal país o en tal pozo se gana más que en otro. Pero, la verdad, es que gracias a la oferta de los que tienen pocos costes y a la lucha de tecnologías, todos los operadores buscan maximizar su eficiencia, y en conjunto, se producen menores precios que si estuviera fijados los mismos por autoridad administrativa.

Ese es el pseudodebate absurdo generado por el informe de costes y precios de la Comisión Nacional de Energía. Se dice que hay tecnologías que “tienen menores costes” y que se benefician del precio que se forma en el mercado, porque les da “beneficios caídos del cielo (windfall profits)”. En eso, se señala a la energía hidráulica y a la nuclear. Todo ello salpimentado con suposiciones apriorísticas, información económica obviada o inexistente, incluso sin información comparativa de contraste, dado que el organismo no conoce ni los precios de los contratos de suministro de gas (tecnología que marca precios hoy en mercado y que, paradójicamente, roza la rentabilidad). Para ello vale todo, mezclar rentabilidad interna de las empresas con inversiones exteriores, contraviniendo cualquier razonamiento económico lógico.

Y, con su anómalo proceso de elaboración y transformación oficial (traslación de un artículo de un consejero en informe decorado por la Dirección de Regulación y santificación por el procedimiento de urgencia por la CNE), el informe ha supuesto una trampa fatal como lo fue el del ácido bórico. Trampa puesta al Ministerio de Industria que se ve abocado a aclarar que el Informe iría contra la propia Ley del Sector Eléctrico, además de constituirse en un serio cuestionamiento de la liberalización de los mercados y de las políticas de la Unión Europea. Por otra parte, trampa para la disposición de mecanismos de inversión que han conseguido que en los últimos años, nuestro país pasase de tener problemas de suministro a que crezca la potencia instalada en 23.000 MW, gracias al mercado. Todo ello con precios en el mercado semejantes a los europeos, con incremento de agentes ofertantes y competencia. Trampa contra la “abundancia” necesaria en los mercados y la necesidad de diversificación de la energía, que genera la mayor inversión y que provoca menores precios, menos emisiones, seguridad, garantía de suministro y bienestar social. Contra todo esto, sugerencia arbitraria de regulación de rentas, toma del frasco. Trampa que ha sido la muerte súbita y celular del propio organismo, arrostrado por sus comportamientos paradójicos, pasan de ser garantes de la legalidad vigente del mercado eléctrico a proponer su autodestrucción. Contra todo esto va ese informe.

La teoría regulatoria habla tanto de “windfall profits”, como de “windfall looses”. Es decir pérdidas caídas del cielo. Casi siempre estas pérdidas se relacionan con fenómenos adversos inesperados, la acción administrativa y del regulador. Por ello, las empresas españolas eléctricas (por cierto, altamente eficientes comparativamente con Europa) ante este panorama que ha generado su regulador (algo impensable en ningún país civilizado que masacra su sector) han sufrido los rigores de los mercados, la bolsa y los analistas internacionales, que han advertido la existencia de riesgos regulatorio provocado por una facción, los “retroprogresivos”. Tanto es así, que los elementos más razonables y de mayor experiencia del partido del gobierno se han desmarcado abiertamente de semejante barbaridad postcomunista y postfranquista.

En este sentido, el regulador, el consejo de Administración de la CNE, con la aprobación de este informe se ha convertido en el principal “windfall looses” del sector energético. Tirando piedras al cielo. Contra nuestro propio tejado. Pasar del maná divino al pedrisco devorador de las cosechas, el mercado y la inversión. El problema es que además de repercutir sobre las empresas, influye sobre la calidad y la solvencia económica de nuestro país, sobre el bienestar de la sociedad y sobre nuestra democracia.