Cuando la defensa es un ataque

Existen dos grandes bloques en la línea de defensa en las reducciones retributivas producidas en el régimen especial con motivo de la mal denominada “reforma eléctrica”. El primero, consiste en el frente judicial, basado en el ejercicio de los principios de seguridad jurídica y estabilidad regulatoria. En ese frente podemos agrupar, todos los procesos que se están produciendo en las diferentes instancias judiciales, españolas y europeas, así como los arbitrajes internacionales que hay planteados por los inversores.

En Energía Diario venimos haciendo la crónica de este proceso, así como de las argumentaciones jurídicas, económicas, financieras y de inversión existentes, además del camino que nos ha llevado a ser el primer país del mundo hoy en la Corte Internacional del CIADI por este motivo (y, todo hay que decirlo, con expectativas poco halagüeñas para el Ejecutivo español incluyendo la infructuosa búsqueda de apoyos a nivel europeo en esta cuestión para evitar los varapalos judiciales). Incluso venimos señalando como será el próximo Gobierno el que tenga que lidiar con los fracasos jurídicos que ya están casi descontados en este asunto y que el proceso que llevó a la reforma, vulnera estos principios esenciales y eso detonará la reforma (incluso a nivel nacional).

Por ello, previsiblemente es una línea que se anticipa muy efectiva a la luz de las primeras resoluciones y decisiones que se vienen conociendo. Incluso la Defensora del Pueblo ha pedido que se trasladen las decisiones judiciales de los arbitrajes a los titulares de las explotaciones que no han utilizado estos mecanismos internacionales de defensa.

Por tanto, es difícil que prosperen los mecanismos de apelación a la retórica demagógica propia de las argumentaciones de comunicación política y retórica venezolana esgrimidas para justificación del Gobierno, referentes al exceso retributivo y descontrol previo a los recortes en las renovables,  a la hora de defender cuestiones claves del estado de derecho nacional e internacional para el funcionamiento de una economía y de la actividad empresarial.

La segunda línea trata de buscar una causalidad y culpabilidad al recorte del Gobierno en términos de ‘imperativo moral’. Es el esquema argumental que sostiene Jorge Fabra en el informe encargado por Anpier, y que tiene que ver con la reclamación a partir de la invocación de transferencias de rentas entre actividades y tecnologías dentro sistema eléctrico, por otra parte, una vieja reclamación ya conocida del ex presidente de Red Eléctrica de España. Así, por un lado, Fabra niega el origen del déficit tarifario y exonera de la participación en los costes de acceso de las primas en el mismo y, por otro, al servicio de esta asociación, trata de ideologizar el problema.

El relato que trata de imponer es que el gobierno es responsable de la existencia del déficit tarifario porque, en teoría, admite la existencia de unos supuestos beneficios a unas tecnologías al existir un mercado marginalista en el que todas determinan sus ingresos por el precio de casación en el mercado en el régimen general, en lugar de, por un mecanismo discrecional de reconocimiento de costes. Y, además, niega el carácter competitivo del mercado eléctrico (de un bien indiferenciado y no almacenable) por la titularidad de los activos de cada tipo de tecnología (transferibles, en todo caso), en lugar de por el funcionamiento del propio mercado y sus resultados competitivos en términos de operadores, oferentes, oferta y demanda.

Consecuentemente, la teoría es que esos supuestos beneficios calculados grosso modo de forma estimativa, si se aplican o se detraen, en forma de transferencia de rentas, pueden ser destinados a la fijación de retribuciones discrecionales adicionales para otras tecnologías y, por ello, que las primas decididas previamente (altas, bajas o incontroladas) nada tuvieron que ver con el déficit tarifario (¡!). Es decir, bajo esta teoría, Fabra trata de argumentar que los recortes del Gobierno se basaron en un modelo de atribución de culpabilidad a las primas del propio del Ejecutivo, proponiendo el suyo alternativo y hace de la defensa un ataque.

Dentro de esa línea incorporada en la estrategia de agitación de Anpier, además de su estrategia jurídica, este informe que acaba de conocerse, en el que de forma incombustible, Fabra reexpide sus posiciones para este propósito, en realidad, ideológicamente no aporta nada nuevo. Su valor ante la CNMC, por un lado, y su virtualidad para ser invocado  ante un juez en l acuestión de los recortes retributivos, por otro, son irrelevantes.

De hecho, probablemente, la resolución del problema de los productores fotovoltaicos atrapados en la burbuja, vendrá, por la defensa jurídica de sus derechos económicos. Por eso, la reclamación de normalidad económica y financiera, por la defensa de los mecanismos de mercado y de derecho en lo empresarial, la efectividad de la argumentación basada en la estabilidad jurídica y regulatoria (algo que tampoco comparte Fabra en sus postulados), como brújula de las decisiones judiciales que se anticipan, tienen más visos de realidad y de legitimidad para los afectados.

Elcogas, mon amour

La realidad energética del verano en España se ha visto sobresaltada por la decisión de cierre de Elcogas, confirmada por su Consejo de Administración este martes. La cadena de  reacciones no se ha hecho esperar elevando, nuevamente, la temperatura en las relaciones entre el nuevo Ejecutivo castellano manchego que preside Emiliano García-Page (un gobierno del PSOE con apoyo de Podemos) y el Gobierno, con el Ministerio de Industria, enfrente.

Se suma esta polémica, a la también muy reciente (y todavía no resuelta, con los mismos protagonistas) respecto al enclave del Almacén Temporal Centralizado en Villar de Cañaas (Cuenca) y en el que la Junta está poniendo toda la carne en el asador para obstaculizar al Ministerio de Industria, echando por tierra los acuerdos previos entre socialistas y populares en esta cuestión.

La instalación de Elcogas es una de las instalaciones afectadas por el proceso de revisión retributiva instrumentado en el ámbito de la llamada “reforma eléctrica”. Elcogas viene operando desde finales de los noventa, como un ciclo combinado que funciona con carbón y con gas de  forma intercambiable, siendo una instalación que es una verdadera innovación tecnológica, teniendo carácter de no convencional en Europa.

Los críticos con este modelo señalan que se trata de una instalación demasiado grande para ser experimental, lo que encarece el riesgo, el coste y su mantenimiento, si se pretende su continuidad integrada a esos volúmenes en el sistema eléctrico.  Y, al mismo tiempo, en términos de paridad, claramente, la instalación no es competitiva a precios de mercado.

En este sentido,  parece claro que, tarde o temprano, esta contradicción tenía que resolverse de alguna manera. De hecho, periódicamente, el modelo retributivo de Elcogas era revisado por los órganos reguladores independientes para ir buscando fórmulas, absorbiendo sus pérdidas. Se acabó la clemencia.

En términos políticos, la cuestión está abierta abierta. El PSOE de Castilla-La Mancha que ha puesto la maquinaria a funcionar promoviendo a través del grupo parlamentario socialista en el Congreso para que los Presupuestos Generales del Estado 2016 reconozcan el “hecho diferencial” de Elcogas, estableciendo una retribución específica (lo que quiere decir, mejorada) y, de paso, acallar las lógicas reivindicaciones que provienen de la comarca de Puertollano.

Por su parte, el Partido Popular de Castilla-La Mancha, con sus declaraciones tampoco se lo pone bien al Gobierno, apelando al argumento de que “con Cospedal vivíamos mejor y esto no hubiera pasado”. Y, de hecho, el Ejecutivo se ha atrevido a dejar caer Elcogas, una vez que Cospedal ha dejado de ser presidenta de Castilla-La Mancha. De hecho, la ex presidenta intervino directamente con el Ministro Soria, al menos una vez, durante su mandato para evitar el cierre de la planta. Por tanto, desde las instancias políticas del Partido Popular, también se cree en el hecho diferencial mejorado.

Y, realmente, lo que falta es determinar de una forma global e integral, qué cuestiones entran en la tarifa, cuántas cuestiones se sufragan y qué tecnologías precisa nuestro país con cifras serias de evolución de la demanda, pues realmente Elcogas en términos cuantitativos es bisutería retributiva con respecto a todo lo demás. Y, por eso, bien mirado, todos los hechos diferenciales se deberían anotar desde los PGE y no desde la tarifa. Y, ahí es dónde se acaba todo el atrevimiento.

¿A dónde va el PSOE en energía?

Si unimos a esto la desconfianza del ciudadano español en el capitalismo y en los mercados, explotada políticamente cuando conviene, así como la pervivencia del modelo TSO, que une al operador de transporte y del sistema, con sus disfunciones e incentivos inversores y el clima social económico del país, se acrisola un magma pro intervencionista de primer orden en lo que se refiere al sector energético. Otra cuestión que influye decisivamente es la escasez de perfiles de profesionales y responsables políticos y de gobierno de un perfil liberal/gestor en el sector energético. En suma, esta realidad conforma un monopolio de interpretación energética en clave estatalista.

El hecho es que desde entonces, la política española, por muchos motivos, no es capaz de separarse de esta forma de acercamiento a la energía. Las propias intervenciones y actuaciones de la última Administración, del último inquilino del Ministerio de Industria también han seguido dando cuenta del papel de los precios de la energía en el debate político como elemento politizado. Véase, la suspensión de la liberalización completa pendiente en el sector eléctrico, o las revisiones metodológicas del butano, el episodio de abolición de las subastas, entre otras cuestiones relacionadas.

Puestos en estas coyunturas electorales, la evolución del PSOE en energía requiere atención en la medida de que los socialistas forman un partido que ocupó responsabilidades de gobierno. En definitiva, es preciso reconocer que el PSOE es un partido cuya naturaleza no se inscribe en el magma outsider que ha descolocado la reciente evolución de la política de nuestro país.

De ahí que la irrupción de Pedro Sánchez como secretario general del PSOE, con la entrega de su discurso y de su programa en materia de energía a los postulados ideológicos retroprogresivos, apuntan en la dirección de la interconexión política con Podemos, con el gozne necesario de Jorge Fabra y de Economistas frente a la crisis en esta materia, con el terreno abierto y entregado sin resistencias en el partido del puño y la rosa.

Sobre todo porque la partida en el proscenio socialista tiene muchos protagonistas más o menos ocultos que o bien tienen la cuestión energética en un segundo lugar, como el caso de Felipe González, o bien se acercan a Zapatero y su inoportunidad, materializada en su actitud hooligan con el almacén Castor sin reconocer el pecado original del mismo, que era lo innecesaria de tal infraestructura.

Consumada, en la práctica, la desaparición de los liberales del PSOE como Carlos Solchaga o Claudio Aranzadi, el mutis del ex ministro Miguel Sebastián, cuya última etapa se empleó en enmendar parcialmente lo hecho en los años anteriores, y los escarceos del grupo parlamentario por tener una posición digna, formada y de equilibrio entre todas las partes, hoy los socialistas son una incógnita en manos de un solo pensamiento fuerte: el intervencionismo en la energía.

Los pasos, declaraciones y programas conocidos desde Ferraz, eso sí, trazan un puente entre socialistas y Podemos en su perfil electoral. Y es que va a ser cierta la parodia de José Mota respecto a la influencia de la coleta de Pablo Iglesias en el Comité Federal de los socialistas. Eso es, energía con coleta.

Año electoral, energía barata

Una relevancia que también se ha construido como coartada para justificar un proceso continuado de intervencionismo por parte de los sucesivos gobiernos. Intervencionismo que, en el plano sectorial tiene muchas formas: fundamentalmente, en los precios y en términos de liberalización jibarizada, sobre todo en sectores como el eléctrico y el gasista, lo que en definitiva se traduce en que no es una liberalización efectiva. Además, el intervencionismo como justificación supuestamente “protectora” tiene su vis política, para bien o para mal.

Tanto es así que actualmente nos encontramos con que ninguna de las opciones políticas en liza en las próximas elecciones, por muy “liberales” que se autocalifiquen, tiene una concepción “liberal” de la energía y de sus distintos sectores. Así, en España, como últimos reductos de la extinta Junta Superior de Precios, queda el precio del butano, el del gas o del kilowatio eléctrico. Sea por desconocimiento o por temor a las críticas, la realidad política española está en esos términos y es algo a lo que hay que prestar atención.

Además, si recordamos los distintos momentos del año en que se conoce la evolución del precio de la energía, se puede encontrar una constante informativa que casi es un axioma. Si fruto de la metodología existente previamente, deviene en un previsible aumento de los precios, entonces hay escándalo asegurado en términos de comunicación política retroprogresiva. Si deviene en una disminución de los precios, el ruido mediático se desvanece y asistimos a un intento de propaganda política por parte del Gobierno.

Por ello, toda la inflación y toda la metralla que se introduce en el discurso público desde las capas más intervencionistas acerca del precio de la energía en los momentos de alza, se tratan de rentabilizar políticamente en los momentos de disminución en los que, digámoslo así, las noticias son más simpáticas y agradables. En realidad, son dos caras de la misma moneda, que incluso se retroalimentan y se necesitan.

En este sentido, el departamento que dirige José Manuel Soria se ha encontrado con unas muy favorables condiciones internacionales en el mercado del crudo, balsámico en lo que se refiere a los precios de los carburantes, gasolina y gasóleos. Soria tiene baraka en este sentido. La evolución de los precios del petróleo es tan balsámica que, en realidad, es uno de los elementos que intervienen con mayor intensidad en la recuperación de la economía española.

En lo que se refiere al butano, también influido por los precios del crudo, además ha tenido una ayuda técnica en términos de cambio de la metodología de cálculo. Y, finalmente, en lo que atañe a los precios de la electricidad, ese ligero superávit contable que acaba de anunciarse de 2014, según las últimas informaciones, parece que quiere aprovecharse para plantear una rebaja momentánea de precios de la electricidad, no vaya a ser que las condiciones atmosféricas lo impidan en su momento.

Es año electoral. Permanezcan atentos a las pantallas.

Demasiadas piezas y ninguna

En todo caso, existen tres elementos clave que están fuera de toda duda: el primero, el reconocimiento de la consideración de “no competitivo” del carbón nacional y la necesidad de ayudas para que pueda ser incluido en el mix de generación eléctrica, interponiendo como argumento el coste social para empresas y comarcas mineras por este orden; el segundo, que el impacto de esta política en un 90% se concentra en el sector eléctrico, como “canal” convertido en necesario para la instrumentación de las ayudas a este sector, dado que la producción minera va destinada en esta proporción a la generación eléctrica; y, el tercero es el olvido selectivo momentáneo de las graves irregularidades y redes clientelares que ha venido tejiendo el sector minero respecto a las ayudas, y su montante y distribución de las mismas.

De cualquier modo, sea por motivos de cohesión territorial (como los que justifican la paradigmática y paradójica política de inversión del AVE español) o de cohesión electoral, lo que queda claro es que este sistema de incentivos se incorpora en forma de costes regulados al coste del suministro por motivos políticos y, por tanto, es cargado al consumidor español en la factura eléctrica, con poca reivindicación por parte de los mismos, dada su opacidad y sus afinidades electivas por parte de sus asesores y valedores.

Puestos en ello, la estrategia seguida por los defensores de una política generosa de ayudas al carbón nacional, fundamentalmente, pertenecientes al colectivo retroprogresivo de la electricidad, ha sido el enfrentamiento más o menos abierto con otras tecnologías convencionales o incluidas en el denominado régimen general, especialmente, como enunciábamos anteriormente, con la energía nuclear y, en menor medida, con las centrales de ciclo combinado de gas, con el fin de reclamar un hueco mayor en el mercado eléctrico en el que colocar esa producción térmica por repliegue de las demás o demandar fórmulas de transferencia de rentas entre tecnologías que, según su opinión, tienen mayores márgenes.

Además, con gran habilidad, sus mismos protagonistas han combinado la defensa de estas reclamaciones sectoriales, con una expresión del concepto de independencia energética como reservas estratégicas salazaristas (que justificase ese montante de ayudas y su ‘explotación’), con la demanda de una política expansiva de crecimiento de potencia renovable de viejo cuño, es decir, con primas o mayor potencia autorizada que a su vez redujese el hueco térmico de las tecnologías convencionales. Probablemente son demasiados malabares en estos componentes, elementos y reivindicaciones para los momentos actuales.

Todo este proscenio estaría muy bien y seguiría su curso corriente, con más o menos altibajos, si no hubiéramos entrado en el terreno de la necesidad de un acuerdo a menos de cincuenta días de las elecciones autonómicas y locales. Así, las noticias respecto a la ronda de negociaciones para desenlazar el problema de las ayudas al carbón nacional es una cuestión que afecta sobre todo a las expectativas electorales, lógicamente del partido en el Gobierno, en las comunidades autónomas sobre las que se asientan las principales cuencas mineras españolas (Asturias y Castilla y León).

Consecuentemente, existe temor a la alteración de la paz social y a turbulencias de orden público, alentadas por sindicatos y empresas mineras en su reverberación de modelo vertical, máxime cuando los conflictos mineros tienen una capacidad de resonancia enorme y el Gobierno busca mostrar su cara más friendly de cara al 25 de mayo. No estaríamos hablando de una política económica socialdemócrata al uso, sino de la atención de concesiones.

En el plano técnico lo que se conoce es una propuesta, pendiente de trámite, tachada casi por todas las partes de inconcreta así como sujeta a los dictámenes de la Unión Europea en la siempre espinosa cuestión de las ayudas de Estado y de su proceso de autorización. La propuesta consiste en incluir incentivos económicos para los procesos obligatorios y necesarios de inversión para la desnitrificación de las centrales térmicas españolas, a cambio de seguir comprando carbón nacional. Laxo y sin cifras. Existe necesidad de acuerdo y de que las autoridades comunitarias lo ratifiquen. Soria no se puede permitir más bumeranes futuros, con factura revolvente.

Todo ello ocurre en un momento efervescente para el Ejecutivo, en el que los acontecimientos empiezan a ir muy deprisa al ser un año de infarto en las urnas. Primeros albores de la recuperación de la economía española, con recuperación ralentizada y a remolque de la demanda eléctrica, con sobrecapacidad. Caída de costes de tecnologías renovables que vuelven a demandar su espacio, incluyendo el autoconsumo y, a la vez, caída de los precios del crudo. Exploracionismo y proliferación de búsqueda de nuevas fuentes de energía primaria, sin conocer a qué coste: fracking, cuando estas explotaciones se ralentizan en Estados Unidos a la vista de la coyuntura internacional, exploración de hidrocarburos y, por otra parte, la autorización de la clausura de varias plantas de ciclo combinado.

Y, sobre todo, todo ello sucede sin política energética definida y en año electoral. Apostemos por la provisionalidad. Otra vez.

Viento en la cola

La primera cuestión es la existencia de un modelo basado en un proceso constante de revisión y de reajuste de magnitudes cuantitativas con el fin de recortar su montante global. En ese esquema es en el que se incluye el proceso de revisión de los costes de los sistemas extrapeninsulares en base a la evolución de los precios del petróleo del que informábamos en el pasado viernes.

En segundo lugar, tendríamos todo lo que se puede englobar en la innovación de medidas de corte fiscal o impositivo, cuya recaudación estaría dirigida a su reabsorción en el coste total del suministro. Esa sería la mecánica y la finalidad del canon hidráulico.

En todo caso, ambas medidas tienen en común algo que ya se ha acuñado respecto a la evolución de la economía española: el viento en la cola , merced a la coyuntura internacional surgida con el importante descenso de los precios del crudo al que hemos asistido, unido a la depreciación del euro. En el caso del recálculo de los costes de los sistemas extrapeninsulares, este efecto se advierte de forma directa; en el caso de la recaudación a través de figuras impositivas, por el propio crecimiento estimado de la demanda.

De esta forma se cuadran las cuentas, además de destaparse cuáles serían los instrumentos que permitían afirmar la existencia de un mínimo superávit tarifario, cómo ya se había escuchado de parte de las autoridades energéticas. Por otra parte, no todos los elementos juegan a favor de este modelo teórico, en la medida en que se introducen incertidumbres no previsibles como puedan ser las condiciones climatológicas.

En este sentido, en el caso de la electricidad, esta estrategia de coger el viento en la cola de la recuperación tiene tres fisuras. Una más estructural que, en todo caso, sería ingenuo incorporar en este tipo de análisis político táctico: inexistencia de política económica-energética, medioambiental o fiscal asociada a la energía, incluyendo el cuestionamiento continuado de la seguridad jurídica. Una fisura evidente con independencia de lo que supone fiar los comportamientos regulatorios y de política energética a condiciones exógenas.

La segunda es todo aquello asociado con los deslizamientos en los cálculos, incluyendo la materialización de la demanda o los efectos contrapuestos sobre los precios de la electricidad (precio del petróleo). Y la tercera son todas las cuestiones asociadas a la propia dinámica política, incluida la coordinación de las distintas áreas del Ejecutivo que intervienen de una u otra forma en energía (Energía, Hacienda, Economía y Presidencia del Gobierno) en un año que tendría que ser el de los bajos precios de la electricidad. Pero eso ya es otro cantar.

El corazón de la polémica

Desde hace dos semanas, las revelaciones del sumario van en aumento y el Gobierno muestra todos los tics y latiguillos que han sido recurrentes durante los dos últimos años: una gestión poco cuidadosa con la seguridad jurídica que lleva a múltiples conflictos jurídicos e internacionales, cuya resolución no augura nada bueno; una articulación de medidas poco meditada; una torva desconfianza hacia los sectores energéticos; una concepción instrumental de las empresas y de los inversores y, además, fuertes presiones a los agentes económicos.

Inscribamos en todo ello las revelaciones sobre el encargo y la elaboración de los informes de las consultoras Roland Berger y Boston Consulting Group (BCG) respecto al recorte renovable con posterioridad a la propia norma, así como las presiones del propio secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal, a las consultoras sobre el contenido de los informes, de lo que se hace eco hoy el periódico digital Voz Populi, bajo amenaza de impago de sus honorarios, y su disconformidad manifiesta con las conclusiones de estos informes. Todo esto empieza a configurar un problema político con tantos agujeros como un queso de Gruyère con el concepto de «rentabilidad razonable«.

A todo esto, hay que añadir la demora de Industria en la entrega de los informes, por pintorescas y episódicas razones como su tamaño, volumen o su dificultad de gestión de los soportes informáticos, produciendo el alargamiento de esta instrucción y, a la vez, la concentración aún mayor del foco en el conocimiento del comportamiento del regulador principal, una vez que se conociera.

Las propias asociaciones sectoriales renovables, unas con más intensidad que otras, están cargando con munición gruesa contra el Ejecutivo, realizando fúnebres campañas de publicidad, acusando al Gobierno del PP de enterrar el sector, previamente inflamado desde las políticas pasadas de la retribución y potencia instalada en forma de burbuja en determinados subsectores, cuestión que, por otra parte, no reconoce nadie.

El hecho es que actualmente existen dos líneas que convergen. Por una parte está la tendencia retroprogresiva que se ha instalado en el asesoramiento de una parte del sector fotovoltaico y renovable, con un enfoque muy agresivo y una estrategia de agitación basada en reclamar una retribución incentivadora por la vía de los subsidios cruzados procedentes de otros sectores energéticos.

Por otra parte, está la línea más empresarial, alineada con la defensa de los intereses de los inversores nacionales e internacionales, que reclama mayor seguridad jurídica. Aquí es donde se inscriben las tecnologías más penalizadas, que no han participado de la burbuja pero que han sufrido fuertes recortes, como la eólica o los productores fotovoltaicos de un perfil corporativo o ligados a fondos de inversión.

Si bien las revelaciones de estos días tienen su origen en la estrategia seguida por el segundo colectivo, las campañas publicitarias y las acciones grassroot (campañas de presión popular y en las redes) en ciertas comunidades autónomas como Murcia son atribuibles a los sectores más beligerantes.

Todas estas cuestiones coinciden, además, en un momento preelectoral en el ámbito de las comunidades autónomas y ayuntamientos, que es mucho más relevante al asunto que nos concierne de lo que pueda parecer a simple vista. La inflamación existente en ciertas regiones con las medidas instrumentadas por Nadal y Soria es extraordinariamente severa y su alcance es de mucho más espectro de lo que parece en la medida que, por ejemplo, la tecnología fotovoltaica era una de las formas de capitalismo popular surgidas en nuestro país en los últimos años. Además la actual situación de la demanda tampoco permite muchas alegrías en términos de volver a promover aumentos de potencia y concesión de nuevas autorizaciones y primas.

En definitiva, las fisuras de las medidas del Gobierno para resolver el problema del déficit tarifario están abriéndose y poniendo en evidencia que hubiera sido una solución más estable un enfoque sistémico consistente en el encapsulamiento de las primas fuera de la tarifa, junto con el resto de costes que soporta la factura eléctrica que no pertenecen al suministro, que la alambicada y apresurada articulación jurídica del concepto de «rentabilidad razonable«. Eso sí, hubiera precisado de una política integrada económica, hacendística y energética, con tiempo y negociación. Pero, seguramente, ya es demasiado tarde y todo el devenir futuro será reactivo: tapar los reveses que coseche lo realizado. El corazón de la polémica ya es político.

La noticia del año

En todo caso, su puesta en operación es una noticia largamente trabajada y larvada desde distintos Ejecutivos y desde distintas Administraciones españolas, y que ha fructificado muchos años más tarde de su propia ignición. También es cierto que, en estos últimos años, fruto de la inercia del proyecto y del cambio en la coyuntura internacional para la Unión Europea con el conflicto energético con Rusia, y con un mayor interés de las autoridades europeas, las vacilaciones y presiones internas y externas al proyecto han perdido intensidad o capacidad de obstaculización.

De hecho, en el camino recorrido hasta ahora, han existido muchos mecanismos filibusteros para poner palos en las ruedas en esta importante infraestructura. Desde el punto de vista exterior, las anteriores administraciones francesas han sido remisas y aplicaron la formidable maquinaria burocrática gala a este propósito durante años, teniendo en cuenta la propia conformación casi monopolística del sector eléctrico francés.

De este lado de la frontera, también han existido fuertes resistencias a la construcción de la infraestructura, con movimientos anti MAT en el norte de Cataluña (que, por cierto, aún no han cesado) contrarios a la puesta en funcionamiento de la misma. Incluso, a nivel institucional español, se produjo un drenaje de fondos dirigidos a esta plataforma que fueron finalmente destinados a otros menesteres, fruto de las escasas convicciones en la conformación de un sector energético «abierto» en el sentido que se entiende en el ámbito del comercio exterior.

Lo cierto es que, en estos momentos en los que existe capacidad de generación disponible, esta infraestructura puede resultar beneficiosa, tanto para los consumidores españoles como para las empresas españolas. Y, por ello, sería razonable presentarla como una consecución global, como un proyecto colectivo, de Estado y europeo, más que incardinarla en la tragedia de consumo interno de la política partidista. Por lo menos, para no perder las referencias y comprender y considerar determinados elementos institucionales propios y su valor.

Eficiencia energética: de la inanidad a la arbitrariedad

Ahora acaba de presentarse, de una forma particularmente inquietante, una nueva figura en torno a la eficiencia energética consistente en que el Gobierno giraría al cobro de unas cantidades a las empresas del sector energético constituyendo un fondo. Repasemos los principales elementos del mismo a la vista de lo conocido.

El mecanismo. Se trataría de la constitución de un fondo para la eficiencia energética, engrosado por aportaciones económicas que tendrán que efectuar las empresas (energéticas de distintos tipos) determinadas y cuantificadas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Es evidente que, desde el punto de vista de refinamiento y sofisticación del instrumento en términos fiscales, no cabe más arbitrariedad que el señalamiento directo del sujeto pasivo y de su carga fiscal en términos de cuota líquida, saltándose todos los puntos de lo que sería un análisis desde el punto de vista hacendístico, sea cual sea el objeto del impuesto y, consecuentemente, las discriminaciones que genera entre contribuyentes designados y contribuyentes no designados.

Es más, seguramente no superaría la prueba del nueve, si se exigieran los principios de objetividad, finalidad y de definición del tipo de figura tributaria (tasa, impuesto, exacción, etc…) o cuál es su objeto de gravamen (generar energía, utilizar energía, comercializar alguna fuente de energía, no ahorrar, etc…) para los sujetos pasivos que se está proponiendo con esta fórmula.

También puede ser cierto que no estamos en momentos de finuras y ortodoxias. Pero, tanto es así, que en la noticia de VozPopuli en la que se filtraba el mecanismo y sus listas se tachaba la misma de Impuesto Revolucionario. Muy gráfico el símil.

La justificación. El Gobierno basa esta propuesta de Orden Ministerial en una lectura rápida de la reciente Directiva sobre Eficiencia Energética para legitimar una transposición acelerada de la misma, de forma que se pueda «pasar la bandeja» en términos impositivos y coactivos a los agentes.

La finalidad. Entendiendo la finalidad como el destino de dichos fondos y su aplicación a efectos de acciones para mejorar la eficiencia energética, todavía no se conoce la contraparte de la acción recaudatoria, ni siquiera en una expresión incipiente o iniciática de propuesta de mecanismo que haga efectivo.

Las reacciones. Lo cierto es que las reacciones no se han hecho esperar. Por un lado, las empresas afectadas por la mal llamada «reforma eléctrica» han mostrado su malestar, dado que ya participaban por otras vías tanto en la eficiencia energética, como en la política medioambiental. Por su parte, las tecnologías renovables también han mostrado su desacuerdo.

Los agentes han conminado a la Comisión Nacional de Competencia y Mercados (CNMC) a que exprese su posición al respecto. Y, desde el punto de vista fiscal, habrá que plantearse la propia traslación fiscal a los consumidores de este nuevo gravamen.

En todo caso, vuelve a ponerse de manifiesto la necesidad de articular una fiscalidad medioambiental completa y no un conjunto de instrumentos separados, descontextualizados, sin visión global, de dudosa justificación hacendística. Una visión global en la que se comprenda el papel de las distintas industrias y también de las distintas tecnologías energéticas (primarias y finales) en las políticas consideradas de forma global y coherente para la economía española: política energética, política industrial y política medioambiental definiendo y adecuando la política fiscal y de eficiencia energética conducente a las mismas, no sólo a efectos perentorios recaudatorios.

Pero todo esto sería posible con un solo principio de partida: su existencia.

Desmontando a Nadal

Hace unas semanas, adelantó la intención del secretario de Estado (hermano de Álvaro Nadal, jefe de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno) de solicitar un puesto en alguno de los organismo económicos internacionales en los que España tiene presencia (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, etc…). Una plaza disputada y deseada para el Cuerpo de Técnicos Comerciales del Estado.

Pues bien, el digital acaba de publicar el cese de Ignacio Grangel, actual jefe de Gabinete de Nadal (y anterior jefe de Gabinete del inefable Marti Scharfhausen, que quizá haya sido el titular de la etapa más inane de la energía de ningún gobierno en España) y de enmarcarlo en la deconstrucción y narración de su salida.

En todo caso, decir que el actual secretario de Estado abandonará a final de año su puesto, no es decir mucho, toda vez que coincide con el momento en que expira la legislatura, aunque sí es una manera de decorar esta información. En la misma se afirma que se habría solicitado al actual presidente de Red Eléctrica de España, José Folgado, el acogimiento de este Abogado del Estado en el seno del operador de transporte y sistema eléctrico español.

Si analizamos los hechos colaterales, podemos ver cómo el panorama energético, con todo, no coincide con el triunfalismo del Ejecutivo y del propio Nadal en sus entrevistas televisivas. Las medidas operadas para «resolver» el déficit tarifario han perseguido su ajuste contable, más que una resolución eficaz en el marco de una política energética y de una liberalización efectiva.

Las costuras de la misma van dando señales de alarma para saltar pues, en vez de liberalizar el sector en las actividades que faltaba por abordar, disociar los costes incluidos en la tarifa que no tienen que ver con el suministro, efectuar una moratoria en toda regla de las tecnologías más onerosas, se ha producido un manoseo de la forma de facturación y recortes indiscriminados en actividades esenciales como la distribución, con fórmulas que al final no inciden en precios más bajos para los consumidores, fruto de la acumulación de costes regulados. Además, la suma de conflictos jurídicos e internacionales de la reforma no deja de crecer y se dilucidarán en el futuro. Tanto es así, que el rumor es cada vez más insistente de que los resultados de esa denominada reforma han sido muy «exiguos».

Por su parte, la espuria política de promoción de la exploración de petróleo que no ha dado resultados (espoleada desde el Gobierno en modo «fiebre del oro»), los sucesivos episodios con las subastas CESUR, interrumpibilidad, carbón, las interacciones con la CNMC, la persistencia del problema de los precios de la energía, permanentemente en el candelero por el ineficiente abordaje del mismo, la aparición de déficits latentes en butano y gas (con un desenlace previsible por comportamiento de los usuarios, pero no por ello menos sorprendente), no pueden compensar las mejores noticias de la legislatura en materia energética (la inminente puesta en operación de la interconexión eléctrica con Francia y la entrada en funcionamiento del «hub» del gas), por otra parte, cuestiones trabajadas largamente durante años con muchos renuncios y sinsabores por Gobiernos pasados, a la vez de con fuerte apoyo europeo tras las crisis con Rusia. Recuerden aquí el nombre de Mario Monti.

Todo ello nos recuerda a la película «Desmontando a Harry» (o «Deconstructing Harry», en su título original) de Woody Allen en la que se retrata la vida de Harry Block, un escritor de cierto éxito y un alto concepto de sí mismo, que ha utilizado sus experiencias vitales, sentimentales y familiares para escribirlas en sus libros con evidente molestia de los afectados. Fruto de estos comportamientos en el pasado, en el momento en que se desarrolla la acción de la película, le cuesta mucho que alguien de sus allegados le acompañe a la hora de recibir un homenaje en su Universidad y todo empieza a fallarle, por lo que emprende ese viaje de forma rocambolesca. La película, que mezcla trazos de ficción y de realidad en sus microhistorias, parte del deconstructivismo del francés Jacques Derrida, consistente en la descomposición, desde el punto de vista psicológico, en piezas menores para una mayor comprensión de las partes que integran el conjunto.

Deconstruída la realidad energética, presente y futura y puesta la lupa en cada aspecto, toda esa situación larvada y acumulada, el futuro exsecretario de Estado, la quiere observar desde otra plaza.