Llegó el momento de la responsabilidad

Como ya es público el Ministro de Industria se reunirá el próximo jueves con las empresas eléctricas a fin de tratar en común el problema del déficit tarifario, rémora nunca suficientemente valorada de la regulación nacional, que permitía no subir el precio de la electricidad de los españoles y que siguiéramos creyendo en los Reyes Magos y en un cierto providencialismo de conseguir vivir de milagro. Ilusionados con nuestra posibilidad de emular a los países con reservas de petróleo, empezábamos a pensar en la posibilidad más que remota de subvencionar la energía. Y, con empezar el año, con el crédito puesto: déficit ex ante. Vive ahora y paga después que decía aquel eslogan de Visa.

La letal combinación del fuerte alza de los precios del petróleo, la obligatoriedad del siempre postergado calendario para la liberalización de las tarifas hasta el ‘in extremis’, la crisis de los mercados financieros que ha impedido colocar un activo que es resultante de las decisiones políticas (junto a una nefasta decisión de trasladar la colocación del mismo a la CNE, además de varios cambios en su regulación, fruto de la esquizofrenia regulatoria que vivimos peligrosamente en la etapa Nieto-Clos) nos han situado al final del camino, con muy poco tiempo de reacción. Prácticamente en menos de un mes tendremos que tener una propuesta de tarifas de último recurso en el mercado eléctrico. Se acumulan 12.000 millones de euros pendientes de recuperación para las empresas y en el año 2008, esté déficit puede alcanzar los 6.000 millones.

Como si se tratara de sacar de una mentira, una verdad, la no colocación de este activo ha hecho que las empresas eléctricas tengan que mantener esta deuda en sus balances, generando una situación muy incómoda para las empresas, convertidas de facto en entidades financieras. Por otra parte, ha revelado algunos bajos instintos regulatorios tendentes a aprovechar la ocasión para intentar reducir la factura pendiente en una especie de proceso de suspensión de pagos público referido a la factura de la luz. Sería una especie de parábola del hijo pródigo, porque se ha actuado con “prodigalidad” desde las instancias públicas en lo que se refiere a un sistema de tarifas falseado (figura que claramente reconoce el ordenamiento jurídico en el caso de las personas), en la cuál, el empeño sería una especie de “cuanto peor, mejor”, para exprimir posibilidades negociadoras de todo el proceso.

En este contexto, hay que sacar conclusiones de lo que está pasando en la crisis de los mercados financieros. Hoy hacemos gala (y razonablemente) del sistema financiero español. De su ortodoxia, de su regulación y también de su competitividad. Pues seguramente de todo este proceso tendría que salir reforzado el sector energético para el futuro. El que se encuentre una solución gestionada, dialogada, completa e integral es necesario para garantizar una resolución razonable del pago del déficit acumulado, de la transición a la tarifa y la garantía del modelo de mercado y de inversión que, por un lado ha dado muestras de robustez (se han incorporado más de 23.000 MW de generación en pocos años), y por otro, nos situaba como adelantados en el proceso de liberalización en Europa (todo ello, con cada vez menos poder de mercado, más oferentes, más tecnologías).

Estamos, ante un momento trascendental e histórico en el desarrollo del sector energético y, en concreto para el sector eléctrico en España. Con problemas graves y acuciantes cuya resolución tiene que ir más allá del apremio de colocar el déficit pendiente. Es preciso un plan que aborde, tanto la gestión del déficit, la colocación de sus activos, la definición del proceso de transición a la liberalización, con las tarifas de último recurso, la adecuación de los precios de la energía a la realidad, la identificación de los costes que soporta la tarifa no relacionados con el suministro de energía y la definición del modelo de comercialización de energía, así como la articulación de los procesos transitorios que se definan. La refundación de los órganos reguladores y la función del modelo de supervisión, y todo ello, sin caer en los atajos de intentar utilizar la regulación en modo intervencionista y cortoplacista para reducir los ingresos de las empresas eléctricas, es decir, garantizando el modelo de mercado, la estabilidad regulatoria, las señales claras de mercado y de inversión. En definitiva, un modelo organizado, estable, creíble sobre la base de gestionar el presente y el futuro con responsabilidad y ortodoxia.

Miguel Sebastián tiene ante si un reto muy importante, en el que tiene que fijar su atención y desplegar toda su capacidad de negociación e interlocución, reconocida en los ámbitos empresariales. Es probablemente, la primera prueba de fuego en materia de políticas de estado a la que tiene que enfrentarse, y de su superación tendremos un fuerte refuerzo político para el ministro. En eso tiene que poner grandes dosis de atención y capacidad, frente a las dispersiones que atrae siempre la política de actos oficiales, de ideas más o menos discutibles (tarifa social, reparto de bombillas, etc…), los posibilismos (la necesidad del ahorro y la eficiencia, combinado con políticas sectoriales) y su dedicación a la macroeconomía. Ahora toca esto. Y es muy importante.