Las causas del retroceso español en renovables y acción climática

Los datos sobre la situación española en el cumplimiento de objetivos de energías renovables y en materia de lucha contra el cambio climático más que preocupantes, son decepcionantes. En este artículo enumeramos 5 motivos interrelacionados y una conclusión inquietante después de la publicación de dos informes que, de una forma u otra, propinan un severo varapalo a la política energética española (por llamarlo así) y a la acción contra el cambio climático en nuestro país.

En primer lugar, la Agencia Europea de Medio Ambiente publicó el pasado viernes un informe de seguimiento sobre la implantación de energía renovable en los países miembros, situando a España entre los 8 países que incumplen los objetivos intermedios que se autofijaron. En concreto, según este informe, el 16,27% del consumo de energía final en nuestro país provino en 2016 de fuentes renovables, cuando la planificación establecía un hito de un punto más, en concreto del 17,3%. Además, entre 2015 y 2016 el crecimiento fue inapreciable (del 16,15% al 16,27%).

Por otra parte, también recientemente publicado, España ha bajado 5 posiciones respecto al año pasado en el Índice de Acción Climática y 16 puestos respecto a 2014, cuando llegó a ocupar el puesto 22, según el informe de SEO/BirdLife, que además señala que somos «el país más vulnerable al cambio climático de Europa», anticipando, además,  el incumplimiento de los compromisos de emisiones de nuestro país. Una conclusión es evidente: se acumulan los resultados adversos de la política en materia de acción climática y en el desarrollo de energía renovable en España. La acción de nuestro país y del Ejecutivo está en entredicho. Y la pregunta es ¿cómo hemos podido llegar a esta situación, después de un inició fulgurante hasta 2012?

1.- Ese inicio fulgurante estuvo basado en un conjunto de errores regulatorios que promovían el exceso y la sobreinversión en determinadas tecnologías renovables, aún no maduras en aquel momento, cuya extensión masiva fue descontrolada. Podemos decir que el inicio estaba «dopado». Mantra que el actual equipo repite para exonerarse de la forma de actuar posterior.

2.- Después de esta fase llegó, como reacción, un salvaje ajuste de cuentas a las tecnologías, la reforma eléctrica y su concepto de rentabilidad razonable, con su fuerte revisión retributiva de las instalaciones y el frenazo a la instalación de nueva potencia. Los conflictos internacionales sobre esta cuestión dañan la credibilidad de la Administración Energética y su desenlace queda larvado.

3.- Fruto de esta reforma eléctrica, se ha producido un efecto disuasorio en el plano inversor (a nivel empresarial y financiero) por la falta de seguridad jurídica y regulatoria en nuestro país. Condiciones que el propio Ejecutivo airea en sus declaraciones, advirtiendo a los concurrentes a las recientes subastas del riesgo al que quedarían expuestos. Si a esto unimos el ejercicio solipsista de las dos últimas administraciones energéticas, sin diálogo ni negociación con los agentes sectoriales, el cóctel en el modelo de gobernanza (incluyendo el cuestionamiento de la naturaleza liberalizada de determinadas actividades) está servido.

4.- Falta planificación en la política energética, ante el proceso de transición a una economía descarbonizada, con grandes vacilaciones (por no llamar bandazos) para cuadrar con el cálculo electoral todos los impactos que tendría sobre el recibo mientras sobran los ejercicios retóricos de los programas electorales y las construcciones discursivas. Eso se aprecia en la prácticamente nula consideración del factor medioambiental en el sector del transporte y la movilidad, con una apuesta tímida respecto al coche eléctrico y sus infraestructuras y con la consideración conjunta del resto de sectores económicos.

5.- Incluso ante los compromisos preexistentes (20-20-20) de nuestro país, se ha dejado pasar el tiempo y avanzar por pura inercia, tanto en producción eléctrica mediante energías renovables como en eficiencia energética. Confiados en los resultados pasados de producción hidráulica y ante la aproximación de 2020, se han efectuado 3 subastas (diferentes en su diseño, sin calendarización de las mismas, con ilusión respecto a los plazos de sus proyectos, que puede derivar en riesgos en el grado de cumplimiento de la implantación de los proyectos resultantes al mezclar operadores expertos con agentes maverick). Todo ello con el aprovechamiento político de Rajoy anunciando las terceras subastas.

Finalmente se observa, por los países más avanzados, como el propio alineamiento de España en la escena europea en referencia a los compromisos medioambientales se aproxima más a los países escépticos que a los países convencidos en esta materia, lo cual revela la falta de convicción y cómo bascula según el momento. A la vista de todo ello, es previsible que, además, 2017 incluso pueda tener resultados peores en esta materia. Más allá de que el ministro encuentre justificaciones en la climatología (¡la pertinaz sequía!) y en las interconexiones, estos datos requieren una reacción política decidida, coherente, urgente y clara.

Entrevista con el ministro

Publica El País una entrevista con el ministro de Energía, Álvaro Nadal, realizada por Miguel Ángel Noceda. Evidentemente se trata de una entrevista ad hoc con motivo del conflicto abierto con la solicitud de cierre de las centrales de carbón por parte de sus empresas titulares, convertido actualmente en el principal caballo de batalla en el ámbito energético en España. Entrevista en la que Nadal reniega que el Decreto presentado sea una respuesta a la reciente solicitud de Iberdrola que algunos medios denominan un «reto al Gobierno» o, como diría el ministro, a la «política».

El ministro Nadal consigue colocar un titular La política energética la hace el Gobierno, no las empresas, reclamando la capacidad de la política para decidir, hacer y deshacer, vía normativa, el marco legal apelando a la «política» en el mismo sentido que utilizan Pablo Iglesias y los retroprogresivos: un modo de pensamiento que confiere todo el poder a la «política” ganadora de unas elecciones y elevada hacia el Gobierno, ante el que los agentes económicos, entre ellos las empresas, están concebidos para ser unos meros brazos armados ejecutores, más allá de su naturaleza empresarial. Potestad que emerge como una amenaza sotovoce de nacionalización de las empresas o de sus activos como han recogido ciertos medios.

Por ello, especialmente en el campo energético, sería preciso distinguir entre política (como proceso de ejercicio de autoridad en la toma de decisiones ejecutivas desde el ámbito del Gobierno, el Parlamento y los organismos reguladores), política (como conjunto de miembros de la clase política y dirigente) y políticas como definición clara de las estrategias que un país se plantea hacia el futuro para organizar una actividad, en un marco jurídico y de gobernanza compartido (en este caso, en la energía y, concretamente, en la electricidad) para conseguir el «bien común». Dicha distinción no es una cuestión menor, puesto que el ministro Nadal mezcla en sus declaraciones intencionalmente estos tres conceptos.

Partamos del hecho de que, en realidad, España no tiene políticas energéticas, que es lo que se trata. Cuestión que, evidentemente, si que le corresponde al Gobierno y, obviamente, a la representación política. Definir un marco completo y predecible dónde actúen los agentes. No tiene un esquema de transición energética, unos objetivos estratégicos de los que se deriven unos objetivos intermedios y finalistas para su consecución, con unas acciones asociadas a los mismos, y que garantice una definición, entre otras muchas cosas, del mix de generación o de los mecanismos estratégicos de potencia de reserva.

Tampoco se define el modelo de gobernanza empresarial, el modelo de mercado (de generación y de comercialización), de precios, tarifas y de competencia en las distintas actividades, el modelo de costes regulados, así como el esquema de ajuste a las directivas y directrices europeas. Por no tener, no tiene ni convicciones concretas, ni una visión integrada de todos los sectores energéticos (inclusive transporte, gas e hidrocarburos) además de evidenciar en muchas ocasiones una contraprogramación entre Energía y Medio Ambiente como se ha podido comprobar durante la reciente Cumbre de Bonn.

Tampoco existe un proceso político en su sentido estricto como mecanismo fiable de elaboración de una política energética, en el sentido de las políticas, basado en el ajuste al Derecho comunitario y al Derecho español, una traslación de los objetivos definidos de forma clara en el ámbito de dónde se ejerce la representación política, esto es en el Parlamento y, como decantación, un mecanismo transparente de estudio, análisis, participación y negociación con los agentes sectoriales.

Realmente, lo que existe en la electricidad es una tenaz lucha de sumo para el control de sus precios eléctricos a efectos de la opinión pública, con los procesos electorales en el punto de mira, que lleva a la congelación de los costes de acceso (aunque aumenten los elementos que lo conforman, como los pagos por interrumpibilidad, y se «intensifiquen» las relaciones cruzadas entre sus componentes, como en el caso de las tarifas de acceso por potencia para favorecer los «compromisos políticos» autonómicos del Ejecutivo). Y todo los demás, son expresiones ambiguas, genéricas y lugares comunes sobre el triángulo economía, medioambiente y seguridad de suministro.

Por lo demás, lo que el ministro reclama es el ejercicio de la autoridad política de forma discrecional y arbitraria, sin limitaciones.  Algo mucho más líquido, incluso en su relación con el Parlamento. Si hay que cambiar una norma previamente aprobada para absorber el déficit tarifario, se cambia, si con eso se compensan o enjuagan los costes de acceso para no subir los precios. Si hay que introducir nuevos mecanismos que afecten a la libertad de establecimiento de los agentes, se interviene. Nadal lo que quiere es una carta blanca y a todos los agentes del sistema eléctrico a su disposición. Eso es a lo que el ministro denomina «política».

El ‘fake’ del impuesto al sol y la polémica sobre la metodología de los costes de acceso

Recientemente se ha conocido como el Tribunal Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por Anpier contra el Real Decreto 900/2015 conocido como impuesto al sol y que regula el autoconsumo. La sentencia ha sido criticada en el sentido de su alineación con las tesis políticas del Gobierno y su impacto más llamativo se deriva del esclarecimiento jurídico de que el impuesto al sol como figura tributaria no existe, dado que es una contribución de este tipo de consumidores al sistema por su respaldo.

Es cierto, el impuesto al sol como tal no existe, en la misma medida que todos los costes de acceso y peajes que soporta un consumidor doméstico o industrial no son “impuestos”. Ahora, lo que sí es cierto es que es una formidable campaña de comunicación política, de creación de marcos en términos del lingüista americano Georg Lakoff, que además se vio reforzada por una importante campaña de publicidad con coches funerarios y placas solares.

Podemos decir así que ha sido la última gran campaña de comunicación y de creación de concepto mediático en el ámbito energético en la que se combinaban elementos que no podían fallar: la aversión a los impuestos (próxima al libertarismo del Tea Party incluso en el autosuministro energético), la consideración de su aplicación a un recurso natural inagotable pero no gestionable (la luz solar), tercero, el derecho a decidir la fórmula de suministro eléctrico individualmente. Si hiciéramos un paralelismo, esta idea bien podría aplicarse con relación a los impuestos que gravan la generación hidráulica y, en ese caso, no se habla de impuesto al agua o, en el caso de la producción eólica, no se habla de impuesto al viento.

El fondo de toda la controversia, eso sí, es la contribución de los autoconsumidores al sistema, que el Gobierno determinó en el decreto 900/2015 de forma que debían contribuir igualmente que un consumidor convencional. Esta solución tiene además una lógica primaria de no discriminación entre consumidores, la propia existencia de un impuesto a la generación de electricidad (del que estarían exentos los autoconsumidores) y la necesidad de que todos participen en los costes del sistema. Y, esta es la clave, el modelo español se basa en un sistema de suministro articulado que precisa unos costes para su funcionamiento (además de absorber otros que no están relacionados directamente con el suministro).

Consecuentemente, se establece que el autoconsumidor pague por los peajes de acceso a redes y demás cargos del sistema, es decir todo el término fijo de la factura con el agravante de que el Gobierno no hace pública la metodología de cálculo de los peajes. Y la clave está en esa cuantificación que sigue coagulando una liberalización completa del recibo. En realidad, esta contribución en los mismos términos que los consumidores generales (domésticos o industriales) no es una barrera o una discriminación en el sentido de ser una mayor contribución sino que, al tratarse en términos de igualdad, las cuentas del retorno de la inversión no salen para estas instalaciones.

Y la condonación de estas contribuciones lo que implicaba “de facto” es una subvención encubierta. En todo caso, lo que queda claro es que el impuesto al sol es un fake en términos informativos. La inconsistencia de la definición de esa contribución unida a la laguna existente en torno a los costes de acceso es lo que ha proporcionado munición para configurar una de las campañas de comunicación política más potente de los últimos años, nunca bien contrarrestada por una comunicación abierta, clara y pedagógica de nuestro sistema eléctrico y de los costes de acceso.

Ahora bien, en este sentido, la sentencia desmonta esta idea desde la ortodoxia jurídica y tributaria. Lo que pasa es que la aceptación e instalación social del término ya es imparable y es poco propensa a los matices, si además, en medio se trata de instrumentalizar en términos de las políticas energéticas con sus beneficiarios y perjudicados. A la vez, esa polémica y ese éxito comunicacional, de marketing energético, ha desvirtuado la cuestión mollar de la metodología de costes de acceso, verdadero punto débil de la cuantificación de esas contribuciones.

Transición energética, cogeneración y eficiencia en el XIII Congreso de Cogen España

El XIII Congreso de Cogen España uncía este martes la posición del sector de la cogeneración, con lógica y razonabilidad, al proceso de la transición energética a través de la eficiencia energética. Su lema recogía el horizonte 2020 (y más allá). Hay que puntualizar que actualmente el proceso de transición energética en España es poco más que una sucesión de elementos discursivos y prédicas pendientes aún de concretar.

Así, en términos sustantivos, a día de hoy, lo que existe es un esbozo de expresión legislativa de los trabajos preliminares que conduzcan a la elaboración de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y la puesta en funcionamiento de la Comisión recién creada a tal efecto. En paralelo, están los trabajos e iniciativas propias de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo, que son vistos de reojo según qué países, entre ellos España.

Este proceso de transición energética abierto en lo formal, las subastas que se produjeron en el ámbito de la nueva potencia renovable, el final de la etapa más aguda de la reforma eléctrica, la incipiente recuperación económica y el cambio de equipo en virtud de la nueva configuración del departamento ministerial de Energía aparecido tras la remodelación del Gobierno ha supuesto una cierta suavización, en las formas, de las relaciones con la Administración con los sectores. Son hechos que han insuflado unas ciertas y moderadas expectativas en las distintas tecnologías de generación, principalmente las renovables y las más involucradas en la mejora de la eficiencia energética. Y ese ambiente se reflejaba este martes en el Congreso de la industria cogeneradora.

El Congreso ha reivindicado la eficiencia como vector a reforzar en la transición energética. En este sentido, la cogeneración, cómo mecanismo de generación de energía asociado  a otras actividades económicas  y productivas es una tecnología que es clave y, es evidente, debe participar en ese proceso de transición energética. La cogeneración ha sido descuidada en los últimos años por las distintas Administraciones hasta llegar al momento en el que estamos, aplazándose decisiones regulatorias fruto de una política energética caracterizada por el control acuciante de los precios eléctricos, con diferente fortuna.

Distintos elementos han causado esta cierta dejación de las políticas para ganar eficiencia energética y, en este caso, de la tecnología de cogeneración. En primer lugar, su propio desconocimiento y el silencio político y mediático alrededor de esta actividad, la falta de vistosidad de estos procesos de generación asociada a otros procesos productivos principales y el mantra retroprogresivo respecto al papel de las empresas, además de la cultura inversionista frente a las de optimización de la gestión de los recursos.

Lo que sí queda pendiente es el tiempo de las concreciones: el de la necesidad de mayor seguridad jurídica en el sector, que fue reclamada por la representante de Ciudadanos; la formulación que se realizaba de subastas de capacidad por tecnología que pedía el PSOE y que obligaría a un ejercicio de mayor concreción por parte del Ejecutivo del mix de generación y sus plazos;  la plasmación de las condiciones e impulso al plan Renove que parecía apuntarse desde el PP. Lo positivo es que hay consenso por parte de los grupos políticos respecto a la importancia de la eficiencia energética y de la cogeneración.