Ribera no ve fácil que las empresas titulares de centrales nucleares pidan prorrogar su vida útil más allá de 2035

Europa Press.- La Ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, cuestionó que las empresas titulares de las centrales nucleares puedan pedir prorrogar la vida útil de estas instalaciones más allá del año 2035, ya que ello les obligaría a acometer inversiones que pondría en riesgo su rentabilidad.

«En general, cuando una empresa de estas características introduce en su calendario de actuaciones e inversiones hitos importantes, tienden a ser bastante respetuosos, y no veo fácil el que puedan acometerse cambios muy relevantes en el funcionamiento y en el calendario que están manejando», explicó la titular de Transición Energética. En su opinión, «las empresas están viendo que el volumen de inversiones que requiere acometer un nuevo ciclo en estos emplazamientos no es la solución más rentable para su objeto de negocio, que es producir electricidad». Según Ribera, «hoy existen otras tecnologías que, incluso si se acometen la inversión ex novo, resultan más competitivas en el mercado que no renovar».

En cuanto al plazo pactado con los titulares de las centrales para retrasar el cierre hasta 2035 en vez del plazo previsto en el programa electoral socialista, que fijaba la clausura a no más tardar de 2028, la ministra ha defendido el cierre «ordenado» que supone ampliar el calendario inicial. «El resultado de las conversaciones es un cierre que empieza en 2025 y termina en 2035, 10 años en los que Enresa puede operar con total tranquilidad y seguridad y en los que cada uno de los titulares de las centrales deben someter su solicitud de prórroga o cierre autorizado de la planta al CSN».

Vandellós II cerraría en 2035

Vandellós II, central nuclear situada en Tarragona donde son socios Endesa e Iberdrola con una participación del 72% de la energética dirigida por José Bogas y del 28% para la presidida por Ignacio Galán, cerrará en 2035. El protocolo firmado entre Enresa y las compañías eléctricas titulares de centrales incluye un calendario de cierre para el parque nuclear español, contemplando las clausuras ordenadas y escalonadas de los actuales 7 reactores desde 2027 (Almaraz) hasta 2035 (Trillo). De tal manera que, tras Almaraz, le tocaría el turno a Ascó I (2029) y Cofrentes (2030). En 2033 sería clausurado Ascó II y, en 2035, Vandellós y Trillo.

Este calendario establecido en el protocolo serviría para fijar la nueva tasa de gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales. No obstante, Endesa no quiere que el calendario de fechas de cierre para los distintos reactores sea algo definitivo, sino que considera que debe ser «flexible» y «orientativo». Las discrepancias entre las compañías eléctricas respecto a las nucleares surgieron en cómo afrontar su cierre. Mientras que Iberdrola y Naturgy defendían no alargarlas más allá de los 40 años, Endesa apostaba por ir más a largo plazo.

No obstante, las compañías acordaron a finales de enero un cierre ordenado para las nucleares entre ese horizonte de 2025 y 2035. El Gobierno remitió el pasado 22 de febrero a Bruselas su borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que prevé que en 2030 todavía haya operativos en el mix eléctrico algo más de 3 gigavatios (GW) de nuclear y un cierre ordenado de estas plantas por orden cronológico.

1 euro en la factura

Por otro lado, Ribera ha estimado que el fin de la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica desde abril puede suponer un alza de entre «2 o 3 puntos porcentuales», lo que representará un encarecimiento en el recibo de la luz de «entre 0,5 y 1 euro por familia«. En este sentido, Ribera señaló que el alza en la factura de la luz dependerá del precio antes de impuestos, aunque señaló que prevé que se pueda «absorber prácticamente todo el efecto de la suspensión si hay una generación renovable que permita mantener precios estables».

La ministra insistió en que el Gobierno no ha tenido margen para prorrogar esta medida, que fue adoptada el pasado octubre dentro del paquete de medidas aprobadas ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, ante la situación de final de legislatura en que se encuentra. «La razón por la que descartamos acometer una reforma en profundidad de toda la fiscalidad del sistema energético es porque no tenemos tiempo para hacerlo. Prorrogarlo supondría un decreto ley que debería ser inmediatamente convalidado por el Congreso. No tengo claro que no nos acusaran de electoralistas y haya grupos políticos que voten en contra de esa convalidación», reprochó.

Por otra parte, la titular de Transición Ecológica indicó que la Estrategia de Pobreza Energética recoge la prohibición de los cortes de suministro energético cuando haya olas de frío. «Pensamos que eso es importante, que haya unas garantías de servicios mínimos, servicios mínimos vitales que deben proteger a los consumidores en los periodos más duros del invierno«, afirmó. En este caso de la Estrategia de Pobreza Energética, Ribera sí que mostró su confianza en que contará con «un consenso importante».

Ribera calcula que el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos que elabora la empresa estatal Enresa estará listo en junio

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, calcula que el nuevo Plan General de Residuos Radiactivos «estará listo» el próximo junio. En este sentido, la ministra ha indicado que le pidió al presidente de ENRESA (la empresa estatal de residuos), José Luis Navarro, que presentara un borrador de proyecto «serio, solvente» y con todas las «variables» que exige el contexto comunitario. «Calculo que en junio eso estará listo», concretó.

Respecto a la gestión futura de los residuos nucleares asociados a la actividad de las centrales nucleares, la ministra considera necesario ser «responsable» y gestionar «de forma segura» los residuos en las condiciones que permitan «tener la tranquilidad» de que no va a haber «ningún problema», primero de forma temporal y después de manera definitiva. En cuanto al plazo pactado con los titulares de las centrales nucleares para atrasar el cierre hasta 2030 a 2035 en vez de al plazo previsto en el programa electoral socialista, que fijaba el cierre a no más tardar en 2028, la ministra reivindicó el cierre «ordenado» planificado que supone un «ligero desplazamiento hacia arriba» de la fecha de cierre.

De un día para otro

A ese respecto ha defendido que, en una «combinación de prioridades» de posicionamiento desde lo laboral a lo emocional, se cruzaban «muchas variables» y lo que ha pretendido su Ministerio ha sido «clarificar» y dar a conocer las previsiones en el «tiempo que está por venir» para asegurar el desmantelamiento nuclear con seguridad financiera y con seguridad de mantenimiento. Ribera ha recalcado que no aboga por nada en particular pero sí por «entender y anticipar» de forma transparente el tiempo que está por venir en un contexto de programa socialista que se plantea ir abandonando la energía nuclear en pro de la renovable, pero admite que «las cosas no ocurren de un día para otro«.

En cuanto al nuevo horizonte del final nuclear, de casi una década, asegura que se trata del «reconocimiento» de las propias «mochilas» del mix eléctrico español, que cuenta con centrales térmicas de carbón, «mucho» ciclo combinado, termosolares que «lo han pasado muy mal», plantas fotovoltaicas. Por ello, insistió en que con «tantas cosas» es preciso «ir ordenando la salida» y la transición con «mucho cuidado» para los titulares de las plantas, como para la red eléctrica, con los reguladores del funcionamiento del mercado y de manera «compatible» con ese estado social, democrático y de derecho.

Huelga climática de los jóvenes

Por otro lado, Ribera animó a los jóvenes españoles a sumarse y participar en la huelga climática convocada en casi un centenar de ciudades por la adolescente sueca Greta Thunberg, porque en las movilizaciones «se aprende mucho» tomando «parte activa» en los debates actuales. En este sentido, la ministra destacó que una parte de la educación y la formación tiene que ver «no con oír lecciones magistrales» sino con la reflexión en la calle, tomando «parte activa» de los debates actuales como el cambio climático.

Así, ha calificado de acción «educativa» que los chicos con capacidad de pensamiento propio se manifiesten y considera que el movimiento juvenil y estudiantil por el clima tiene una «gran trascendencia» que se hace «cada vez más presente en las calles» de Europa y España. “Los responsables políticos, empresariales e institucionales recibimos una vez más una lección en voz alta, de aquellos que están reclamando, de qué es lo que deberíamos hacer en término de cambio de nuestras agendas, cómo reordenar prioridades, cómo entender por qué importa esa agenda que no acepta más retrasos«, recalcó.

La ministra ha recalcado que se trata de la manera actual de consumir y vivir, el modo de relacionarse, la manera de repartir hipotecas y oportunidades. «Creo que es por tanto un debate de fondo que explica por qué los jóvenes salen a la calle a pedirnos cordura, inteligencia, habilidad, conciencia, acción y ética», ha enfatizado para añadir que sus reclamaciones coinciden con algunos de los ejes más importantes del Gobierno en estos 8 meses.

En definitiva, ha calificado de «esperanzador» y de «sobrecogedor» el movimiento juvenil que ha inspirado la joven sueca y le parecía «sorprendente» que un asunto como el cambio climático que «transforma tan profundamente» los elementos que se conocen como sociedad no hubieran alcanzado el «nivel de rebelión» y que los jóvenes no hubieran reaccionado «con acritud». Asimismo, ha recordado que Greta Thunberg asegura a sus mayores que son tan cobardes que no son capaces de decir a los jóvenes la dimensión real del problema que dejan. En este contexto, califica a la sociedad de «contradictorio» porque ve «sencillo» acogerse al titular de que es necesario actuar contra el cambio climático, pero cuando se entra en detalle todo es más complejo.

Ribera admite que prolongar la vida de las centrales nucleares es necesario para garantizar la seguridad de suministro eléctrico

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto a la generación eléctrica en esta legislatura y ha admitido que la ampliación del calendario para el cierre de las centrales nucleares suma a la hora de garantizar la seguridad del suministro pues supone tener «un horizonte que se conoce de antemano» y saber «cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red y la estabilidad financiera del sistema».

Así lo ha puesto de manifiesto tras la presentación del informe Legislando para una transición baja en carbono y resiliente al clima: aprendiendo de las experiencias internacionales, elaborado con la colaboración del Real Instituto Elcano y Acciona, que ha tenido lugar en la Fundación Botín, en Madrid. Según ha indicado la ministra, está «muy satisfecha» con el calendario nuevo de cierre de las centrales, que el Gobierno ha acordado con sus titulares para un periodo entre 2030 y 2035, en lugar de entre 2024 y 2028, fecha que tenía previsto el PSOE en su programa.

«Hemos hecho cosas que son muy significativas de cara a plantear esa reforma de algo tan importante como es nuestra estructura energética, eso incluye el protagonismo devuelto y, a veces, todavía sin culminar de las energías renovables, la recuperación de la confianza de los inversores y sociedad, pensando que hay un horizonte que se conoce de antemano, cuáles son las impresiones, prioridades y organización de las cosas, la estabilidad de la red, la estabilidad financiera del sistema, y la búsqueda de un calendario anticipado de aquello que sabemos que está llamado a desaparecer», ha relatado.

Así, ha puesto de ejemplo la minería del carbón, las centrales térmicas y las centrales nucleares. «Otro asunto que resultaba clave es que, a la seguridad de suministro, hay que sumar la seguridad nuclear y, dentro de la seguridad nuclear, la seguridad financiera de la seguridad nuclear«, sostiene. En este sentido, explica que las empresas titulares de las centrales tenían que tomar la decisión de si seguir operando esas centrales o «facilitar un cierre ordenado». Sobre esto último, Ribera asegura que es «bueno» poder trabajar con «suficiente anticipación», con un calendario de cierre previsible en el que se tenga en cuenta la incidencia que puede tener en el sistema eléctrico.

Para Ribera, las empresas titulares de las centrales han sido «responsables» a la hora de llegar a un acuerdo con el Gobierno para establecer ese escenario futuro de cierre, pues el debate no era «fácil», al haber «diferentes preferencias y prioridades» según la empresa y según el territorio. Por último, aseguró que será la siguiente legislatura la que tenga que resolver cuestiones «críticas» como la reforma fiscal de la energía, la reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva en un sistema energético más digitalizado.

Impuesto a la generación eléctrica

Por otro lado, la ministra ha descartado prorrogar la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación de energía eléctrica a partir de abril, ya que el actual Gobierno «no tiene capacidad de maniobra en lo que queda de legislatura» para ello. El pasado octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica.

Entonces, el Gobierno estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%. La ministra considera que esta medida forma parte de «esa cesta» de la actualización de la fiscalidad del sistema energético, que consideró que es una de las «cuestiones críticas» que quedan como tareas por realizar para una posible siguiente legislatura.

Ribera ha indicado que el Gobierno está trabajando en esta reforma fiscal, aunque señaló que «es muy complejo, ya que hay una fiscalidad cruzada, que no manda señales claras y que requiere una revisión en profundidad de qué es lo que se pretende, qué es lo que se puede hacer y cómo se acompasa en el tiempo». Junto a esta reforma fiscal, cree que será necesario abordar en el futuro una reforma del funcionamiento del mercado eléctrico y la integración de esa nueva perspectiva de un sistema energético mucho más digitalizado, «en el que el almacenamiento va a ser crítico».

Las compañías eléctricas Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP firman el protocolo con Enresa para el cierre de las centrales nucleares

Europa Press.- Las compañías energéticas Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP y la sociedad Enresa han firmado un protocolo de acuerdo para el cierre de las centrales nucleares entre 2025 y 2035. En concreto, el protocolo incluye un calendario de cierre para el parque nuclear español, contemplando las clausuras ordenadas y escalonadas de los actuales 7 reactores desde 2027 (Almaraz) hasta 2035 (Trillo).

Las discrepancias entre las tres grandes eléctricas respecto a las nucleares surgió en cómo afrontar su cierre. Mientras que Iberdrola y Naturgy defendían no alargar su vida útil más allá de los 40 años, Endesa apostaba por ir más a largo plazo. No obstante, las compañías acordaron a finales de enero un cierre ordenado para las nucleares entre ese horizonte de 2025 y 2035. El Gobierno remitió en febrero a Bruselas su borrador de Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), en el que prevé que en 2030 todavía haya operativos en el mix eléctrico español algo más de 3 gigavatios (GW) de nuclear y un cierre ordenado de estas plantas por orden cronológico.

Cierre ordenado de las centrales

De esta manera, entre 2025 y 2030 se producirían los cierres de las dos reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, llegando al periodo 2030-2035 tan sólo abiertas las centrales de Asco II, Vandellós y Trillo. A este ritmo, la vida útil de las centrales se situará en una media de unos 45-46 años. No obstante, Endesa quiere que el protocolo no recoja un calendario de fechas «definitivas» de cierre para los distintos reactores, sino que sea «flexible» y «orientativo».

Asimismo, el consejero delegado de Endesa, José Bogas, afirmó que la energética estaba «alineada» con el PNIEC aunque señaló que «nadie sabe lo que va pasar en los próximos años» e indicó que era necesario adoptar decisiones según vaya siendo una realidad en el futuro, ya que se debe ajustar bien la entrada de la nueva potencia de renovables con la salida de fuentes como el carbón y la nuclear. Endesa amortiza sus activos nucleares a los 50 años de vida útil, con un impacto en amortizaciones en sus resultados si se recorta este periodo. El calendario establecido en el protocolo debe servir para fijar la nueva tasa de gestión de los residuos radiactivos y el desmantelamiento de las centrales.

El PP presentará un recurso en el Tribunal Constitucional si la renovación del CSN se completa con el Congreso disuelto

Europa Press.- El portavoz del PP en materia de Energía, Guillermo Mariscal, ha anunciado que su formación presentará un recurso de amparo al Tribunal Constitucional si la propuesta del Gobierno para renovar el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, se completa con las cámaras disueltas y sin conseguir el aval del Congreso para sus nombramientos. La propuesta necesitaba el apoyo de tres quintos, pero el PP votó en contra mientras que Ciudadanos decidió renunciar a la votación.

«Al ser una institución el CSN con control directo por parte del Parlamento, creemos que se están violando los derechos de los diputados a elegir esos miembros», denunció el diputado popular. «Si como todo parece indicar la renovación se completara, entendemos que el Gobierno continúa con el asalto a las instituciones al nombrar estos cargos con las cámaras disueltas», insistió Mariscal. Lo cierto es que los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar el CSN no han conseguido el aval del Congreso para sus nombramientos.

Los 4 nombres propuestos para el regulador, Elvira Romera y Pilar Lucio, por parte del PSOE, José María Serena, candidato de PDecAT y Francisco Castejón de Unidos Podemos, comparecieron ante la Comisión de Transición Ecológica del Congreso que debía votar su idoneidad para el cargo. Tanto PSOE, como Unidos Podemos, PNV, ERC y Compromís ha votado a favor de esta propuesta, mientras que PP ha votado en contra y Ciudadanos abandonó la sesión antes de que se produjera la votación en protesta por el proceso de elección de este Consejo.

El PP ha explicado, a través de su portavoz Juan Juncal, que Romera y Serena sí tienen un perfil profesional. Sin embargo dudan de la «independencia» y del posible conflicto de intereses de Lucio, exportavoz socialista en esa misma comisión hace unos meses, y Castejón, portavoz de política antinuclear de Ecologistas en Acción. Los populares también reiteraron que se está «vulnerando su derecho» a la elección porque este proceso de nombramiento se va a completar con las Cortes ya disueltas.

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en esta comisión, Melisa Rodríguez, ha explicado que no ha venido a hacer política para «participar en estas cacicadas» y, aunque ha señalado que los perfiles presentados eran técnicos, cree que el nombramiento de estas personas «siempre estarán manchadas por estar puestas a dedo«. La diputada recordó que esta ha sido siempre la postura de su partido en este tipo de procesos. Así, los naranjas no participaron en la votación para el Consejo de RTVE, ni en la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Shellenberger (Environmental Progress) asegura que «el Gobierno debe prolongar la vida de las nucleares» para luchar contra el cambio climático

Europa Press.- Michael Shellenberger, fundador y presidente de Environmental Progress, ha pedido al Gobierno español que prolongue la vida de las centrales nucleares instaladas en el país en lugar de cerrarlas como medida para combatir el cambio climático. El ecologista Shellenberger dio la conferencia ¿Por qué necesitamos energía nuclear para salvar el planeta?, organizada por Foro Nuclear.

«Si el Gobierno español quiere hacer algo sobre el cambio climático, debe prolongar la operación de las centrales nucleares; entiendo que es difícil hablar de construir nuevas centrales, pero deben prolongar la vida de las que ya existen, y apostar más por las renovables, pero no cerrar las nucleares», asegura este activista estadounidense. En concreto, asegura que por cada central nuclear que se cierra, la energía que deja de producir es remplazada por combustibles fósiles. De hecho, en el caso de España, el cierre de sus plantas nucleares supondría un aumento de las emisiones que equivaldría a agregar 14 millones de vehículos a la carretera.

Shellenberger ha comparado las consecuencias de ambos tipo de producción energética. Según ha apuntado, la energía nuclear es actualmente «la forma más segura de hacer electricidad fiable» ya que los muertos por accidentes relacionados con este tipo de energía «son muy pocos» en comparación con el número de fallecidos por culpa de la contaminación que generan los combustibles fósiles. Unas 7 millones de personas mueren anualmente en todo el mundo por la contaminación atmosférica, según la OMS. Sobre esta cuestión, destacó que el accidente de Chernóbil, «fueron el pánico y el miedo, no la radiactividad, lo que causó más daño».

Pero no solo es partidario de la energía nuclear frente a la quema de combustibles fósiles. También la defiende frente a las energías renovables. Según ha expuesto, la energía solar emite 40 veces más radioactividad por unidad de energía que la nuclear, debido a la minería de tierras raras que necesitan las renovables. Por ejemplo, los materiales requeridos para construir paneles solares son «enormes», desde cemento a vidrio y acero, mientras que los aerogeneradores utilizados para la eólica «matan más personas por unidad de energía» que la nuclear, así como especies amenazadas. Además, los paneles solares producen, según señala, de 200 a 300 veces más desechos tóxicos por unidad de energía que las centrales nucleares.

«Para crear mucha energía solar y eólica, necesito cubrir mucho de la naturaleza con colectores de combustible (viento, luz solar), que están muy diluidos», añade Shellenberger, que apunta que, por ejemplo, se necesita 413 veces más tierra para la energía eólica que para la nuclear. Uno de los puntos más controvertidos de la energía nuclear es los desechos que generan las centrales. Pero para Shellenberger, el tema de los residuos «está ya controlado»: «Todos los residuos jamás producidos en la Unión Europea caben en un campo de fútbol de 15 metros». «Me preocupo como ambientalista de las enormes islas de plástico en los océanos y de la contaminación del aire, son otras formas de residuos, pero en el ambiente», expresa.

Pese a todo ello, Shellenberger, firme en defender la energía nuclear por su bajo impacto en el medio ambiente y por su bajo coste, considera que existe un «problema» que hace que ni la sociedad ni los gobiernos vean los beneficios que tiene este energía. «El problema con la nuclear es muy simple, es el pensamiento de la gente», señaló.

En concreto, menciona tres razones por las que hay un temor generalizado hacia la energía nuclear. En primer lugar, señala que hay un «desplazamiento del odio y miedo», esto es, se asocia las armas (especialmente la bomba atómica) y los gobiernos autoritarios a este tipo de energía, cuando en realidad, también defiende que las muertes violentas han disminuido desde que se desarrollaron estas armas. En segundo lugar, considera que hay un «miedo» a que la energía sea «barata», tanto que entonces habría un exceso de producción energética, lo que provocaría una «explosión» de la población. «Demasiado energía, demasiadas personas», resume.

Por último, critica el «amor a las renovables», resultado de defender la «armonización con la naturaleza», cuando él prefiere sumar un elemento más para «salvaguardar la naturaleza»: «depender menos de ella». En este sentido, ha criticado a las grandes organizaciones ecologistas que se declaran antinucleares, pues piensa que sus objetivos no están marcados «para evitar el cambio climático, sino para establecer un tipo de sociedad», cuando él defiende que no hace falta una «revolución social«.

Martí Schafhausen, presidente saliente del CSN, pide al Congreso parar los nuevos nombramientos y alerta contra el ecologista Francisco Castejón

Europa Press.- El presidente saliente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, envió una carta a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la que demandaba bloquear la renovación del regulador impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez y pactada con Unidos Podemos y PDeCAT, a la vez que alertaba contra el candidato de los morados, el ecologista Francisco Castejón.

En el escrito, Martí Scharfhausen enumera algunos de los puntos del currículum de Castejón, destacando su labor como portavoz de política antinuclear en Ecologistas en Acción y sus declaraciones «reiteradas» y «públicas» en contra de la energía nuclear y a favor del cierre de las centrales. También señala que Castejón ha asistido como representante legal de la organización ecologista a reuniones del Comité Asesor para la Información y Participación Pública sobre seguridad nuclear, en cuyas intervenciones ha «descalificado actuaciones del CSN» y algunos estudios técnicos. De hecho, explica Martí Scharfhausen, «la asociación en la que milita ha presentado demandas y denuncias» contra el regulador, «interponiendo recursos en varios ámbitos jurisdiccionales”.

Es este episodio concreto el que Martí Scharfhausen utiliza para poner en duda la legalidad de su nombramiento. Así, alude a la definición de conflicto de intereses que consta en la Ley reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración y que cita nominativamente como supuesto en el que incurre en una incompatibilidad «las personas con quien tenga una cuestión litigiosa pendiente«. «Para favorecer el máximo en las decisiones que adopte la Comisión de Transición Ecológica del Congreso, considero oportuno informar de la propuesta realizada para el nombramiento de Francisco Castejón», apunta Martí Scharfhausen.

Para Martí Scharfhausen, no es entendible «la necesidad de cursar con urgencia esas propuestas de nombramiento en las actuales circunstancias», es decir, «cuando es más que previsible que en un horizonte próximo» se produzca «una coyuntura adecuada para llevarlos a cabo con todas las garantías, que eviten posibles impugnaciones o la nulidad de actuaciones respecto de los Acuerdos del Consejo».

El portavoz de Medio Ambiente de Unidos Podemos, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, ha calificado la carta de «inaceptable» y ha acusado a Martí Scharfhausen de «tratar de influir sobre quiénes serán sus sucesores, cuestionando el derecho de una persona a ocupar un puesto sólo por ser ecologista«. En este sentido, Uralde ha recordado que Castejón tiene «sobrados conocimientos» para acceder al Consejo, ya que es doctor en física nuclear. Para el diputado, Martí Scharfhausen no está defendiendo ningún interés para el organismo o la industria, sino sólo «el interés político del PP» que es, según ha indicado, «quien le puso ahí».

La Eurocámara resolverá en breve sus decisiones sobre el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña, El Cabril y Doñana

Europa Press.- La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha acordado archivar la queja por presuntas irregularidades en el desmantelamiento de la central nuclear de Garoña que defiende el alcalde de Zamanzas (Burgos), Juan José Asensio, si bien la decisión será revisada el 20 de marzo y podría ser revocada por falta de quórum durante esta sesión.

Asensio ha expuesto la necesidad de que la Eurocámara presione a España pidiendo más información sobre el cierre de la central y ha criticado el periodo de «incertidumbre, desinformación, cambios de gobierno y retraso en los plazos» que estaban marcando el proceso. Tras escuchar al peticionario, un representante de la Comisión Europea advirtió de que con la información de que dispone no ve necesario tomar medidas en relación al cumplimiento de la directiva sobre seguridad nuclear o a la aplicación del Tratado de Euratom. Además, el funcionario comunitario ha subrayado que es la autoridad reguladora española la competente para garantizar que la seguridad de la planta cumple los requisitos europeos.

Interés en Garoña: 6 eurodiputados

Con todo, los eurodiputados han concluido que se enviará una carta a las autoridades españolas para pedir más información sobre el desmantelamiento de Garoña, pero que cerrarán la queja, por lo que no habría seguimiento. Esta decisión se ha tomado por 3 votos a favor y 3 en contra, solo había 6 diputados en la sala, por lo que no se ha formado el quórum de 12 eurodiputados que exigen las reglas del Parlamento. Por ello, Los Verdes han anunciado que pedirán la revisión de esta decisión en la próxima reunión de coordinadores del grupo, el 20 de marzo, opción que ha aceptado la presidencia de la comisión europarlamentaria tras tomar nota de las quejas expresadas por IU y EQUO.

Marina Albiol (IU), Florent Marcellesi (EQUO) y Xabier Benito (Podemos) son los tres eurodiputados que han pedido mantener abierto el caso. En sus intervenciones han denunciado «falta de información» e «irregularidades constantes» en el caso de la central burgalesa, al tiempo que han criticado a las autoridades por «anteponer» los intereses de las empresas energéticas al bienestar de la ciudadanía y el medio ambiente. En contra han votado dos eurodiputados del PP, Rosa Estaràs y Francisco José Millán Mon, y el eurodiputado eslovaco Pál Csáky, cuyo voto contabilizaba doble por ejercer en esta sesión de presidente de la comisión de Peticiones. Ningún eurodiputado del PSOE ha participado en la sesión.

Cementerio nuclear de El Cabril

Por otro lado, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decido recabar más información de parte de las autoridades españolas sobre su gestión del cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), por lo que mantendrá abiertas las quejas ciudadanas presentadas, que denuncia las prácticas para el almacenamiento y traslado de residuos nucleares en un entorno protegido por la Red Natura 2000. Los eurodiputados Albiol y Marcellesi han criticado la «opacidad» de las autoridades en este caso, llegando a pedir el eurodiputado ecologista que Bruselas sopese crear una misión más amplia para examinar la gestión nuclear en el conjunto de España.

La Comisión Europea, por su parte, ha aseverado que entiende la «preocupación» que genera este sector en la ciudadanía, al tiempo que ha explicado las obligaciones de los Estados miembros en materia de seguridad nuclear. En 2018, las autoridades españoles ya ofrecieron información sobre el tipo de residuos que se gestionan en la instalación cordobesa y sobre la seguridad a futuro, ha dicho la funcionaria.

Día 21, turno para Doñana

Asimismo, la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo votará el próximo 21 de marzo su informe sobre posibles irregularidades medioambientales en el Parque Natural de Doñana, un texto que reclama una nueva evaluación del impacto ambiental conjunto de los 4 proyectos gasísticos. El documento ha sido presentado formalmente en sesión parlamentaria, durante un breve debate que ha servido para recordar las principales conclusiones de la misión que viajó a Doñana en septiembre y adelantar las posiciones de los grupos. Esto permitirá someter al voto de la comisión europarlamentaria el texto definitivo en una sesión a solo un mes de que se disuelva la Eurocámara para las elecciones europeas de mayo, según han indicado fuentes parlamentarias.

El presidente de la delegación que viajó a Doñana, Pál Csáky, destacó los «pasos positivos» que a su juicio están danto tanto la Comisión Europea como las autoridades nacionales y locales a raíz del viaje de los eurodiputados. Entre los principales problemas que señala el informe, ha recordado Csáky, destaca la necesidad de someter a una evaluación de impacto medioambiental conjunta los proyectos gasísticos y no fragmentados como se ha hecho en el pasado. Sobre este asunto, el documento reclama el examen «combinado» de los 4 proyectos de gas (Saladillo, Marismas Occidental, Marismas Oriental y Aznalcázar) que incluya, además, una evaluación sísmica y un análisis de los efectos acumulativos y de la sinergia del proyecto.

En lo que a los proyectos de extracción y almacenamiento de gas, sin embargo, el Ejecutivo comunitario mantiene que «no ha identificado ninguna infracción a la legislación europea» por parte de España, aunque ha pedido a las autoridades nacionales que informen de «cualquier nuevo acontecimiento que pueda tener incidencia» en los proyectos referidos. Así las cosas, los eurodiputados Marina Albiol (IU) y Florent Marcellesi (EQUO) coincidieron en señalar como positivo que se presente un informe de estas características, pero han pedido más «ambición» en sus conclusiones, por lo que han apuntado enmiendas que respalden a la Comisión Europea en su recurso contra España y también que doten de mayor contundencia la exigencia de medidas correctivas.

La eurodiputada socialista Soledad Cabezón, por su parte, ha asegurado que existe «preocupación» por parte de las autoridades por Doñana, pero ha pedido «contextualizar» las amenazas que hay sobre el parque con factores externos como el impacto del cambio climático y que también se valore la necesidad de «equilibrio» entre la protección medioambiental y la estabilidad socioeconómica de la zona.

Javier Dies, consejero del CSN, defiende que su nombramiento por iniciativa del PP se realizó de acuerdo a la legislación

Europa Press.- El consejero del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Javier Dies, ha defendido tanto el proceso en que transcurrió su nombramiento así como su capacidad para el cargo en el regulador nuclear después de que el diputado de Unidos Podemos, Juan López de Uralde, dudase de la legalidad de ese procedimiento y denunciara que no hay base jurídica para retrasar la renovación del CSN, según solicita el PP, al que acusa de buscar retrasar los nombramientos.

La polémica surge después de que el Congreso haya recibido la propuesta del Gobierno de nombrar como consejeros a Elvira Romera y Pilar Lucio a propuesta del PSOE, Josep Mª Serena, a propuesta del PdeCat, y a Francisco Castejón, en representación de Unidos Podemos. Al disolverse la Cámara el 5 de marzo, no hay opción a que la Comisión para la Transición Ecológica elabore un escrito razonado pronunciándose sobre los nombramientos. En este contexto, Uralde comparó esta situación con el proceso de nombramiento de Javier Dies, quien no logró el respaldo de tres quintos exigidos.

Tras las críticas y comparaciones, el consejero «puntualiza» que su propuesta como candidato se aprobó el 11 de septiembre de 2015 y que se comunicó al Congreso de los Diputados 3 días después. De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de creación del CSN, el Gobierno nombrará a la persona propuesta para el cargo después de su comparecencia en Comisión en el Congreso tras el acuerdo de tres quintos de sus miembros, que manifestarán su aceptación o veto razonado en el plazo de un mes desde que se reciba la comunicación del Gobierno.

Si pasado un mes el Congreso no se ha manifestado de forma expresa, entonces se entenderá que los nombramientos son aceptados. Díes recuerda que tanto su comparecencia como la votación en la Comisión parlamentaria se realizó el 29 de septiembre por 23 votos a favor, 4 en contra y 12 abstenciones. Finalmente, su nombramiento fue aprobado por el Consejo de Ministros el 16 de octubre posterior. Dies defiende así que el tiempo que transcurrió desde la comunicación al Congreso hasta su nombramiento fue de «un mes natural más dos días» de acuerdo con la ley.

El consejero sustituyó a Antonio Gurguí, quien había sido propuesto por el extinto CiU y que finalizó su responsabilidad 7 meses después de que venciera su nombramiento. Con su nombramiento, el consejo del regulador nuclear, que cuenta con 5 consejeros, pasó a estar compuesto por 3 consejeros (incluido el presidente) propuestos por el PP, Fernando Marti, Fernando Castellón y el propio Dies, y otros dos propuestos por el PSOE, entonces Cristina Narbona y Rosario Velasco.

El consejero Javier Dies es doctor Ingeniero Industrial y Catedrático de Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Cataluña, desde donde ha coordinado el grupo de investigación de ingeniería nuclear, ha sido vicepresidente de la European Nuclear Education Network (ENEN) desde el año 2013 al 2016 y ha colaborado en 13 misiones de la Organización Internacional de Energía Atómica. Entre 2004 y 2005 fue secretario de la Cátedra Argos de Seguridad Nuclear auspiciada por el Consejo de Seguridad Nuclear, y subdirector de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona de 1995 a 2002.

La central nuclear de Trillo cerró 2018 con 8.267 GWh producidos, cumpliendo 30 años y operando «de forma estable»

Europa Press.- El director de la central nuclear de Trillo, Javier Vallejo, hizo balance de actividad del segundo semestre de 2018, apuntando a que la producción total del ejercicio ha sido de 8.267 GWh, 4.372 de ellos en la segunda mitad del año. Desde el 23 de mayo de 1988, la central ha estado 236.985 horas conectada a la red, con una energía bruta producida de 247.292 MWh.

En el resumen de actividades de 2018, Vallejo ha introducido el relevo al frente de la dirección, que ahora recae en su persona tras la salida de Aquilino Rodríguez. La próxima recarga de combustible, programada para el próximo 10 de mayo, durará 29 días y será la 31ª desde que la central opera. Se sustituirán 40 elementos combustibles y se aprovechará para inspeccionar sellos y cojinete radial inferior en una bomba principal. Servirá igualmente para sustituir dos dedos en lanzas de instrumentación nuclear interna, se realizará una prueba de capacidad en baterías y se hará una revisión eléctrica y mecánica.

Dosis de radiación “muy baja”

La dosis colectiva recibida, suma de las dosis externas e internas de cuerpo entero recibidas por el personal, ha arrojado un resultado de 284,48 mSv por persona, según Vallejo, quien ha dicho que es una ración muy baja», incluso «la más baja de la historia». Los residuos generados en la operación, mantenimiento y modificaciones de la instalación se han optimizado, y han alcanzado los 81,40 metros cúbicos. Además, se han retirado 26,40 metros cúbicos. En la última recarga de combustible se reemplazaron 36 elementos combustibles, y en 2018 se iniciaron las modificaciones de diseño necesarias en la planta. Fue en diciembre cuando se efectuó la carga de 2 nuevos contenedores.

Vallejo ha puesto en valor que no ha habido ningún informe de suceso notificable en el segundo semestre. Sí que hubo dos en el primer semestre, uno relativo al arranque de un generador diésel. La planta ha superado su evaluación ambiental, y en cuanto al Plan de Vigilancia Radiológica Ambiental exigido por el CSN, se ha superado igualmente de «forma satisfactoria». Preguntado por la convocatoria de elecciones y la futura formación de un nuevo Gobierno, ha pedido al nuevo Ejecutivo que deje a la central de Trillo «seguir operando y actualizando la central» como se ha venido haciendo hasta ahora.