El silencio de los consumidores

La polvareda en torno al nombramiento de Juan Lasala como consejero delegado de Red Eléctrica no ha cesado en estos días. La comunicación articulada desde la compañía informando de que  esta decisión se inscribía en una mayor profesionalización de la compañía ha dejado tras de sí un reguero de interpretaciones´en una empresa, por otra parte, muy profesionalizada desde el punto de sus servicios técnicos.

Profesionalización; ¿se refiere a despolitización por la cabeza en el sistema de turnos instrumentado por populares y socialistas?. O profesionalización se refiere al incremento del poder de lo financiero en la compañía como garantía de las inversiones técnicas que tiene previsto realizar: es decir, la posible creciente posición de los inversores institucionales en la compañía al calor de la retribución y de las inversiones reguladas (más de 4.700 millones, criticadas vanamente por la CNMC). La evolución en Bolsa lo confirma.

De hecho, se puede recordar la intervención en aquella jornada de IESE al alimón de Luis Atienza y de Antoni Llardén respecto al papel de los TSO gasista y eléctrico español en la realización de inversiones, como contribución a la salida de la crisis económica. Sólo ha cambiado uno de sus protagonistas; el discurso no.

Los consumidores domésticos asisten a todo este proceso de forma silente. Las inversiones reguladas de hoy serán los costes de acceso de mañana. Con la propia mentalidad española favorecedora de las empresas públicas, aunque estén participadas por inversores privados,  la atención de los consumidores a las pretensiones de inversión en activos regulados pagaderos por la tarifa y, por tanto, por la factura pueden pasar inadvertidos.

Del mismo modo los consumidores tienen otra tesitura añadida, la del autoconsumo, que pasa a ser un dilema del prisionero, cierto para los primeros. O bien todos los consumidores lo son en términos de igualdad y neutralidad, o bien se reivindica un tipo de discriminación positiva para incentivar sectores productivos. Aquí opera la teoría de la manta, es decir, cuanto más se tapa uno la boca, más se le salen los pies. Y, evidentemente,  consumidor que sale del sistema de suministro eléctrico, si se cumple la pretensión de evitar su participación en los costes regulados, sería un consumidor que aumenta la carga para el resto.

Consecuencia. Se advierte una cierta fatiga del discurso historicista/nostálgico en España en lo que se refiere a la energía (versión retroprogresiva promoviendo un sistema de retribución regulada administrada) y una necesidad de regeneración hacia la realidad financiera actual y sus riesgos para consumidores domésticos e industriales sobre sus costes actuales y futuros en términos de certeza. Salvo que se acaben nuevamente en los procesos de solicitud de subsidios cruzados y sea un eterno deja vu.

¿Qué hay en juego en la retribución de la distribución?

La CNE, unos minutos antes de celebrar su conocida Copa de Navidad, decidió dar marcha atrás a la propuesta de retribución de la distribución, que resultaba subsumida en las tarifas, fruto de la aplicación del Modelo de Red de Referencia que este organismo ha venido elaborando desde hace años. El Modelo de Red de Referencia es un artefacto cuya utilización unívoca para fijar la retribución de la distribución es plenamente cuestionable. Primero, porque se había hecho sin contrastación masiva, sistemática, generalizada con la realidad, con las empresas y con las inversiones que se les requieren desde las Comunidades Autónomas. Segundo, porque un modelo es eso, un modelo, una reducción de la realidad, al igual que un mapa no es el territorio que representa salvo que se haga en escala 1:1 (lo que deja de ser un mapa) y, por ello, los modelos deben ser contrastados y corregidos. En este sentido, no era de recibo que solamente se hubieran hecho estas pruebas y contrastes con una empresa, cuyas demarcaciones se circunscriben a dos Comunidades Autónomas uniprovinciales (Asturias y Cantabria y no completas).

Por otra parte, no deja de resultar inquietante plantearse cómo se fraguó el acuerdo correspondiente a las cifras de la distribución que se incluyeron inicialmente en la Tarifa y si ha sido fruto del escándalo esta revisión, cuando parecía que el cochino se había quedado encerrado en tablas. Habrá que plantearse, en todo caso, la responsabilidad de los servicios y del Consejo, así como la dirección de los trabajos conducentes al Modelo y al acuerdo para 2009 y 2010 que sustituía las cifras provisionales.

Así, hay que saludar la decisión de que la retribución de la distribución aprobada hace unos días (la revisión para 2009 y la propuesta para 2010), vuelva a ser provisional y recalculada con sosiego y se convierta en definitiva, una vez que se produzca la contrastación de los resultados del modelo con la realidad. Tal y como venía recogiendo Energía Diario, éste era uno de los temas más candentes para el sector en estos momentos en que, en el fondo, están en jaque muchas cuestiones trascendentales para el sector energético.

Hay que señalar y hacer un pequeño recordatorio de que la distribución ha sido durante largo tiempo la gran olvidada de la regulación energética en España. A principios del año 2009 entró en vigor una nueva forma retributiva que incorporaba dos elementos: retribución de inversiones e incentivos a la calidad, con el matiz de que en la ordenación de las inversiones tienen mucho que ver las Comunidades Autónomas. Por tanto, lo que sí parece claro es que las distintas instituciones, organismos, empresas e instancias que participan en las decisiones de inversión tenían información asimétrica a la hora de tomar sus decisiones. Algo que en el medio y largo plazo se podía pagar con una retracción severa de la inversión en las redes y podía volver a colocar en el ostracismo más absoluto esta actividad, también clave en el sistema eléctrico.

Un modelo regulatorio global en distribución que parecía concitar el acuerdo de todos, pero que mal acabado, mal terminado podría llevar al traste una buena idea (el problema general de la regulación energética es ése: buenos marcos generales regulatorios de partida, malos acabados al final). Es decir, la gestión asociada posterior: la puesta en funcionamiento de un Modelo de Red de Referencia, utilización apresurada y sin contraste del mismo, asunción de sus resultados, a pies juntillas, sin mácula, se podían convertir, primero, en una forma de harakiri del propio modelo impulsado por la CNE y, yendo más allá, de la resolución regulatoria tanto tiempo esperada de la distribución. En todo caso, visto está que hay que seguir con mayor minuciosidad todos los pasos.

El problema es que la distribución afecta a la calidad del suministro que recibe y percibe el ciudadano, es la última milla. Por todo ello y por las propias competencias transferidas a las Comunidades Autónomas, sus responsabilidades y su cercanía con el ciudadano, se desató una tormenta el pasado lunes en el Consejo Consultivo, que ha acabado de esta forma. En realidad, se produjo, cuando se dieron cuenta de lo que estaba pasando y se llevaron las manos a la cabeza, puesto que suponía el traspaso de un problema en plan patata caliente más tarde o más temprano.

En la Copa de Navidad, tras esta marcha atrás en lo dicho hace unos días, y con una sensación densa de provisionalidad (consejeros demorados, Ley de Economía Sostenible como espada de Damocles, sin Disposición Transitoria en la reducción balsámica del Consejo y trabajos de recolocación iniciados), al parecer varios Consejeros, incluso la Presidenta (tras su alocución, siempre particular, a los profesionales y directivos del organismo), en algún momento, pasaron la bandeja a los asistentes. Ya son un modelo de referencia.

¿La CNC contra el aumento de la generación de electricidad mediante carbón nacional?

Al final, la Comisión Nacional de Competencia (CNC) ha expresado cierta disconformidad con el nuevo y polémico Real Decreto para impulsar la generación de electricidad mediante la quema del carbón nacional y todas sus consecuencias de distorsión del mercado, más emisiones contaminantes, expulsión de tecnologías de generación, incremento y desestabilización tarifaria para los consumidores, desequilibrio financiero para la colocación del déficit y, por si fuera poco, previsible conflicto con las autoridades de competencia comunitarias por su más que probable consideración como ayudas de Estado, además del despropósito generalizado que supone si se profundiza en la cuestión, incluyendo la ruptura del mercado eléctrico. Un poco diluido eso sí.

En todo caso, la CNC ha hecho esta crítica, modelo árbitro que compensa penalties, dentro de su posición referida a las distorsiones que provoca la política de primas a las renovables (que tiene una parte regulatoria, otra retributiva, otra distributiva y otra de administración y calendarización, tan importantes y distorsionadotas, que habría que estudiar cada una por separado), como se ha podido ver con el nuevo Prometeo: la termosolar. De hecho, el Informe del regulador destaca por incoherente la política de impulso a las renovables y, simultáneamente, el apoyo para incrementar la generación mediante carbón. Y, por otra parte, señala que en el caso de determinadas tecnologías renovables el impulso económico podría haber sido excesivo. Habría que analizar qué parte de cada uno de los aspectos anteriores ha sido el responsable.

En todo caso, la crítica de la CNC a estas dos cuestiones, y en especial a la del carbón, se realiza en genérico en la medida que lo ha hecho por una vía indirecta e incidental, un poco traída por los pelos: la inclusión de esta referencia en el Informe relativo al proyecto de Real Decreto Ómnibus derivado de la ley paraguas que adapta la Directiva de Servicios al Sector Eléctrico, bajo el epígrafe «La política de ayudas a determinadas tecnologías de producción».

En realidad, dicho Real Decreto repasa la normativa actualmente existente en este sector y, dado que esta normativa está en fase de elaboración e informe, «la referencia es líquida», como dice el sociólogo Zygmund Bruman. De hecho, se podría decir que tiene carácter de pronunciamiento gestual, un poco para que no se diga qué no se ha dicho. En todo caso, y a pesar de todas sus matizaciones y de la sordina empleada, es razonable aplaudir este posicionamiento colateral, tibio, que se desearía más expreso y firme y dotado de toda la carga «viral» que tiene el organismo hoy respeto de los sectores empresariales a los que fustiga con fruición.

En todo caso, no se sabe si esta posición ha sido motivada por el escándalo montado (hay varias campañas en internet desatadas al respecto), los ecologistas más genuinos están de pies en pared, porque es insoportablemente presentable la medida, por todo lo que se ha destapado en el trámite en la Comisión Nacional de Energía (CNE), por que esto acabe en Europa sin que la Comisión Nacional de Competencia haya dicho esta boca es mía o por aumentar el carácter legendario de sus actuaciones más recientes, aunque no ha tenido tanta repercusión como tienen otras iniciativas recientes.

Lo dicho, interprétenlo como quieran, pero se echaría en falta una posición más expresa en una cuestión de repercusiones tan profundas para el mercado y el funcionamiento eficiente del sector eléctrico. Porque según se puede leer, la CNC está en contra de esta forma de aumentar la producción de energía eléctrica mediante carbón nacional, al menos por coherencia con el impulso de las renovables. O eso parece.

La posición engañosa de la CNE sobre el carbón nacional y el Ministro que entrega el carné de Greenpeace

Todos los medios de comunicación recogen hoy la posición de la Comisión Nacional de Energía respecto al decreto del carbón nacional, en términos cuasi laudatorios, cuestión que merece un análisis más o menos detallado. Las conclusiones del posicionamiento de la CNE respecto del Real Decreto, según lo que se ha podido conocer y a falta del Informe del organismo: no censura la medida, crítica al mecanismo previsto por el Gobierno «con el fin de minimizar su efecto» y también formula varias propuestas alternativas entre las que figura la sugerencia de un sistema de primas para el carbón nacional autóctono. En todo caso, una vez conocidos los Informes y los votos particulares, será cuestión de analizarlos con mayor profundidad.

Lo que sí parece claro es que hay un eje que no cuestiona el Consejo de Administración de la CNE y es la medida en sí: la potenciación de la generación de electricidad mediante carbón nacional a través del sector eléctrico y la ruptura del mercado eléctrico. Verdadero quiz de la cuestión. Nunca el colectivo retroprogresivo de la energía se habría cobrado una pieza tal como el Real Decreto ideado para fomentar la generación de electricidad a partir de la quema a todo trapo de carbón nacional, por tratarse de un «recurso estratégico» y por estar requerido a insuflar más pasta a este sector con cargo al sistema eléctrico, a la tarifa y a los consumidores. Por eso se le ha dado una denominación tan eufemística como procedimiento de resolución de restricciones técnicas por motivos de garantía de suministro.

En el fondo, la ruptura del mercado eléctrico, su seccionamiento, su troceamiento, su jibarización son pretensiones continuadas de quienes no han aceptado el modelo de liberalización del sector eléctrico desde 1998. Y son conocedores de que este Real Decreto supone una vía de agua, un mecanismo de voladura del proceso de liberalización por la acción de un Ejecutivo que gestiona mal las presiones, en una concepción latina en términos de subvenciones cruzadas de unos sectores hacia otros, aunque alteren el funcionamiento racional de los mercados, de la economía y de la energía.

Da igual que sea una medida que supone el aumento de la tarifa eléctrica (cosa que el organismo señala, preparándonos), que aumente la generación de emisiones efecto invernadero, que trastorne la política energética y medioambiental, que suponga el harakiri a las propias funciones de salvaguarda del mercado que tiene encomendadas este organismo regulador. Da igual que sea difícilmente sostenible desde el punto de vista económico y de garantía de suministro (como se pretende bautizar) y que, por otra parte, sea extremadamente difícil que soporte la prueba del nueve de la Unión Europea, en lo que se refiere a su consideración de ayudas de Estado.

Por eso, ayer el Consejo de Administración de la CNE en funciones aprobó un Informe cuidadosamente crítico, cuidadosamente condescendiente con una medida muy dudosa, criticable, ineficiente y cara. Todo ello bajo el influjo de posiciones antimercado y retroprogresivas que ha venido emitiendo el organismo y que no son ninguna novedad. Y, de paso, de rondón, se da un estacazo al mercado eléctrico.

Mientras, Miguel Sebastián, que sólo ha hecho lo que le dicen en este caso, se da de baja de Greenpeace, y pierde/entrega el carné de ecologista. Lo hace por las críticas que recibe de la organización ecologista dada su política energética y la política ambiental asociada, de tener esa consideración, una y otra. ¿Qué culpa tienen Sebastián y Greenpeace de todo esto? En todo caso, el Ministro haría bien en pensarse más esta decisión. Y la otra, porque los miembros de la CNE seguro que no entregan el carné. Al menos ése.

El porvenir no existe o el procedimiento de dar la vez

En estas que estábamos con la propuesta para aumentar la generación de electricidad mediante carbón nacional, cuando conocemos que se va a arbitrar un mecanismo para drenar el importante embolsamiento generado por el Registro implantado del Real Decreto Ley 6/2009 en las energías de régimen especial, fórmula que se ha hecho extensiva a todas las tecnologías renovables, inspirada en la solución adoptada en su momento para la industria fotovoltaica (R.D. 1578/2008) y cuyos resultados están siendo dudosos. En total, parece que se ponen en circulación unos 5.000 MW más de eólica y 2.339 MW de energía solar térmica, según los datos hechos públicos desde Industria.

El anuncio de que se producirá esta distribución de proyectos ha sido, en primera instancia, una noticia rodeada de cierta polémica y ambigüedad en su difusión, puesto que fue anunciada como una nueva “regulación” (que no lo es), es simplemente la distribución cronológica de la consecuencia de una alteración del entorno legislativo que establecía el Real Decreto 661/2007 vía Real Decreto Ley.

Por otra parte, parece que la segunda polémica al hilo de este anuncio es que esta calendarización de procesos se ha hecho con poco conocimiento de las entidades promotoras. Por tanto, vuelve a sorprender a parte del sector, en la medida que atiende a una visión parcial de todo lo que hay en juego con una medida así. Hay que tener en cuenta que estas tecnologías forman parte efectiva del sector eléctrico español y que los papeles entre fabricantes, promotores y empresas eléctricas (que no siempre coinciden) tienen que ser coherentes, de forma más global con la política energética y la política económica asociada, con su enfoque estratégico, presente y futuro. Lógicamente para que sea coherente debe existir previamente y no ser un ejercicio de cortoplacismo.

En paralelo, en un ejercicio de funambulismo semántico, se trata de hacer una equivalencia perversa de significados y es que esta medida es sinónimo de estabilidad regulatoria. Por tanto, estabilidad regulatoria es “desembalsar” la bolsa generada de proyectos y empezar a resolver los expedientes por el procedimiento de la disolución química a tres años. Y, todo ello, atendiendo a reivindicaciones lógicas de los sectores afectados, en especial aquellos que han notado más la caída de demanda de equipamiento. En todo caso, quede claro que temporalizar los proyectos no es estabilidad jurídica y seguridad regulatoria, porque sería confundir un almanaque con una ley.

Entre tanto, hay que recordar la validez de este compromiso con la estabilidad regulatoria que se puede percibir entre líneas. El Real Decreto Ley cuenta ya con una, puesto que el Ministerio de Industria, por medios interpuestos (Convergencia i Unió) realizó una intentona para abolir esta parte del Real Decreto Ley 6/2009 mediante una disposición adicional a una incidental ley sobre Sociedades Inmobiliarias. En el Congreso se produjo el retracto sorprendiendo a propios y ajenos.

Por tanto, sigue la peripecia de esta película, con una escena final imposible y prolongada de este Plan de Energías Renovables. De hecho, si la intención del regulador era intentar conducir la avalancha de proyectos que se podía producir con un “efecto llamada” (antecedentes por defectos regulatorios había y muchos) derivado del plazo que establecía el R.D 661/2007 (un año, por tecnología, una vez llegado al 85 % del cumplimiento de los objetivos del PER), con esta fórmula se ha conseguido otro efecto llamada no menos importante.

Las noticias, en términos de volúmenes, son que la potencia instalada solicitada en tecnología termosolar estaría en el entorno de los 2.300 MW distribuidos hasta 2013, mientras lo previsto en el PER son 500 MW. Nos situaríamos, por tanto, en casi cuatro veces más que la previsión. Por su parte, en el sector eólico el deslizamiento es proporcionalmente mucho menor. Podría haber del entorno de 8.000 MW solicitados en el prerregistro y se autorizarían 5.000 MW más hasta 2012, lo que dejaría la potencia total eólica en torno a los 23.000 MW, frente a los 20.155 MW, previstos en el PER. Por tanto, la idea del R.D. Ley 6/2009 ha conseguido justo lo contrario que lo que se pretendía inicialmente. Es un modelo que consiste en dar la vez, no por el procedimiento de la competitividad o calidad de los proyectos, sino gracias a la enorme e inusitada capacidad de un país con burocracias latinas para conseguir permisos, autorizaciones y papeles.

Pero las consecuencias de cara al futuro devienen de los volúmenes de primas que se encaraman a la tarifa eléctrica y cómo “calzan” el desarrollo de las energías renovables hacia el futuro en nuestro país para alcanzar los objetivos de 2020. El hecho de que se haya multiplicado por tres la potencia termosolar no es casual, y menos cuando los volúmenes de primas son de 260 euros por MWh, configurando por su impacto económico en el sector energético un sector fotovoltaico bis. De hecho, estos 2.339 MWh termosolares costarán tanto como 20.000 eólicos. Es decir la relación costes/contribución al sistema de las tecnologías no son equivalentes y hay que hacer esta reflexión en el marco de la política económica y energética. Todo ello como si no hubiera pasado. Se trata por tanto de deslices graves que abocan a que en el futuro se cuestione el papel de las energías renovables por una inadecuada ejecución y por la atención de determinados intereses espurios.

Por otra parte, sigue el pantano. Industria dilata el tiempo y aplaza, nuevamente , el nuevo marco retributivo para las tecnologías renovables no incorporadas en el Registro de Preasignación, que es realmente la cuestión relevante de cara al futuro. No hay prisa en las negociaciones y la comunicación sector-Administración se rige por el rigodón sin una articulación seria. El porvenir (que es lo que define la estabilidad regulatoria) no existe.

Y, por ello, es necesario nuevamente llamar la atención sobre la necesidad de contar con una regulación estable (de verdad, no sucedáneos, interpretaciones torcidas o falsificaciones), meditada, pensada y matizada. Que evite la tentación de “intervenir ahora” y pensar después, que comprenda las diferencias de tecnología y de retribución, de acuerdo a una política energética coherente y sostenible medioambiental y económicamente. Pero en serio. Con modelo, no con cortoplacismos, basados en la gestión de intereses que provoquen el harakiri futuro (o que lo deriven a terceros). Tres intentos de intervención momentánea que no tienen en cuenta los efectos futuros tienen en común una forma de entender el sector renovable que da vértigo. Es para pensárselo.

La Comisión Nacional de Competencia: el martillo neumático del sector energético español

Tras el proceso de franco deterioro en barrena de la Comisión Nacional de Energía, ha seguido su estela la Comisión Nacional de Competencia, alertada de los movimientos vibratorios existentes en torno a la reforma de los órganos de regulación sectorial (CNC y CMT). Ra ta ta ta. De hecho, Luis Berenguer, presidente actual de la CNC, en su momento ya empezó a paladear de forma indisimulada su deseo de extender sus dominios no a los sectores de la economía, sino a los reguladores de los sectores, y lo que se viene difundiendo en formato ‘interruptus’ de la Ley de Economía Sostenible apunta en este sentido. Ra ta ta ta. De hecho, en estos momentos y tras la vuelta del verano, raro es el sector que no ha recibido una admonición o un expediente (o le han recordado cuestiones atrasadas de sus cuentas pendientes con la competencia). En el caso de la energía, su acción se ha cebado más concretamente en los sectores eléctrico y petrolífero. Ahora, desde Competencia, se afirma que se vigilirá el acuerdo entre el Gobierno y las eléctricas en el plan para el aumento de la protección del carbón nacional (por cierto, por qué no se vigila el plan y se cuestiona su necesidad, que es una alteración de un funcionamiento de mercado?). Por acumulación, podemos decir que la CNC se ha convertido en el martillo neumático del sector energético. Ra ta ta ta.

A modo de inciso diremos que el hecho de cuestionar la actividad de la actual Comisión Nacional de Competencia en su actual configuración y por sus comportamientos, no quiere decir que no se defienda la competencia y la libertad (sin adjetivos, ni matizaciones) en los mercados. Del mismo modo, el hecho de criticar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Energía, no debe suponer cuestionar la necesidad de un órgano regulador y supervisor independiente que crea en la liberalización de los mercados y se dedique a ello. Lo que es complejo es defender la competencia desde posiciones intervencionistas y sin convicción sobre lo que son y deben ser los mercados.

Lo que resulta preocupante es la concepción de la competencia que tiene la CNC y la CNE en tiempos de intervencionismo y, todo ello, con un número importante de intervencionistas en plantilla en posiciones relevantes. Y eso, asociado a una concepción trotskista de la comunicación, tampoco es el modelo de utilización mediática de sus estudios. A todo ello contribuye el clima de escándalo permanente en el que se ha instalado el “mass media”, también el económico en nuestro país.

Por eso, hay que señalar que ni siquiera los responsables de la CNC, ni los encargados de energía del mismo tienen una concepción de la configuración del sector energético y sus subsectores, así como de la organización de los mercados energéticos desde esta perspectiva, ni conocimiento de los distintos sectores en términos de competencia. No hay un solo papel que lo acredite. De hecho, incluso en lo que se refiere al sector eléctrico, parte de esa formación se ha realizado recientemente por parte de teóricos tan próximos al libre mercado como los pertenecientes a la dinastía Fabra. Un libre mercado, eso sí, por tecnologías y rentas reguladas, donde el mayor problema son las “diferencias de rentas” reguladas.

Por tanto, promover la competencia debe partir de análisis, estudios y criterios rigurosos y que no enmascaren o perviertan de forma apriorística o en base a prejuicios sus conclusiones. Análisis sectoriales profundos, comparados, rigurosos y con modelos de mercado internacionalmente comparables. Porque sucede que, fruto de las últimas “investigaciones” sin investigador realizadas por la CNC, se busca obtener conclusiones preconcebidas hacia cada uno de los sectores mencionados. Ra ta ta ta.

En el caso del sector eléctrico, las últimas críticas, oportuna y convenientemente aireadas, provienen de varios expedientes de los que alguno se remonta hasta cuatro y cinco años y que ahora, milagrosamente, se han acumulado en torno a un oportuno expediente globalizador-escoba y sus notas de prensa. Ra ta ta ta. Entre ellas, cuestiones derivadas del decreto que fijaba precios de casación entre empresas generadoras y distribuidoras del mismo grupo, que finalmente fue derogado y que la propia CNE comprobó que todas las actuaciones “denunciables” estaban sometidas a derecho. Por otra parte, también cuestiones concretas relativas a los mercados de restricciones técnicas (o desvíos). Triste favor al sector energético español, a la economía española y a la defensa de la competencia es actuar en estos términos.

En el caso del sector petrolífero, la CNC también ha lanzado sus invectivas duramente contra este sector señalando problemas de competencia derivados de análisis teóricos, más que de investigaciones. Ahí podemos situar las críticas a CLH como operador logístico a la que acusa de monopolio y de que en su propiedad están las empresas (habría que hacer un aparte sólo con las similitudes y diferencias con REE y Enagás y sus comportamientos) y los precios que establece, los problemas derivados de las autorizaciones a la distribución de gasolina en los supermercados (más laxas que a instalaciones del mismo tipo) o a las grandes operadoras petrolíferas.

Se da la circunstancia de que tanto en el mercado eléctrico como en el mercado petrolífero se ha producido la entrada de un número importante de operadores que han aumentado notablemente la competencia. Pero, paradójicamente, desde el exterior, los Informes de la Asociación Internacional de Energía (organismo al que se le denomina la OPEP de los consumidores en este ámbito) confirman que tanto en el sector ‘retail’ (comercialización) como en el logístico hay transparencia y una competencia abierta y además el acceso a nuevos operadores es pleno.

En otro orden de cosas, sería razonable que la CNC supiera o conociera las implicaciones en los precios de los carburantes, de la diferencia entre la estructura de refino de nuestro país y la demanda. O bien, el efecto que los problemas en la red de alta tensión tienen en la configuración de los mercados de restricciones técnicas.

En todo caso, hay que tener en cuenta componentes que tienen que ver con el “equipo profesional”. La primera es la relación cercana existente entre el presidente de la Comisión Nacional de Competencia, Luis Berenguer, y Jaime González, consejero actual de la Comisión Nacional de Energía, cuyas posiciones y alineamientos son muy conocidos en el sector, incluyendo desayunos de proximidad. Segundo, el papel relevante en el sector energético de una consejera del organismo, Pilar Sánchez, procedente de Red Eléctrica de España (REE). Ra ta ta ta.

En todo caso, es paradójico el exceso de celo a la hora de extraer conclusiones escandalosas de estos sectores o al menos a la hora de difundirlas escandalosamente, cuando, a “sensu contrario” en el caso de las operaciones corporativas del sector energético, se ha hecho un perfecto ninguneo de los análisis serios y rigurosos en materia de competencia. Es decir, se ha cogido el rábano por las hojas. Ra ta ta ta.

Una vorágine de carbón y cambio climático

La política medioambiental del Gobierno es mucho más retórica que real y tiene incluso que ver en estos momentos con la figura de la «Comedia dell’ Arte» de Arlequino, servidor de dos amos (del dramaturgo italiano Carlo Goldoni). Si sólo existieran dos amos, estaría incluso bien, pero ya se ha convertido en algo mucho más poblado. Al menos se pueden identificar dos polos de movimiento: las presiones de los intereses electorales y la incapacidad para gestionar y reformar sectores que son poco productivos para la economía. En paralelo se preconiza un futuro de energías renovables, contrario a la energía nuclear, de eficiencia y sostenibilidad energética. Todo ello con una factura con la rémora pasada de la tarifa intervenida y el déficit tarifario. Del mismo modo, recoge características arlequinescas, desde la exageración hasta la improvisación.

En esta semana se ha producido el envío del Real Decreto (recién entrado en la CNE para la emisión de un informe la semana que viene) que incorpora el mecanismo que el Ministerio de Industria ha ideado para aumentar la protección del carbón nacional, dándole preferencia y un precio garantizado en el mix de generación. Algo que afectará sensiblemente a la tarifa, “calzará” 4.700 millones más en el factura energética ensanchando los codos contra las previsiones totales de déficit tarifario hasta 2012 que establece el R.D. Ley 6/2009, desplazará fuentes de energía más eficientes y limpias y, además, aumentará las emisiones de carbono y, consiguientemente, el efecto invernadero.

Mientras, la política en materia de renovables es fuertemente errática, genera inseguridad jurídica y cambios constantes. Por una parte pronuncia discursos favorables y por otra se paralizan las resoluciones del registro de preasignación. Al mismo tiempo se desbordan las previsiones de capacidad en las tecnologías más primadas y se estanca la revisión de los modelos retributivos.

Por otra parte, en el plano del contexto, los estudios vuelven a señalar al cambio climático como una grave amenaza para las personas, para la salud y la civilización, lo cual, junto al horizonte de la Cumbre de Copenhague, ha vuelto a poner sobre la mesa la reducción de emisiones como primer objetivo de la política medioambiental. Por tanto, ya tenemos perfilados dos agentes “concernidos”, de mucho calado para una medida de esta envergadura: por una parte, los consumidores de energía que verán cómo su electricidad va a subir (o no va a bajar) lo que hubiera sido posible en ausencia de intervención pública para proteger el carbón y cuya factura, déficit e intereses se prolongan y crecen sine die. Y, por otro, los colectivos ecologistas y medioambientales que deberían tener un interés firme, nítido y taxativo en que no se produjera un aumento en las emisiones de carbono.

Lo cual también pone a prueba la postura de los sectores más cercanos a la izquierda ecologista que, en esta cuestión, vienen manteniendo posturas tibias y, en todo caso, mucho menos insistentes que en cuestiones anteriores. Sobre todo porque los antecedentes a los que hemos asistido en el caso de Garoña dejan el listón muy alto en la respuesta de estas organizaciones, dado que lo hicieron con toda profesionalidad. Hay que reconocer que el único incidente relativamente serio con respecto a las pretensiones del Gobierno de aumentar la producción de electricidad mediante carbón nacional (menos competitivo, menos eficiente y más contaminante) ha provenido de Greenpeace. Recordemos que la semana pasada dos de sus activistas escalaron el obelisco de Calatrava en Madrid en señal de protesta contra la política medioambiental del Gobierno.

Como es conocido, en el mundo conservacionista, medioambientalista y ecologista, hay dos tendencias y un cierto debate al respecto. En síntesis, una primera que se circunscribe a los que consideran que el problema más importante para la humanidad en el plano medioambiental es el cambio climático y que, en ese contexto, sería razonable utilizar la energía nuclear para combatir el cambio climático. Por tanto aceptan y asumen la gravedad del problema y sus soluciones. La segunda línea, está formada por los que son contrarios a nucleares y combustibles fósiles por igual, con un concepto de problema medioambiental más holístico. Lo que es más extravagante y una posición claramente descompensada es que estén contra las centrales nucleares y no contra las emisiones de las centrales térmicas. Eso sería una creación patria mucho más exótica de lo que parece. Por eso, recientemente hemos tenido noticia de que en el Reino Unido hay fuertes manifestaciones contra las centrales de carbón.

El pasado sábado se celebró el Día Internacional de Acción Global contra el Cambio Climático, fijándose la cifra de 350 partículas por millón de carbono en la atmósfera como objetivo para lograr reducir el efecto del cambio climático. Hoy estamos muy por encima de esta cifra y los países tienen la mirada en objetivos menos ambiciosos. Este es el contexto, el fresco que dibuja el escenario sobre la política medioambiental para nuestro Gobierno de cara a la cumbre de Copenhague sobre cambio climático. Cumbre a la que, por otra parte, Zapatero no puede ir cargado nuevamente de discursos, de buenas intenciones y escondiendo las emisiones (aminoradas por la crisis) debajo de las alfombras, con las Tablas de Daimiel secándose, consumiéndose su subsuelo en un incendio y recibiendo admoniciones desde la Comisión Europea por la desastrosa política medioambiental. Añadamos a todo ello, esta nueva propuesta de incremento de la producción de electricidad mediante carbón nacional, en un modo de proteccionismo y de agravar las consecuencias del incremento de ayudas al carbón, distorsionando el funcionamiento del sector eléctrico y los mecanismos medioambientales asociados al mismo.

Por tanto, tras esta descripción, es el momento de las preguntas, ¿tenemos en España un modelo ecologista público o autóctono negacionista del cambio climático como George Bush? ¿Es sólo un planteamiento discursivo? ¿Cuáles son las razones de tanta tibieza desde ciertos sectores fronterizos entre izquierda y ecologismo en España, con respecto a la política energética (en concreto, con respecto a estas últimas medidas incrementadoras de las emisiones) en lo que se refiere a sus efectos medioambientales? ¿Es un problema de defensa del empleo y la actividad ? Si esto es así, el empleo en Garoña y su entorno regional, ¿no merecerían el mismo trato? ¿No había exceso de oferta y nuestro futuro iba a ser renovable como preconizaba el informe de la Fundación Ideas? ¿Cuánto tiempo se sostendrá este discurso contradictorio, modelo Arlequino? ¿Dónde nos hemos perdido?

El registro de resignación

Ayer se produjo un nuevo episodio en el vodevil del procedimiento relativo al registro de preasignación para las tecnologías renovables con la recuperación del procedimiento existente en el Real Decreto Ley 6/2009. Procedimiento que fue derogado en la Cámara Alta, a merced a una iniciativa de Convergencia i Unió (CiU) y secundada por el PSOE, y que ahora se ha abjurado en la Cámara Baja, con ciertas reverberaciones y golpes de pecho (en empresas, Comunidades Autónomas y asociaciones sectoriales de las distintas tecnologías afectadas, sobre todo la termosolar). Golpes de pecho provocados por la reacción obtenida, pese a la cierta euforia y convicción transmitida en la nota de prensa en que se afirmaba que se recuperaban competencias para las Comunidades Autónomas. Se intuía una cierta complicidad ‘low profile’ ministerial evidenciada en las palabras del Secretario General de Energía, Pedro Marín, desde Bruselas.

Desde este medio, hemos sido especialmente críticos, tanto con la forma en que se implantó el registro de preasignación y la sustitución final al cumplimiento de los objetivos por tecnología y su inclusión en los criterios retributivos que establecía el Real Decreto 661/2007 (cada vez los Reales Decretos duran menos). Del mismo modo, hemos sido críticos con la forma en que se hubiera producido su ‘restauración’, sobre todo porque ni una, ni otra hacen otra cosa que generar incertidumbre, que es lo peor que se puede producir en sectores intensivos en energía.

Particularmente, todo este espectáculo es poco edificante y evidencia un modelo regulatorio precipitado y reactivo a los acontecimientos, todo ello porque cada modelo regulatorio no tiene bien hechos los “acabados”, provocando efectos llamadas y desbordamiento, primero de la Administración y, segundo, de las primas. La solución que se acaba instrumentado suele ser ‘ad libitum’, modelo tabla rasa, en la que no se sabe qué es mejor, si el remedio o la enfermedad (o el remedio es la enfermedad).

Recordemos que el Real Decreto 661/2007 establecía un final por tecnologías en el que al llegar al 85 % se fijaba un año de prórroga con independencia de la tecnología (hay tecnologías que sus proyectos tardan un año y otras, dos meses). Solución de acabado: fijar períodos diferenciados sobre un sistema general. Consecuencia del mal acabado: desbordamiento en la energía solar fotovoltaica, aluvión y luego recurso a modelos sancionadores e inspecciones de dudosa eficacia.

Otra consecuencia, un Real Decreto, el 1578/2008 para la energía solar fotovoltaica que establece el modelo de registro de preasignación con cupos y retribución decreciente. Fruto de este decreto se produce un frenazo pleno y que parece que proporciona más “control en la entrada”, por lo que se deroga el R.D. 661/2007 para el resto de tecnologías y se implanta un registro de preasignación en el que entra todo lo que se inscriba que cumpla con todos los requisitos burocráticos.

Consecuencia: no se sabe, aunque ya anticipa un colapso de proyectos presentados en Industria, a pesar de que poco a poco vamos conociendo cómo se van aprobando. Hoy hay otros 53 aprobados que, en total, suponen unos 2.000 MW de potencia. Pero, ¿sabemos cuánto hay en la bolsa acumulado?, ¿sabemos cuántos por tecnologías?, ¿sabemos cuántos cumplen los requisitos?, ¿sabemos cuántos no?, ¿sabemos cuántos pueden subsanar defectos de forma?

Se habla de cifras de entre 18.000 y 20.000 MW en total, sumando todas las tecnologías que están en ese registro de preasignación que ha evidenciado también su alimentación a base de conseguir permisos y documentos. Sólo en el caso de la termosolar, cuyos proyectos son de mucho más largo plazo que los eólicos o fotovoltaicos, y que, por otra parte, es quien ha escenificado en mayor medida el enfado con la derogación in péctore anticipada, con un objetivo de 500 MW, se estima que hay proyectos presentados por un total de 2.000 MW, siendo sus primas casi cercanas a las de la energía solar fotovoltaica.

Las preguntas son obvias, además de la necesidad de una regulación estable y predecible que no provoque cuellos de botella, efectos llamada, burbujas, etc. El puzzle con la caída de la demanda y los efectos sobre el déficit tarifario en el proscenio es complicado, sobre todo conociendo las estructuras sectoriales, las diferencias de las tecnologías y comprendiendo el papel de la inversión, las empresas y el sistema eléctrico.

Se impone la reflexión y no la improvisación, ni la resignación. Porque el problema no está cerrado. Ni mucho menos.

Otro informe «desaparecido en combate» (parcialmente) en la CNE

El pasado 30 de septiembre nos despertábamos con la noticia publicada en el diario económico Cinco Días de que se había producido un aumento de la retribución por los denominados Sistemas Extrapeninsulares (el suministro que se efectúa a Canarias y Baleares) simultáneamente. La noticia venía más o menos a decir que se había elevado “sin explicación aparente” el coste de este suministro.

Todo ello sucede en un momento en que el Real Decreto Ley 6/2009 trata de separar de la tarifa progresivamente los costes diferenciales por el suministro a las islas. Hay que tener en cuenta que los precios eléctricos en todo el territorio español son (y han sido) homogéneos en todo el país. Sin embargo, el suministro en las islas tiene una serie de requerimientos de seguridad y calidad autónomos que lo hace más caro (máxime cuando éste se realiza, fundamentalmente, a partir de centrales de fuel, cuyo precio está vinculado directamente al petróleo). Esa diferencia es la que en tres años pasará directamente a los Presupuestos Generales del Estado.

El ejemplo es muy parecido al del transporte. Si uno es ciudadano canario, y lo acredita a la hora de viajar a la Península, las compañías aéreas determinan un precio especial equivalente al del trayecto entre Madrid y Cádiz. Esa diferencia, el precio desde Canarias y Cadiz, tendría la naturaleza de extracoste y se paga por los Presupuestos Generales del Estado. Por otra parte, hay que destacar los resultados en materia de calidad de suministro de servicio que tienen nuestros archipiélagos.

Los partidarios del trilerismo y del ‘toqueteo’ de las tarifas y precios eléctricos abordan estas cuestiones en un ejercicio, por lo “gordo”, es decir, de cálculo más o menos por volúmenes y comparativas orientadas a la consideración de las teóricas rentas de las empresas. Es decir, no hay justificación técnica, económica, organizacional o jurídica, sino que se trata de una cantidad y sobre esta cantidad global se discute. Como se dice en los sistemas intervencionistas “un monto”. Sobre todo en un momento en el que existe una propensión importante e inquietante a la difusión de datos falaces y sin el adecuado soporte y análisis.

Por eso, la noticia en su momento publicada, en razón a su documentación e información disponible, no tenía mucho más análisis que la mera enunciación de la evolución temporal de las cifras de la liquidación por este concepto y un cierto marco retrospectivo. Tampoco se apreciaba una versión complementaria o de contraste. Todo su contenido se basaba en interceptar el Informe que habría elaborado por la Comisión Nacional de Energía y de un voto particular formulado por tres consejeros: Jaime González, Jorge Fabra y Javier Peón (ninguno de ellos, público). Este Informe (el de la compensación por el coste de los sistemas extrapenínsulares) se elaboraba a petición de la Dirección General de Política Energética y Minas y debería verse verificado y contrastado por un ejercicio inspector de la Comisión Nacional de Energía. Ese ejercicio inspector tendría que reconstituir si esta compensación es correcta y fiel a los elementos que constituyen el mecanismo de cálculo de la misma.

Pues bien, no se tiene noticia (por lo publicado) de que existan discrepancias sustanciales por la vía inspectora. Por tanto, y dado que, a día de hoy, 6 de octubre, todavía no está disponible este informe, es el momento de formular varias cuestiones: ¿cuáles son los motivos de que este Informe no sea público (ni tampoco el voto particular de tres consejeros), no esté disponible en la red ni a disposición de los ciudadanos, consumidores y gobiernos de las Comunidades Autónomas afectadas? ¿Por qué no se recoge esta información de un órgano público regulador y supervisor en las notas de prensa correspondientes? Y, por tanto, y en sentido contrario, ¿cuáles son los motivos de que este Informe haya sido comunicado directamente a un único medio de comunicación, en concreto, y difundido con todo lujo de detalles y comparativas? En otro orden de cosas, ¿se está cuestionando desde dentro la labor inspectora de la Comisión Nacional de Energía? ¿La publicación de este informe es una pataleta, una reacción porque, por motivos que hoy desconocemos (no hay análisis), estos costes hayan aumentado? ¿Están bien calculados y cumplen la legalidad estos extracostes que cuestiona la noticia y acepta la CNE? ¿Se podría entrar más al fondo de la cuestión para evitar la confusión en este tema, en lugar de introducir meramente comparativas sospechosas e intencionadas? ¿Se podría evitar, en un ejercicio de responsabilidad, la tendencia a la difusión de los temas por el procedimiento del escándalo continuado?.

Se impone y se requiere una información más profunda, clara y transparente, sobre todo porque ya está publicado en estos términos se quiera o no. Aquí los afectados son todos los ciudadanos, los consumidores y los gobiernos autónomos concernidos, además de la propia empresa suministradora, el Ministerio de Industria y la CNE.

La verdad sobre los precios eléctricos en España

El encuentro Cristóbal Montoro-Miguel Sebastián a cuenta de la energía se cerró informativamente con la difusión de un mensaje consistente en señalar que el acuerdo pasa por conseguir una bajada de precios de la electricidad para sus consumidores finales, en este caso, empresas y ciudadanos. Al mismo tiempo, vivimos relativamente inundados de titulares apocalípticos de clara inspiración retroprogresiva, que anuncian que la última fase de liberalización del mercado eléctrico (centrada en la comercialización, incluyendo el modelo de tarifas de último recurso) no ha introducido rebajas en los precios para los clientes. Por lo que parece, el Partido Popular sí irroga en el defensor de las bajadas de precios de la electricidad. Un suministro tradicionalmente sujeto a la intervención y control político que, o bien no debía crecer más que el IPC, o bien el 2%, o bien la cifra menor de las dos, aunque estuviera por las nubes en todo el mundo o costara mucho su generación. Residuos del prontofranquismo.

El coste de la electricidad para familias y empresas viene a ser un argumento recurrente (el Partido Popular lo emplea habitualmente en su labor de oposición). Por eso, en paralelo, el Partido Popular en el Senado propone una moción en la que consigna las TUR (Tarifa de Último Recurso) en su doble vertiente social y de subsidiariedad, en un ejercicio que supone una carta a Dios y al diablo, conjuntamente. La moción resultó aprobada por unanimidad, como no podía ser menos.

Por otra parte, uno de los ideólogos antirrenovables, próximo a los postulados del actual Partido Republicano de EEUU, Gabriel Calzada, presidente del Instituto Juan de Mariana (que, de hecho, participará a llamada de este partido ante los responsables parlamentarios americanos defiendo sus posiciones contra la política española de incentivos a las energías limpias), introducía una morcilla en un artículo recientemente publicado en el diario Expansión en el que afirmaba que se estaba produciendo una deslocalización de empresas por el alto coste de la energía en nuestro país. Todavía estamos pendientes de conocer el nombre de esas empresas que han desplazado su producción de España por el coste de la energía y si resiste esta afirmación una comparativa un poco más precisa en términos de precios y costes relativos de los factores. Lo que sí parece razonable es que no se permita instalar este tipo de afirmaciones con tal alegría en la opinión pública, aunque Calzada sea un patriota.

En este escenario, serían objetables, (a lo primero, la no bajada de precios derivada de esta fase de la liberalización) muchas cosas: la primera y más importante es que las tarifas de último recurso siguen sin ser reales. Son más bajas que las que serían si fueran aditivas (completas) totalmente. Es decir, no recogen los costes reales de la generación, distribución y transporte de electricidad, además de seguir acumulada una importante deuda tarifaria (cuestión sobre la que los grandes partidos y las organizaciones de consumidores siguen empeñados en no ser didácticos y esconder debajo de la alfombra). Por tanto, sin satanizar a las empresas eléctricas, sería lógico que se tratara, con mayor rigor, el problema de fondo de que los españoles viven engañados y han vivido engañados con los precios de la electricidad.

En segundo lugar, la tarifa de último recurso como ejercicio social y de subsidiariedad, hay que recordar que debe ser máxima y única, y lo razonable, una vez que se desembalse el déficit tarifario acumulado y se vaya configurando un mercado de comercialización, es que se produzcan descuentos sobre la misma. Es decir, que se puedan obtener rebajas unidas a los patrones de comportamiento de los usuarios. En todo caso, con el percal de déficit tarifario acumulado, esto no es de hoy para mañana. Además, la creación de un mercado de comercialización con margen para las ofertas que abaraten la energía en este estado es difícil y cuestionar esta fase de la liberalización por sus escasos resultados a tres meses vista es un ejercicio falaz de presente perpetuo. En todo caso, hay que recordar, por otra parte, que existe un bono social cuya función es la que insinúa esa moción.

Y, finalmente, a la afirmación, referida a la existencia de precios de la energía caros en España (sostenida sin evidencia alguna), sólo habría que señalar las comparativas en los mercado eléctricos con toda Europa, además de que hasta el momento hemos contado con una energía subvencionada. En primer lugar por los consumidores futuros (que pagan la deuda tarifaria troceada) y en segundo lugar por los subsidios cruzados existentes hasta el momento entre distintos tipos de consumidores residenciales, industriales y las tarifas que disfrutaban.

Evidentemente, conseguir precios baratos de la energía es un posicionamiento buenista y volitivo en el que es fácil encontrar un consenso de Perogrullo. Mejor electricidad barata que cara. Es normal que en tiempos de polarización y simplificación ideológica se incorpore este tema en la comunicación política, en un momento en que es inevitable que se produzca su subida (aunque sólo sea por la deuda pendiente). Es normal, pero no es razonable. Aunque sí es exigible, por responsabilidad, a los partidos políticos, a los que nos gobiernan y a los que presuntamente tienen posibilidad de acceder al gobierno, el que realicen un ejercicio realista de comprobación de los precios de la electricidad en nuestro país, de su comparativa con otros países, del exceso de oferta existente y su impacto en los precios, además de contar la realidad actual de esta cuestión, de la historia y sus precedentes.

Por tanto, es bueno saludar el buen rollo que preside las relaciones Cristobal Montoro-Miguel Sebastián. Tanto monta, monta tanto. Esperemos que sirva para un necesario consenso que desemboque en una política energética clara, estable y de mercado, sostenible económicamente y medioambientalmente. Pero es perjudicial sustituir la política, la gestión y la planificación por buenas intenciones y que, subrepticiamente, pasen estos mensajes sin un mínimo ejercicio de análisis. Porque corren el riesgo de repetirse.