Asturias y el Instituto del Carbón seleccionan 73 proyectos dotados con 97,9 millones de euros procedentes de los fondos mineros

Redacción.- El Gobierno de Asturias y el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón (IRMC) han realizado la preselección final de los 73 proyectos que se financiarán con cargo al Plan Marco del Carbón 2013-2018. Estas actuaciones movilizarán una inversión de 97,9 millones, de los que el Ejecutivo central aporta 72,6 y el resto, 25,3, por la administración autonómica.

La comisión de cooperación formada por el IRMC y el Principado de Asturias ha seleccionado las 73 actuaciones entre las 127 recogidas en el convenio marco de colaboración para el impulso económico de las comarcas mineras suscrito entre ambas administraciones en noviembre de 2017. Los 73 proyectos, 25 de los cuales han sido propuestos por el Principado de Asturias y 48 por los ayuntamientos, implican la puesta en marcha de acciones de restauración, telecomunicaciones y eficiencia energética. Asturias es la comunidad autónoma más beneficiada con la distribución de los fondos mineros, dado que recibe 72,5 millones, el 54,5% de la cuantía global de estas ayudas para el periodo 2013-2018 en todo el país, que asciende a de los 132,9 millones.

La demanda de energía eléctrica desciende un 5,2% en febrero y la energía nuclear es la principal fuente de generación

Europa Press.– La demanda peninsular de energía eléctrica en febrero fue de 20.174 gigavatios por hora (GWh), lo que supone un descenso del 5,2% en relación al pasado año, una caída que se reduce al 2% si se tienen en cuenta los efectos de calendario y temperaturas. Según datos de Red Eléctrica de España, entre enero y febrero la demanda eléctrica ha sido de 43.426 GWh, un 1% por debajo del mismo periodo del año pasado, un 0,7% con los datos corregidos.

En su conjunto, las tecnologías de energía eléctrica que no emiten dióxido de carbono (CO2) generaron cerca del 63% del total en la península en el mes de febrero. En cuanto a las fuentes de energía renovable, estas representaron el 38% de la producción. Además, la producción de origen eólico en febrero alcanzó los 3.619 GWh, lo que supone una caída de casi el 22% en relación al pasado año.

De esta forma, tras la nuclear, que es la fuente que mayor cuota de mercado presentó en febrero, un 24,3%, se sitúan la eólica (18,5%); la hidráulica (12,9%); la de ciclo combinado (12,7%); la de cogeneración (12,2%); y la del carbón (11,5%). Le siguen la solar fotovoltaica, con el 3% de toda la generación; la solar térmica (1,4%); los residuos no renovables (0,9%); los bombeos (0,8%); y los residuos renovables (0,3%). El conjunto de otras tecnologías renovables alcanza el 1,5%.

UGT exige a Naturgy planes de acompañamiento que eviten la pérdida del empleo por el cierre de las centrales térmicas

Europa Press.– UGT-FICA ha exigido a Naturgy que presente planes de acompañamiento dirigidos a evitar la pérdida de cerca de 250 empleos directos y 700 indirectos y del tejido industrial de las zonas afectadas, en caso de que finalmente se ejecute el cierre de las centrales térmicas.

En concreto, se refiere a las centrales térmicas que Naturgy tiene en Narcea (Asturias), Meirama (Galicia) y La Robla (Castilla y León). El secretario general de la sección de Industria, de UGT, Pedro Hojas, reiteró la posición de la federación en la defensa del mantenimiento de la actividad de las plantas térmicas y de los puestos de trabajo, así como «del futuro de pueblos enteros y comarcas», que, sin estas centrales, considera «están abocadas al empobrecimiento y a la despoblación».

Por ello, ha insistido en la necesidad de alcanzar un Plan Energético Nacional, con la participación de todos los agentes directamente implicados como administraciones públicas, partidos políticos, sectores económicos y sindicatos, en el que se defina un mix energético para los próximos años que pueda contribuir a conseguir una transición energética «justa, equilibrada y socialmente responsable, en sintonía con las exigencias de la Unión Europea«.

El anuncio del cierre de las 3 centrales es posterior a la finalización del proceso de adecuación de la central térmica de La Robla a los requisitos sobre emisiones de dióxido de carbono (CO2) exigidos por la Unión Europea para poder seguir funcionando y de la adecuación en un 90% de la central de Narcea. A pesar de estas inversiones, UGT cuestiona a Naturgy por mantener el cierre de las 3 centrales térmicas «sin haber presentado hasta la fecha ninguna alternativa industrial que palíe los efectos negativos de estos cierres«.

La Fundación Biodiversidad destina 5,8 millones de euros en ayudas para empleo verde en la Transición Justa

Europa Press.- La Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica convocó la nueva edición del Programa emplea verde, que destinará 5,8 millones de euros para impulsar la transición justa en el marco de la descarbonización de la economía española a través del empleo verde.

La nueva convocatoria de subvenciones, abierta hasta el 30 de abril, financiará proyectos dirigidos a la promoción y creación de empleo y empresas vinculadas al medio ambiente. El programa está cofinanciado por el Fondo Social Europeo prevé destinar 67 millones de euros hasta 2023 para apoyar a 50.000 personas y 3.000 empresas y formar 24.000 personas. Para el 2019 el 90% de los 9,4 millones disponibles en la convocatoria de subvenciones empleaverde se podrá utilizar en los territorios protagonistas de la transición energética y en particular para las regiones carboníferas.

Transición justa a la descarbonización

El objetivo del Programa empleaverde es fomentar actividades económicas sostenibles en todos los sectores, promoviendo la transición justa hacia una economía baja en carbono y circular, integrando la biodiversidad en la gestión y procesos empresariales y haciendo un uso más eficiente de los recursos naturales, constituyendo un motor de crecimiento económico sostenible y de progreso social. Para ello, se apoya a entidades que cuenten con actuaciones de formación y asesoramiento, acciones de innovación dirigidas a personas desempleadas, emprendedoras y/o trabajadoras, prestando especial atención a mujeres y colectivos prioritarios (jóvenes hasta 35, mayores de 45 años, personas inmigrantes y personas con discapacidad). Además, se tendrá especial interés en personas residentes en áreas protegidas y/o zonas rurales.

El importe mínimo de los proyectos seleccionados será de 100.000 euros y el máximo de 300.000 euros. Este año se han incluido nuevas materias sobre las que se hará especial hincapié como la gestión, mejora ambiental y eco-innovación en la industria o empresa, la reconversión industrial a actividades ambientalmente sostenibles y la lucha contra el despoblamiento en zonas rurales. El Programa empleaverde prevé destinar 67 millones de euros hasta y aspira a crear 600 empleos y apoyar a 400 empresas.

Abogados ambientales piden el fin del carbón en 2025 «como muy tarde» para cumplir con el Acuerdo de París

Europa Press.- El Instituto de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA) espera que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) establezca el 2025 como fecha final para el carbón en España para que el país pueda alcanzar los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre calidad del aire y cumplir con el Acuerdo de París contra el cambio climático.

La OMS estima que la contaminación del aire provoca 7 millones de muertes prematuras al año y que el 90% de la población mundial respira aire con una calidad por debajo de los estándares recomendados en sus Guías de Calidad del Aire (GCA). La directora de IIDMA, Ana Barreira, recuerda que es «imperativo» que España siga los estándares de la OMS sobre la calidad del aire, trasladándolos a la normativa ambiental ya que la contaminación es actualmente un problema de salud pública y afecta al derecho a la vida y el derecho a la salud.

Precisamente, una de las fuentes principales de la contaminación en España son las emisiones de las centrales de carbón por lo que la organización subraya que debe ser una «prioridad política» poner fin a la producción de energía mediante este combustible, como muy tarde en 2025. «La salud pública debe ser un criterio fundamental para la elaboración de los Planes de Energía y Clima, así como de la futura Ley de Cambio Climático», ha concluido.

El 95% de las empresas dedicadas a la minería del carbón en España están en bancarrota, según Ribera

Europa Press.- El 95% de las empresas dedicadas a la minería del carbón se encontraban en situación de bancarrota o suspensión de pagos en mayo del pasado año, por lo que no podían devolver las ayudas antes de diciembre para evitar su cierre con arreglo a la normativa europea. Así lo expuso la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, aludiendo a que el Gobierno socialista tuvo que asegurar el cumplimiento de las normas comunitarias ante un vacío de «anticipación» por el anterior Ejecutivo.

Algo parecido ocurría con las centrales térmicas que, según Ribera, tampoco habían acometido las «importantes inversiones» necesarias para seguir llevando a cabo su negocio después de 2030, por lo que se enfrentaron a un problema que «les estalló en la cara». Por ello, en una respuesta al senador del PP, Alfonso Jesús Rodríguez, la ministra ha afirmado alejarse de la «demagogia» y ser «honesta» con los trabajadores, a los que «no va a dejar abandonados», algo que sí habría ocurrido con el cierre de las minas que tenía preparado el anterior Ejecutivo, según denunció Ribera.

Rodríguez ha criticado que España haya importado energía desde una central térmica de Marruecos, mientras que el Gobierno procede a cerrar las minas y las centrales en su propio país, calificando los 8 meses de Ribera al frente del Ministerio de «despropósito«. «Su transición no es ni transición ni justa», ridiculizó Rodríguez, al mismo tiempo que criticó las políticas llevadas a cabo por el Gobierno como «rápidas, express y sorpresivas». Sobre esta importación de energía procedente de Marruecos, Ribera ha señalado que obedece a la oferta y la demanda y que se vale de una interconexión entre dos continentes que lleva en funcionamiento desde 2006.

RWE cree que 2038 es demasiado pronto para el adiós alemán al carbón y supondrá una pérdida significativa de empleo

Europa Press.- La recomendación de que Alemania deje de usar completamente carbón como combustible a partir de 2038, efectuada por una comisión designada por el Gobierno, tendrá un impacto negativo significativo sobre el empleo, según ha advertido la eléctrica alemana RWE, señalando que la fecha fijada para el abandono de esta fuente de energía «es demasiado pronto».

«La fecha de finalización de 2038 recomendada por la Comisión para la generación de energía a base de carbón es demasiado pronto para la compañía», advierte la utility germana, que defiende la necesidad de volver a examinar esta fecha en 2032. En este sentido, RWE sostiene que la implementación de las propuestas de la Comisión gubernamental representaría un tour de force de políticas estructurales para las regiones afectadas, añadiendo que las medidas planteadas por los expertos para abordar estos problemas representan «un buen primer paso», pero advirtiendo de que la gestión de este cambio estructural «es una tarea de décadas».

Asimismo, la eléctrica recuerda que ya había advertido de que este plan tendría un «impacto considerable en la empresa y sus empleados», tanto de manera directa como mediante proveedores y empresas colaboradoras. «Las propuestas de la Comisión tienen graves consecuencias para el negocio de lignito de RWE», advirtió Rolf Martin Schmitz, consejero delegado de RWE, subrayando el compromiso de la empresa para salvaguardar los intereses de sus empleados y accionistas.

El máximo ejecutivo de RWE ha añadido que las propuestas supondrán «una reducción significativa» de puestos de trabajo para 2023, aunque aún no se puede cuantificar», pero que va «mucho más allá» de los planes anteriores. En este sentido, Schmitz ha apuntado el impacto directo sobre los empleados de las plantas afectadas por el cierre previsto para 2022, añadiendo que indirectamente se verán afectados también los empleados en minería a cielo abierto, por lo que ha expresado su deseo de que el plan se ejecute de una manera socialmente aceptable, «porque los empleados no deben ser víctimas de decisiones políticas».

La llamada Comisión del Carbón recomendó que Alemania deje de usar este combustible a más tardar en 2038. La Comisión solo efectúa recomendaciones. La puesta en práctica correrá por cuenta del Gobierno federal de la canciller Angela Merkel y de los Ejecutivos de los estados federados. Un 37% de la energía eléctrica de Alemania se genera a través de la producción de lignito y hulla.

Alemania aspira a poner fin a la explotación de lignito y hulla para cumplir con sus metas de reducción de emisiones de dióxido de carbono. El carbón cobró mayor importancia al resolver el Gobierno el apagón gradual de la centrales nucleares hasta 2022. La Comisión aconsejó que los estados federados afectados reciban compensaciones de unos 40.000 millones de euros durante un plazo de 20 años y propuso que en el año 2032 se revise la posibilidad de adelantar la fecha de salida a 2035 en consenso con los operadores energéticos.

Podemos pide reuniones con Valerio y Ribera para asegurar un «plan social» ante el cierre de las térmicas de carbón

Europa Press.- Unidos Podemos ha solicitado formalmente reuniones con las ministras de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de asegurar un «plan social» para los trabajadores ante el cierre de todas las centrales térmicas de Endesa en España.

Tras mantener un encuentro con los empleados de la central Compostilla II, en la comarca leonesa de El Bierzo, su diputada Ana Marcello ha exigido que este plan tenga en cuenta tanto a los trabajadores de la empresa matriz como a los de las subcontratas. Marcello ha criticado que Ribera «se cansa de decir que no va a dejar a nadie atrás en las cunetas» cuando, a su juicio, «no ha sido así en el caso de los mineros. «Si no se pone una solución, vamos a tener que sufrir cómo se quedan atrás muchas comarcas y trabajadores«, ha lamentado.

Junto a ella, el presidente del comité de empresa de Endesa en esta central, Juan Sobredo, ha reclamado al Gobierno acelerar la reversión de la reforma laboral con el fin de «tener armas y algún tipo de cobertura legal» ante un cierre «que de por sí va a ser suficientemente traumático». «Reclamamos una transición justa, como se nos había prometido, pero nos encontramos con un desmantelamiento y con que esa transición justa no existe», ha proseguido, relatando que la propia empresa, propiedad de Enel, cuestiona las condiciones de trabajadores que ya salieron de la empresa.

Por otra parte, Marcello también ha advertido de las posibles consecuencias que puede tener el cierre de estas centrales, tras el cierre programado de las minas, en materia de soberanía energética, una cuestión que también quieren plantear al Gobierno. Y es que, tal y como critican, el Gobierno no está dirigiendo esta transición. «La están dirigiendo las empresas», lamentan. En este caso, Enel, participada por el Estado italiano, por lo que concluyen que los poderes públicos del país deben jugar un papel activo en esta política, como lo juega Italia.

Ribera anuncia la firma entre instituciones y vecinos de Andorra (Teruel) del primer convenio de «transición justa» hacia la descarbonización

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, tiene intención de firmar antes del verano el primero convenio de «transición justa» entre instituciones y vecinos de la zona de Andorra (Teruel) cuyo objetivo sería determinar las acciones para que «nadie que quiera quedarse a vivir aquí se tenga que ir».

Así lo ha manifestado tras reunirse en el Ayuntamiento de Andorra con el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, la alcaldesa de esta localidad, Sofía Ciércoles, y el alcalde de Ariño, Joaquín Noé, así como con el comité de empresa de la Central Térmica de Andorra, y otros agentes sociales y empresariales. La ministra ha visitado Andorra invitada por la alcaldesa, después de que Endesa anunciara el cierre de la central térmica que tiene en ese municipio. Teresa Ribera también se ha desplazado al Ayuntamiento de Ariño y ha visitado la mina Santa María de esta localidad, donde la empresa Samca ha anunciado recientemente el cese de la actividad.

La ministra ha dicho que el convenio de transición justa ha de marcar «programas y financiación» para garantizar empleo y fijar población en la zona. Ha incidido en la importancia de contar con los agentes locales para proponer alternativas adecuadas. También ha comprometido la participación del Instituto del Carbón por parte del Gobierno central, así como del Instituto Aragonés de Empleo por parte del Ejecutivo regional. Ribera ha subrayado que «no hay varitas mágicas» pero sí un «compromiso serio» porque «este tiene que ser un caso de éxito en un proceso de transición que se está viviendo en muchos sitios» y debe ser «inclusivo y con grandes dosis de solidaridad».

Ha añadido que, aunque en esta visita ha visto muchos carteles de Se vende. Razón: ministerio, espera que «no se venda nada». También ha comentado: «nada de lo que vemos hoy nos pilla por sorpresa porque hace muchos años que se veía venir y, sin embargo, el miedo y el rechazo que nos producía generó la tentación de decir vamos a esperar, cuando eso es lo peor». Para la ministra, Andorra es un «buen» sitio para asegurar que «nadie se puede quedar atrás en esa transición» y ha añadido que ha de haber una «convicción de ganarse el futuro» de los habitantes de este territorio.

En esa línea, ha apostado por «construir certidumbres con recorrido» y «mostrar solidaridad con una zona que hace tiempo viene viendo que hay procesos en curso que pueden suponer cambios muy importantes en sus condiciones de vida y en su trabajo«. La ministra ha esgrimido, asimismo, son los propios vecinos, el Ayuntamiento, el propio comité de empresa quienes «entienden mejor» cuáles son las alternativas con mayor recorrido en el tiempo. Por eso, ha apuntado, el Gobierno central quiere trabajar con el Ejecutivo autonómico, el consistorio y los actores locales «explorando cómo desarrollar esos programas de manera profesional» y «ver qué incentivos fiscales, regionales, qué manera de reforzar las infraestructuras y alternativas empleo se pueden hacer».

La ministra aseguró que el mensaje a Endesa «ha sido contundente» y, puesto que va a seguir siendo «una empresa importante en España, porque es la intención que ha declarado», ha de tener un «compromiso» con la zona en la que ha trabajado y obtenido recursos. Ribera ha añadido que Endesa «debe manifestar una inversión y un acompañamiento que va más allá de los propios trabajadores de la central» y debe ser «beneficiosa, constructiva y de permanencia y compromiso con el territorio». «Confío en que exista» porque «lo que tenemos por ahora es insuficiente», remarcó.

También ha precisado que se trata de una «primera propuesta» y ha explicado que desde la empresa les transmiten que «están abiertos». Igualmente, ha comentado que desde el comité de empresa «han sido capaces de identificar algunas propuestas que, a priori, ayudan a seguir trabajando en mayor detalle en lo que debe ser el compromiso de Endesa«. Asimismo, ha sostenido que hay que tener en cuenta qué dice el Derecho de la Unión Europea y que normativa existe para las centrales en España, y así determinar «cuáles son los mecanismos con los que podemos funcionar».

Entre otras cosas, ha planteado que la capacidad evacuación de electricidad que posee esta zona «debe seguir estando en esta tierra» y aprovecharse para iniciativas que «tenga más recorrido, generen más empleo y sean más competitivas». Además ha mencionado la concesión de 18 hectómetros cúbicos de agua de que disfruta la central. «Es obvio que ese agua puede ser un instrumento importante para generar otras actividades», ha apostillado. La ministra ha señalado que otras maneras de atraer inversiones y lograr una «transición justa» son las subastas de nueva potencia renovable, «donde se priorice las tecnologías en aquellos territorios en transformación».

PP y Podemos facilitan con su abstención convalidar en el Congreso el decreto de ayudas por el cierre de minas

Europa Press.- El PP y Unidos Podemos facilitaron en el Congreso con su abstención la convalidación del decreto ley que formaliza el acuerdo del Gobierno con sindicatos y patronal de la minería de cara al cierre de instalaciones no competitivas. De esta forma, el Gobierno se garantiza la continuidad de este acuerdo, gracias al respaldo de PSOE, Ciudadanos, Esquerra Republicana y PNV, mientras que el PDeCAT también ha optado por la abstención.

Durante la defensa de su decreto ley ante el Congreso, la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha asegurado que el Gobierno viene «trabajando en un plan de rescate» de estas empresas, facilitando las prejubilaciones y bajas incentivadas para trabajadores de estas empresas y la inclusión en bolsas de trabajo de los de empresas subcontratadas, no incluidas en el acuerdo. Sin embargo, la ministra ha apostado por centrar la actuación de los planes de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética en aquellas zonas afectadas por estos cierres, contando con sus trabajadores, y la firma de convenios «de transición justa», así como el «seguimiento transparente» de estas líneas de ayuda.

Sin embargo, Alberto Herrero, portavoz energético del PP, ha criticado que la transición planteada por el Gobierno «ni es justa ni mucho menos sostenible» y, sin rechazar las prejubilaciones planteadas, ha lamentado que el decreto sea «la estrategia perfecta para cargarse las centrales térmicas«. En este sentido, ha criticado que las políticas industriales del Gobierno hayan desencadenado los anuncios de cierre en fábricas como las de Alcoa, Cemex o Vestas, y que vayan a suponer, para zonas como Andorra (Teruel), «el punto y final a una comarca» y la herida «de muerte» a la provincia.

Por parte de Podemos, tanto Ana Marcello como Segundo González han criticado la insuficiencia de las partidas presupuestadas para reactivar las comarcas, que han pedido mejorar en los Presupuestos, y también que se queden fuera de las prestaciones los trabajadores subcontratados. Así, han criticado que el compromiso del Gobierno a «estudiar la posibilidad de mejorar las prestaciones» para estos, no deja de ser «una mera declaración de intenciones». «No es que no nos valga a nosotros, es que no les vale a ellos», lamentó Marcello.

Ciudadanos cuestiona las ayudas pasadas

Melisa Rodríguez, responsable de Transición Ecológica de Ciudadanos, ha avalado las ayudas pero cuestiona la eficacia de los planes precedentes, señalando la alta tasa de desempleo en estas comarcas y la ausencia de una reconversión industrial. «¿Dónde está ese dinero que se supone que se ha destinado? ¿La situación de las cuencas ha mejorado después de todos estos planes?», se preguntó, reclamando un mayor seguimiento de todo este dinero, con el fin de comprobar que las partidas «llegan a los mineros», y reclamando una comisión parlamentaria para investigar estos fondos.

Por parte del PSOE, Ignacio Urquizu ha defendido que las ayudas facilitan «una salida digna» a la minería y nuevas oportunidades a sus trabajadores, y ha celebrado que el acuerdo alcanzado se haya llevado a cabo dando la palabra a sindicatos y patronal, «quienes saben y están en la cuenca». Joan Capdevila, de ERC, ha avalado las medidas, «no sin antes poner en duda su ejecución real» ha puntualizado, y Carles Campuzano, portavoz del PDeCAT, ha pedido no excluir a cuencas mineras catalanas, además de alertar un posible conflicto de competencias con las comunidades autónomas.

Los sindicalistas celebran la convalidación

Por su parte, la Federación de Industria, Construcción y Afines de UGT (FICA UGT) ha celebrado la convalidación por parte del Congreso de los Diputados del acuerdo para lograr una transición energética justa para la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027, ya que considera que es «el mejor acuerdo posible, además de razonable y positivo». El sindicato subraya que este acuerdo, que ha sido convalidado después de que fuera aprobado el pasado diciembre por el Consejo de Ministros, «pone las bases definitivas para desarrollar una transición energética justa en el país».

UGT subraya que ha mantenido desde el principio «una defensa cerrada e inequívoca del carbón autóctono» como parte del mix energético y, por ello, recuerda que ha insistido en esta reivindicación hasta pactar con el Gobierno que, más allá del 2018, y allí donde la generación eléctrica basada en el carbón se mantenga, «se promoverá el uso del carbón autóctono para favorecer el mantenimiento de la actividad y el empleo ligados a una minería competitiva«.