La patronal eléctrica Unesa aprueba un plan de renovación y releva al presidente Eduardo Montes por la jurista Marina Serrano

EFE / Servimedia.- La junta directiva de la Asociación Española de la Industria Eléctrica (Unesa) ha acordado por unanimidad la puesta en marcha de un plan de renovación integral de la patronal eléctrica, que se centrará a partir de ahora en temas regulatorios. Para ello ha nombrado nueva presidenta a Marina Serrano, especialista en regulación y que asumirá el cargo de forma inmediata tras suceder a Eduardo Montes, que deja la presidencia de Unesa después de 7 años.

El objetivo del plan de renovación es, según la asociación, «reforzar su papel ante las prioridades y necesidades actuales del sector eléctrico». Unesa centrará sus actuaciones de forma prioritaria en temas de carácter regulatorio y en aspectos relacionados con la distribución eléctrica. Además, intensificará su compromiso con la transición energética y con la implantación de un sistema energético más limpio y eficiente. Unesa potenciará su relación con otros agentes y las posibilidades de abrirse a nuevos miembros con un papel relevante en el contexto eléctrico, lo que impulsará su función como plataforma de debate entre los principales agentes del sector.

Nueva etapa con transición energética

Según Unesa, la patronal emprende ahora una nueva etapa marcada por la transición energética hacia un modelo libre de emisiones, la creciente competencia en el mercado eléctrico y la necesidad de redefinir sus actuaciones. Estos factores han llevado a la junta directiva a aprobar el relevo de Eduardo Montes, que recibió el agradecimiento de todas las compañías «por el trabajo realizado y los resultados obtenidos». Montes tuvo que afrontar, entre otras cuestiones, la defensa de los intereses del sector eléctrico durante la importante reforma regulatoria aprobada, el desarrollo de un amplio número de iniciativas legales relativas a otros cambios regulatorios posteriores y, en el ámbito interno, una profunda reestructuración de la propia asociación a fin de asegurar su viabilidad económica.

Por su parte, Marina Serrano es licenciada en Derecho y Premio Extraordinario fin de Carrera por la Universidad de Zaragoza, licenciada en Filosofía y Letras, y diplomada por el Centro de Estudios Constitucionales. En 1982 ingresó en el cuerpo de Abogados del Estado y en 2014 se incorporó al despacho de abogados Pérez-Llorca. Además, es consejera de Abertis Infraestructuras. Especializada en Derecho de la Energía, ha dedicado gran parte de su carrera al sector energético, en el que ha desempeñado cargos de gran relevancia, como consejera y secretaria tanto del Consejo de la Comisión Nacional de la Energía, como de la anterior Comisión del Sistema Eléctrico Nacional. Además, ha sido secretaria del consejo de administración de Red Eléctrica de España.

Serrano ha asegurado que es «un gran honor» asumir la presidencia de Unesa en un momento en el que el sector energético debe afrontar «retos muy importantes». «Estoy convencida de la necesidad de impulsar y propiciar un entorno que favorezca una clara mejora de nuestra eficiencia energética y que contribuya positivamente a la mayor competitividad de las empresas españolas», subrayó.

Juan Virgilio Márquez (AEE): “Con estabilidad regulatoria y seguridad jurídica participarían aún más operadores en las subastas de energías renovables” (II)

Javier Angulo.- Apenas un mes después de la última subasta de renovables, el Consejo de Ministros ha dado luz verde a la nueva subasta anunciada recientemente por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy: 3.000 MW destinados a las tecnologías eólica y solar fotovoltaica. Precisamente son las subastas el principal tema a abordar en esta segunda parte de la entrevista al director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), Juan Virgilio Márquez (Madrid, 1973).

La falta de diálogo con el sector fue uno de los principales reproches que se realizaron al Ministerio de Industria con el tándem José Manuel Soria-Alberto Nadal. ¿Hasta qué punto ha cambiado la situación en la nueva legislatura, con el nuevo Ministerio de Energía y la llegada de Álvaro Nadal?

Se están dando pasos en una dirección correcta, como muestra el dialogo de expertos para la formulación de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Es de valorar, pero siempre hemos pedido que el dialogo tiene que estar en todas las fases de ejecución de los grandes proyectos o programas que el Gobierno tiene que lanzar. Uno de esos asuntos son las subastas. Nos hubiera gustado que en la gestación o diseño de las subastas, en la fase inicial, se hubiera dialogado con todos los sectores renovables para recopilar de cada uno de ellos sus principales necesidades y mejorar su diseño. Se están dando buenos pasos, a diferencia de la etapa anterior, pero hay cuestiones que se pueden mejorar.

¿Cómo valora el sistema de subastas de renovables puesto en práctica para la subasta de mayo y que todo indica que volverá a utilizarse prácticamente igual para la anunciada subasta de otros 3.000 MW renovables?

El sistema de la última subasta, que era bastante similar al de 2016, es complejo.En otros países, casos de éxito a nivel internacional, se establecen sistemas en los que se subasta un incentivo por producción de energía; aquí se subasta un incentivo por potencia instalada. Todosistema complejo implica riesgos, en primer caso, de interpretación. Por ello, no terminamos de ver la ventaja de la neutralidad tecnológica; entendemos que habría que realizar subastas que incorporasen cupos por tecnología que saliesen de una planificación energética, del mix que el Gobierno quiere conseguir para el futuro.

Por ello, creemos que una subasta no se debería limitar a una puja cuantitativa por un incentivo sino que debería tener en consideración una serie de condicionantes que rodean al ámbito energético en este país: hay una distribución regional peculiar, con un mayor recurso eólico en el norte y mayor recurso solar en el sur; hay una industria propia, una industria eólica que hay que cuidar, con más de 200 centros de producción en 16 comunidades autónomas. Asimismo, hay una conciencia ambiental importante. La subasta podía haber sido una oportunidad para aglutinar todos estos intereses públicos para integrarlos en un mecanismo que, aún con estos parámetros, seguiría garantizando un precio muy bajo, de incentivo 0  durante este primer período regulatorio.

¿Ha habido discriminación a favor de la eólica, tal y como denuncian las organizaciones solares?

A día de hoy no puedo asegurar que se haya favorecido a alguna tecnología. Los parámetros asignados a cada tecnología no minusvaloran el rendimiento que podría aportar cada tecnología, discriminando a la solar en beneficio de otras, como se ha dicho. Así que, simplemente por el diseño de la subasta, no me atrevo a decir que se haya favorecido a la eólica, salvo en caso de descuento máximo. Es evidente que uno, cuando hace el diseño de una subasta y al margen del contexto, no piensa que la oferta que va a ir al descuento máximo va a ser mayoritaria. Puede pensar que las plantas que más prestaciones den, vayan al descuento máximo, pero no el 100% de la subasta.

Lo cierto es que las subastas están integradas en un contexto. En diseño no se beneficia a la eólica, pero claro, cuando se da que la mayor parte de la oferta va al descuento máximo, lo que priman son las horas de producción. Y si el contexto es que hay mucho proyecto, parado durante mucho tiempo, tanto eólico como fotovoltaico, y se subastan 3.000 MW, se llena con las tecnologías que más producen, en este caso la eólica. La conclusión de la subasta es que se ha quedado pequeña, que hay capacidad de aportar más megavatios renovables a descuento máximo.

En 2015, AEE reclamaba al Gobierno un calendario de subastas. Ha habido dos subastas, se anuncia otra de 3.000 MW en próximos meses. ¿Se cumplen las expectativas de la patronal?

En 2015 se hablaba de una planificación energética, con una serie de megavatios necesarios para cumplir los objetivos. La realidad es que no ha habido ese calendario de subastas, simplemente ha habido dos subastas para el cumplimiento de objetivos de renovables comprometidos con Europa. Y la próxima subasta que viene es consecuencia de que las anteriores se han quedado pequeñas.

Hay quién no duda en hablar de improvisación en esta forma de anunciar las subastas…

Desde AEE hemos pedido siempre una planificación energética a largo plazo. Permite prepararse, que las industrias hagan ofertas competitivas, busquen los mejores desarrollos tecnológicos, busquen los mejores parques… Lo que ocurre es que hay una subasta del 2016, que se llenó con el descuento máximo del 100%; hay otra este año en la que se han corregido aspectos, como un límite al descuento máximo, y también se ha vuelto a llenar; conclusión: el Gobierno ha visto que hay más oferta a descuento máximo y por eso plantea realizar otra subasta.

Respecto a la primera subasta, ¿desde AEE hay confianza en que los adjudicatarios vayan a llevar a cabo sus proyectos?

No tenemos ningún indicio que diga que los proyectos no se van a hacer. Confiamos en las empresas que han resultado adjudicatarias de la subasta. Llevamos mucho tiempo parados, con los proyectos en los que, en muchos casos los permisos ya adjudicados, perfectamente estudiados. Además, esas subastan también exigían avales, por lo que las empresas adjudicatarias saben a lo que se arriesgan si no cumplen, con los avales que se ejecutan como penalización. Eso sí, hasta que no se materialicen los proyectos no podemos decir que la subasta ha sido un éxito. Las subastas tendrán éxito siempre y cuando los proyectos se lleven a cabo.

El Gobierno confía en que con estas subastas se conseguirá alcanzar el objetivo de renovables del año 2020. Sin embargo la planificación energética indica que España necesitaría 8.500 MW renovables, de los cuales 6.400 MW eólicos. ¿Esperan que haya más subastas aparte de la que se acaba de anunciar por parte del presidente del Gobierno?

Esa planificación de 2015, de Red Eléctrica, es la que venimos utilizando porque está bien estudiada y es una referencia del sector. Teniendo en cuenta los 500 MW de la primera subasta, el cupo canario, los 2.900 MW de la subasta de mayo más los megavatios que la eólica pueda conseguir en la próxima subasta, creemos que a nivel de sector eléctrico se cumplen los objetivos. Pero insisto, el reto no es el sector eléctrico sino el resto de sectores del que un 20% de energía final consumida tiene que proceder de fuentes renovables. El objetivo se va a cumplir siempre que tengan el avance necesario para poder cumplirlo, sobre todo en lo que se refiere al transporte y calefacción.

¿Estas subastas suponen el impulso necesario para la industria eólica después de la moratoria renovable?

Esta subasta ha generado mucha esperanza en el sector. Estábamos en un momento complicado porque llevábamos mucho tiempo parados y los centros industriales ubicados en España llevan 3 años exportando el 100% de su producción, casi 3.000 millones de euros al año. Somos un sector incorporado a la mesa de sectores estratégicos con el calzado, el vino, los fabricantes de automóviles… un sector que ha sabido soportar la crisis, soportar la reforma, y reorientar su actividad para ser un player de referencia a nivel mundial, produciendo aerogeneradores para todo el mundo

Un mercado local siempre es muy bueno porque genera eficiencia en costes, los centros de producción se quedan en España. Va a generar empleos, entre 25.000 y 30.000 empleos  equivalentes en la fase de producción y de fabricación de los parques, contando empleo directo e inducido. Y en funcionamiento de los parques unos 6.000 empleos equivalentes al año, además de 3.000 millones de euros de inversión. Es una noticia estupenda, una inyección de moral, esperanza y alegría

¿Cuál  puede ser el cambio de fisonomía en el sector eólico? Hay operadores eólicos, con fuerte implantación en España, que no han acudido a la subasta. Otros han acudido al  necesitar incorporar potencia renovable a su mix empresarial de generación… ¿cómo anticipáis que va a ser la evolución del sector?

Hay que diferenciar que estos nuevos actores entran sin ninguna carga del pasado. Los fondos de inversión llegan en buena situación porque los activos tienen un nivel de eficacia y eficiencia importante y los explotan correctamente. Hay una serie de empresas, principales actores de la implantación renovable en España, que tienen una cantidad importante de activos que han sufrido la reforma energética y optan por estrategias más conservadoras. Hay otras empresas que tratan de cambiar su modelo de generación y apuestan por renovables ante la transición energética. Desde la AEE respetamos las estrategias particulares de cada empresa y creemos que hay que dar cabida a todos para que las renovables sigan generando más energía y sean cada vez más baratas.

Con mayor nivel de seguridad jurídica ¿Creéis que podría volver a participar en nuevas subastas de potencia algún operador que declinó participar en la subasta?

SI se estableciera un marco futuro en el que la estabilidad regulatoria y la seguridad jurídica estuviera garantizada a unos niveles como los que desde el sector estamos demandando, habría mayor penetración de muchos actores, no sólo de los que no han acudido a la subasta. La regulación en España permite al Gobierno realizar cambios cada cierto tiempo, cambios que nos preocupan mucho. Estamos hablando de que cada 6 años se puede cambiar la rentabilidad razonable, la rentabilidad regulada que por ley se garantiza al inversor. Una empresa lo tiene que tener en cuenta para su estrategia. No hay seguridad desde ese punto de vista.

No se sabe que va a pasar a partir de 2020, esperamos que el Gobierno abra una vía de diálogo con el sector para conocer sus necesidades y sus problemas. Hay que tomar decisiones que garanticen las inversiones realizadas y la sostenibilidad del sistema de tal forma que no vuelva a penalizarse a los inversores que en su momento apostaron por implantar las renovables en España. Si eso se garantizase, el avance de las renovables en España a precios todavía más competitivos sería mucho mayor. Habría más seguridad, más confianza, y en las subastas de renovables participarían aún más operadores.

 

Primera parte de la entrevista en este enlace:

Juan Virgilio Márquez (AEE): “La transición energética tiene que ser ambiciosa, a largo plazo, planificada y eléctrica”

Juan Virgilio Márquez (AEE): “La transición energética tiene que ser ambiciosa, a largo plazo, planificada y eléctrica”

Javier Angulo.- Este jueves es el Día Mundial del Viento de 2017. Corren de nuevo buenos aires para la industria eólica en España, principal adjudicataria de la reciente subasta de energrenovables celebrada. Y no parece que vayan a cesar, con la transición energética en el horizonte. Juan Virgilio (Madrid, 1973) es desde el pasado mes de diciembre el director general de la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la patronal del sector, y atiende a EnergíaDiario.com para hacer un repaso general al momento que vive la eólica española.

Para empezar, ¿cuáles son las principales demandas del sector eólico?

La principal petición del sector es que se elimine de la ley la posibilidad de revisar la rentabilidad razonable de los proyectos cada 6 años, clave para la estabilidad regulatoria de nuestro sector. Más allá de eso, la planificación energética en España es una necesidad. La directiva europea de renovables es una oportunidad; debe ser ambiciosa a largo plazo y comprometer a todos los países. En este sentido, la estabilidad regulatoria es esencial para garantizar la inversión en este sector y la tecnología eólica es una de las más punteras, comparable con cualquier energía convencional y cualquier otra renovable, para proporcionar energía durante más horas a un precio muy competitivo.

Se acerca el III Congreso Eólico organizado por AEE: ¿Qué podemos esperar de esta edición?

Es la principal cita del sector a nivel anual y estamos muy ilusionados: la coyuntura es buena, salimos de una subasta en la que la eólica se ha adjudicado una cantidad de megavatios importante, lo que supone un ápice de esperanza. El Congreso tiene dos partes: una más de geopolítica de la energía, en la que vamos a tener dos secretarios de Estado, de Energía y Comercio, así como dos dirigentes equivalentes al rango de secretarios de Estado de Argentina, de Energías Renovables y de Producción. Habrá también una mesa de CEOs para discutir aspectos de las subastas; una mesa de la Industria para abordar su planteamiento sobre la transición energética; y una mesa de la Unión Energética en Europa.

También tenemos conferencias técnicas muy interesantes que abarcan todos los retos del sector desde una perspectiva muy innovadora, tratando todos los desarrollos tecnológicos que son el futuro: sistemas de predicción del recurso eólico mediante tecnologías de láser/radar, mejoras de la estimación de la corrosión en eólica offshore, técnicas de sensorización para el mantenimiento preventivo, la industria 4.0… Tocamos todos los palos de las tecnologías que se complementan con la tecnología eólica de generación para mejorar las prestaciones. El Congreso es una cita única cada año donde se aglutinan estas dos visiones. Tenemos representación desde el más alto nivel político hasta un nivel mucho más técnico.

Argentina es el país invitado. ¿Qué puede aprender el sector eólico de España del argentino?

Argentina es uno de los países que a día de hoy está apostando con más claridad por las renovables. Tiene un compromiso a nivel político importantísimo, con una política energética clara y una planificación energética que da visibilidad y seguridad para el inversor. Ha establecido mecanismos de garantía de cobro muy interesantes para asegurar que el riesgo país, que antes podía haber, ya no existe.

A día de hoy es una de las salidas más importantes para la industria española, que lleva 3 años de letargo en España, de parálisis, y que de alguna forma ve que estos mercados están despegando. Argentina está aprovechando las lecciones aprendidas de lo que se ha vivido en otros países pioneros, entre ellos España, de cómo hacer subastas sencillas, como hacer subastas que generen confianza, como generar mucha afluencia de ofertas y conseguir la ejecución de proyectos. Es un país adecuado para conocer más.

También estará el eurodiputado socialista José Blanco, justo cuando la Unión Europea está en pleno proceso regulatorio. ¿Qué esperan de la nueva directiva de renovables desde el sector eólico español?

La directiva es una oportunidad única porque va a establecer el marco de referencia a nivel europeo. Tiene que ser ambiciosa, una directiva que genere un nivel de ambición superior al que actualmente tiene acordado Europa; tiene que generar estabilidad, que intente impedir que se vuelvan a repetir situaciones del pasado; tiene que garantizar una seguridad jurídica.  Asimismo, nos gustaría que los objetivos a 2030 fueran vinculantes por país. Es una oportunidad para que toda Europa se fije un objetivo común y todos los países europeos caminemos por la misma senda, con un ritmo equivalente y razonable, y no se repitan errores como los que se cometieron en el pasado.

¿Ambición es ir más allá del 27% de energías renovables fijado por Europa para 2030?

Por supuesto. Ambición es ir a un 35%. Para alcanzarlo el reto más importante ya no es para el sector eléctrico, que está haciendo sus deberes. El reto son los otros sectores, el sector transporte y calefacción. Pero si queremos alcanzar un nivel de descarbonización total en 2050, no salen las cuentas con un 27% para 2030. Hay que ser más ambicioso y coger una energía de activación al principio, una inercia, para no poner en riesgo el objetivo final y que no haya errores.

¿Cuáles son los elementos a considerar de cara a la anunciada nueva Ley de Transición Energética desde la industria eólica?

La Ley de Transición Energética es una oportunidad única. Hay un momento político adecuado, con una diversidad en el parlamento que tiene que generar los acuerdos y consensos necesarios para el largo plazo, que no cambien con cada legislatura. Hay una serie de vectores clave que tienen que guiar la transición energética. Desde la AEE creemos que la transición energética tiene que ser ambiciosa, a largo plazo, planificada y eléctrica.

El camino principal es la electrificación. Tiene que ser una transición eléctrica, donde desde los patrones de consumo de determinadas energías más convencionales se pase a patrones de consumo de energía eléctrica. Tiene que ser una transición que genere estabilidad del sistema a todos los niveles: estabilidad regulatoria, económica e industrial, que el sector tenga visibilidad para seguir manteniendo en este país sus centros de producción. Asimismo, la transición tiene que establecer objetivos ambiciosos a largo plazo y acciones a corto plazo, como aclarar la fiscalidad asociada al sector energético, que penaliza en muchos casos la factura eléctrica del consumidor.

¿Qué efecto tiene para el sector eólico la sobrecapacidad en la generación? ¿Qué visión se tiene desde los productores y desde la industria de componentes y equipos del sector eólico?

Hay que dimensionar la red para los puntos máximos de consumo, que se producirán en ciertos momentos del año. Por tanto, la sobrecapacidad es necesaria siempre que se quiera tener una calidad del servicio y sin apagones. Lo más importante es que las renovables son las energías que tienen que seguir aumentando en el mix para alcanzar los objetivos comprometidos. Y es el Gobierno el que decide el mix, Además, si se electrifica la demanda de determinados sectores, como el transporte y calefacción, aún con las necesarias medidas de eficiencia energética, se necesitarán más MW verdes para cumplir los objetivos a 2050. La senda está clara y la sobrecapacidad es una realidad que debe seguir existiendo en su justa medida.

El sistema retributivo establecido entre 2013 y 2014 fija dos cuestiones muy discutidas desde la patronal: el límite establecido a la hora de compensar retributivamente que el precio real del mercado haya sido inferior al previsto por el Gobierno, lo que impide alcanzar ahora la rentabilidad razonable, y en segundo lugar, que la propia rentabilidad razonable se revise al final del período regulatorio, cada 6 años. ¿Qué les dice el Ministerio al respecto y creen que podrán conseguir alguno de sus propósitos en este sentido?

No tenemos información ni ningún tipo de directriz por parte del Gobierno de cómo va a proceder a este respecto. Son temas preocupantes. Las revisiones deberían garantizar que se percibe la rentabilidad razonable y, con las previsiones establecidas de precio del mercado, no se está percibiendo lo que corresponde para alcanzar la rentabilidad razonable, por lo que estos límites deberían de reestudiarse o eliminarse para proporcionar al inversor la rentabilidad que la ley garantiza. En definitiva, el marco retributivo genera inseguridad; hay una serie de aspectos que no están fijados y a futuro genera incertidumbre.

Si las empresas no obtienen los ingresos que establece la propia ley, ¿no hay alguna forma de recurrir esta cuestión ante los tribunales de Justicia?

La rentabilidad razonable se garantiza al final del período regulatorio de 20 años. A día de hoy lo que se ve es que la senda que creemos que debemos tener no se está cumpliendo. Confiamos en que al final del período regulatorio se establezcan los mecanismos para garantizar la rentabilidad razonable a los inversores. Estamos a mitad de camino aún en muchos casos y, a partir de 2019, se verá para los primeros parques eólicos.

¿Cómo valora la irrupción de nuevos operadores eólicos, así como la toma de posiciones de los operadores en las subastas? ¿Cuales consideran que serán las líneas de evolución del sector a nivel corporativo y estratégico?

La entrada de nuevos operadores en la operación de parques eólicos se lleva viviendo desde el año 2010. Hay un informe de la OCDE de que en el año 2010 en Europa el 62% de los parques eólicos estaba en manos de las eléctricas, y el 6% de fondos; ahora ambos están entre el 30% y el 40%. Hay una incursión importante de este tipo de actores que nos parece bien siempre y cuando los proyectos se lleven a cabo

Hay que tener en cuenta el entorno en el que nos movemos: la tecnología se ha desarrollado mucho; los costes de fabricación son menores; hay una importante liquidez en el mercado y una serie de actores que se pueden financiar con muy buenas condiciones. Todo esto genera que haya mucho apetito por invertir en España en renovables y que hayan entrado este tipo de actores. Celebramos que haya mucha inversión pero lo que necesitamos es que los parques se pongan en funcionamiento. Y no dudamos que va a ser así, pero se comprobará cuando se cumplan los objetivos en 2019.

Jorge González Cortés, nuevo presidente de APPA Fotovoltaica

EFE / Europa Press.- La asamblea general de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) eligió a Jorge González Cortés, director de la empresa Solynova, nuevo presidente de su sección fotovoltaica de la patronal de energías renovables, según anunció la compañía especializada en la generación eléctrica con solar fotovoltaica. La elección de Jorge González fue decidida por unanimidad y se produce en un momento crucial para esta tecnología. Su presidencia, que durará hasta 2021, coincide con la reactivación del sector, el autoconsumo y la competitividad a través de la tecnología.

Nacido en Madrid en 1975, el nuevo presidente estudió Gestión Comercial y Marketing en ESIC y ha dedicado al sector energético e IT gran parte de su trayectoria profesional, centrada en las áreas comerciales y de marketing. Además, es, desde 2006, director Comercial y Marketing de Gesternova, empresa pionera en España en la comercialización de energía de origen 100% renovable.

El nuevo presidente de APPA Fotovoltaica destaca que esta tecnología ha reducido sus costes un 82% en 7 años, y que «en 2016 se instalaron 75 GW de fotovoltaica, lo que supone un crecimiento del 50% frente a 2015». «El mundo apuesta por esta tecnología porque es competitiva, justo lo contrario de lo que se ha hecho en España en los últimos años, donde no dejamos de poner trabas a su desarrollo», ha aseverado González Cortés, que demanda un “marco regulatorio que sea estable para que empresas y particulares puedan beneficiarse de este desarrollo espectacular».

Una legislatura clave para la cogeneración, por Julio Artiñano

Es frecuente que, cuando va a arrancar un nuevo ciclo político, los distintos ámbitos compitan para atribuirse los calificativos más trascendentes en aras de captar la atención de los futuros responsables del país. Esto sucede por ejemplo con los sectores y tecnologías energéticas, que trabajan para afianzar su entorno de desarrollo para los siguientes 4 años. Entonces, ¿por qué considerar que la cogeneración merece ocupar un papel clave durante el período que arrancará cuando se forme Gobierno? Hay que tener en cuenta que hablar de cogeneración es hablar de industria, además de hablar de energía; es hablar de empleo, competitividad y eficiencia. Son términos genéricos, algunos quizás un poco manidos, por lo que será necesario un esfuerzo de concreción.

En primer término, conviene explicar que la cogeneración es una instalación asociada a un proceso productivo (industria química, alimentación, papelera…) que precisa de una importante cantidad de energía térmica (generalmente en forma de calor, pero también de frío) que se obtiene principalmente usando gas natural. La instalación de cogeneración aprovecha esta demanda energética y produce electricidad de forma simultánea. Así se genera aproximadamente un 10% de la energía eléctrica de España. Es muy importante destacar este rasgo distintivo: la cogeneración es principalmente una tecnología de abastecimiento térmico (frío, calor) y por tanto no puede considerarse solamente parte del sector eléctrico.

En los últimos años, esta pertenencia parcial al sector eléctrico ha conllevado para la cogeneración una batería de recortes y modificaciones como parte de las medidas puestas en marcha por el Gobierno para atajar la generación de déficit de tarifa. El ajuste retributivo ha sido tal que la falta de rentabilidad ha llevado a parar a más de 2.000 megavatios (MW) de los 6.000 MW que había en funcionamiento en 2012. Un perjuicio injustificado para las industrias que, como parte de un mercado global, apostaron por la cogeneración como fórmula para mejorar su competitividad.

Pero aunque aún estemos a tiempo de recuperar una pequeña parte de las más de 450 instalaciones paradas (algunas de estas instalaciones no se han dado definitivamente de baja, subsistiendo a la espera de un marco legislativo de nuevo favorable), cada mes que pasa es más complicado, dado que el paso del tiempo acarrea un problema añadido. La cogeneración apenas ha aumentado en potencia en España desde el año 2002.

Eso significa que la mayor parte de las instalaciones son anteriores a esta fecha: actualmente hay 4.400 MW con 15 o más años de antigüedad. Con todo lo que esto implica a nivel de mejoras tecnológicas disponibles y de momento no ejecutadas: mayor eficiencia y menor impacto sobre el medio ambiente, mayor actividad de los sectores industriales tipo ingenierías, prestadores de servicios energéticos y suministradores de equipos, etc. Además existen aproximadamente 1.000 MW de plantas que utilizan fuel en lugar de gas natural, con un potencial de mejora ambiental y de eficiencia evidente.

Con estos precedentes, la cogeneración en el año 2016 no puede ser otra cosa que sinónimo de oportunidad. España afronta el horizonte 2020 compromisos a nivel internacional en materia de emisiones y eficiencia. El 2020 es solo una legislatura más, en concreto la próxima. Pero hay que ir más allá: en los foros de discusión ya se debaten los objetivos al 2030 e incluso hasta 2050. Y la Unión Europea ha restringido, hasta en 10 veces menos, las emisiones de las grandes plantas de combustión a partir de 2018, por lo que muchas instalaciones necesitan tomar medidas urgentes para adaptarse. Es hora, por tanto, de mirar a largo plazo y hacer efectiva la apuesta por la industria.

Como cualquier otro sector, la cogeneración necesita inversión; y la inversión necesita de unas condiciones propicias para llegar a ejecutarse. La Ley 24 del Sector Eléctrico de diciembre de 2013 recogió que se desarrollarían programas de renovación de instalaciones de cogeneración. Hasta la fecha actual, el sector ha trabajado en propuestas para promover que este Plan Renove se desarrolle. Es preciso acabar con la incertidumbre regulatoria y ofrecer seguridad a las inversiones para que se ejecuten. Y después de casi 3 años, hay que subrayar que es urgente.

Un Plan Renove de los 2.500 MW afectados a 2020 serviría para utilizar la mejor tecnología disponible y alcanzar los estándares de eficiencia de la regulación comunitaria, en un momento en el que la obsolescencia de los equipos hace más recomendable su sustitución que afrontar su mantenimiento. Este Plan Renove, con una inversión de 1.500 millones de euros, supondría además una vía para avanzar en la reducción de emisiones de gases invernadero, generaría 3.000 empleos por toda la geografía nacional al tiempo que reforzaría la apuesta por la industria en un doble sentido: la que invierte en cogeneración para mejorar su competitividad pero también la que suministra los equipos energéticos u ofrece servicios de ingeniería y construcción.

Por ello el XII Congreso Anual de Cogen España debe servir como un punto de inflexión en el desarrollo de la cogeneración en España y favorecer que se propicien las condiciones necesarias para que estas inversiones privadas se produzcan en un entorno regulatorio seguro. Todo ello sin perder de vista cuestiones como la participación de la cogeneración en los servicios de ajuste o la reactivación de sectores parados por la reforma energética, como el del tratamiento de los  purines de cerdo mediante cogeneración.

Finalmente, para enriquecer el mensaje y tener una visión más amplia, en el Congreso se contará con la participación de la propia Dirección General de Energía de la Comisión Europea y de Cogen Europa para aportar una visión general comunitaria, así como de los homólogos de la Asociación Alemana que expondrán su situación nacional en materia de cogeneración.

 

Julio Artiñano es presidente de Cogen España.

Los cogeneradores celebran el apoyo de la Comisión Europea a su actividad

Europa Press.- La Asociación Española de Cogeneración (Acogen) mostró su satisfacción con la respuesta emitida por la Comisión Europea acerca de la actividad de cogeneración, a la que el Ejecutivo comunitario reconoce su contribución a la eficiencia energética y a la productividad de la industria. A comienzos de julio, los eurodiputados de ALDE, Carolina Punset, Javier Nart y María Teresa Giménez Barbat preguntaron a la Comisión Europea sobre la contribución y evolución de la cogeneración al ahorro de energía en la Unión Europea, explica Acogen.

La pregunta ya ha sido respondida por el comisario Miguel Arias Cañete, en unos términos que tanto el sector europeo de la cogeneración como sus industrias asociadas valoran «positivamente, tanto por la información incluida como por sus directrices de acción política». La pregunta de los europarlamentarios señalaba el papel clave de la cogeneración para lograr el objetivo de ahorrar el 20% de la energía para el año 2020, establecido en la Directiva 2012/27/UE de eficiencia energética, y se interesaba por su evolución en la Unión Europea, mencionando la situación en España, donde 350 de las 1.000 instalaciones existentes han parado.

Retroceso progresivo de la cogeneración

«La respuesta ha puesto de manifiesto la importancia de los ahorros de energía primaria y de la cogeneración, así como el seguimiento que está haciendo la Comisión Europea, que ha detectado un retroceso del 1% anual de la cogeneración en la Unión Europea en el periodo 2005-2013″, señala Acogen. La Comisión, explica, insta a revertir esta situación de retroceso, dadas las aportaciones de la cogeneración a la eficiencia y a la productividad industrial. Asimismo, la Comisión confirma estar analizando los estudios de Potenciales de Cogeneración de alta eficiencia que exige la normativa y que le han remitido los Estados miembros.

Anpier denuncia que el recorte fotovoltaico lo soportan las familias productoras y no la gran empresa

Europa Press.- La Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica (Anpier) asegura que el recorte de retribución a las instalaciones lo están soportando las familias productoras y los pequeños inversores, mientras que las grandes empresas de renovables están encontrando fórmulas para vender sus activos a fondos y eléctricas con quitas cercanas al 35%. De este modo, señala que los grandes proyectos han podido negociar con los bancos o vender los activos al no tener avales personales, y los nuevos titulares han comprado «a precio de saldo».

A su juicio, esta situación contrasta con las cerca de «62.000 familias fotovoltaicas españolas», que están viéndose abocadas a continuas refinanciaciones para no perder ni los activos solares ni los bienes personales que les había exigido la banca como garantía. «Una vez más, son los particulares las que están asumiendo estragos normativos arbitrarios, que liberan a las grandes entidades de cargas, mientras quedan a merced de las consecuencias aquellos con mayor grado de compromiso legal y fiscalización soportan», esto es, «las familias y las pymes».

Las grandes empresas han podido cerrar acuerdos ventajosos de refinanciación o deshacerse de activos, que están yendo a parar a manos de fondos de inversión o eléctricas tradicionales. De esta forma, ha minorado en gran medida las cargas financieras, con lo que mejoran la rentabilidad y amortiguan los recortes, señala Anpier. El presidente, Miguel Ángel Martínez-Aroca, denuncia que, con los recortes de hasta el 50% en la retribución, «los pagos a la banca se mantienen invariables mientras que los ingresos se volatilizan», lo que obliga a «estirar» los plazos de financiación hasta los 17 años.

Este escenario es «muy diferente del que han encontrado las grandes empresas que, sin garantías personales, en lugar de alargar su hipotecas, se han logrado quitas de manera directa o en el proceso de venta de los activos». «Una revolución tecnología y social promovida por decenas de miles de españoles, que suponía una gran oportunidad de redistribuir la riqueza energética de la que ahora disponemos, ha quedado truncada», asegura Martínez-Aroca.

La Fundación Renovables nombra a Laura Martín Murillo como nueva directora

Europa Press.- La Fundación Renovables ha elegido a Laura Martín Murillo como nueva directora, un nombramiento que abre una nueva etapa en la organización y que busca su refuerzo ante los importantes retos a los que se enfrenta el sector energético. En este sentido, el presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez Beltrán, incide en que ahora hay mayoría de fuerzas parlamentarias suficientes «para darle la vuelta al sistema energético y arrumbarlo ya hacia la sostenibilidad y mitigación del cambio climático como necesidad y gran oportunidad».

En esta línea, Martín Murillo afirma que desde la Fundación van a exigir a las fuerzas parlamentarias que cumplan los compromisos adquiridos con el objetivo de superar lo antes posible «el grave atraso sufrido por el sector renovable en los últimos años». «Necesitamos activar ya la transición energética hacia un modelo energético sostenible a través del desarrollo de las energías renovables y la racionalización del consumo y del uso de la energía», añade la directora.

La Fundación Renovables destaca que Martín Murillo cuenta con una «dilatada carrera» en el ámbito de la sostenibilidad e indica de que ha sido directora de Sustainlabour durante 13 años (2003-2016), fundación que trabajó con organizaciones sindicales de todo el mundo en la agenda de la sostenibilidad y el medio ambiente. Además, ha sido representante en negociaciones internacionales como la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático o el Grupo de Trabajo para los Objetivos del Desarrollo Sostenible.

La patronal fotovoltaica UNEF pide prorrogar hasta finales de año el plazo para registrar las instalaciones de autoconsumo

Redacción / Agencias.- La Unión Española Fotovoltaica (UNEF) solicitó al Ministerio de Industria y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una prórroga del plazo de inscripción de las instalaciones de autoconsumo de energía ya en funcionamiento, que finaliza este 10 de abril, hasta el 31 de diciembre de este año.

En una carta remitida a la directora general de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano, y al presidente de la CNMC, José María Marín Quemada, la patronal fotovoltaica subraya la necesidad de ampliar la fecha hasta final de año dado que se considera «preocupante, significativo y sintomático» que, a menos de un mes para alcanzar el vencimiento límite que establece la normativa, sólo se hayan inscrito 7 proyectos de autoconsumo fotovoltaico con una potencia acumulada de 103,5 kilovatios (kW).

En la misiva, la patronal fotovoltaica afirma que desde el sector se entiende que ello obedece «únicamente a cuestiones técnicas que están dificultando el cumplimiento de la normativa». Entre ellas destaca la falta de homogeneización en los esquemas de conexión que deben utilizar las instalaciones eléctricas, ya que cada distribuidora de zona tiene sus propios requerimientos. La normativa de autoconsumo, que establece una serie de cargos para los usuarios conectados a la red, fijó la necesidad de inscribir en un registro todas las instalaciones, incluidas las que ya estaban en funcionamiento antes de su aprobación.

Por otro lado, UNEF destaca que las dudas que tienen las compañías distribuidoras a la hora de aplicar el real decreto están retrasando el registro de instalaciones ya existentes, «al no dar respuestas ni en forma ni en plazos a los instaladores, de forma que estos no pueden finalizar los proyectos con arreglo a la normativa«. Además, señala que, pese a la «total disconformidad» del sector respecto al texto normativo, su intención siempre es la de acatar lo establecido por ley y muestra su disposición a trabajar para la elaboración de esquemas y procedimientos comunes a todas las empresas que redunden en una «normativa clara».

La Fundación Renovables pide incluir el autoconsumo entre los derechos del consumidor

Europa Press.- La Fundación Renovables reclama que se garantice a los consumidores el derecho a autoconsumir electricidad, y presenta esta reivindicación con motivo del Día Mundial de los Derechos del Consumidor. En concreto, pide que se reconozca este derecho sin ningún tipo de cargo y con posibilidad de recibir una remuneración por los excedentes de energía producida, así como sin trámites administrativos «complicados e innecesarios ni un régimen sancionador absurdo».

Anuncian la llegada del “prosumidor”

«El autoconsumo eléctrico, regulado de forma correcta para que se pueda ejercer sin trabas, es una herramienta clave para el empoderamiento de los consumidores, para conseguir que éstos sean por fin parte activa del sistema energético, y un vector de cambio para la sostenibilidad del sistema eléctrico y energético», indica el presidente de la Fundación Renovables, Domingo Jiménez Beltrán. Para la Fundación Renovables, el autoconsumo eléctrico allana el camino hacia un modelo energético «eficiente, seguro, distribuido y respetuoso con el medio ambiente», y al mismo tiempo permite al consumidor «dejar de ser un mero sumidero de energía y pasar a corresponsabilizarse y ser más sostenible con el entorno, al transformarse en un productor-consumidor (un prosumidor)».

La organización considera además que facilitar la «correcta» implantación y desarrollo del autoconsumo permitiría además contar con una herramienta de lucha contra la pobreza energética, un problema que afecta a más de 7 millones de personas en España y cuya solución debería ser «prioritaria para el Gobierno». «Por culpa de la nefasta regulación del autoconsumo eléctrico aprobada por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuyo titular es José Manuel Soria, España está muy atrasada en su desarrollo, en comparación con la mayoría de países de nuestro entorno, incluidos algunos con peores condiciones naturales para el autoconsumo, como Alemania», indica.