El Gobierno autonómico de Cataluña inicia la derogación del decreto que limita la implantación de parques eólicos y plantas fotovoltaicas

Redacción.- El Gobierno de Cataluña ha iniciado el proceso de derogación del decreto que regula la implantación de parques eólicos y fotovoltaicos en la comunidad autónoma. El Ejecutivo iniciará la consulta pública previa a la elaboración de un decreto para derogar el Decreto 147/2009, por el cual se regulan los procedimientos administrativos aplicables para la implantación de parques eólicos e instalaciones fotovoltaicas, el primer trámite para avanzar hacia un marco normativo más favorable para la instalación de energías renovables en Cataluña.

El actual marco jurídico catalán es una de las barreras que han limitado la instalación de energías renovables en la comunidad autónoma durante los últimos años. Con la derogación de este decreto, las instalaciones eólicas y fotovoltaicas pasarán a tramitarse de acuerdo con lo que prevé la normativa sectorial eléctrica para el resto de instalaciones y también estarán sometidas a las correspondientes tramitaciones ambientales urbanísticas. Este cambio pretende impulsar las renovables en Cataluña y avanzar en la consecución de un modelo energético descarbonizado en 2050.

El vigente decreto prevé la existencia de las llamadas Zonas de Desarrollo Prioritario (ZDP) de parques eólicos, que sólo pueden ser explotadas mediante la adjudicación por parte de la Generalitat mediante un concurso público. Fuera de las ZDP sólo se pueden instalar parques de hasta 10 MW o un máximo de 5 aerogeneradores. Este modelo, que tenía como finalidad ordenar la implantación de parques eólicos en el territorio y agilizar su tramitación administrativa, se convirtió en un freno. Por otro lado, el decreto establece diferentes limitaciones tanto de ubicación como de superficie ocupada en las instalaciones fotovoltaicas, que suponen una restricción que impide aprovechar las economías de escala que implican las instalaciones de mayor potencia.

Los precios de almacenamiento de energía en parques solares cae en Estados Unidos a menos de 40 dólares por megavatio/hora

Redacción.- Las utilities de Estados Unidos, en su búsqueda de nuevas fuentes de energía en los períodos punta (de mayor consumo), están recurriendo a parques solares integrados con sistemas de almacenamiento de baterías que ahorran energía para su uso posterior, compensando su dependencia de los generadores convencionales mediante combustibles fósiles, a menudo a precios más bajos.

Esta tendencia es más evidente en Hawái y en el oeste de los Estados Unidos, donde la multiplicación de los acuerdos de compra de energía (PPA) con almacenamiento solar, refleja unos activos maduros de potencia punta, con precios competitivos, según una revisión de S&P Global Market Intelligence. Si bien las configuraciones de los proyectos y las condiciones de los contratos varían, los precios de los parques solares a gran escala junto con las grandes baterías de iones de litio, que generalmente ofrecen 4 horas de almacenamiento de energía, han caído a entre 30 dólares/MWh y 40 dólares/MWh en varios acuerdos recientes y contratos en negociación.

La actividad de contratación, para lo que el desarrollador de proyectos AES Corp. ha llamado «picos fotovoltaicos», ha despegado en el suroeste de Estados Unidos, tanto para PPA como para proyectos propiedad de utilities. En 2018, los agregadores de la comunidad de California Monterey Bay Community Power y Silicon Valley Clean Energy anunciaron acuerdos con los desarrolladores de dos grandes plantas fotovoltaicas integradas con almacenamiento de batería en los condados de Kern y Kings, a precios que se revelaron en una reunión pública que no debe exceder los 40 dólares/MWh.

Por un lado, el proyecto Slate Solar, que integra 150 MW de energía fotovoltaica con un sistema de almacenamiento de energía de batería de 45 MW, está programado para estar conectado en junio de 2021 bajo contratos separados de 15 años entre Recurrent Energy LLC y los dos agregadores. Y por otro, EDF Renewables tiene un acuerdo de 20 años a partir de diciembre de 2021 para dar salida a su proyecto Big Beau Solar, que incluye 128 MW de energía solar y un sistema de batería de 40 MW.

«Este tipo de acuerdos son repetibles… a pesar de que la gente me dijo que el almacenamiento aún no era rentable», recalcó el presidente de Monterey Bay Community Power, Tom Habashi. Añadió que los proyectos a precios competitivos ayudan a reducir la exposición de la agencia pública a las costosas compras de energía punta a corto plazo y el componente de almacenamiento representa menos de 10 dólares/MWh del precio total.

En Nevada, como parte de una decisión que incluyó la jubilación anticipada de un generador de carbón envejecido, los reguladores energéticos estatales aprobaron en diciembre acuerdos a largo plazo entre NV Energy y desarrolladores de tres grandes instalaciones de almacenamiento solar que se espera que funcionen en 2021. Los parques solares Fish Springs Ranch y Dodge Flat de NextEra Energy, así como el proyecto Battle Mountain de Cypress Creek, conforman 3 PPA de 25 años suministrando energía solar a la compañía Sierra Pacific Power a precios fijos de aproximadamente 27 dólares/MWh y 30 dólares/MWh, con contratos adicionales de almacenamiento de entre 10 y 15 años para el almacenamiento de energía.

En un informe de 2018, el Laboratorio Nacional Lawrence Berkeley estimó en aproximadamente 5 dólares/MWh lo que supone el almacenamiento de energía para esos tres proyectos. A un precio estimado de entre 32 dólares/MWh y 35 dólares/MWh, incluidos los precios de la energía solar revelados por el regulador y los agregados de almacenamiento estimados por el laboratorio nacional, los precios son alrededor de una cuarta parte de lo que la utility Nevada Power (NV Energy) está pagando en su PPA por la producción de Crescent Dunes Solar, planta de energía de concentración de 110 MW con hasta 10 horas de almacenamiento de sal fundida que entró en funcionamiento en 2015.

Como parte de su Plan de Energía de Colorado para alejarse del carbón, Xcel Energy, a través de su filial Public Service de Colorado, está buscando cerrar los contratos para 3 proyectos fotovoltaicos respaldados por batería con «precios bajos sin precedentes» en el rango de entre 30 dólares/MWh y 32 dólares/MWh, según indicó al regulador en 2018. Dos de las tres instalaciones incluyen matrices de baterías de 100 MW y mayores. «No sé si pueden bajar más los precios», apuntó Alex Eller, analista de investigación de Navigant Consulting. «Hemos tenido una carrera hacia el fondo desde hace algún tiempo», señaló.

En Hawái, que tiene los precios de energía más altos del país y que se ha convertido en el terreno de prueba para los paneles solares con baterías, 6 PPA a largo plazo, aprobados recientemente entre Hawaiian Electric Industries y las filiales de AES Corp. Clearway Energy, Hanwha Corp. e Innergex Renewable Energy, varían entre los 78 dólares/MWh y 99 dólares/MWh para proyectos contratados para comenzar en 2021 y 2022.

Si bien son más altos que otros PPA recientes en los Estados Unidos, esos precios son «significativamente más bajos que el coste actual de la generación mediante combustibles fósiles» en Hawai, a aproximadamente 150 dólares/MWh, señaló Hawaiian Electric en marzo. Además, los últimos acuerdos de Hawai tienen un precio muy por debajo de los contratos anteriores a pesar de contar con baterías sustancialmente más grandes.

Por ejemplo, el proyecto AES Kuihelani Solar en Maui, contratado para comenzar en 2021, incluye una planta fotovoltaica de 60 MW emparejada con 60 MW de baterías de 4 horas. El proyecto se basa en «un nuevo modelo de PPA», según la Comisión de Servicios Públicos de Hawaii, que otorga a Maui Electric una «flexibilidad contractual para gestionar instalaciones de energía renovable» a 78 dólares/MWh.

La Eurocámara advierte de que la Unión Europea tiene que elevar su ambición para poder eliminar las emisiones en 2050

Europa Press.- El pleno del Parlamento Europeo ha apoyado el objetivo de la Comisión Europea para conseguir eliminar en 2050 las emisiones de gases pero advirtió de que para conseguirlo es necesario elevar la ambición y revisar la meta de recortar un 40% las emisiones en 2030.

Los eurodiputados han aprobado con 369 votos a favor, 116 en contra y 40 abstenciones una resolución no vinculante en la que defienden que la Unión Europea «debe enviar el mensaje claro de que está preparada para revisar su contribución al Acuerdo de París». La Eurocámara ha apoyado, además, las protestas a favor de una mayor ambición en las políticas climáticas globales, especialmente las manifestaciones y las huelgas estudiantiles que se han expandido últimamente. En este sentido, los eurodiputados han reclamado a los gobiernos locales, regionales y nacionales del bloque comunitario, así como a las instituciones europeas, que hagan todo lo posible para conseguir que el calentamiento global se limite, como mucho, a los 1,5ºC.

El texto, por otro lado, remarca que la transición hacia una economía sin emisiones netas de gases de efecto invernadero podía crear 2,1 millones de puestos de empleo en 2050 si se gestiona adecuadamente. Para ello, proponen crear un «fondo para una transición justa» que apoye a las regiones más afectadas por la descarbonización. En la misma línea, los eurodiputados han señalado que la estrategia a largo plazo de la Unión Europea debe priorizar la reducción directa de emisiones y fortalecer los «sumideros de carbono» como los bosques por encima de nuevas tecnologías de eliminación de carbón que, a su juicio, todavía deben desarrollarse a gran escala y supondrían «riesgos significativos» para los ecosistemas, la biodiversidad y la seguridad alimentaria.

El Parlamento Europeo ha subrayado que la transición ecológica presenta «importantes oportunidades» para invertir en innovación industrial con el objetivo de impulsar el crecimiento, la competitividad y el empleo de la economía circular y la bioeconomía. En consecuencia, han pedido que el 35% de los fondos del programa europeo para la investigación y el desarrollo, conocido como Horizonte Europa, se destine a proyectos que ayuden a cumplir los objetivos climáticos.

Ribera quiere seguir de ministra

Por su parte, la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ve necesario «romper» la inercia muy fuerte de miedo al cambio porque es preciso salir de la zona de confort y tomar conciencia de que no hay tiempo suficiente y hay que luchar contra el cambio climático porque las cosas no cambian por «milagro«. «Trabajar por el clima es trabajar por la mejora de la sociedad y eso es lo que están reclamando los jóvenes. Si queremos un futuro, habrá que trabajar por la estabilidad y la seguridad del clima», ha destacado la ministra.

En lo que le respecta de esa tarea como ministra, cree que se ha «estrellado contra el tiempo» a la hora de lograr una Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica porque «8 meses son una legislatura muy corta». Sin embargo, Ribera ha defendido que ha logrado «muchísimas cosas» en estos meses como definir un marco estratégico diferente. «El trasatlántico ha empezado a girar», ha apuntado Ribera, que se ha referido a los cambios en el peso de las renovables, la estrategia para prever la salida «digna» de trabajadores y comarcas dedicadas a los sistemas tradicionales de energías fósiles o la anticipación del cierre de las plantas para no dejar a nadie «con una mano delante y una mano detrás».

El proceso en su opinión debe hacerse avanzando en muchos frentes «a la vez» como la política fiscal o el régimen energético. Por otro lado, en relación sobre su futuro político, ha admitido que a ella le «encanta» su trabajo al frente del Ministerio y le parece «fundamental» la apuesta fuerte de la agenda del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ribera confía en que el regreso del impuesto a la generación eléctrica no tenga «efecto real» en el recibo

Europa Press.- La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha confiado en que el fin de la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica no tenga «un efecto real» en el recibo de la luz de los consumidores domésticos.

En este sentido, Ribera señaló que habrá que esperar que «los señores que generan electricidad lo hagan de manera eficiente» y que haya sol y viento ya que la hidraulicidad «no apunta bien», para que el impacto en la subida de precios del mercado mayorista «se comporte razonablemente y no haya un efecto real en la economía doméstica». «Pero todo esto está por ver», añadió.

El pasado mes de octubre, entre las medidas de choque ante la subida del precio de la luz experimentada después del verano pasado, el Gobierno aprobó un Real Decreto-Ley que incorporaba la suspensión durante 6 meses del impuesto del 7% a la generación eléctrica, aprobado en 2012 por el Gobierno del PP, así como la introducción de una exención en el Impuesto Especial de Hidrocarburos al gas para desactivar el mal llamado denominado céntimo verde. Entonces, el Ejecutivo estimó que la adopción de estas medidas para contener la subida en el precio de la luz tendrían un impacto en el recibo de alrededor del 4%.

La ministra explicó que cuando llegó al Gobierno existían medidas «puntuales» para facilitar el acceso al bono social, pero subrayó que no existía «un análisis concreto» respecto a la pobreza energética. «Hay un espacio importante en el que hemos trabajado los últimos meses, en el que se pretende hacer un diagnóstico y una propuesta de introducir un enfoque profesional a medio y largo plazo«, matizó.

La ministra subrayó que el Gobierno ha hecho «todo lo posible» para que no haya una subida de la luz pero defendió que, en plena campaña electoral, no se puede abordar una reforma fiscal «de este calado, y no parece que sea convincente ampliar una suspensión del impuesto«. Así, aseguró que ampliar la prórroga aprobada de 6 meses de la suspensión de este impuesto requería un decreto-ley y una partida presupuestaria y podría considerarse «una medida electoralista». «¿Qué dirían si por decreto se prorrogara una ampliación de la suspensión más allá de lo acordado en su momento, con una aportación presupuestaria muy notable? Los titulares serían: El Gobierno electoralista«, afirmó.

Ribera indicó que su objetivo hubiera sido haber podido abordar una reforma fiscal de la energía, ya que «forma parte de la convicción y el programa» del Gobierno, al ser algo «determinante». La ministra para la Transición Ecológica, que mostró su deseo de poder repetir en el cargo en el caso de volver a formar Gobierno Pedro Sánchez tras las elecciones del próximo 28 de abril, señaló que se han quedado por desarrollar «3 o 4 reformas de gran calado», entre las que figura, además de la fiscal, la revisión del mercado eléctrico en general.

La demanda de energía eléctrica desciende un 5,2% en febrero y la energía nuclear es la principal fuente de generación

Europa Press.– La demanda peninsular de energía eléctrica en febrero fue de 20.174 gigavatios por hora (GWh), lo que supone un descenso del 5,2% en relación al pasado año, una caída que se reduce al 2% si se tienen en cuenta los efectos de calendario y temperaturas. Según datos de Red Eléctrica de España, entre enero y febrero la demanda eléctrica ha sido de 43.426 GWh, un 1% por debajo del mismo periodo del año pasado, un 0,7% con los datos corregidos.

En su conjunto, las tecnologías de energía eléctrica que no emiten dióxido de carbono (CO2) generaron cerca del 63% del total en la península en el mes de febrero. En cuanto a las fuentes de energía renovable, estas representaron el 38% de la producción. Además, la producción de origen eólico en febrero alcanzó los 3.619 GWh, lo que supone una caída de casi el 22% en relación al pasado año.

De esta forma, tras la nuclear, que es la fuente que mayor cuota de mercado presentó en febrero, un 24,3%, se sitúan la eólica (18,5%); la hidráulica (12,9%); la de ciclo combinado (12,7%); la de cogeneración (12,2%); y la del carbón (11,5%). Le siguen la solar fotovoltaica, con el 3% de toda la generación; la solar térmica (1,4%); los residuos no renovables (0,9%); los bombeos (0,8%); y los residuos renovables (0,3%). El conjunto de otras tecnologías renovables alcanza el 1,5%.

Enagás gana 442 millones en 2018, un 9,8% menos pero un 1% más sin las plusvalías por GNL Quintero (Chile)

Europa Press.- Enagás obtuvo un beneficio neto de 442,6 millones de euros en 2018, lo que representa un 9,8% menos que en 2017, según comunicó a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Sin tener en cuenta la plusvalía no recurrente que Enagás contabilizó en 2017 por la integración de la planta de regasificación GNL Quintero, en Chile, el beneficio de la compañía creció un 1% en 2018 en términos comparables.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) de la gasista retrocedió un 4,5% el año pasado, hasta los 1.060,7 millones de euros, en tanto que el resultado neto (Ebit) ascendió a 691 millones de euros, con un descenso del 5,6% sobre 2017. Los ingresos totales de Enagás bajaron un 3,1% en 2018 y se situaron en 1.342,2 millones de euros. Las inversiones efectuadas por la compañía en 2018 totalizaron 262,8 millones de euros, de los que 60 millones de euros se destinaron a España. Enagás espera subir un 5% el dividendo con cargo al ejercicio 2018, a 1,53 euros brutos por acción, tal y como marca la estrategia de la compañía.

El PP cuestiona el cierre de centrales en España si luego se importa del extranjero energía de nucleares y térmicas

Europa Press.- El PSOE defiende ante el Congreso una «entrada masiva» de energías renovables en el mix energético mientras que el PP cuestiona que se cierren centrales térmicas y se plantee el fin de las plantas nucleares y en cambio se acabe importando electricidad procedente de la quema de carbón (Marruecos) o generada por centrales nucleares (Francia).

«¿Cómo le explicamos a gallegos, asturianos, ponferradinos, turolenses, almerienses… cerramos, pierdes el trabajo, pero le compramos a Marruecos la electricidad producida por carbón?», se preguntó el diputado popular José Manuel Juncal, que teme que la transición ecológica, si la impulsa el PSOE, puede acabar como la reconversión industrial, con más desempleo, menos población y «crisis permanente» en estas zonas. «Lo que sí sabe hacer el PSOE, eso se lo reconozco, es prometer, prometer, y prometer y, una vez metido, nada de lo prometido. El voto en la urna, me refiero», manifestó, ante la indignación de la bancada socialista por la expresión lanzada por el diputado.

Las acusaciones de Juncal se han lanzado durante el debate de una proposición no de ley llevada al Congreso por En Comú Podem, con la que la formación catalana integrada en Unidos Podemos reclama una reforma del mercado, que tanto PP como PSOE han ignorado durante sus intervenciones. Unos cambios insuficientes, a juicio del portavoz de Unidos Podemos, Josep Vendrell, que lamenta la falta de «cambios estructurales» en un modelo que, considera «es factor de empobrecimiento» para la población, que ha visto como en 15 años los precios de la electricidad han subido un 78%.

“Excesivo poder de las empresas”

«Grandes beneficios por un lado, cortes de luz a otro», ha indicado Vendrell, que ha recordado los beneficios de más de 3.000 millones de euros de Iberdrola y más de 1.500 millones de Endesa el pasado año y denunció el incumplimiento del Gobierno para abordar la reforma del bono social eléctrico, como comprometió. Para el portavoz de Energía de Unidos Podemos, esta situación responde al «exceso de poder de las empresas» que, ha acusado, «han determinado la regulación simplemente levantando el teléfono», y que consecuencia de ello es el paso de presidentes y ministros por los consejos de las eléctricas.

El PSOE, por su parte, ha apostado a través de su portavoz fiscal, Patricia Blanquer, por reducir los costes de generación eléctrica a través de una «entrada masiva» de energía renovable, pues estas son «más baratas y competitivas», y por ello ha elogiado la eliminación de «trabas», como el llamado impuesto al Sol a estas energías, llevado a cabo por el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera en estos meses. En este sentido, criticó el recorte a las primas realizado por el Gobierno Rajoy.

Melisa Rodríguez, de Ciudadanos, ha compartido con Unidos Podemos la necesidad de llevar a cabo un cambio en las retribuciones y realizar una auditoría «integral» tanto del sistema como de la tarifa, pero no así un cambio en la fiscalidad sin haber examinado antes su resultado o la recuperación de la gestión pública en las centrales hidroeléctricas cuya explotación expire.

El portavoz energético de ERC, Joan Capdevila, echa en falta mayor concreción en las propuestas y un horizonte para conseguir tales objetivos, pese a la «magnífica declaración de intenciones», mientras que Carles Campuzano, del PDeCAT, ha pedido «un acuerdo político» en esta materia para que sea «predecible, estable», y «lance mensajes claros a mercados e inversores». Finalmente, Idoia Sagastizabal (PNV) ha compartido una nueva regulación del mercado ante el «método deficiente de fijación de precios».

Ingeteam abre dos nuevas filiales en Marruecos y Perú

Europa Press. – Ingeteam ha reforzado su plan de internacionalización con la apertura de dos nuevas filiales en Marruecos y Perú.

Según ha informado la compañía, las dos filiales estarán orientadas al sector de las energías renovables, con contratos fotovoltaicos en la actualidad y con la previsión de ampliar su presencia en ambos países también en el sector eólico. Con estas aperturas, Ingeteam ha consolidado su presencia en 22 países.

De esta manera, en Marruecos son 15 las personas las que realizarán labores de operación y mantenimiento de tres plantas fotovolaicas, de 71 MWp, 84,5 MWp y 19 MWp, que se encuentran entre las más grandes del norte de África.

Así, la compañía asegura que la energía generada se inyecta en la red de distribución eléctrica del país, y sirve, de esta manera, para satisfacer la demanda energética del país y logrando así reducir la dependencia exterior de Marruecos en materia energética, ya que en la actualidad el país importa hasta el 90% de la energía que consume.

El desarrollo de este proyecto se enmarca dentro del objetivo que se ha propuesto el país con el que persigue obtener el 52% de toda la energía que produce a partir de fuentes renovables para 2030.

En otro sentido, Ingeteam también ha suministrado más de 700 megavatios (MW) en inversores fotovoltaicos y es responsable de los servicios de operación y mantenimiento de 230 MW en un total de cinco plantas fotovoltaicas sudafricanas. Además, ha sido recientemente adjudicataria para el suministro y puesta en marcha de los sistemas de protección, control y medida de tres subestaciones en Malaui.

En el continente americano, más concretamente en Perú, ofrece servicios de operación y mantenimiento en el sector fotovoltaico en dos plantas solares en la región de Arequipa (sur de Perú). Ambos parques fueron construidos en 2012 y cuentan con 22 MW de potencia instalada.

CCOO asegura que las emisiones cayeron en 2018 un 4,3% gracias a la menor generación eléctrica con carbón y gas

Europa Press.- Las emisiones de gases de efecto invernadero en España cayeron un 4,3% en 2018 respecto al año anterior, según indicó Comisiones Obreras (CCOO), que señala que este descenso tras el aumento de 2017 sitúa a las emisiones de gases de efecto invernadero en un 12,91% por encima de las de 1990 y un 26,14% respecto a las emisiones de 2005.

La organización sindical reclama al Gobierno que realice una planificación del sistema energético con mayor penetración de energías renovables (eléctricas y térmicas) para 2030 que avance en la descarbonización de todos los sectores. De acuerdo con el trabajo de CCOO Evolución de las emisiones de gases de efecto invernadero en España 1990-2018, la disminución de las emisiones de gases invernadero en 2018 respecto a 2017 se debe en gran parte a la disminución de la quema de carbón para la generación eléctrica en un 17,8% y del gas natural en las centrales de ciclo combinado en un 21,5%, al tiempo que aumentó la producción hidroeléctrica en un 21,5%; la producción hidráulica en un 84,8% y la eólica en un 2,9%.

El sindicato recuerda que las emisiones del año base 1990 eran de 288,4 millones de toneladas de CO2 equivalentes; las del año 2005 ascendieron a 441 millones de toneladas de CO2 equivalentes y la emisiones en 2018 fueron de 325,7 millones de toneladas de CO2 equivalente, según los datos preliminares de 2019. En 2017 fueron 340,2 millones de toneladas de CO2 equivalente. El factor determinante, según el sindicato, fue la mayor producción hidráulica, igual que en anteriores años, pues cuando los años son lluviosos en España disminuyen las emisiones frente a los años secos, en los que se quema más carbón y gas natural, de modo que aumentan las emisiones.

Un 3% más de petróleo

Así, señala que en 2018 el consumo de petróleo creció un 3% respecto del año anterior y el gas natural se mantuvo constante. Mientras, en el sector del transporte por carretera las emisiones crecieron un 2,5% en 2018 y un 4,7% en el transporte aéreo interior. Para CCOO este es un «momento crucial» en el que confluyen los compromisos internacionales que marcan el camino para avanzar en la descarbonización de la economía, informes científicos incuestionables que avisan de que hay poco tiempo para hacerlo, tecnologías disponibles que permiten el cambio de fuentes energéticas y la electrificación de la demanda y, finalmente, una sustancial bajada de costes en muchas de esas tecnologías que permiten hacer los cambios con esfuerzos financieros razonables.

En concreto, subraya que ve a España situada en «una posición favorable» porque dispone de recursos renovables, tecnologías propias y capacidad industrial para afrontar los retos y convertirlos en empleo. Si bien, recuerda que hasta la fecha, España sigue siendo uno de los países industrializados donde más han aumentado las emisiones desde 1990 y sigue necesitando un importante esfuerzo para llegar a los objetivos de reducción de emisiones para 2030.

El estudio señala que la energía (electricidad, transporte por carretera, aviación y residencial) es el sector con mayor responsabilidad en el conjunto de las emisiones y el «auténtico nudo gordiano», ya que en 2018 representaron el 75,1% del total sin incluir los sumideros. Las mayores emisiones se deben a la generación de electricidad y al transporte por carretera, mientras el resto corresponde a las 10 refinerías de petróleo, consumos energéticos de la industria, transporte aéreo interior (no incluye el transporte aéreo con otros países), usos residenciales (sobre todo calefacción y agua caliente sanitaria) y servicios.

Endesa ve bien que el Gobierno contemple como mínimo 3 GW de energía nuclear operativos más allá del 2030

Europa Press.- Endesa afirma que, en principio, le «suena bien» el Paquete de Energía y Clima anunciado por el Gobierno. Fuentes de la compañía indicaron que el programa de descarbonización de la economía española «está en el ADN» del plan estratégico presentado por Endesa, en el que prevé elevar sus inversiones hasta los 5.500 millones de euros, aumentando así su gasto de capital neto (capex) entre los años 2019 y 2021 un 10% respecto a su anterior plan.

El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) del Gobierno prevé que en 2030 todavía haya operativos en el mix eléctrico algo más de 3 gigavatios (GW) de energía nuclear y un cierre ordenado de estas plantas. El plan del Gobierno pasa por ir cerrando las plantas nucleares, los 7 reactores actualmente existentes, que suman más de 7 gigavatios (GW), por orden de antigüedad. De esta manera, entre el periodo 2025 y 2030 se producirían los cierres de los reactores de Almaraz, Ascó I y Cofrentes, llegando al periodo 2030-2035 abiertas las centrales de Asco II, Vandellós y Trillo.

Endesa ha apostado por mantener la operación de las centrales nucleares a largo plazo, en adecuadas condiciones de rentabilidad y asegurando siempre que estas instalaciones cumplan los más elevados estándares de seguridad establecidos en la regulación nacional e internacional. La compañía controlada por Enel defiende alargar la vida útil de las nucleares más allá de los 40 años para garantizar la transición energética a 2050, al considerar que no hay otra alternativa y garantizar la seguridad de suministro, un precio competitivo de la electricidad y ayuda a reducir las emisiones.

En el caso del carbón, el plan estima una horquilla de su presencia en el mix eléctrico de entre 0 y 1,3 GW en 2030. No obstante, el Ejecutivo no prevé que las centrales térmicas de carbón, de las que a partir de 2020 quedarán 5 (Litoral, As Pontes (Endesa), Los Barrios (Viesgo), Soto de Ribera y Aboño (EDP), de las 14 existentes, alarguen su vida en el mix más allá de ese horizonte ya que irán cerrando «de una manera natural» al no ser competitivas por razones de mercado.

La hoja de ruta también apuesta por el impulso de las energías renovables en la próxima década como uno de sus principales vectores. Para el año 2030, se prevé una potencia total instalada en el sector eléctrico de 157 GW, de los que 50 GW serán energía eólica; 37 GW solar fotovoltaica; 27 GW ciclos combinados de gas; 16 GW hidráulica; 8 GW bombeo; 7 GW termosolares, y los 3 GW de nuclear. En lo que respecta al almacenamiento, destaca el alza de las tecnologías de bombeo y baterías, con una potencia adicional de 6 GW, aportando una mayor capacidad de gestión a la generación.

La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, señaló que estos objetivos, pese a ser «ambiciosos», son «plenamente factibles» y se encuentran en línea con los compromisos adquiridos en 2015. Según Ribera, este impulso a las renovables supondrá una reducción de entre el 20% y el 21% de las emisiones respecto a 1990 (España está 18 puntos porcentuales por encima de esa referencia). Asimismo, se prevé alcanzar un 42% de energías renovables sobre el uso de energía final del país, un objetivo 10 puntos porcentuales más ambicioso que el 32% de la Unión Europea, mientras el porcentaje de renovables en el mix eléctrico de 2030 será del 74%. También supondrá un aumento de casi el 39% de la eficiencia energética.

Las medidas contempladas en el PNIEC permiten pasar de los 340 millones de toneladas de CO2 equivalente emitidos en 2017 a 226 millones de toneladas de CO2 en 2030, por lo que al término de la década dejará de emitirse una de cada tres toneladas. En el caso de los denominados sectores difusos (residencia, transporte, agricultura, gases fluorados e industria no sujeta al comercio de emisiones), la reducción de emisiones será del 38% respecto al año de referencia para los objetivos europeos, el de 2005. Por su parte, los sectores sujetos al comercio de emisión verán reducidas sus emisiones en un 60% respecto a 2005.

La generación eléctrica será la que más reduzca su nivel de emisiones, con 44 millones de toneladas de emisiones de CO2 entre 2021 y 2030. Le sigue el transporte, responsable en 2017 del 26% de las emisiones. Reducirá sus emisiones en 28 millones de toneladas entre 2021 y 2030. La ministra considera que la materialización de esta propuesta «permitirá a España alcanzar los objetivos comprometidos» con la Unión Europea, ya que se trata de un borrador «sólido, solvente y denso», cuya tramitación supone «la reforma estructural más importante para el país en las próximas décadas».

Por otro lado, Ribera confía en que el Marco Estratégico de Energía y Clima contará en su tramitación legislativa con un «respaldo mayoritario» del Parlamento «esté quien esté» así como de los ciudadanos porque, a pesar de la disolución de las cámaras, «no es un brindis al sol». Así, en el caso particular de España, no encuentra «ningún motivo» por el que se deba retrasar el debate cuando hay propuestas «detalladas, congruentes, solventes» y se priven de ese debate público.

El Marco Estratégico de Energía y Clima se encuentra ahora en consulta pública, hasta el 22 de marzo, de modo que será el próximo Ejecutivo, elegido tras las elecciones del 28 de abril, a quien le corresponderá su tramitación. Fuentes del Gobierno han precisado que la voluntad de Ribera ha sido dejar todo preparado como base para el próximo Gobierno.

«Este es un tema capital para los ciudadanos europeos», ha apostillado la ministra, que define la agenda de cambio climático como «modernizadora, llena de oportunidades y compleja» porque requiere deshacer aquellas cuestiones del modelo de desarrollo que generaban externalidades negativas y que no se quieren mantener. Por eso, explica que «tomarse en serio» esta propuesta no puede ser solamente puntual, sino sectorial, y expone una iniciativa «seria, bien trabajada» y que identifica “las medidas que pueden acompañar a este cambio».

A nivel global, la ministra cree que esta es «probablemente la única agenda» que se ha movido en Europa «sin ningún tipo de marcha atrás» y del mismo modo se está moviendo en las sociedades, los estudiantes y los jóvenes. «Esto no tiene vuelta atrás», ha sentenciado. Asimismo, ha garantizado que el paquete aprobado es un borrador «muy sólido» que incluye más de mil variables contrastadas y que permitirá iniciar una tramitación «muy importante» en España, por lo que ve «fundamental» el debate público después de que haya estado «silenciado».

Ahora la ministra cree que es «capital» que participen todos los actores en el debate y discusión de la redacción definitiva de esta senda que es la más coste-eficiente. Para ello, ha indicado que la debatirá y explicará «con tranquilidad» a todos los diputados, consejeros de comunidades autónomas, con los que ya ha empezado a fijar citas, y que se celebrarán distintos foros para «mejorar y enriquecer» la propuesta que permita garantizar el cumplimiento de las obligaciones de España pero aprovechar para el país las oportunidades que este proceso tiene.