Izquierda Unida pide investigar si es habitual que las compañías eléctricas cambien contratos de sus clientes sin tener su consentimiento

Europa Press.– Izquierda Unida ha reclamado al Gobierno que inicie una investigación para comprobar si es «una práctica sistemática» que las empresas comercializadoras eléctricas cambien de contrato a sus clientes, aun sin contar con su consentimiento. Así lo plantea su portavoz energética parlamentaria, Eva García Sempere, que pide conocer si el Ejecutivo tiene constancia de traspasos de contratos del mercado regulado libre «de forma fraudulenta» por parte de estas compañías y «si existe alguna investigación en curso«.

En este sentido, García Sempere señala que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) acaba de sancionar a Endesa Energía, comercializadora de Endesa en el mercado libre, por dar de alta sin consentimiento a un particular que denunció este hecho ya que perdió su bono social, únicamente disponible en el mercado regulado donde tenía contratado su suministro. Sin embargo, la instrucción de este caso calificó como leve este hecho que la CNMC consideró probado, todo ello pese a haber identificado previamente los mismos hechos como constitutivos de infracción grave. Finalmente, Endesa recibió una multa de 30.000 euros.

Para García Sempere, la reiteración de estos casos «refuerza la idea de que las sanciones que se imponen a las eléctricas son meramente cosméticas». «Las sanciones que reciben no significan nada para sus cuentas», abunda, recordando que en caso de Endesa estas ganancias ascendieron a 752 millones de euros. Por ello, pregunta en su iniciativa al Gobierno si «considera que una multa de 30.000 euros es seria para sancionar este tipo de conductas», pide medidas para «garantizar que quien ponga en riesgo las protecciones a consumidores vulnerables reciba sanciones disuasorias» y que, en caso de ser recurrentes, «conlleven la extinción de la licencia de comercialización».

El Tribunal de Cuentas analizará las multas que fijan CNMC y CNMV y las compensaciones de costes del sector eléctrico

Europa Press.- El Tribunal de Cuentas incluyó entre las fiscalizaciones previstas para 2019 una revisión del sistema de multas impuestas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y de las transferencias presupuestadas para compensar los costes del sector eléctrico.

En su programa de fiscalización para 2019, el organismo presidido por María José de la Fuente ha decidido unilateralmente realizar una fiscalización horizontal sobre la tramitación de quejas, consultas y reclamaciones y la imposición y cobro de sanciones en entidades con funciones de regulación y supervisión de mercados, de los ejercicios 2016 a 2018. Este informe será publicado en 2020.

No será la única fiscalización sobre la CNMC, ya que el Tribunal de Cuentas tiene previsto publicar este año el análisis de la contratación ejecutada entre 2015 y 2017. Respecto a las compensaciones en el sector eléctrico, la fiscalización se centrará en el programa presupuestario 425A, sobre normativa y desarrollo energético, con especial referencia a las transferencias de capital para compensar los costes del sector eléctrico, referido al ejercicio 2018.

La CNMC abre expediente sancionador a Repsol por un posible incumplimiento en los compromisos adquiridos en la compra de Petrocat

EFE.- La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra Repsol Comercial de Productos Petrolíferos por un posible incumplimiento de los compromisos adquiridos en el marco de la compra de Petrocat. Concretamente, según el organismo, existen indicios de que Repsol habría incumplido varios compromisos recogidos en la resolución del Consejo de la CNMC de abril de 2014, cuando Repsol adquirió el control exclusivo de Societat Catalana de Petrolis (Petrocat).

Concretamente, la CNMC se refiere a los compromisos de la Sección C, que establecían una obligación de aprovisionamiento mínimo por parte de Repsol de producto (gasolinas y gasóleos) procedente de terceros operadores para la actividad de distribución de combustibles a través de las gasolineras gestionadas por Petrocat en régimen de venta en firme y para la actividad de ventas directas. Además, el organismo subraya que los compromisos de la Sección E obligaban a Repsol a enviar a la CNMC un informe con carácter anual sobre el grado de cumplimiento del compromiso de la Sección C.

La CNMC señala además que la incoación de este expediente no prejuzga el resultado final de la investigación. En 2014 Competencia autorizó la propuesta de venta a terceros de la red de gasolineras de Petrocat hecha por Repsol, excepto en el caso de una estación de servicio. La CNMC detalló las condiciones impuestas para tomar el control de la compañía.

Repsol debía desprenderse de 23 gasolineras, 17 en la provincia de Barcelona, 4 en la de Tarragona, una en la de Lérida y otra en Madrid, en cumplimiento de la ley de cuotas de mercado por provincias, así como permutar la de Font Freda con el objetivo de que se mantenga la presencia de un tercero con imagen propia. La exigencia de compromiso de aprovisionamiento por otras empresas distintas de Repsol exigido por la CNMC trataba de evitar que la petrolera, con su refinería en Tarragona, reforzase su integración vertical y se produjera un cierre de mercados a otros suministradores.

El presidente de CNMC, Marín Quemada, se muestra «optimista» en recuperar las competencias sobre los peajes eléctricos

Europa Press. – El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, se ha mostrado «optimista» sobre la posibilidad de recuperar las competencias sobre los peajes eléctricos que el anterior Gobierno le retiró.

Así, Marín Quemada se mostró igualmente «optimista» antes los «deseos de colaboración» mostrados durante las primeras interacciones que el organismo ha tenido con el nuevo Ejecutivo del PSOE a través de que lo que denominó «ministerios de referencia».

Durante un desayuno organizado por Editorial Prensa Ibérica, Marín Quemada sostuvo que la intención del Gobierno de devolver esas competencias coincide con la normativa europea y que ello redundará en más «transparencia» en los precios.

A este respecto, insistió en pedir para el consumidor más claridad. Para explicar el sistema actual, dividió la factura en tres partes: los impuestos, el coste y un tercer bloque donde se reúnen toda una serie de consideraciones de estabilidad del sistema, las primas a las renovables o el mantenimiento de energías de respaldo.

Dentro de este tercer bloque, (el de los peajes), dijo encontrar razonable pagar por mantener abiertas plantas con energías de soporte. Así, «si no autorizas a quitarlas tienes que pagarlo», defendió, o que el precio de la energía tienda a tener un precio similar en todos sitios.

Los CEO’s de las principales distribuidoras gasistas defienden en Bruselas el papel clave del gas natural para descarbonizar el transporte

Europa Press.- La directora ejecutiva de Nedgia, Nuria Rodríguez, junto con los consejeros delegados de GRDF (Francia), Edouard Sauvage; de Distrigaz Sud Retele (Rumania), Dan Pantilie; de Italgas (Italia), Pablo Gallo, y el de Galp Gás Natural Distribuição (Portugal), Gabriel Sousa, se reunieron con la comisaria de Transporte de la Unión Europea, Violeta Bulc, para presentar las ventajas del gas natural y el gas renovable para la descarbonización del transporte en Europa.

Estas compañías presentaron a la comisaria Violeta Bulc diferentes casos de éxito de ciudades que optaron por soluciones a gas para la movilidad urbana y evidenciar que esta opción representa una solución real para reducir emisiones en el ámbito del transporte, según indicó Nedgia. En el encuentro, los consejeros delegados de las empresas solicitaron a la comisaria tener en cuenta el potencial del gas natural y el gas renovable para acelerar la descarbonización del transporte y permitir a la Unión Europea lograr sus objetivos climáticos.

Ciclo de vida del combustible

Asimismo, pidieron la aplicación de neutralidad tecnológica en todas las políticas para garantizar una descarbonización eficaz del sector del transporte, además de un análisis de emisiones que tenga en cuenta todo el ciclo de vida del combustible, en vez de un enfoque basado en las emisiones del tubo de escape. Además, reclamaron un enfoque coherente entre las legislaciones europeas sobre energía y movilidad para el segmento de los vehículos ligeros. La Coalición GD4S está formada por cinco de las principales distribuidoras de gas de Francia, Italia, España, Rumania y Portugal. En estos países circulan más del 86% de los vehículos a gas en Europa y estas compañías hacen llegar el gas a más de 25 millones de consumidores en Europa.

Cuatro de cada diez hogares españoles desconoce qué tarifa eléctrica tiene contratada

EFE / Europa Press. – Un 40% de los hogares no sabe qué tipo de tarifa eléctrica tiene contratada, al tiempo que alrededor del 13% de los que cambiaron de contrato se encontraron servicios adicionales facturados sin que ellos lo supieran anticipadamente, aunque cada vez hay más usuarios que ven cumplirse las condiciones de su nuevo contrato (tres de cada cuatro).

Según los resultados del Panel de Hogares de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) correspondiente al cuarto trimestre de 2017, un 16% de los hogares españoles ha contratado una nueva oferta de electricidad en los últimos dos años, mientras que un 13% hizo lo mismo con la de gas natural.

La encuesta señala también que el 39% de los hogares dispone de electricidad y gas natural, un 23,9% de electricidad y butano, y un 20% sólo de electricidad. En el caso de la electricidad, un 40,3% de hogares dice que no sabe qué tarifa tienen contratada, mientras que un 25,6% afirma que tiene tarificación por horas, cuatro décimas más que en el segundo trimestre de 2017. Además, un 22,3% de hogares no sabe qué potencia tiene contratada.

Entre los hogares con gas natural, más de la mitad, un 50,9%, contrata el gas y la electricidad con la misma compañía. Las principales razones que alegan para hacerlo son beneficiarse de mejores precios y por la comodidad de tener sólo un suministrador energético.

Gas Natural Fenosa concentra el 41% de los clientes domésticos con luz y gas en la misma compañía, y mantiene su cuota prácticamente igual que hace un año (una décima más). A continuación se sitúan Endesa, con un 23,9%, e Iberdrola, con un 20,3% (la misma cuota que un año atrás).

Pese a que tres de cada cuatro hogares declara haber entendido los términos de la nueva oferta, un 15% no los entendió. De hecho, la CNMC ha publicado recomendaciones que pueden ayudar al consumidor a comprender las ofertas energéticas y a escoger con un mejor entendimiento la más conveniente en cada caso.

Entre los hogares que declaran tener una tarifa con discriminación horaria, un 88% tiene en cuenta la diferencia de precios en distintas horas del día en sus hábitos de consumo, por ejemplo, para poner la lavadora o encender la calefacción.

Unidos Podemos pide que la CNMC investigue a fondo posibles irregularidades y alteraciones en la potencia de la factura eléctrica

EFE / Europa Press.- Unidos Podemos demanda al nuevo Gobierno que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investigue a fondo y sancione presuntas irregularidades en la factura eléctrica por parte de algunas empresas comercializadoras en relación a las tarifas de acceso y distribución de energía. La cuestión es esclarecer si Endesa y otras comercializadoras eléctricas alteraron la potencia contratada sin autorización de la Administración pública ni comunicación a sus clientes.

Unidos Podemos ha registrado una proposición no de Ley en el Congreso que insta al nuevo Ejecutivo a que la CNMC incoe una investigación sobre posibles irregularidades que habrían cometido algunas compañías, como Endesa Distribución en Andalucía, en torno a la actualización del término de potencia. Estas iniciativas serán debatidas tanto en el Pleno del Congreso como en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital. Podemos considera que algunas empresas distribuidoras podrían haber aplicado un cambio indebido en el concepto de la tensión nominal de voltios, lo que habría perjudicado a los consumidores en la factura de la luz.

El texto de la iniciativa recuerda que las medidas favorecedoras de la competencia son aquellas que permiten que se establezca concurrencia en la oferta de precio, pero nunca en el concepto de medida. Por ello, Unidos Podemos pide que la CNMC haga las comprobaciones necesarias de las propuestas comerciales de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, y en caso de que se demuestren vulneraciones de las obligaciones en relación al suministro, se inicie los trámites pertinentes para «sancionar» a aquellas empresas que hayan cometido infracción.

Además, reclaman el análisis de la resolución dictada por la Junta de Andalucía, que en 2015 certificó que, si bien se habían producido incrementos en la potencia contratada en más de 400.000 suministros de la compañía Endesa en la comunidad, no constaba ninguna solicitud de autorización para ello. Todo ello tras la reclamación presentada en 2009 por el ingeniero Antonio Moreno Alfaro, quien aseguraba que esta comercializadora había incrementado unilateralmente la potencia contratada, hasta una tensión nominal de 230 voltios, vigente desde 2003 y no aplicable a los suministros con los contratos suscritos con anterioridad. Asimismo, la empresa tampoco habría considerado la aplicación de un coeficiente incluido en la regulación.

Dos años más tarde, la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía impuso a Endesa la obligación de regularizar el contrato de suministro, adecuar el término de potencia y devolver las cantidades indebidamente cobradas. Si bien se estimó que este incremento afectó a 424.194 suministros de esta empresa en Andalucía, el aumento de la tensión nominal de 230 voltios podría haber afectado a los 4,6 millones suministros conectados en esta comunidad, ya que existe un mecanismo legal que permite a las distribuidoras actualizar las tensiones.

Asimismo, pide incoar expediente para determinar el número de potenciales afectados por dicha irregularidad tanto en Andalucía como los que pudiera haber habido en el resto de España por haberse seguido prácticas similares por otras distribuidoras. Este cambio debería contar con autorización previa de la Administración competente, sin que constara solicitud alguna para ello, tal y como refleja una resolución de marzo de 2015 de la citada Dirección. En caso de que este cambio de tensión hubiera sido aplicado por el resto de compañías y en el resto del país, el número de suministros afectados sería de aproximadamente 24 millones.

Unidos Podemos lamenta que la electricidad española para los hogares fuera en 2017 la séptima más cara de entre los 28 países europeos. En su opinión, estos precios tan elevados se deben tanto al déficit de tarifa como a los altos costes de distribución y a las prácticas oligopólicas de las eléctricas, «que han sido las culpables de que la factura de la electricidad se haya encarecido de forma abrupta en los últimos diez años».

La subida de los carburantes en Portugal hace que un camionero ahorre 150 euros por depósito si reposta en España

EFE.- La constante subida de los precios del combustible en Portugal en las últimas semanas ha provocado que las grandes empresas lusas de transporte internacional opten por repostar en centros españoles, donde pueden ahorrar entre 150 y 180 euros por depósito. El combustible lleva dos semanas consecutivas de subidas y, por lo general, en las gasolineras portuguesas el diesel oscila entre 1,35 y 1,40 euros por litro, mientras que en España el coste es de entre 15 y 20 céntimos menos.

La gasolinera lusa de Vilar Formoso marca un precio de 1,34 euros, mientras que a 400 metros, en la primera gasolinera española, ya en la provincia de Salamanca, el gasóleo marca 1,19 euros. «No es que casi siempre repostemos en España, la palabra es siempre repostamos en España», asegura el camionero de Oporto, Eduardo Escobar, mientras descansaba en la zona fronteriza de Vilar Formoso (Portugal) y Fuentes de Oñoro (España) para luego reiniciar la marcha con el camión hacia Austria.

Los empresarios lusos del sector del transporte de camiones se han reunido con representantes del Gobierno de Portugal para exigir medidas que palíen la situación. César Tomás, camionero luso que también se encontraba haciendo la pausa obligatoria en Vilar Formoso y que se dirige a Bélgica, explicó que él siempre opta por repostar en País Vasco. «La situación está mal, los combustibles están muy caros y tienen muchos impuestos, ya que por cada euro 60 céntimos son de impuestos y así no se aguanta», manifestó.

De momento, el tránsito por las principales vías de comunicación entre España y Portugal es fluido, a pesar de que los empresarios del sector del transporte de camiones anunciaron algunos paros. En septiembre de 2016, el Gobierno luso decidió aplicar una rebaja de 13 céntimos por litro de combustible en las gasolineras fronterizas con España, con el fin de ser más competitivas y evitar que los transportistas no repostaran en el país vecino aunque, debido a la escalada de precios, la medida podría ser insuficiente.

La CNMC pide reducir la retribución por transporte a Red Eléctrica, que trabaja para absorber la nueva eólica en Canarias

EFE.- Red Eléctrica de España (REE) ha anunciado que concluirá este año las ochos actuaciones anunciadas en Canarias que permitirán verter a la red los 403 megavatios del nuevo cupo eólico. Mientras tanto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha recomendado revisar la tasa de retribución financiera de la actividad de transporte de energía eléctrica, que en España lleva a cabo REE, para adecuarla al coste de los recursos del transportista, que han evolucionado a la baja.

El organismo de competencia ha hecho público el informe de análisis económico-financiero durante el periodo 2013-2016 de la actividad del transporte de energía eléctrica, que ejerce Red Eléctrica como transportista único del sector eléctrico. La CNMC ha recomendado que se revise la tasa de retribución financiera del transporte eléctrico para el siguiente periodo regulatorio, que comenzará el 1 de enero de 2020, para adecuarla al coste de los recursos propios y ajenos del transportista, que han evolucionado a la baja durante el actual periodo regulatorio.

Además, pide que no se modifique ni el valor ni la vida útil de los activos anteriores a 1998 de cara al siguiente periodo regulatorio para cumplir con los principios retributivos establecidos en la Ley del Sector Eléctrico y el decreto de 2013 de realizar la actividad de transporte eléctrico al menor coste para el sistema y el de permitir una retribución adecuada para una actividad de bajo riesgo. La retribución de REE representa el 98,3% de su actividad, 1.710 millones de euros anuales, según la CNMC, que señala que la retribución del transporte representa aproximadamente el 10% de los costes regulados del sistema eléctrico.

El ministro de Energía, Álvaro Nadal, ya anunció hace unos meses su intención introducir ajustes en la retribución de actividades en el sector energético para dar cumplimiento a varias recomendaciones de la CNMC y que el grupo popular presentaría una proposición de ley en ese sentido. Según el análisis que la CNMC ha dado a conocer, la rentabilidad económica del transportista se mantuvo en valores estables durante el periodo 2013-2016, por encima del 9% en los cuatro ejercicios analizados, alcanzando el valor más alto en el último año, en que ascendió a un 9,7%. La rentabilidad financiera se situó en valores cercanos al 30% y alcanzó el 31,1% en 2016.

Competencia también recomienda que se fijen límites de apalancamiento adecuados para las actividades reguladas y en su análisis expone que REE presentó un elevado apalancamiento en el periodo analizado, que alcanzó el 78% a cierre de 2016. Sin embargo, el ratio deuda neta/ebitda (4,67 veces) y el de cobertura de la carga financiera, ebitda/gastos financieros (8,36 veces), presentaron valores razonables.

El periodo analizado, el 2013-2016, permite ya observar el impacto de los cambios que se introdujeron en el marco de la retribución de la actividad en 2013. En ese periodo, el importe neto de la cifra de negocios de REE se incrementó un 6% y pasó de 1.701 millones de euros a 1.803 millones, debido principalmente al incremento de los ingresos regulados del transporte eléctrico.

Asimismo, se incrementaron los gastos de personal de REE un 11,5%, mientras que los financieros se redujeron un 21%. El beneficio neto de la empresa, en la que el Estado tiene una participación del 20% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), aumentó desde los 463,3 millones de euros en 2013 a 586 millones en 2016, un 26,5% más que en 2013.

Absorber la eólica en Canarias

Por otro lado, la directora general de Transportes de REE, Eva Pagán, señaló que las actuaciones a realizar en Canarias suponen una inversión de 401 millones de euros y se complementarán con la interconexión por cable submarino de los sistemas de Lanzarote y Fuerteventura, presupuestada en 32,1 millones de euros.  Del total de esta inversión, 434 millones de euros, generará en Canarias 3.400 puestos de trabajo, una renta de 172 millones de euros en términos de Producto Interior Bruto, así como unos ingresos fiscales de 55 millones de euros, según destacó el director de Infraestructuras en las islas, Daniel Pérez.

Pagán, que subrayó el compromiso de REE por contribuir a lograr un modelo energético más sostenible, seguro y eficiente en el archipiélago, ha indicado que con la incorporación de estas nuevas infraestructuras se podrá duplicar la oferta de energía eléctrica renovable en las islas, que pasará del 8% al 18%. Las instalaciones proyectadas para cumplir con el plan eólico por REE, 6 nuevas subestaciones y otras 2 más que se ampliarán, entrarán en servicio a medida que se vayan concluyendo, si bien todas ellas estarán finalizadas en diciembre de 2018.

En cuanto a las obras previstas, en Gran Canaria, con una inversión de 32,7 millones de euros, se ha ampliado la subestación de Aldea Blanca, de 66 kilovoltios (kv) y se están construyendo las de Arinaga y Agüimes, también de 66 kv, así como las líneas de conexión asociadas. En Tenerife, se invertirán 80,5 millones de euros en la ampliación de la subestación de Tagoro, de 66 kv, y en la construcción de las subestaciones El Porís y Abona, de 220 y 66 kv, respectivamente.

En Lanzarote, con una inversión de 71,1 millones de euros, se ha construido la subestación Callejones, de 66 kv, y se han proyectado la línea Tías-Playa Blanca, de 132 kv, y las subestaciones de Tías y Blaya Blanca, de 132 kv y 66kv. En Fuerteventura, en la que REE prevé la mayor inversión, 217,7 millones de euros, se construirán la subestación Jares, de 132 kv, y su línea de conexión, que se deberá apoyar con otros desarrollos de la red.

Sobre el sistema de Fuerteventura, subrayó que es importante que se complete el eje norte-sur proyectado en la isla para que la capacidad de su tendido eléctrico pase de 66 kv a 132 kv, por lo que ha reiterado la disposición de REE para encontrar una salida junto al Cabildo y la Consejería de Industria del Gobierno canario, ante la suspensión cautelar del nuevo trazado comprendido entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal. Pagán explicó que sin ese trazado concluido no podrá circular la energía que se produzca en los parques eólicos del sur de la isla hacia el norte.

Acciona consigue la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para la venta de sus termosolares en España

Europa Press. – Acciona ha logrado la autorización de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para la venta de su cartera de plantas termosolares en España.

Esto se traduce en la transacción de cinco instalaciones en operación, que suman un total de 250 megavatios (MW) de potencia, a la firma ContourGlobal, una operación acordada el pasado mes de febrero por un importe de entre 1.093 y 1.120 millones de euros.

El grupo que preside José Manuel Entrecanales destinará a reducir 760 millones de euros de deuda el importe que obtenga en la transacción, que se enmarca en su estrategia de rotación de activos maduros.

Específicamente, Acciona ha vendido cinco plantas de generación de energía termosolar, cada una de ellas de 50 MW de potencia, repartidas por las provincias de Badajoz, Cáceres y Córdoba.

Estas cinco plantas españolas han supuesto una inversión conjunta de más de 1.200 millones de euros y actualmente producen energía limpia equivalente al consumo de más de 200.000 hogares, evitando la emisión de más de medio millón de toneladas de CO2.

En cuanto al comprador, se trata de un operador independiente de plantas de generación de energía con sede en Londres y con instalaciones repartidas en 19 países de Europa, América Latina y África, que suman aproximadamente 4.100 MW de potencia.

El cierre de esta desinversión quedó condicionado a la consecución de la correspondiente autorización de las autoridades de competencia españolas, que ahora otorga la CNMC.