La renovación del consejo de la CNE, a examen

El mes de septiembre ha empezado nuevamente con un goteo informativo continuado en lo que se refiere a los órganos reguladores, sobre todo a raíz del tiempo de prórroga ante el que está sumido el regulador energético español. En una sociedad democrática y occidental, los órganos reguladores independientes tienen un papel de garantía, desarrollo, control y supervisor de los mercados y del funcionamiento de los sectores económicos, clave y trascendental para dar estabilidad a los mismos. Órganos que tienen que ser capaces de ejercer su función con seriedad y autonomía de los distintos ejecutivos, deben tener prestigio y deben ser respetados en su sector de actividad. Nada de eso se cumple hoy en el caso de la Comisión Nacional de Energía, por errores propios fundamentalmente, mal funcionamiento de su Consejo y por su desastrosa política presidencial, muy discutible tanto a nivel interno como externo.

En nuestro caso, la pasada primavera hubo un lento pero continuado torrente de posicionamientos sobre el cambio en el estatuto y el funcionamiento de los órganos reguladores y su necesidad de reforma, con artículos y posicionamientos de expertos y juristas, en los que se hablaba de elementos comunes en la literatura comparada: elección, funcionamiento, duración de los mandatos, capacidad de decisión y de no revocación de sus dictámenes, etc… Todas ellas, cuestiones de perfeccionar notoriamente en el caso español y más concretamente en el regulador energético.

En el momento que comenzó esta polémica, estaba pendiente resolver la composición de varios órganos colegiados, Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y la Comisión Nacional de Energía. Órganos que han ido degradándose hasta llegar al paroxismo, forjando una crisis del “institucionalismo” en España y del que acaba de resolverse en primera instancia, y a su manera, el caso del CGPJ, quedando pendiente y en el interinato la renovación de varios miembros del consejo de la Comisión Nacional de Energía, prolongados en su mandato ya durante cuatro meses, siendo este mismo Consejo el que afrontará nuevas decisiones en lo que se refiere a las operaciones corporativas en el sector.

Como se pueden imaginar una cuestión que es clave es la selección de los miembros de estos órganos reguladores y su número de miembros, para que sean organismos ágiles, ejecutivos y efectivos. Selección que debe realizarse desde unos principios de capacidad profesional, amplia experiencia en estos sectores, conocimiento más allá de lo académico, madurez y conocimiento de los sectores empresariales y de los comportamientos de los agentes de un sector, incluido de los modelos financieros en los que se desarrollan.

La garantía de los mismos en determinados países incluye, incluso que el gobierno presente “ternas” de candidatos que son presentados al Parlamento y que son oídos (“hearings”) por los representantes de la soberanía popular, quienes escrutan la capacidad y el “programa” de los aspirantes. Muy diferente, por tanto, a la forma en que empiezan a funcionar las agendas, se cobran favores o se otorgan estas posiciones hasta el momento, no exentos de cierto regateo. La segunda pieza es la definición de sus funciones algo que, en el caso de la Comisión Nacional de Energía ha contado con un proceso intercurrente: la sentencia del Tribunal de las Comunidades Europeas en lo que se refiere a la función 14 (ayer hablábamos de la “defunción» 14), algo que parece que si se va a recoger en la reforma del organismo, como ya se han hecho eco otros medios informativos.

Por tanto, es el momento de aprender las lecciones que ofrece el último proceso, el referido a la nueva composición del Consejo General del Poder Judicial. La noticia buena del mismo es que se ha logrado el acuerdo de los partidos políticos, es decir, que se ha buscado el consenso, lo que sería de muy desear en el caso de la CNE, dado el desprestigio en el que está sumida actualmente y cuya tarea de recuperación debe ser prioritaria, a la vista de la visión internacional que tienen los órganos de regulación españoles y el sector energético (se ha vuelto a hablar de riesgo regulatorio en los ámbitos financieros). Por tanto, las informaciones que apuntaban a un encuentro entre Miguel Sebastián y Cristóbal Montoro, para tratar en común esta cuestión, son más que razonables, necesarias.

El riesgo o la noticia mala en el caso del poder judicial es que fruto de ello se ha politizado fuertemente. Heredamos, por tanto, una muy nociva tendencia que es la de que consecuencia de las mayorías parlamentarias, la politización (entendida como ejercicio de partidismo) se traslada a todos los ámbitos de la vida y esfera civil: de las comunidades de regantes, las asociaciones de vecinos, del poder judicial o de la energía. Esperemos que se sepa conjurar este riesgo.

Queda una segunda línea que se ha hecho presente para tener en cuenta las futuras quinielas, además de los equilibrios políticos y territoriales entre partidos (recientemente se informaba que el PNV podría tener un puesto en el Consejo de la CNE) y es la cobertura de los que hoy se denominan cuotas en aplicación de los criterios de paridad en los Consejos. Ello nos aboca a pensar aquella frase que decía una feminista, activista de este movimiento, la de “se alcanzará la igualdad plena cuando haya una mujer inútil en un puesto relevante” señalando el extremo de que las mujeres tienen que demostrar mucho más que los hombres para conseguir posiciones importantes en la sociedad. Lo que cabe es que, para el bien del sector (es un momento muy delicado), para el bien de la economía (en plena crisis, debería ser un momento en que los representantes políticos se empeñasen en dar seriedad al funcionamiento e instituciones económicas), no se elijan ni a hombres, ni a mujeres inútiles para la responsabilidad de recuperar la credibilidad de la CNE. De todo ello, de los dos casos, tenemos suficientes ejemplos.