Grave manipulación, graves consecuencias, grandes responsabilidades

El escándalo sobre la elaboración del informes sobre precios y costes de la energía publicado por la Comisión Nacional de Energía, crece por momentos y lleva el camino de devorar al organismo que preside Maite Costa, en un efecto ‘tsunami ‘de proporciones imprevisibles. Incluso aunque ayer la presidenta del organismo, desde Girona, quisiera volver a apuntarse a la teoría de que es necesaria una subida tarifaria, la cuestión tiene mucho más fondo de lo que parece, porque en realidad ataca a la esencia del funcionamiento de los mercados. De hecho, y aunque Costa hablase en su intervención antes los medios de comunicación ayer del déficit tarifario a las claras, no trató en ningún momento, la ‘Addenda”, la regalina: los informes aprobados por el Consejo del organismo, tras el proceloso proceso que tuvo lugar entre los días 13 y 20 de mayo. Podemos decir, que lo que dice está bien, pero que es tardío e incompleto.

Lo que pasa, es que tanto la carencia de análisis sobre el déficit tarifario (inclusive la ausencia del término) en el Informe que soporta la propuesta de subida de tarifas integrales del 11,3%, los dos párrafos que abrían la espita del cuestionamiento del mercado (precios, costes y ‘tarifa socializada”) y, finalmente, el informe “adosado” (y «adobado») a la propuesta de tarifas de la Comisión Nacional de Energía, constituyen un punto de no retorno en el comportamiento del regulador independiente, además de un anacronismo, impropio de una sociedad abierta y de mercado.

Por ello, en primer lugar, por más veces que se repita, no deja de sembrar de asombro de que un organismo regulador independiente, llamado a elaborar la propuesta de tarifas integrales para el tercer trimestre, se meta en una espiral que conduzca a añadir a su función estos “aderezos” que supone una crítica frontal al funcionamiento del mercado eléctrico. Se trata, probablemente, de la peor forma de ‘estrenar una función’ que debería servir para ‘estabilizar’ el funcionamiento de la Comisión Nacional de Energía y lo que hace es justo lo contrario, desestabilizar al regulador (más si cabe) e introducir al sector eléctrico en el túnel del tiempo.

En segundo lugar, una consecuencia, muy peligrosa en términos de credibilidad, a nivel interno y externo del organismo proviene de cómo se ha forzado la máquina para que salga a la luz este Informe. La utilización de una metodología de construcción de discurso de corte académico, sobre la base de supuestos y estimaciones, sin contar con datos exactos, económico-contables, fiables, conlleva una utilización torticera e intencional: no reducir el precio que surge en la casación de ofertas en la generación, sino modificar el acceso de determinadas tecnologías en su participación en el mercado, con el trasfondo de la denuncia pública y parcial de que las empresas se ‘lucran’ (una formulación demagógica y sencilla que no recoge la reducción de los resultados en el mercado nacional y la necesidad inversora futura), es un ejercicio de arbitrismo.

La ruptura, con el proceder de los servicios internos, el desplazamiento hacia la orilla del área eléctrica, tiene como resultado la pérdida de confianza y coloca en un falso plano de igualdad informes rigurosos y precisos (que los servicios del organismo realizan continuamente), con una ponencia, con formulaciones ideológicas, a la que se le pretende dar cobertura y legitimidad. Ello sin contar que el primer convidado de piedra en un akelarre de este porte, es el sector, las empresas, los regulados, puesto que el informe se ‘amasa’, se ‘adoba’ en la más pura clandestinidad y se difunde de la manera más exagerada. En conjunto, hay consecuencias de forzar el propio funcionamiento institucional de la Comisión Nacional de Energía, con un ponente que no ejerce de ponente, un consejero que suplanta al ponente y unos servicios que no ejercen de servicios técnicos. No vale.

Por otra parte, la Comisión Nacional de Energía, fruto de la aprobación de este informe, cuestiona el mercado eléctrico y proporciona argumentos falaces y muy inoportunos para abordar la reforma de la situación tarifaria acumulada, sataniza dos tecnologías con papeles muy diferentes en el mercado y refleja la falta de comprensión de un modelo liberalizado que, en ningún caso, se basa en determinar, por vía administrativa, unos costes para fijar unas rentabilidades como en los ‘viejos tiempos’. Las consecuencias más directas son las que se derivan de la pérdida de una oportunidad para realizar el ajuste tarifario tanto tiempo aparcado, desenfoca al personal, con lo que genera un problema y no una solución.

En términos de consecuencias, primero está el aspecto institucional y europeo: fruto del Informe complementario, se retrocedería en la aplicación de las Directivas sobre el mercado en el sector energético. Del mismo modo, también se están apreciando consecuencias a nivel internacional en términos de credibilidad sobre nuestra economía y sobre el sector eléctrico: cada día son más abundantes los pronunciamientos y los informes de análisis de bancos de negocios que “cuestionan el cuestionamiento” porque no se creen lo que leen y lo que les llega de un país que hasta el momento estaba a la cabeza de Europa en el proceso de liberalización del sector energético y se sitúa en el debate sobre la involución.

Este informe ha pasado a la lista de oprobios del organismo antes y durante la época de Maite Costa: la actuación del gobierno popular en el caso de la fusión de Gas Natural e Iberdrola, abortada por motivos políticos con la elaboración de un ‘informe de último momento, el informe sobre la OPA de E.ON a Endesa, dónde también se incorporó una ponencia como observaciones y luego, este informe (¡ah, los informes, las ponencias!). De todo ello, se derivan responsabilidades. La principal, la de haber acabado con el organismo.