Fuentes solventes han confirmado a Energía Diario la intención de José Manuel Soria, de nombrar al actual jefe de Gabinete de la Secretaria de Estado de Energía, Ignacio Grangel, como nuevo responsable de esta área de su departamento ministerial en sustitución de Fernando Marti Scharfhausen, que ha sido propuesto por el Consejo de Ministros como nuevo Presidente del Consejo de Seguridad Nuclear en sustitución de Carmen Martínez Ten, cuyo cargo se cumplió el pasado 1 de diciembre.

El elemento clave para este nombramiento es el alto grado de confianza entre Soria y Grangel. Soria necesita una persona muy afín y fiel al cien por cien, después del fiasco de Marti Scharfhausen. Energía Diario ha podido confirmar que la relación entre Soria e Ignacio Grangel es mucho más fluida y directa, con despachos diarios y sistemáticos, que con el propio Marti Scharfhausen. A Grangel se le considera el autor de la recién aprobada ley de medidas fiscales en materia medioambiental y sostenibilidad energética y será quien pilote la anunciada «reforma energética».

Ignacio Grangel Vicente, pertenece al influyente cuerpo de Abogados del Estado y es experto en expropiación forzosa. Entre otras publicaciones ha participado en el «Manual de Expropiación Forzosa» elaborado por distintos letrados pertenecientes a la Abogacía General y de los Servicios Jurídicos del Estado.

Grangel nació en Teruel, el 7 de enero de 1973, tiene 40 años de edad y ha cursado sus estudios de Derecho en Zaragoza. Ha estado destinado en Segovia, Madrid y Castellón, siendo preparador y miembro de oposiciones a la Abogacía del Estado.

Las mismas fuentes han confirmado que estarían descartados los nombres de Carlos Gascó Travesedo (ex Iberdrola, Agencia Internacional de la Energía y asesor del Ministro) y de Inmaculada Gutiérrez (Comisión Nacional de Competencia) que han aparecido en algún momento entre las quinielas y con los que se había especulado en los medios de comunicación.

El conflicto abierto en el Gobierno por la definición de la anunciada hoja de ruta para la resolución del problema del déficit tarifario tiene puntos en común con otra cuestión que está empezando a cobrar también en los círculos políticos una enorme actualidad: el problema de los órganos reguladores. Y, el punto en común, el nexo de unión, no es otro que el de Álvaro Nadal, director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno.

Fuentes solventes han confirmado a Energía Diario que las posiciones de Álvaro Nadal están cada vez más radicalizadas y dogmatizadas con respecto a la implantación de la figura más controvertida de la reforma, esto es, los impuestos a la generación hidráulica y nuclear, cuyo empeño personal es cada vez más patente en la imposición de esta medida, tras otros fracasos anteriores en cuestiones de corte económico frente a los departamentos ministeriales.

Dicha obsesión, además, se observa con enorme preocupación en el Ministerio de Hacienda, donde se tiene que dar cuerpo a las nuevas figuras impositivas propuestas en la reforma. Este departamento ha analizado con precisión los estados contables y financieros de las empresas y las instalaciones, frente a las vaguedades y supuestos en los que basan las posiciones dogmáticas favorables a los impuestos discriminatorios a estas tecnologías, para asumir los postulados retroprogresivos. Industria, algo menos fina en lo económico y en lo financiero, observa con distancia la disputa, con la mirada puesta en la urgencia con la que corre el contador del déficit tarifario. De hecho, las posiciones iniciales de Cristóbal Montoro al respecto han ido virando al conocer la realidad de los estados contables y las consecuencias desde el punto de vista de mercado, pese a que el actual Ministro de Hacienda es mentor de Nadal en su época parlamentaria. El hecho es que la racionalidad va erosionando a marchas forzadas las pretensiones de Nadal.

Pero, la situación del proyecto de órganos reguladores, presentado al principio del mandato del actual Gobierno no está corriendo mejor suerte. El proyecto tiene la factura de la Oficina Económica y también tiene frente a sí, cada vez más opiniones. Incluso, fuentes solventes han informado que el Gobierno maneja un documento frontalmente contrario procedente de la Comisión Europea. Los pronunciamientos de expertos de toda clase están sentado como un jarro de agua fría (y como un tiro) con respecto a las pretensiones de seguir adelante con el proyecto. Nadal estaría cada vez más encastillado en sus posiciones, atrapado en sus postulados y excesos verbales pasados y en la necesidad de contar con una mayor cintura política en los mismos.

El hecho es que no está sentando nada bien en los círculos cercanos al responsable de la Oficina Económica que esas posiciones contrarias se vayan acentuando. De hecho, hoy se producirá un encuentro en un importante y prestigioso bufete de abogados en Madrid para abordar el proyecto de órganos reguladores, en el que, entre otros, estará presente por parte de la Oficina Económica del Presidente, María Fernández, y por parte del Ministerio de Economía, el abogado Miguel Temboury, además de representantes de empresas y órganos reguladores.

Las palabras “inseguridad jurídica”, así como las posiciones contrarias a la reforma energética, empiezan de sacar de quicio al propio Nadal, al igual que las posiciones públicas y contrarias con respecto al engendro de los órganos reguladores politizados, jibarizados y sintentizados, puestos al servicio del Gobierno, es decir, completamente dependientes. Máxime en un clima de cuestionamiento de las instituciones económicas españolas (la licencia otorgada al Banco de España por el MOU para desobedecer al Ejecutivo español es el mejor ejemplo), que hace que el proyecto sea especialmente desafortunado, pese a la vehemencia con la que lo defiende.

Y, como elemento paroxístico de lo que es la personalidad y fijación de este asesor de nuestro presidente, empieza a circular, parafraseando el nombre del asesor radical de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, que al director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno Español ya se le llama Alvaro ‘Kicillof’ Nadal. Lo que faltaba.

La movilización para evitar la separación funcional y jurídica de los operadores de sistema y transporte ha librado en la última semana una nueva batalla. Si hace unos días, con motivo del dictamen que tenía que emitir la Comisión Nacional de Energía, la movilización fue formidable, la semana pasada se vivió un nuevo episodio, esta vez en el seno del Gobierno, que acabó con el hecho de que el Anteproyecto de Ley finalmente no se haya enviado a las Cortes Generales para su trámite parlamentario.

De hecho, es costumbre del departamento que dirige Miguel Sebastián que los proyectos normativos que elabora este área pasen dos veces por el Gabinete: una previa a los informes de los reguladores independientes, para su remisión a los mismos, y otra, tras esos informes, ya con destino el Parlamento tras la aprobación por parte del Ejecutivo.

Así, este último episodio tuvo lugar con motivo del último Consejo de Ministros en el que el departamento que dirige Rosa Aguilar, el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino, se opuso a la transposición del tercer paquete de la normativa europea a la Ley del Sector Eléctrico, elaborado por el Ministerio de Industria y que ya contaba con informes de los reguladores independientes. La postura de este departamento ministerial se basaba, precisamente, en su oposición a esta separación jurídica y económica del operador de transporte, titular de este monopolio y transportista único y, a la vez, del operador de sistema del sector eléctrico español, hoy integrados en Red Eléctrica de España.

Parece ser que las posiciones contrarias a la separación jurídica y funcional en esta cartera ministerial provienen de la Secretaría de Estado de Cambio Climático, que dirige Teresa Ribera. De hecho, fuentes solventes han confirmado a Energía Diario que ayer tuvo lugar una reunión entre las dos Secretarías de Estado, Energía y Cambio Climático, reunión en la que Ribera habría retirado las reservas a la separación económica y funcional por parte de Medio Ambiente. En un primer momento, Medio Ambiente se habría alineado con las posturas de Red Eléctrica de España y de su presidente Luis Atienza, contrarias a esta separación y a la ofensiva lanzada para evitarla.

De hecho, dicha separación se ha convertido en el más importante caballo de batalla para la compañía que preside Luis Atienza y ya anticipó que desde La Moraleja están dispuestos a poner toda la carne en el asador para evitar este cambio normativo, apelando en este caso a las líneas más políticas con el Partido Socialista, que pueden traer más de un quebradero de cabeza al actual Ministro de Industria.

No es necesario recordar que la vinculación política de la cúpula de REE se acentuó notablemente en esta última etapa bajo la presidencia de Atienza, que fue Ministro de Agricultura (área integrada dentro del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino), así como con la vinculación directa con Ferraz de Alberto Carbajo, actual Director del Operador de Sistema, y la participación en la elaboración del programa electoral socialista de responsables tan destacados de REE como Javier de Quinto.

Lo que parece claro es que no va a ser una cuestión pacífica y que nunca crear dos empresas y regular los posibles conflictos de interés entre las dos funciones dentro de una misma sociedad «holding» iba a tener un grado de controversia tan intenso.