El Plan de Energía y Clima de España es el mejor valorado de la UE por la European Climate Foundation

Redacción.– Las economías con 0 emisiones netas no se producirán por casualidad, asegura la European Climate Foundation: “se requerirá un enfoque y una planificación dedicados, con una mirada clara al objetivo final”. En este sentido, esta organización ha destacado el trabajo realizado para España por el Ministerio para la Transición Ecológica, un plan que obtiene 52,4 puntos sobre los 100 máximos.

A juicio de la European Climate Foundation, los Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC) representan una oportunidad para que los Estados miembros de la Unión Europea puedan trazar sus próximos pasos en el camino hacia un futuro seguro para el clima y ​​para cosechar los beneficios económicos y sociales que vienen aparejados. Los PNIEC claros y sólidos pueden servir como reclamos para grandes y pequeños inversores e involucrar a las partes interesadas en su desarrollo, además de indicar donde se necesitarán esfuerzos adicionales. Sin embargo, los proyectos de PNIEC presentados por los Gobiernos tienen una gran necesidad de mejora.

Estos son los resultados de un nuevo informe encargado por la European Climate Foundation y realizado por Ecologic Institute y Climact. Forma parte de la serie Net-Zero 2050, una iniciativa de la European Climate Foundation con contribuciones de un consorcio de expertos y organizaciones. Este informe evalúa todos los proyectos de PNIEC presentados a la Comisión Europea y los califica de acuerdo con 3 variables: el nivel de ambición, el nivel de detalle de las políticas y medidas descritas así como la calidad e inclusividad de su proceso de redacción.

Según el ranking, España es el país que obtiene mayor puntuación con 52,4 puntos sobre 100. El PNIEC elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica es el más ambicioso de la Unión Europea. La ambición de los planes representa 45 puntos como máximo y España es el país que más puntuación obtiene, con 21,1 puntos, gracias a su hoja de ruta para alcanzar la descarbonización en 2050 y sus objetivos de 2030 de energías renovables, aunque sus objetivos de reducción de emisiones de gases invernadero para 2030 no parece coherente con el objetivo a largo plazo. Donde España obtiene un 0 rotundo es en la ambición de sus objetivos de eficiencia energética para 2030.

En cuanto al nivel de detalle de sus políticas, España ocupa el segundo lugar tras Grecia como país con mejor PNIEC en este sentido y logra 30,7 puntos sobre los 45 máximos. En este apartado se valora la concreción con la que el Ministerio para la Transición Ecológica aborda la consecución de los objetivos de eficiencia energética, energías renovables y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Aprueba también las medidas de corte financiero y de apoyo a las inversiones mientras que aún tiene que mejorar España a la hora de acabar con las subvenciones a los combustibles fósiles y en sus planes para disminuir el uso de carbón.

Donde España no ha obtenido una buena puntuación es en la calidad e inclusividad de su proceso de redacción. En este apartado España ha estado por debajo de la media comunitaria y apenas ha obtenido un 0,6 sobre 10. Nuestro país amerita un suspenso al no tener en cuenta la participación de los agentes llamados a estar involucrados en la implementación del PNIEC, entregar el documento con retraso y con la ausencia de algunos apartados importantes como la cooperación regional.

Tras el liderazgo de España, el segundo PNIEC mejor valorado es el de Francia, con un 47%. A estos dos países les siguen Grecia (44%) y Suecia (43%). El plan climático de Eslovenia es el último con un 3%, con Eslovaquia (12%) y Alemania (12%) por delante. La puntuación media para el bloque de la Unión Europea es del 29%.

Esta evaluación encuentra que, si bien los proyectos de planes climáticos nacionales indican que los países están tomando medidas hacia la acción climática para 2030, todavía no cumplen con las ambiciones establecidas por los legisladores de la Unión Europea y el Acuerdo de París. Los problemas recurrentes incluyen planes limitados para la eliminación de los subsidios al carbón y los combustibles fósiles, pocas indicaciones sobre las inversiones necesarias, demasiado uso de biomasa insostenible, consulta pública inadecuada y falta de esfuerzos explícitos para desechar los planes de la meta de 2050. Así, el informe identifica varias buenas prácticas en los planes preliminares que los responsables políticos nacionales y de la Unión Europea pueden inspirar y replicar.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) elogia los avances de Marruecos hacia la transición energética con eficiencia y renovables

Redacción.- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha publicado su última revisión en profundidad de las políticas energéticas de Marruecos, acogiendo con satisfacción las reformas institucionales, legales y fiscales emprendidas para promover el desarrollo sostenible del sector energético del país.

En esta revisión, la AIE destacó los esfuerzos positivos del Gobierno para impulsar la inversión renovable, proporcionar acceso a la electricidad y eliminar gradualmente los subsidios para el consumo de combustibles fósiles. Con la excepción del butano embotellado, los precios del combustible ahora están vinculados al mercado internacional. El informe fue presentado por Fatih Birol, director ejecutivo de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), en presencia del Ministro de Energía de Marruecos, Aziz Rabbah. El informe es la segunda revisión en profundidad de la AIE sobre las políticas marroquíes.

Marruecos está siguiendo un ambicioso camino de transición energética. Pero las reducciones en las emisiones de gases invernadero para 2030, en línea con los compromisos del país con el Acuerdo de París, requerirán la ampliación de las inversiones públicas y privadas. La revisión de la AIE proporciona recomendaciones detalladas para mantener el impulso para las reformas y aumentar las ambiciones para la transición energética del país. Según indica la AIE, Marruecos tiene amplias oportunidades de mejoras de eficiencia y más despliegue de energías renovables. Por ahora, el país aún depende de las importaciones de petróleo, gas y carbón para el 90% de sus necesidades energéticas. En la generación de energía, el carbón representa el 54%.

Más eficiencia energética y renovables

En este contexto, la AIE acoge con satisfacción la Estrategia Nacional de Eficiencia Energética del Gobierno. La contratación pública es un motor importante para el despliegue de servicios y tecnologías de eficiencia energética rentables. Marruecos también renovó su flota de generación de energía con carbón mediante mejoras de eficiencia a tecnología ultra-supercrítica. Proporcionar una financiación adecuada para los programas de eficiencia energética y coordinarlos entre las agencias gubernamentales es fundamental.

El parque solar de concentración más grande del mundo en Ouarzazate ilustra la ambición y la capacidad tecnológica de Marruecos. Para desarrollar los grandes recursos de energía renovable del país, el Gobierno está llevando a cabo una reforma del sector eléctrico, creando una autoridad nacional reguladora de electricidad, desarrollando nuevas interconexiones con España y Portugal, y planea impulsar el comercio de energía e integrar su mercado eléctrico a nivel regional.

“Marruecos fue el primer país en el Medio Oriente y el norte de África en unirse a nosotros. El éxito de Marruecos en avanzar hacia el acceso universal a la energía y la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles fósiles. Es un modelo a seguir para muchos países, por lo que es un socio ideal para albergar programas regionales de capacitación y creación de capacidad que ayuden a mejorar la formulación de políticas energéticas en África», destacó Birol.

Birol y el ministro Rabbah acordaron aumentar la colaboración entre Marruecos y la AIE a través de nuevas actividades de capacitación sobre políticas de eficiencia energética y recopilación de datos para un grupo más amplio de países africanos. La revisión también proporciona recomendaciones para fortalecer la seguridad del petróleo, el gas y la electricidad. Marruecos ahora depende totalmente de las importaciones de productos petrolíferos después del cierre de su única refinería en 2015 y necesita invertir en capacidad de almacenamiento y fortalecer su régimen de almacenamiento. Los descubrimientos de gas doméstico y la abundancia global de gas natural licuado ofrecen un nuevo contexto para el papel del gas en Marruecos.

Bruselas apremia a España y otros países a enviar sus planes de control de la contaminación atmosférica

Europa Press.- La Comisión Europea ha pedido a España y otros 14 países de la Unión Europea que entreguen sus programas nacionales de control de la contaminación atmosférica, que las capitales debían haber remitido a las autoridades europeas como muy tarde el pasado 1 de abril, según explicaron fuentes comunitarias.

Además de España, el Ejecutivo comunitario todavía no tiene los programas de Francia, Alemania, Polonia, Bulgaria, Chipre, República Checa, Grecia, Hungría, Lituania, Malta, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y Luxemburgo. Sí que los han entregado, por contra, Austria, Irlanda, Países Bajos, Croacia, Letonia, Portugal, Dinamarca, Italia, Suecia, Bélgica, Reino Unido, Estonia y Finlandia. En cualquier caso, sólo estos últimos tres países cumplieron el compromiso de enviar sus documentos antes del 1 de abril, según consta en el directorio de la Comisión Europea.

De hecho, el Ejecutivo comunitario es el encargado de examinar la coherencia de los programas nacionales con las normas europeas, incluida la trayectoria de reducción de emisiones desde 2020 a 2030. Los Estados miembros tendrán que actualizar sus programas nacionales como mínimo cada 4 años. En ellos, los países deben valorar en qué medida las fuentes de emisiones nacionales pueden tener un impacto sobre la calidad del aire en su territorio y en el de Estados miembros vecinos, además de valorar la necesidad de reducir dichas emisiones para cumplir los objetivos de calidad del aire.

Los programas de cada socio comunitario también tienen que priorizar las medidas de reducción de las emisiones de carbono al adoptar medidas para cumplir sus compromisos nacionales de reducción de las partículas finas y garantizar la coherencia con otros planes y programas pertinentes establecidos en virtud de requisitos indicados en la legislación nacional o comunitaria. La asociación europea de organizaciones medioambientales European Environmental Bureau (EEB) ha tildado de «sorprendente» el retraso de los países «en algo así de importante». «Cada día de retraso en atajar la contaminación atmosférica significa que más gente sufre las consecuencias en su salud», ha advertido la responsable de Calidad del Aire de EEB, Margherita Tolotto.

El Parlamento Europeo propone unas medidas para actuar contra la contaminación atmosférica

Europa Press. – El pleno del Parlamento Europeo ha aprobado una resolución en la que propone una serie de medidas para combatir la contaminación atmosférica. Además, subraya que se trata de un fenómeno con dimensión local, regional, nacional e internacional, por lo que requiere «acciones a todos los niveles de gobernanza»

El texto, aprobado con 446 votos a favor, 146 en contra y 79 abstenciones, pide por ejemplo a la Comisión Europea que apruebe actuaciones más exigentes para las partículas PM2.5, como recomienda la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De la misma manera, los eurodiputados también han solicitado a las autoridades a desarrollar planes de acción con medidas para atajar «todas las fuentes de contaminación atmosférica en todos los sectores de la economía». Además, instan al ejecutivo comunitario una revisión de la directiva de calidad del aire para alinear los límites europeos a los recomendados por la OMS para niveles de materia particulada, óxido de azufre y ozono. También piden a Bruselas a mejorar los controles en Estados miembros para garantizar el cumplimiento de las normas sobre emisiones diésel de vehículos.

Asimismo,  la Eurocámara ha defendido el seguir reduciendo la flota de vehículos con emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) y a introducir procedimientos para quejas colectivas de consumidores en caso de que vuelva a suceder algún escándalo similar al ‘Dieselgate’.

Según afirman los eurodiputados, son los fabricantes de los vehículos quienes deben encargarse de acondicionar los coches que no cumplen con las normas europeas de emisiones y asumir los costes que supone incorporar equipos ‘limpios’ obligatorios.

 

PAC y sector energético

En cuanto a la agricultura, el pleno del Parlamento Europeo ha solicitado que los fondos de la próxima Política Agrícola Común (PAC) estén vinculados a medidas obligatorias para reducir la contaminación atmosférica.

Con respecto al sector energético, los eurodiputados han celebrado que al menos diez Estados miembros se hayan comprometido a reducir gradualmente el uso de carbón y han pedido al resto que hagan lo mismo como muy tarde para 2030.

Los representantes europeos han afirmado, asimismo, que la contaminación atmosférica tiene un impacto «enorme» en la salud de los seres humanos y afecta principalmente a mujeres embarazadas, niños y ancianos. El 90% de los ciudadanos europeos que viven en ciudades están expuestos a niveles de contaminación que puede dañar su salud.

El agua contaminada pone bajo cuestión la limpieza de la central nuclear de Fukushima 8 años después de la catástrofe

Europa Press.- Un millón de toneladas de agua contaminada deberán ser almacenadas, posiblemente durante años, en la planta nuclear de Fukushima, lo que supone un nuevo obstáculo para la limpieza de las instalaciones cuando se cumple el octavo aniversario de la catástrofe en la región japonesa. El año pasado, la compañía Tokyo Electric Power (Tepco) reconoció que el sistema que debía purificar el agua contaminada había fallado en eliminar las partículas radiactivas.

Esto supone que la mayor parte del agua, que actualmente está almacenada en 1.000 tanques alrededor de la planta, tendrá que volver a ser procesada antes de ser devuelta al océano, en lo que es el escenario más probable ahora mismo. Este proceso podría llevar cerca de 2 años, además de acarrear el desvío de personal y recursos que actualmente se utilizan para desmantelar los reactores dañados por el tsunami, operación que según las previsiones costará hasta 40 años finalizar.

No está claro cómo afectará este nuevo retraso al desmantelamiento. El Gobierno japonés calculó en 2016 que el coste total de este proceso, la descontaminación de las áreas afectadas y las compensaciones podrían llegar a los 21,5 billones de yenes (unos 170.000 millones de euros), casi el 20% del presupuesto anual del país. Tepco ha reconocido que se está quedando sin espacio para almacenar el agua. Además, algunos expertos advierten de que si hay otro terremoto importante, los tanques podrían romperse provocando el vertido ál océano de líquidos altamente radiactivos.

Los pescadores, en su apuesta por recuperar la confianza de los consumidores, están vehementemente en contra de verter el agua procesada, que la Autoridad Nuclear Japonesa (NRA) ha calificado como mayormente inofensiva. «Esto destruiría lo que hemos estado haciendo desde 2011», aseguró el líder de la Federación de Cooperativas de Pescadores de Fukushima. Las capturas del año pasado apenas llegaron al 15% de los niveles anteriores a la crisis, principalmente por la reticencia a consumir pescado procedente de estas aguas.

En la mayoría de zonas de la planta nuclear ya no es necesario que los trabajadores lleven máscaras ni que lleven trajes de protección contra la radiación. Solamente los edificios del reactor y otras áreas requieren este equipamiento especial. Alrededor de la planta hay tanques para llenar hasta 400 piscinas de tamaño olímpico, donde unas máquinas llamadas ALPS han estado tratando el agua contaminada. Tepco reivindicó que este sistema puede eliminar todos los radionucleidos excepto el tritio, un isótopo del hidrógeno relativamente inofensivo y que es muy difícil de separar del agua. Líquidos con esta sustancia son vertidos al medio ambiente en otras áreas nucleares en otras partes del planeta.

No obstante, un periódico japonés cuestionó el año pasado la calidad de las aguas procesadas con los ALPS, lo que llevó a Tepco a reconocer que había estroncio 90 y otros elementos radiactivos en muchos de los tanques. Tepco ha afirmado que estos problemas han ocurrido porque algunos materiales absorbentes del equipamiento no se han sustituido con la frecuencia adecuada. La compañía se comprometió a volver a purificar el agua si el Gobierno decide que verterla al océano es la mejor solución. Según un equipo gubernamental que realizó estudios en 2016, es la opción más barata de las cinco analizadas, que incluyen la evaporación, el entierro y mandarla al espacio.

El Gobierno y Tepco están ahora estudiando la creación de otro panel de expertos, pero no se ha fijado una fecha. El director del NRA, Toyoshi Fuketa, considera que verter el agua tras la dilución es la única manera accesible de lidiar con el problema. Además, advierte de que posponer esta decisión indefinidamente podría hacer fracasar el proyecto de desmantelamiento.

Otra opción es almacenar el agua durante décadas en tanques normalmente destinados al petróleo. La idoneidad de estos recipientes ya ha sido analizada, según el ingeniero de la planta y miembro de la Comisión de Ciudadanos sobre Energía Nuclear, Yasuro Kawai. Esta comisión propone almacenar el agua con tritio, que tiene una vida media de 12 años y medio, durante 123 años, tras los que sería una milésima parte de lo radiactiva que era cuando se guardó en los tanques.

Los ingenieros industriales reivindican que la descarbonización de la economía no debe producir efectos indeseados en la industria

Europa Press.- El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid (COIIM) considera que la transición hacia una descarbonización completa de la economía que ha adoptado el Gobierno es un proceso «complejo» de cuyo avance depende que «no se produzcan efectos indeseados» en la economía en general y en la industria en particular, lo que repercute en el bienestar social.

El colectivo recuerda que parte de la transición energética diseñada por el Gobierno se apoya en el cierre progresivo del parque nuclear y, en el caso de que finalmente se apruebe el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, el 74% de la generación eléctrica en 2030 deberá proceder de fuentes renovables. El plan incluye también reducir la potencia nuclear instalada de los 7.399 megavatios actuales a 3.181 megavatios en 2030 y continuar su operación hasta 2035 para facilitar un sistema de potencia firme mientras progresa la penetración de renovables.

Los ingenieros destacan el «papel fundamental» que juega el CSN en la seguridad, en el buen funcionamiento del parque nuclear y en la protección radiológica en España en «diferentes acontecimientos que han tenido lugar». Para el COIIM, los plazos que marca el borrador y la complejidad de los acuerdos alcanzados entre la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y los representantes de Iberdrola, Naturgy y Endesa «hacen más relevante si cabe mantener el carácter independiente del CSN frente a la Administración General del Estado».

La industria aérea reclama medidas para lograr mayores progresos en la investigación en combustibles sostenibles y reducir emisiones de CO2

Europa Press.- La aplicación efectiva de la iniciativa Cielo Único Europeo y una mejora de la arquitectura del espacio aéreo europeo contribuiría a reducir al menos en un 10% de las emisiones de CO2, según el lobby aéreo A4E (Airlines for Europe), lo que permitiría que el transporte aéreo fuera «aún más sostenible en el futuro», por ello la industria reclama su puesta en marcha, al tiempo que pide «políticas inteligentes» e iniciativas para mayores progresos en la investigación de combustibles sostenibles.

La asociación A4E, que engloba a las 5 grandes compañías europeas (Lufthansa, Ryanair, IAG, Air France-KLM y la británica easyJet, entre otras aerolíneas, ha celebrado su tercera cumbre anual, en la que se comprometieron a fijar metas de sostenibilidad para apoyar los objetivos de la Unión Europea. La A4E, junto con la industria del transporte aéreo de la Unión Europea, se encargará de elaborar una hoja de ruta para definir la manera en que «una combinación de medidas y políticas adecuadas» podrían ayudar al sector aéreo a cumplir dichos objetivos.

La industria aérea ya cuenta con soluciones para reducir el impacto climático de la aviación en los próximos 15 años, como una «mayor utilización de carburantes sostenibles y la modernización de la flota, que según la A4E, deben acompañarse de la resolución urgente de los actuales problemas de ineficiencia del espacio aéreo para «sacar un mayor partido» a las medidas aplicadas por las compañías aéreas.

«Estamos convencidos de que las compañías aéreas en la Unión Europea, y Europa en general, pueden ir más lejos para dirigir el desarrollo de una hoja de ruta para una aviación sostenible», ha afirmado el director general de Airlines for Europe, Thomas Reynaert. Así, considera que aunque los niveles de eficiencia del combustible de aviación han mejorado en un 2% anual en Europa, se «podrían realizar más progresos significativos si actuales iniciativas de investigación y desarrollo, como las tecnologías de motores eléctricos e híbridos y los combustibles sostenibles alternativos estuvieran mejor financiadas y si se tomaran las decisión políticas apropiadas para eliminar los obstáculos existentes».

Las compañías aéreas europeas han ahorrado 20 millones de toneladas de emisiones de CO2 desde 2014, lo que equivale a 1,6 millones de vuelos dentro del Espacio Económico Europeo (EEE) o a 100 días de vuelo, según se desprende de un nuevo estudio, publicado por SEO Economics en febrero de este año, sobre el impacto medioambiental de las interrupciones al tráfico e ineficiencias en el espacio aéreo europeo. «La industria necesita más apoyo en cuanto a los esfuerzos realizados para reducir la dependencia a los combustibles fósiles«, ha concluido Reynaert.

Vara y Montilla apuestan porque el PSOE sea capaz de «buscar alternativas» frente a las centrales nucleares

Europa Press.- El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha destacado que hay que aprovechar «la ampliación de vida» de la central nuclear de Almaraz para buscar «alternativas», después de que la Comisión para la Transición Ecológica del Senado haya instado al Gobierno a rechazar el cierre de esta instalación de Cáceres.

«Si España quiere cerrar las centrales nucleares tiene que buscar ya las alternativas energéticas e industriales», señaló Vara, que considera que se puede llegar a 2030 con renovables. También se pronunció el expresidente de la Generalitat y ex ministro de Industria, José Montilla, que ha apoyado la búsqueda de alternativas que defiende Vara y ha destacado que hay que trabajar en «una política destinada al desarrollo de las renovables, que sea creíble y responsable del cierre de las centrales nucleares».

El Senado insta al Gobierno con los votos del PP rechazar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres)

Europa Press.- La Comisión para la Transición Ecológica ha instado al Gobierno a rechazar el cierre de la central nuclear de Almaraz (Cáceres) con los votos de PP, el rechazo de Unidos Podemos, y la abstención del resto de los grupos parlamentarios.

La iniciativa ha sido defendida por el senador del PP, Diego Sánchez, quien subrayó que los reactores de Almaraz generaron entre el 25%/30% del total de la energía generada por el parque nuclear de España, al tiempo que emplean de forma directa a 800 personas y los empleos indirectos llegan a 2.900. Sánchez recurrió al programa electoral del PSOE, que fija el cierre de las centrales nucleares una vez que éstas alcancen el final de su vida útil. Así, asegura que genera «intranquilidad e incertidumbre» en la comarca de Campo Arañuelo, que ve peligrar una de sus principales fuentes de riqueza y empleo y, por tanto, justifica la iniciativa por la necesidad de dar un mensaje de certidumbre y confianza.

La propuesta, aprobada con la abstención del PSOE, insta al Gobierno a rechazar el cierre de la central nuclear de Almaraz mientras cumpla con las condiciones técnicas y de seguridad exigidas legalmente, así como a autorizar la prórroga de la vida útil de la central si su titular presenta la solicitud de renovación antes del 31 de marzo, cuando expira el plazo. A continuación, una vez autorizada la prórroga, el PP plantea que «de manera inmediata» se ponga en marcha un Plan Alternativo de Desarrollo Económico y Social que genere «al menos» el mismo nivel económico y de empleo que la actual planta crea en la actualidad en la comarca, a la que no se puede «abandonar a su suerte».

Por su parte, el PSOE presentó una enmienda de sustitución, que fue rechazada, por la que se instaba al Gobierno a cumplir los compromisos de descarbonización con una apuesta «preferente» por las fuentes de energía «limpias, renovables o alternativas». Esta enmienda ha sido «traducida» por el senador popular como una forma de decretar el cierre nuclear. El senador socialista, Miguel Ángel Nacarino, entiende que la enmienda del grupo parlamentario se entiende en un contexto de la Estrategia de Transición Justa del Gobierno y, por tanto, «corrige la incoherencia» de la propuesta de los populares, al tiempo que ha acusado al PP de «agitar» a la población para que salga a manifestarse «sin ofrecerles una alternativa».

A este respecto, el senador popular ha pedido al PSOE claridad a la hora de decir si quiere o no cerrar las centrales y ha asegurado que tanto el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, como el del Gobierno, Pedro Sánchez, son «antinucleares». En ese contexto, señaló que todas las «maniobras» realizadas por los socialistas, a su juicio, son «para cerrar Almaraz«. Si bien entiende que es «un marrón» para su compañero socialista extremeño defender la moción socialista, no ha aceptado la enmienda de sustitución porque ambas propuestas son contrarias, «como el agua y el aceite».

Desde Unidos Podemos, la senadora Margarita Quertglas ha denunciado que renovar la licencia de los reactores de Cáceres llevará a estas plantas a una situación de operación a largo plazo a pesar de que «han sufrido numerosas incidencias» porque están «envejecidas«. A su juicio, prolongar su vida útil no es una medida de descarbonización y asegura que se pueden sustituir en España todas las energías de origen fósil en 2025.

En su turno de réplica, el senador popular se ha referido al ex consejero de Industria de Extremadura, José Luis Navarro, ahora presidente de la Empresa Estatal de Residuos (ENRESA), de quien ha recordado que tiene una empresa de consultoría medioambiental y a quien acusa de que, desde su actual responsabilidad, «está parando las inversiones» del almacén temporal centralizado (ATC), que «es fundamental para Almaraz«.

Además, Diego Sánchez ha dudado de Navarro por haber comprado «miles de hectáreas» cercanas a Almaraz para instalar proyectos de energía solar porque considera que lo que el Gobierno hará será cerrar Almaraz después de una prórroga de 4 o 5 años y después «dar el pelotazo» con las renovables que evacuarán su energía a través del nudo de Almaraz. «Tiene mucho interés el señor Navarro en los proyectos de renovables cerca de Almaraz», ha advertido el senador, que ha asegurado «alto y claro» que la «única» garantía de que no se cierre la central nuclear es «cambiando» de Gobierno en España y en Extremadura.

Ecologistas quieren adelantar a 2040 la descarbonización de España pero ven como un punto de inflexión los planes del Gobierno

Europa Press.- Mientras Acogen cree que el Plan de Energía y Clima es «incompatible» con un sistema eléctrico eficiente y competitivo, las organizaciones ambientales Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, WWF y SEO/BirdLife han calificado de «poco ambiciosos» los objetivos del Marco Estratégico de Energía y Clima que presentó el Gobierno aunque, en todo caso, celebran que el paquete climático va en la buena dirección y supone un «punto de inflexión» en la lucha contra el cambio climático en España.

La coordinadora estatal de Amigos de la Tierra, Blanca Ruibal, ha destacado que los mecanismos que se definen en la ley son correctos pero los objetivos son «poco ambiciosos«. «Necesitamos mecanismos mucho más ambiciosos que los de nuestros vecinos, porque vamos a sufrir mucho más las consecuencias del cambio climático», ha manifestado. Ruibal es «consciente», no obstante, de que este es el «mejor» anteproyecto de ley de cambio climático al que podían aspirar en este contexto. Entre los aspectos que ha desgranado, ve positiva la apuesta porque la electricidad sea de origen renovable, pero critica que los plazos del carbón y las nucleares son «demasiado extensos» y los riesgos que asume España son «muy altos».

En la misma línea, Ecologistas en Acción celebra que los nuevos objetivos suponen un avance pero advierte de que la planificación del Gobierno está «lejos de la ambición requerida y del impulso necesario» para la transformación necesaria ya que la descarbonización total «debería» alcanzarse en 2040. «El tiempo de la inacción se ha pasado. Solo una actuación decidida que consiga reducciones sustanciosas podrá atender las demandas de una transformación planetaria sin precedentes para frenar el cambio climático», comenta el responsable de Clima y Energía de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz.

A su juicio, el calendario de cierre presentado para el carbón y la nuclear responde más a los intereses de las grandes compañías eléctricas que a los propios compromisos electorales del PSOE. Para Ecologistas en Acción es «inadmisible» la postura del PSOE y acusa al Gobierno de una «falta de valentía patente» por la ausencia de una fecha definitiva para el cierre de las térmicas.

Por su parte, Greenpeace respalda el marco estratégico de Energía y Clima porque «va en la dirección correcta» pero pide más ambición y critica que el proceso electoral paralice la necesidad de acelerar la transición energética. «Es la primera vez que España se plantea oficialmente un horizonte de cierre de sus centrales de carbón y nucleares«, celebra la ONG, que reclama objetivos más ambiciosos. Igualmente lamenta que el calendario de cierre nuclear se alargue «innecesariamente» una década más porque esto penaliza «gravemente» a la sociedad.

El director ejecutivo de Greenpeace, Mario Rodríguez, ha señalado que el paquete climático es «una urgencia histórica por encima de cualquier batalla política». «Que España se proponga alcanzar un sistema eléctrico 100% renovable es un triunfo de quienes en un principio demostramos que esto es posible y necesario, aunque necesitamos que se haga extensible a toda la energía, no solo la electricidad», ha manifestado Rodríguez que confía en que una vez se apruebe este paquete, España dejará de ser el «único» país de Europa sin fecha de abandono del carbón.

Sin embargo, también cree que no se debe retrasar el cierre de las centrales de carbón y las nucleares más allá de 2025 y que el sistema energético debería alcanzar la neutralidad de carbono en 2040. En todo caso, Greenpeace ve «imprescindible» medidas para que España se reenganche a la lucha mundial contra el cambio climático y «aproveche sus oportunidades».

“Buen rumbo” para la transición

Por su parte, el secretario general de WWF, Juan Carlos del Olmo, ve en la presentación del marco estratégico un «punto de inflexión de verdad» para el modelo económico de España. En este sentido, destaca que implica una «revolución» para todos los sectores económicos con un «cambio de rumbo» que lleva a España a ponerse «en el grupo de cabeza» de la lucha europea y mundial contra el cambio climático. «El barco de verdad empieza a girar en la dirección correcta después de mucho tiempo», confía Del Olmo que recuerda que hace aproximadamente una década Greenpeace lanzó una propuesta de un sistema energético 100% renovable en 2050. «Parecía entonces impensable y hoy está aquí», comenta.

Para el responsable de WWF, en este momento en el que España entra en un «torbellino electoral», es «imprescindible» que el cambio climático se respete como una política de Estado a largo plazo y que no sirva de arma electoral arrojadiza sino de motivo de consenso. «Ningún partido debería hacer de esto una lucha partidista porque la lucha contra el cambio climático puede ser una catapulta para el futuro de España. Es una superoportunidad, especialmente para las zonas despobladas», comenta.

Finalmente, aunque le gustaría que los textos tuvieran más ambición, un cierre más temprano del carbón y las nucleares, entre otras cosas, valora que poner todo ello sobre la mesa es un «salto cualitativo para una nueva era». «España poner a rodar la lucha contra el cambio climático con un papel de liderazgo tanto en la Unión Europea como a nivel global. Hay muchos detalles que nos gustarían de otra manera, pero este paquete supone pasar de un país anclado en las energías sucias a un país poderoso que se propone ser 100% limpio en 2050. Es muy ilusionante», concluye.

Por su parte, desde SEO/BirdLife, su directora ejecutiva, Asunción Ruiz, ha destacado que se está hablando «de una cuestión de Estado, muy por encima de cualquier diferencia política, territorial y sectorial» ya que «el marco que propone el Gobierno debería marcar un suelo para nuestra ambición y una prioridad absoluta para la próxima legislatura a todos los niveles del gobierno, y para todas las siguientes legislaturas hasta final del siglo». Por ello, han hecho un llamamiento «a un debate responsable e inclusivo en la consulta pública y en las campañas electorales, y a una movilización social masiva» ante este reto.

«Incompatible» con eficiencia y competitividad

Por su parte, la Asociación Española de Cogeneración (Acogen) cree que el borrador del PNIEC es «incompatible» con un sistema eléctrico eficiente y competitivo e impide también que España mantenga su actual producción industrial, de exportaciones y de empleo. «El borrador no refleja en absoluto el supuesto acompañamiento al sector industrial y el marco de apoyo a la cogeneración en la industria al que aludía el Gobierno en su presentación de propuesta del plan», ha puesto de relieve la asociación.

Además, Acogen ha criticado que la propuesta «no sólo no aprovecha el potencial económico de cogeneración de alta eficiencia evaluado en España y Europa, sino que apunta un calendario de cierre de las cogeneraciones en funcionamiento (una de cada tres) totalmente incompatible con las políticas de eficiencia que promueve la Unión Europea«. En esta línea, ha alertado de que la eliminación de una de cada tres cogeneraciones podría conllevar «graves consecuencias» para la industria manufacturera y para la calidad del suministro eléctrico en los polígonos industriales, por lo que se pondría en «grave y directo peligro» la competitividad del 6% del PIB industrial español y más de 60.000 empleos industriales.