Organizaciones antidesarrollo de infraestructuras lanzan la red de acción Gas no es solución para luchar contra ese combustible fósil

Europa Press.- Colectivos y organizaciones españolas que luchan contra el desarrollo de infraestructuras de gas en el terreno, ecologistas y formaciones políticas han fundado la red Gas no es solución, con la que se oponen al desarrollo de este gas desde distintos ámbitos.

Así, la red ha firmado el manifiesto constituyente Gas no es solución. El texto se opone al desarrollo del gas desde distintos aspectos, que incluyen la lucha contra el cambio climático, la promoción de las energías renovables, la denuncia de la financiación y la deuda en el sector energético, el transporte sostenible o la democratización de la energía. La red se ha presentado con un vídeo que muestra la diversidad de sus componentes y argumentos. El colectivo advierte contra la fuerte campaña de promoción del gas que se observa desde distintas instancias económicas y políticas. Según apunta Gas no es solución, se trata de un combustible fósil y como tal debe abandonarse para poder cumplir con los objetivos de París.

La red nace para hacer frente a este discurso y visibilizar los impactos y amenazas que el gas representa. Proyectos como el almacén de gas de Doñana, las nuevas regasificadoras en Canarias y Huelva, la distribución de aire propanado en Gran Canaria, el gasoducto MidCat en Cataluña, el fracking, la herencia que han dejado proyectos como el de Reganosa en Ferrol, la fallida planta de El Musel en Gijón o el almacén Castor frente a las costas de Castellón y su deuda que, según la red, ha sido ilegítimamente costeada por la ciudadanía. Algunas organizaciones que conforman esta red son Amigos de la Tierra, Asamblea Ciudadana contra el Gas en Gran Canaria o la Asociación de Cultura Popular Alborada (Gallur).

El Tribunal Constitucional da la razón a Castilla-La Mancha y no ve inconstitucionalidad en su ley antifracking

Europa Press / EFE.- El Tribunal Constitucional ha dado la razón al Gobierno de Castilla-La Mancha y ha declarado constitucional una parte de la ley antifracking de la Comunidad Autónoma recurrida por el Gobierno de Mariano Rajoy el pasado mes de diciembre y por la cual esta normativa se mantenía en suspenso.

Según la sentencia del Tribunal Constitucional, se da así validez a una disposición por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, parte del texto que fue recurrido por decisión del Consejo de Ministros de diciembre de 2017. El Ejecutivo de Mariano Rajoy invocaba el artículo 161.2 de la Constitución «a fin de que se produzca la suspensión de los preceptos objeto del recurso de inconstitucionalidad». Asimismo, consideraba que la técnica del fracking, al estar ya sujeta a la evaluación previa de su impacto ambiental, ya cuenta con «la necesaria protección ambiental«.

El Pleno del Tribunal Constitucional admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra varios preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha. Esta admisión ya suspendía automáticamente la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados tras la invocación por parte del Gobierno en su recurso del artículo 161.2 de la Constitución, por el cual el Gobierno puede impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por las comunidades autónomas. El consejero de Agricultura del Gobierno de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, expresó su «satisfacción y orgullo» ante el pronunciamiento, tras lo que ha agradecido a las distintas plataformas antifracking de la comunidad autónoma su trabajo y apoyo durante todo el proceso.

La ley antifracking de Castilla-La Mancha incluye varias medidas para imposibilitar, en la práctica, el desarrollo de este tipo de proyectos en la región, como por ejemplo exigir que el operador de estas actividades establezca una garantía financiera que cubra las condiciones de autorización y las responsabilidades potenciales por daños al medio ambiente antes de iniciar las operaciones. La norma también recoge que no se concederán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos obtenidos a través de la fractura hidráulica en tanto que no se apruebe un plan estratégico sectorial, que deberá ser aprobado por el Consejo de Gobierno.

Cantabria, La Rioja y Navarra

En su recurso, el Gobierno central argumentó que varios aspectos de la ley incurrían en inconstitucionalidad inmediata por vulneración de competencias estatales, como protección del medio ambiente, y recordó que el Estado aprobó en 2013 la ley del Sector de Hidrocarburos, en la que se autorizaba el empleo del fracking. En este sentido, la sentencia recuerda que por no respetar el contenido de esta ley, se declararon nulas e inconstitucionales las leyes sobre esta materia de Cantabria, La Rioja y Navarra, pues contenían «una prohibición absoluta e incondicionada» de la fractura hidráulica en sus regiones.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional considera que la ley de Castilla-La Mancha ni contiene una prohibición legal expresa de esta técnica de carácter absoluto e incondicionado como en los demás casos citados ni efectúa una remisión incondicionada o en blanco a la Administración para que regule su posible uso. Por lo tanto, la sentencia indica que la ley, al proponer la elaboración de un plan estratégico sectorial, recoge una «norma novedosa y no examinada hasta la fecha» consistente en habilitar a la Administración autonómica para que ésta efectúe una zonificación del territorio y delimite áreas donde la técnica del fracking quede excluida, restringida o permitida.

De este modo, el Tribunal Constitucional señala que «no procede anticipar ni hacer hipótesis sobre los resultados de esa zonificación que se encomienda a la Administración», pues ha afirmado que el Tribunal Constitucional no debe pronunciarse sobre las eventuales o hipotéticas interpretaciones de las leyes, sino que debe responder si las leyes se oponen o no a los mandatos constitucionales.

También señala que «la mera posibilidad de un uso torticero de las normas no puede ser nunca en sí misma motivo bastante para declarar la inconstitucionalidad de éstas». Con todo, el Tribunal Constitucional ha afirmado que la comunidad autónoma puede crear un instrumento normativo como el plan estratégico de la utilización de la fractura hidráulica y que no procede evaluar la adecuación del plan aún no aprobado, de forma que su simple aprobación no puede considerarse contraria al orden constitucional.

El Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central contra la ley antifracking de Castilla-La Mancha

Europa Press.- El pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad promovido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, contra varios preceptos de la Ley de Castilla-La Mancha por la que se establecen medidas adicionales de protección de salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica, más conocida como fracking.

El Tribunal acuerda dar traslado de la demanda al Congreso de los Diputados y al Senado, así como a las Cortes y a la Junta autonómica de Castilla-La Mancha, que dispondrán hasta mediados de febrero para personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes. El pleno acuerda también la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, decisión que es consecuencia automática de la invocación por parte del Gobierno del artículo 161.2 de la Constitución.

Dicho precepto establece que “el Gobierno podrá impugnar ante el Tribunal Constitucional las disposiciones y resoluciones adoptadas por las Comunidades Autónomas. La impugnación producirá la suspensión de la disposición o resolución recurrida, pero el Tribunal, en su caso, deberá ratificarla o levantarla en un plazo no superior a 5 meses». La admisión a trámite y la suspensión cautelar no suponen anticipo alguno del pronunciamiento sobre el fondo del recurso, que el Tribunal resolverá una vez que esté concluso el proceso.

El PP respeta la admisión

Por su parte, el portavoz regional del Partido Popular, Lorenzo Robisco, ha asegurado, en relación a la admisión a trámite por parte del Constitucional del recurso del Gobierno central que «las decisiones judiciales se respetan». «Eso no es ni a favor ni en contra«, ha manifestado, donde ha apuntado que este asunto «lleva un curso» y que, «en ese curso, unos proyectos han salido adelante y otros no”. Dicho esto, ha incidido en que el PP no se va a mostrar «ni a favor ni en contra de las decisiones judiciales» y que será el tribunal «el que se pronunciará».

El Gobierno admite el desistimiento de Montero Energy de 2 proyectos de fracking en el norte de España

EFE.- El Ministerio de Energía ha autorizado a la empresa Montero Energy a desistir de los permisos que solicitó para 2 proyectos de investigación de hidrocarburos mediante fractura hidráulica o fracking a desarrollar en territorio de Vizcaya, Burgos, Cantabria, Soria y La Rioja.

La Dirección General de Política Energética y Minas ha autorizado a la empresa a desistir de los permisos que obtuvo para los proyectos Galileo y Edison, según dos resoluciones que publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), que explica que en julio Montero Energy comunicó su voluntad de renuncia. La empresa pidió en 2011 permiso para investigar hidrocarburos dentro un proyecto denominado Galileo, que se desarrollaría en territorio de Vizcaya, Burgos y Cantabria. Posteriormente, en 2012 solicitó permiso para otro proyecto similar, denominado Edison y que se llevaría a cabo en Soria y La Rioja.

Colectivos ecologistas, ayuntamientos y otras instituciones de esas zonas mostraron su oposición a ambos proyectos. En julio, Montero Energy ya renunció a desarrollar 3 proyectos de búsqueda de hidrocarburos (Arquímedes, Aristóteles y Pitágoras) que afectaban a 42 municipios del norte de la provincia de Castellón. Según la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad Valenciana, el grupo aragonés Samca, propietario del 60% del accionariado de Montero Energy, renunció a los planes exploratorios para la búsqueda de hidrocarburos después de que en noviembre de 2015 cambiara la documentación inicial y renunciara a la técnica del fracking.

Archivados por Medio Ambiente los sondeos de investigación de fracking de Gas Natural Fenosa y Repsol en Valderredible (Cantabria)

Europa Press.- La Subdirección General de Evaluación Ambiental confirmó el archivo del expediente de evaluación de impacto ambiental de los 8 pozos estratigráficos que Gas Natural Fenosa junto con Repsol tenía planeado realizar en Valdeprado del Río (Valderredible), según anunció la Asamblea contra la Fractura Hidráulica de Cantabria.

El colectivo antifracking recuerda que los 8 sondeos de investigación eran unos de los trabajos previos necesarios para hacer fractura hidráulica, ya que hubieran conseguido un testigo de las capas que hay en el subsuelo para poder determinar con más exactitud cómo y dónde realizar los pozos de fracking. Este proyecto estaba englobado en los permisos Bezana-Bigüenzo, concedidos en 2009, actualmente caducados, según indicó la asamblea. Gas Natural Fenosa (con Repsol de empresa asociada con un 40% de la inversión, y Pyrenees Energy con un 10%) comenzó la tramitación de estos 8 pozos en 2013.

Los trámites se estancaron por razones «desconocidas» para la Asamblea, puesto que la Subdirección General de Hidrocarburos no le ha proporcionado esta información. El plazo máximo para realizar el Estudio de Impacto Ambiental, sacarlo a información pública y consultas era de 18 meses y concluyó en la primavera de 2015. A finales del mes pasado, al no haberse realizado la información pública en el plazo legalmente establecido, la Dirección General de calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural ha archivado el expediente de dichos pozos.

Por otra parte, la agrupación ha señalado que los trámites ambientales para los pozos Valderredible, El Coto-2 y Cadialso-2, también han incumplido los mismos plazos hace meses y por tanto sus expedientes deberían ser también archivados. Además, la tramitación del último pozo de fracking, Sestero-1, en la primavera de 2016, se encuentra «en claro fraude de ley» dado que los permisos Bezana y Bigüenzo perdieron su vigencia por el transcurso del plazo para la realización de la actividad que tenían autorizada (solo se pueden realizar trabajos en el marco de un permiso de investigación si el mismo se encuentra vigente).

Después de conocer la renuncia de Repsol al permiso de fracking Luena que afectaba a los valles pasiegos, y con estos pozos archivados, «cada vez vemos más cerca la posibilidad de que Repsol y Gas Natural Fenosa renuncien a sus proyectos de fractura hidráulica en Cantabria», ha reconocido la Asamblea. «Esto es una gran alegría, aunque no estaremos tranquilos del todo hasta que una prohibición se haga efectiva, ya que en un futuro podrían solicitar nuevos permisos y comenzar de nuevo. Para entonces les estaremos esperando al grito de fracking no, ni en Cantabria ni en ningún sitio, ni ahora ni nunca», concluyó el colectivo.

El Colegio de Geólogos es favorable a «explorar y explotar» los recursos mineros autóctonos para reducir la dependencia del exterior

EFE / Europa Press.- El Colegio Oficial de Geólogos (ICOG) se ha mostrado favorable a «explorar y explotar» los recursos mineros autóctonos para «reducir la dependencia de suministros del exterior». En este sentido, hace referencia a los datos del Panorama Minero del Instituto Geológico y Minero (IGME), que en 2014 señalan que España importó 68.440 millones de euros en recursos minerales, de los cuales un 80% fueron recursos energéticos y un 20% rocas y minerales industriales y minerales metálicos.

Respecto a los diferentes proyectos extractivos, el Colegio Oficial reconoce que estos proyectos cuentan con «una fuerte contestación social local por el lógico miedo a los posibles efectos ambientales negativos que las futuras explotaciones pudieran generar«. Alrededor de estos proyectos han surgido plataformas ciudadanas que se han movilizado en contra de los mismos con el apoyo de la población, los ayuntamientos y, en el caso de una mina de feldespato, la propia Diputación abulense, cuyo pleno aprobó una moción señalando que la minería no es un «sector estratégico» para Ávila.

Ante esta situación, el Colegio de Geólogos señala que en algunos casos son proyectos mineros que «ya han tenido actividad y que no han planteado ningún problema medioambiental», mientras que en otros son nuevos y su impacto «será razonablemente mínimo si se utilizan las mejores técnicas disponibles y se controlan eficazmente con personal cualificado desde las autoridades mineras y ambientales». Respecto a los diferentes proyectos mineros en España, el ICOG considera «positivo investigar y aprovechar los recursos propios siempre que se respete el medioambiente y los proyectos sean económicamente viables».

Por otra parte, el Colegio recuerda que la decisión de investigar los yacimientos minerales o reabrir una mina depende «en gran medida de las fluctuaciones cíclicas de los precios mundiales de las materias primas y de la investigación y el conocimiento de los yacimientos«. Desde su punto de vista y debido a «la evidente dependencia de las industrias españolas de la importación de minerales foráneos, España debe aprovechar y hacer uso de sus propios recursos».

La ley antifracking de Castilla-La Mancha entrará en vigor a mediados de abril

Europa Press.- La ley antifracking por la que se establecen medidas adicionales de protección de la salud pública y del medio ambiente para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos utilizando la técnica de la fractura hidráulica entrará en vigor a mediados de abril. La ley fue aprobada el pasado 9 de marzo en las Cortes regionales de Castilla-La Mancha, que se convierte así en la quinta comunidad autónoma que regula la fractura hidráulica.

La técnica del fracking consiste en la extracción de hidrocarburos gaseosos a elevada profundidad, mediante la fractura de la roca con explosivos y la inyección de agua con aditivos para extraer el gas, lo que, según el Gobierno regional que ha impulsado la ley, puede contaminar tanto el aire como las aguas, sobre todo los acuíferos subterráneos. La ley fue aprobada con el voto a favor de PSOE y Podemos y la abstención del PP, y con ella se impedirá en la práctica el fracking.

La ley antifracking incluye varias medidas para imposibilitar el desarrollo de este tipo de proyectos en la región, como por ejemplo exigir que el operador de estas actividades establezca una garantía financiera que cubra las condiciones de autorización y las responsabilidades potenciales por daños al medio ambiente antes de iniciar las operaciones. La norma también recoge que no se concederán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación ni concesiones de explotación de hidrocarburos obtenidos a través de la fractura hidráulica en tanto que no se apruebe el plan estratégico sectorial.

Según Castilla-La Mancha, en la búsqueda de yacimientos energéticos no convencionales, como el gas de esquisto, las empresas empiezan a usar técnicas como la fractura hidráulica, también conocida como fracking, que plantea problemas específicos, en especial los relativos a la salud pública y el medio ambiente y generan conflictos socioambientales allí donde se pretenden emplear técnicas de fractura hidráulica. Si bien la Unión Europea ha incidido en la necesidad de elaborar una recomendación que establezca unos principios mínimos que ayuden a los Estados miembros en la exploración y producción de gas natural en formaciones de esquisto utilizando la fractura hidráulica y garanticen la preservación del clima y el medio ambiente, a nivel estatal existe una «insuficiente regulación de la materia».

Así, recuerda queson varios los permisos de investigación otorgados hasta el momento que afectan al territorio de la comunidad autónoma: Aries 1 y Leo en Albacete y Murcia (otorgados respectivamente por el real decreto); Esteros, Almorada y Nava en Albacete y Ciudad Real (otorgados por resolución de julio de 2012 de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha); y Cronos en Guadalajara y Soria (otorgado por real decreto). No obstante, los permisos de Aries 1 y Nava han sido extinguidos.

Las autorizaciones de exploración, los permisos de investigación y las concesiones de explotación ya otorgados en el momento de la entrada en vigor de la ley, puesto que sus trabajos específicos quedan sujetos a autorización administrativa por el órgano competente sometida a evaluación de impacto ambiental en los casos que proceda, deben ser incluidos en el ámbito de aplicación de las disposiciones querecoge esta ley, todo ello de acuerdo con los principios de prevención y cautela anteriormente citados, para la salvaguarda de los valores afectados, esto es, la salud humana y el medio ambiente.

Por otra parte, la presente ley de Castilla-La Mancha incluye, en una disposición final, la Modificación del Texto Refundido de la Ley de Ordenación del Territorio y de la Actividad Urbanística para establecer como un supuesto más de los que requieren previa calificación urbanística en suelo rústico a los proyectos consistentes en la realización de perforaciones para la exploración, investigación o explotación de hidrocarburos, almacenamiento de CO2, almacenamiento de gas y geotermia de media y alta entalpía, que requieran la utilización de técnicas de fracking.

Equo (Unidos Podemos) presenta en el Congreso una ley para prohibir el fracking

Europa Press.- Equo, en nombre de Unidos Podemos, registró en el Congreso una proposición de ley para prohibir la fractura hidráulica o fracking como técnica para la investigación y extracción de hidrocarburos en todo el territorio español. El texto señala que el incumplimiento de esta norma tendría carácter de infracción muy grave con multas de hasta 30 millones de euros, así como la revocación o suspensión de la autorización administrativa y la consecuente inhabilitación temporal para el ejercicio de la actividad durante 5 años.

La coportavoz de la formación ecologista, Rosa Martínez, criticó esta práctica por ser «perjudicial para la salud», suponer un «alto riesgo sísmico» y dañar los recursos hídricos. Según explicó, debe ser responsabilidad política «cerrar la puerta a esta técnica» que, a su juicio, «lo único que hace es poner el beneficio económico por encima de las personas». Martínez defendió, también, que no se trata del «modelo de desarrollo económico» que Equo desea para el mundo rural. «Apostamos por un modelo sostenible, en el que se cree valor y beneficios económicos sociales y ambientales», apuntó la diputada ecologista, que cree que el fracking «sólo deja beneficios a las grandes corporaciones energéticas».

En este sentido, reclamó apoyo para las renovables y recordó que, para cumplir con el Acuerdo del Clima de París, ratificado por España, no tiene sentido «seguir invirtiendo en conocer y extraer nuevas reservas de combustibles fósiles de energías sucias». «Busquemos en el cielo el futuro y dejemos de buscarlo bajo tierra», apuntó. La ley presentada por la formación ecologista también incluye la modificación de algunos puntos de la Ley del sector de hidrocarburos relacionados con la regulación de las medidas tributarias y no tributarias en relación con la explotación de hidrocarburos y la investigación.

La Junta de Castilla-La Mancha insta al Gobierno a «prohibir de manera taxativa» el fracking en todo el territorio nacional

Europa Press.- El consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, ha instado al Gobierno de España, que es quien tiene las competencias específicas en materia de energía, a realizar «una prohibición taxativa» de la práctica del fracking en toda España «al menos hasta que no haya garantías de que no hay ningún problema para la salud pública y para el medio ambiente».

Así lo ha solicitado el consejero durante su visita a Molina de Aragón, en Guadalajara, una de las zonas afectadas por los proyectos de fracking que pretendían implantarse en la región y «a los que no se puso freno durante la anterior legislatura», según ha recordado el Gobierno regional. Martínez Arroyo ha señalado también que Castilla-La Mancha será territorio libre de fracking a partir del día 9 de marzo, una vez que la Mesa de las Cortes dé luz verde a la ley elaborada por el Gobierno regional para hacer inviable en la práctica la fractura hidráulica en la región.

El consejero indicó que, para sacar adelante esta iniciativa, el Gobierno regional contó con el apoyo de Podemos y deseó que «el PP se sume también a la prohibición del fracking en Castilla-La Mancha» para conseguir alejar de manera definitiva estos proyectos. El consejero reconoció «el esfuerzo y el trabajo» de las Plataformas que se crearon en su momento para luchar contra el fracking en Castilla-La Mancha y que contribuyeron «a que esta iniciativa haya llegado a buen fin», afirmó.

Además, el responsable regional de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural ha recordado que el Gobierno de Castilla-La Mancha no tiene competencias específicas para prohibir el fracking de manera directa, por lo que se ha elaborado una ley que «en la práctica» imposibilita el desarrollo de proyectos de fractura hidráulica. En Castilla-La Mancha pretendían instalarse 5 proyectos de fractura hidráulica, que afectarían a las provincias de Guadalajara, Albacete y Ciudad Real. Con la medida actual serán inviables en la práctica.

Los permisos para explorar hidrocarburos mediante fracking en Castilla y León, País Vasco, Navarra y Cantabria se extinguen sin prórroga

Europa Press.- Los permisos para explorar hidrocarburos mediante la técnica de fracturación hidráulica (fracking) se han extinguido sin prórroga al denegar el Ministerio de Energía, la solicitud de suspender los permisos Angosto-1, Enara, Usoa, Mirua y Usapal. Así consta en una orden ministerial que publica el BOE, respecto a los permisos de investigación otorgados en noviembre de 2006 a Enara y en enero de 2008 al resto.

El Gobierno fue concediendo prórrogas a estos permisos para explorar hidrocarburos, hasta 2013, luego hasta 2014 y, finalmente, hasta el 19 de junio de 2016 para Angosto 1 y hasta el 18 de febrero de 2017 para Enara, Usoa, Mirua y Usapal. El operador solicitó en 2015 que se interrumpiese el cómputo del plazo de vigencia de los permisos de investigación de hidrocarburos a consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 6/2015 de medidas adicionales de protección medioambiental mediante fracking dictada por la comunidad autónoma del País Vasco.

Por ello, la Secretaría de Estado de Energía concluye que el análisis del programa de trabajos e inversiones del conjunto de permisos de investigación «no permite deducir» que concurran las circunstancias para permitir tal suspensión de plazos, a pesar de que no niega que la aprobación de la normativa autonómica vasca suponía una carga adicional en la tramitación de los sondeos de investigación. Si bien, no aprecia un obstáculo impeditivo para seguir con los trámites.