Podemos promete un plan para reducir en un 50% la factura eléctrica y el 90% de las emisiones en 2040

Europa Press.- Podemos ha anunciado un Plan Horizonte Verde, que forma parte de su programa electoral para las elecciones del 28 de abril, y con el que pretenden reducir la factura de la luz al 50%, una media de 400 euros por hogar, y disminuir en un 90% las emisiones de gases de efecto invernadero en 2040.

En este sentido, los portavoces de la formación morada, Noelia Vera y Pablo Echenique, han señalado que este Plan se basa en la proposición de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que el grupo parlamentario de Unidos Podemos presentó en el Congreso en julio de 2018. Su propuesta, según han indicado, tiene como objetivo fundamental «una transformación masiva» del sistema productivo. Echenique ha indicado, en este sentido, que quieren «reducir la producción eléctrica basada en combustibles fósiles a la mitad en una década y alcanzar el 100% de producción de energías renovables en 2040». Además, esta iniciativa incluye también un plan de rehabilitación de edificios para la eficiencia energética.

Inversión del 2,5% del PIB

Otro de los objetivos es reducir las emisiones en un 50% en 2030 y lograr llegar al 90% en 2040, respecto a las emisiones actuales. «Un ritmo que está incluso por encima de lo que en este momento está pidiendo el IPCC para estabilizar la temperatura del planeta, lo cual situaría a España en el lugar que se merece a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático y las tecnologías renovables», expone Echenique.

Para la puesta en marcha de estas medidas, explica la formación, se requerirá de una «movilización sin precedentes» de todas las energías productivas e intelectuales del país mediante una inversión público-privada anual en el entorno del 2,5% del PIB español. Según reivindicó Echenique, «este nuevo modelo creará cientos de empleos de calidad, aumentará innovación, recuperará el talento migrado e iniciará una senda para competir por arriba en industria de valor añadido para competir con países como Alemania o Japón y no competir en precariedad laboral».

Unidos Podemos reprocha al PSOE su tardanza con la Ley de Cambio Climático y los socialistas apelan a su «calidad»

Europa Press.- Unidos Podemos ha reprochado al Gobierno su tardanza a la hora de elaborar su Ley de Cambio climático. «Se ha perdido una legislatura», ha señalado su portavoz de Medio Ambiente, el diputado de Equo, Juan López de Uralde, a quien el PSOE ha respondido apelando a la «calidad» del texto.

El grupo confederal ha llevado al Pleno del Congreso una moción en la que reclama al Gobierno objetivos más ambiciosos en su norma de cambio climático, tanto en lo que respecta a la reducción de emisiones de CO2, como en la implantación de energías renovables. La iniciativa ha sido rechazada con el voto en contra del PP y la abstención de PSOE, Ciudadanos y PNV.

López de Uralde criticó que los socialistas hayan presentado su paquete energético, en el que se incluye su ley, al acabar la legislatura. A su juicio, es «demasiado poco y demasiado tarde» para los compromisos que el Ejecutivo adquirió cuando llegó a la Moncloa. El diputado ha recordado que los impactos por este fenómeno son ya «brutales» y que la ciencia ha pedido de forma «clara y contundente» reducir las emisiones de aquí a 2030.

Evitar la celeridad al regular

Su homólogo socialista, Marc Lamuà, ha respondido a López de Uralde explicando que cuando el PSOE llegó al Gobierno se encontró con «cajones vacíos» de iniciativas del anterior Ejecutivo y decidió «arremangarse», creando las leyes que hacían falta de manera «inminente», pero «con responsabilidad» y «con la calidad que un Estado como España debe tener«. Lamuà ha denunciado que, en estos casos, es necesario evitar la «celeridad chapucera» que pueda llevar a «un resultado mediocre».

Por su parte, el PP se mostró crítico con los morados. La diputada de los populares, María Valentina Martínez, ha criticado que la moción de Unidos Podemos no plantea «alternativas» para que España «siga funcionando» con el nuevo modelo energético y sin emisiones que plantean. Así, le señala que no hay propuestas, por ejemplo, de empleo para las zonas afectadas.

Para Ciudadanos, la moción que ha presentado López de Uralde «no es de fiar» por la actitud que ha tenido el grupo confederal en otros asuntos medioambientales como el agua, en donde, según ha señalado, han actuado con «sectarismos y demagogia». Su portavoz, José Luis Martínez, se ha dirigido además a PP y PSOE para denunciar su actitud en los últimos años, que ha llevado a España a afrontar varias sanciones relacionadas con el medio ambiente en el marco internacional.

Unidos Podemos sí ha contado con el voto a favor de ERC, que se ha unido a las críticas sobre la tardanza del Gobierno y les ha reprochado que esta ley haya quedado en una «mera declaración de intenciones». También ha votado a favor de la moción PDeCAT, después de que el grupo confederal haya incluido en su texto unas enmiendas del partido independentista con medidas relacionadas con el transporte.

Unidos Podemos exige objetivos más ambiciosos en la Ley de Cambio Climático y hace propuestas para reformar el sector eléctrico

Europa Press.– Unidos Podemos defiende la necesidad de abordar una reforma del mercado eléctrico, así como otra serie de medidas para abaratar la tarifa de la luz, entre las que destaca el recorte retributivo a las empresas eléctricas y un gravamen en las centrales ya amortizadas como las hidráulicas. Asimismo, Unidos Podemos reclama al Gobierno objetivos más ambiciosos en su Ley de Cambio Climático, tanto en reducción de emisiones de CO2, como en la implantación de renovables.

El diputado de Equo, Juan López de Uralde, destaca la necesidad de establecer un objetivo de reducción de emisiones de CO2 para 2030 del 35% respecto a 1990 y un objetivo del 45% del consumo de energía final mediante fuentes de energía renovables, y sin centrales nucleares. El objetivo es llegar a un escenario en 2050, con un 95% de reducción de emisiones de CO2 respecto a 1990 y un 100% del consumo de renovables, así como un 50% para el objetivo de eficiencia energética.

Equo ha calificado de «tomadura de pelo» el proyecto de ley aprobado y ha lamentado que el equipo de Ribera no avanzara lo suficiente para haber llevado una norma a tramitación al Congreso cuando, a su juicio, había tiempo. «Esperamos que la próxima legislatura podamos aprobar definitivamente una ley ambiciosa contra el cambio climático. Los ejes de nuestra propuesta los hemos recogido en esta moción», ha indicado López de Uralde. «Esperamos que cuente con un apoyo parlamentario amplio que siente las bases de un acuerdo para que salga adelante esa ley imprescindible y urgente en la próxima legislatura», ha concluido.

Propuestas para el sector eléctrico

Con una iniciativa, registrada en septiembre por los diputados Jorge Luis Bail (Podemos) y Josep Vendrell (En Comú), en plena escalada de los precios del recibo eléctrico, Unidos Podemos aboga por reformar la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, los pagos por capacidad que reciben algunas centrales por su disponibilidad y modificar el servicio de interrumpibilidad para asemejarlo a otros modelos europeos.

Otra de las propuestas pasa por una reforma del bono social para que su solicitud sea automática, que el único criterio para acceder a él sea la renta del hogar, garantice que cualquier hogar tenga acceso a un suministro esencial, se reduzca el IVA eléctrico a consumidores vulnerables y las empresas asuman su coste, de forma proporcional a su facturación. Unidos Podemos también reclama auditar los costes de todo el sistema eléctrico para determinar cuánto cuesta producir a cada tecnología, los costes asociados al transporte y la distribución y examinar también el déficit de tarifa.

Asimismo, pide cambios legales para impedir las puertas giratorias desde la gestión pública hacía las empresas energéticas, para las que también pide nuevas obligaciones con el fin de facilitar el acceso a la información, la toma de medidas de eficiencia y ahorro energético de las personas consumidoras. Por otro lado, exige «una reforma de calado» de la carga fiscal en el sistema eléctrico «que fomente la lucha contra el cambio climático y la transición energética», con el fin de aumentar la recaudación asociada a la fiscalidad ambiental «en varios puntos porcentuales del PIB, en línea con Europa, al mismo tiempo que incremente la progresividad fiscal».

El Congreso convalida el real decreto del Gobierno que devuelve a la CNMC con total independencia las competencias en Energía

Europa Press.- El Congreso de los Diputados ha aprobado la convalidación del real decreto ley que el Gobierno aprobó en enero para adecuar las competencias de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la normativa europea, que establece que los reguladores de los mercados interiores de gas natural y electricidad sean totalmente independientes.

La Cámara Baja ha convalidado así el decreto ley de medidas urgentes para adecuar las competencias de la CNMC a las exigencias de derecho comunitario sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha defendido que este decreto «pone fin a un periodo marcado en este ámbito por la litigiosidad de incertidumbre jurídica y la mala relación entre instituciones», en alusión al cambio de criterio, aprobado por el PP en 2014, por el cual arrebataba a Competencia la fijación de los peajes y cánones que se aplican para establecer las tarifas eléctrica y de gas.

Por ello, la Comisión Europea llevaba desde el año 2016 amenazando con interponer una sanción al Reino de España por no trasponer correctamente las directivas europeas en el ámbito de la regulación energética. De esta forma, Ribera, quien se comprometió a devolver estas competencias a la CNMC nada más ser nombrada ministra, ha señalado que el Gobierno «ha cumplido con su obligación y con el compromiso adquirido ante la Comisión«. Momentos previos a la votación, la ministra dio un ultimátum a la Cámara para que se convalide finalmente un decreto que pondría fin «al incumplimiento arrastrado durante años» o, por el contrario, «daría por buena la que sería una inevitable sentencia condenatoria del Tribunal de Justicia de la Unión Europea».

Esta convalidación confirma las funciones que, con arreglo al derecho comunitario, corresponden al regulador, como la aprobación de la estructura, metodología y valores concretos de los peajes de acceso de gas natural, electricidad y GNL, la retribución del operador, las reglas de funcionamiento en mercados regulados o el control de los planes de inversión, pudiendo Competencia hacer recomendaciones. En ese sentido, Ribera ha destacado que esta nueva norma «facilita la estabilidad y la confianza de los inversores y los consumidores».

Por el contrario, el diputado del PP, Guillermo Mariscal, ha manifestado que esta medida «reduce la competencia y por tanto la competitividad de la economía española y perjudica gravemente al crecimiento industrial«. Mariscal ha atribuido los recientes anuncios de cierre en España por parte de varias multinacionales de la Industria, como los de Alcoa, Vestas o Cemex, a la «incertidumbre continua» que el Gobierno estaría ejerciendo sobre los precios de la energía en el país.

En concreto, ha aludido al recorte del 78% de las ayudas a la industria electrointensiva incluido en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estados (PGE), que finalmente fue tumbado por la mayoría del Congreso. El diputado del PP también ha arremetido contra el Ejecutivo de Sánchez por haber mantenido «reuniones secretas» con las compañías eléctricas con el fin de alargar la vida de las centrales nucleares hasta los 44 o 48 años, desde los 40 años que defendía el PSOE con anterioridad. «Se dieron cuenta que era imposible cumplir con los objetivos si eso ocurría», ha afirmado Mariscal.

Por su parte, la diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha criticado que este decreto «se ha hecho evitando la consulta pública y sin haber hablado nada con nadie», añadiendo que «no es excesivamente ambicioso«. Por último, la diputada del grupo Unidos Podemos, Rosa Martínez, ha incidido en la importancia de que estas competencias vuelvan a la CNMC, debido a que ayudará a la transparencia del sistema, aunque ha urgido a buscar un procedimiento de nombramientos que ahonde en esta transparencia e independencia y ha señalado que sigue faltando atribuirle también la gestión del espacio radioeléctrico.

El Gobierno anuncia que aprobará «próximamente» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor

Europa Press.- El Consejo de Ministros evaluará y aprobará «en las próximas semanas» la propuesta de sellado y desmantelamiento definitivo del almacén de gas subterráneo Castor, frente a las costas de Vinaroz (Castellón), según anunció la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Durante su intervención en la Comisión para la Transición Ecológica del Senado, Ribera ha explicado que Enagás, la Dirección General de Política Energética y Minas, la Dirección General de Medio Marino y Evaluación de Impacto Ambiental han trabajado en un proyecto para facilitar una «rápida propuesta». Ribera ha garantizado que «existe un compromiso político claro» del Gobierno de «no reactivar en ningún caso Castor» y de facilitar «la mejor opción posible» para su clausura definitiva.

«Es una decisión de gran envergadura que en todo caso debe garantizar la seguridad de las personas, los bienes y el medio ambiente, así como la sostenibilidad económica y financiera del sistema gasístico», ha manifestado la ministra. Eso sí, ha admitido que «formalmente» no se ha adoptado «ninguna decisión de manera oficial» sobre el futuro del almacenamiento gasístico, que en 2013 durante las pruebas de llenado originó una intensa actividad sísmica en la zona por la que el Gobierno acordó su suspensión e hibernación. La ministra asegura que el Ejecutivo va a abordar «con las máximas garantías y rigor técnico» la cuestión y ha puesto en marcha «todo lo necesario» para evaluar la situación actual.

En este momento, Castor está en situación de hibernación desde 2016 y «no ha habido manifestación sísmica desde entonces», pero ha añadido que ésta es una situación «temporal» que «no puede prolongarse mucho tiempo». «Debemos adoptar una decisión respecto del futuro de la instalación que, a nuestro juicio, solo puede estar orientada a su clausura», insistió, porque nuevas opciones temporales aplazarían el abandono definitivo de los pozos, lo que conllevaría unos costes adicionales que, en su opinión, serían «difícilmente justificables».

Ribera insiste en que la voluntad del Gobierno es «actuar» porque «la única decisión viable» es facilitar su clausura «definitiva» ya que, además, la evolución de la demandada no hace necesario este almacén gasista ni en el corto ni en el medio ni en el largo plazo, cuando «lo razonable es que la demanda de gas vaya reduciéndose». En este contexto, ha añadido que los estudios necesarios sobre escenarios de riesgo, costes, etcétera, serán realizados mediante una contratación externa cuya licitación «es inminente». Así, ha dicho que una vez el Consejo de Ministros haya aprobado la propuesta de desmantelamiento, se remitirá al Parlamento para que sea sometida a consideración de las Cámaras y que su voluntad es «acelerar» este proceso.

Finalmente, ha incidido en que de forma «simplista» lo «fundamental» es acometer el sellado definitivo «cuanto antes», con independencia de lo largo que pueda ser el proceso de desmantelamiento de las instalaciones. «El convencimiento de que no debe ponerse en operación es firme. La necesidad de hacerlo (el desmantelamiento) con la máxima seguridad, también», ha concluido. En todo caso, precisó que no se compromete a desmantelarlo porque el Gobierno no tiene aún preparada «esa última etapa que puede ser complicada».

Por su parte, el portavoz de Compromís, Jordi Navarrete, ha calificado de «fiasco» el proyecto Castor, celebra el anuncio de Ribera de que «por fin» digan que lo van a desmantelar yha propuesto revisar la normativa administrativa de evaluación de riesgos e impactos para no seguir «a pies juntillas» los informes realizados por las propias empresas implicadas en los proyectos y, al mismo tiempo, modificar la redacción de los contratos para que «no vuelva a suceder lo que en Castor» y no sean de nuevo «los mismos paganinis«, los ciudadanos, quienes asuman «el fiasco».

Desde ERC, Miguel José Auba ha solicitado acceder a todos los informes cuanto antes mientras que la senadora de Unidos Podemos, Vicenta Jiménez, comentó que le entra «cierta tranquilidad» la confirmación de que este «megaproyecto ruinoso» será desmantelado pero le preocupa quienes asumirán los costes. «Van más de 1.350 millones de euros en indemnización, más de 295 millones en derechos de la concesionaria y 17 millones anuales de desmantelamiento. Estamos ante una estafa ante la ciudadanía», ha denunciado, por lo que insta a que sea la empresa concesionaria la que se haga cargo del desmantelamiento.

Desde el PSOE, el senador Ángel Manuel Mato ha elogiado al Gobierno por asumir «sus responsabilidades» pese a que «muchas veces» se le haya criticado. Por el contrario, la senadora del PP, Salomé Pradas, ha espetado a Ribera que «no es digna» de ser ministra de Transición Ecológica porque Castor es «una realidad» porque ella firmó la declaración de impacto ambiental del proyecto. «Usted, que está en el origen del problema, nos da la solución. Esto es vergonzoso y más aún cuando se está dirimiendo en los tribunales», criticó Pradas, que considera que el nombramiento como ministra por parte de Pedro Sánchez fue «una burla» y un «insulto» para Castellón.

También ha recordado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, de quien ha criticado el «tanto daño» que hizo a Castellón con Castor pero de quien ha elogiado que en una visita a la provincia pidió perdón y asumió su responsabilidad. Tras la réplica, la ministra reconoció que la cuestión de la repercusión de los costes es un tema «enormemente embrollado» y que es «complicado» encontrar una solución concreta, pero afirmó que el Gobierno está «estudiando» la manera de repercutir lo ya pagado por los ciudadanos.

El Gobierno catalán lo celebra

Por su parte, el delegado del Gobierno autonómico de Cataluña en Terres de l’Ebre (Tarragona), Xavier Pallarès, celebró el anuncio de la ministra. «Si se confirma el sellado definitivo del almacén Castor es una gran noticia para las Terres de l’Ebre», sostuvo Pallarès, que remarcó que era una de las principales reclamaciones de este territorio y confía en que esta decisión se haga realidad «lo antes posible», además de esperar para ver qué medidas se tomarán con las instalaciones terrestres.

El Gobierno prepara con Podemos, a falta de acuerdo con el PP, los consejeros que renovarán el pleno del CSN

Europa Press.– El Gobierno ha decidido ya a quien quiere situar en el pleno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y está a la espera de alcanzar un acuerdo con el PP, que se resiste a perder peso en el regulador nuclear en beneficio de Podemos, ya que la propuesta socialista incluye sentar en el Consejo a un representante de Unidos Podemos.

En la actualidad, el presidente del CSN, Fernando Martí, está en situación de prórroga desde el 28 de diciembre, cuando expiró su mandato, igual que Jorge Fabra, consejero del ala socialista que sustituyó a Cristina Narbona, pero quien desde el pasado 2 de febrero ha cesado definitivamente en sus funciones por jubilación, al cumplir 70 años de edad. Esa es la fecha límite que marca el estatuto del regulador atómico para ocupar un asiento en el pleno, de acuerdo con la Ley de creación del Consejo de Seguridad Nuclear, que data de abril de 1980.

De este modo, quedan con mandato vigente Javier Dies, propuesto por el PP, así como la vicepresidenta, Rosario Velasco, del PSOE, y Fernando Castelló, también del PP, aunque estos dos últimos también terminarán su mandato el próximo 22 de febrero. En definitiva, en este momento, de los 5 miembros del pleno, uno está cesado, otro en funciones y otros dos lo estarán en una semana. Actualmente el pleno solo cuenta con 4 miembros, frente a los 5 habituales y, de acuerdo con la normativa del CSN, en caso de empate, será el presidente, Fernando Martí, quien tome la última decisión.

Según explicaron fuentes socialistas conocedoras de la negociación, el Gobierno formalizará próximamente su propuesta a la Comisión para la Transición Ecológica del Congreso de los Diputados, pues el regulador nuclear rinde cuentas ante el Parlamento. El Ejecutivo quiere plasmar en el pleno del CSN el actual reparto de fuerzas parlamentarias y, por tanto, quiere dar un sitio a Podemos, con quien ha pactado el perfil del nuevo consejero. Así, el candidato a entrar, según han confirmado estas fuentes, sería el portavoz de Ecologistas en Acción, Francisco Castejón, investigador en fusión nuclear del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Sin embargo, Castejón no es bien visto por el PP, que se opone «hasta el momento», siempre según estas fuentes, a su nombramiento al considerar que no es apto para el cargo por ser un declarado contrario a la energía nuclear y porque con el nuevo reparto propuesto por el Gobierno los populares perderían un asiento en el pleno del regulador. Eso sí, hasta ahora y desde la marcha de Antonio Gurguí, propuesto por el antiguo CiU, el PP tenía una mayoría en el pleno del regulador, donde contaba con Javier Dies, Fernando Castelló y el presidente Fernando Martí Scharfhausen.

Los candidatos, que serán propuestos próximamente a la Comisión, tendrán que exponer su idoneidad para el cargo y ser refrendados por tres quintos de la Comisión, una mayoría para la que el PSOE y Podemos necesitan los votos del PP, grupo que podría presentar un veto razonado a los candidatos. En caso de no obtener esa mayoría, un mes después de la fallida votación el Gobierno puede aprobar los nombramientos por Real Decreto. Así fue precisamente el nombramiento de Javier Dies, por Real Decreto Ley el 16 de diciembre de 2015, ya que la Comisión de Industria consideró que pese al perfil nuclear del candidato, su nombramiento daba una mayoría absoluta al PP en el reparto de fuerzas del regulador.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley de creación del CSN, los consejeros seguirán en su puesto hasta que tomen posesión sus sucesores. En caso de que no se hayan designado nuevos consejeros, el artículo 9 del estatuto del CSN señala que el secretario general del regulador comunicará al Congreso de los Diputados la situación de prórroga del presidente o consejero o consejeros «en la fecha en que dicha prórroga supere 6 meses«.

Precisamente, desde Ciudadanos han reclamado la comparecencia de la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para que explique los planes para renovar el CSN puesto que, según la formación naranja, el Ejecutivo tiene el nuevo pleno «acordado y pactado en una habitación oscura» con PP y Podemos. El portavoz de Economía de Cs, Toni Roldán, denunció que el Gobierno «sigue practicando» en el CSN la «política del dedazo» y considera que «se tiene que acabar el pasteleo de los partidos nombrando a dedo las instituciones públicas» y apostar por perfiles más profesionales, especialmente para cuestiones como la seguridad nuclear.

En este sentido, ha recordado que, tras su llegada a la Moncloa, el presidente Pedro Sánchez «quitó» de la presidencia de ENUSA a un ingeniero que llevaba en el sector 20 años, «para poner a un filósofo«. «Esa actitud de colonización de las instituciones es lo que nos ha llevado a la corrupción y la mala gestión y eso se tiene que acabar», ha insistido.

Lo cierto es que las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres) y de Vandellós (Tarragona) tienen puesto el cronómetro con la vista puesta en la fecha de 31 de marzo de 2019. Para entonces, siempre y cuando el Gobierno haya aprobado el Plan Nacional de Energía y Clima, deberán presentar su solicitud de renovación de su licencia de explotación, que expira en 2020. Sin embargo, si el Plan no está aprobado para entonces, Almaraz tendría algo más de plazo, hasta el 7 de abril, y Vandellós hasta el 21 de mayo, para presentar formalmente su solicitud.

En todo caso, si las plantas presentan su solicitud y no hay cambios en la política energética, el regulador aún tardará un año en analizar el resto de la documentación y como pronto el regulador no tendrá una decisión hasta marzo de 2020. Hace dos años ambas plantas presentaron la documentación asociada a su autorización de explotación, que fuentes internas del CSN aseguran que se estudia según la tramitación habitual.

Podemos pide reuniones con Valerio y Ribera para asegurar un «plan social» ante el cierre de las térmicas de carbón

Europa Press.- Unidos Podemos ha solicitado formalmente reuniones con las ministras de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, y para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, con el fin de asegurar un «plan social» para los trabajadores ante el cierre de todas las centrales térmicas de Endesa en España.

Tras mantener un encuentro con los empleados de la central Compostilla II, en la comarca leonesa de El Bierzo, su diputada Ana Marcello ha exigido que este plan tenga en cuenta tanto a los trabajadores de la empresa matriz como a los de las subcontratas. Marcello ha criticado que Ribera «se cansa de decir que no va a dejar a nadie atrás en las cunetas» cuando, a su juicio, «no ha sido así en el caso de los mineros. «Si no se pone una solución, vamos a tener que sufrir cómo se quedan atrás muchas comarcas y trabajadores«, ha lamentado.

Junto a ella, el presidente del comité de empresa de Endesa en esta central, Juan Sobredo, ha reclamado al Gobierno acelerar la reversión de la reforma laboral con el fin de «tener armas y algún tipo de cobertura legal» ante un cierre «que de por sí va a ser suficientemente traumático». «Reclamamos una transición justa, como se nos había prometido, pero nos encontramos con un desmantelamiento y con que esa transición justa no existe», ha proseguido, relatando que la propia empresa, propiedad de Enel, cuestiona las condiciones de trabajadores que ya salieron de la empresa.

Por otra parte, Marcello también ha advertido de las posibles consecuencias que puede tener el cierre de estas centrales, tras el cierre programado de las minas, en materia de soberanía energética, una cuestión que también quieren plantear al Gobierno. Y es que, tal y como critican, el Gobierno no está dirigiendo esta transición. «La están dirigiendo las empresas», lamentan. En este caso, Enel, participada por el Estado italiano, por lo que concluyen que los poderes públicos del país deben jugar un papel activo en esta política, como lo juega Italia.

Unidos Podemos promueve en el Congreso el cese de Maroto por no defender la continuidad de Alcoa

Europa Press.- Unidos Podemos ha registrado en el Congreso una proposición no de ley en la que promueve el cese de la ministra de Industria, Reyes Maroto, por la falta de una solución que garantice la continuidad de actividad en las fábricas de Alcoa en A Coruña y Avilés (Asturias).

En su iniciativa, los de Pablo Iglesias instan al Gobierno de Pedro Sánchez a reprobar la actuación de Maroto en la crisis de Alcoa pero también le emplazan a que la cese «por incumplimiento grave y reiterado» de sus funciones en la defensa de la industria española y sus puestos de trabajo. La propuesta ha sido avanzada por la responsable de Industria de Unidos Podemos y diputada de En Marea, Yolanda Díaz, quien ha advertido al Gobierno de que si no se alcanza un acuerdo pronto, someterán a votación del Congreso dicha reprobación y cese.

En la proposición, cuyos promotores han sido la propia Díaz pero también su compañero de En Marea, Antón Gómez Reino, y los diputados asturianos de Podemos, Sofía Fernández Castellón y Segundo González, el grupo confederal denuncia que la actuación del Gobierno y de su ministra de Industria ha sido «nula» en el conflicto surgido en Alcoa. «No ha conseguido negociar con la empresa, buscar una alternativa ni encontrar una solución. El Gobierno ha realizado anuncios pero sin llegar a concretar medidas que faciliten una salida negociada y decisiva al conflicto planteado», sostienen desde Unidos Podemos, que lamenta la negativa de Maroto «a intervenir la empresa Alcoa y nacionalizar las plantas alumineras que tiene en España».

Los diputados de Unidos Podemos, por boca de Yolanda Díaz, han aprovechado para criticar la falta de apoyo a la industria electrointensiva en los Presupuestos Generales del Estado de 2019. Así, han denunciado que las cuentas presentadas en el Congreso por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, reducen la partida reservada a la interrumpibilidad de 150 millones de euros a 31 millones, lo que podría desencadenar nuevos cierres de plantas. «Esto es inasumible. Esto es que muchas más empresas, además de Alcoa, que son grandes consumidoras de energía, cierren sus puertas», ha dicho Díaz.

Alcoa propuso apagar, de forma ordenada, las cubas de las líneas de electrolisis de las fábricas para que, si surge un inversor antes del 30 de junio, puedan reanudar su actividad. Hasta entonces, plantea la continuidad de las fundiciones de Avilés y Coruña y de la torre de pastas de la planta coruñesa, lo que garantizaría hasta esa fecha 200 empleos. A los demás trabajadores, se les aplicaría un expediente de regulación de empleo temporal (ERTE) hasta el 30 de junio. Si no hay un comprador, los despidos serían definitivos.

La representación sindical ha pedido al Gobierno que asuma la gestión de la fábrica para, ya sin Alcoa, buscar un inversor. En este contexto, han solicitado una reunión «urgente» con el Ministerio de Industria, «pero no hay respuesta«. Mientras, Reyes Maroto apeló a «la voluntad de todas las partes» para buscar una solución. En particular, a la empresa la instó a ofrecer «realmente garantías de que se puede mantener la producción» hasta encontrar un nuevo inversor. También indicó que hay abiertas negociaciones «con inversores potenciales«, pero que se necesita «tiempo«.

Podemos reprocha a Ribera que no rebaje el precio de la luz al elaborar el Ministerio la orden de peajes

Europa Press.- Unidos Podemos ha reprochado a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, que ya que incumplió en 2018 su compromiso de devolver a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la fijación de los peajes de acceso al sistema eléctrico, no haya propiciado una rebaja mayor del precio de la luz.

Así, su portavoz de Energía, Josep Vendrell, ha registrado en el Congreso una batería de preguntas dirigidas al Gobierno para saber si se ha valorado introducir modificaciones para conseguir «una rebaja adicional» de los costes regulados del recibo de la luz y, si es así, por qué no lo ha hecho en la orden aprobada por Ribera el pasado diciembre.

Y es que, tal y como relata en su iniciativa, en esa orden se establecen los peajes de acceso para 2019 y en ella, contra el criterio de la CNMC, se hará pagar este año más de 650 millones de euros sin que el fin de los pagos por capacidad suponga «un cambio relevante en las cantidades que pagarán los clientes con su factura». Estos pagos, apunta Vendrell, «permanecen en valores similares a años anteriores». «A pesar de que la previsión de cobro por parte de las eléctricas no alcance los 200 millones, se hace pagar en la factura de la luz ese sobrecoste», subraya.

Por ello, pregunta directamente al Gobierno por qué se mantiene la previsión de sufragar los pagos de capacidad por un importe que, según estima, podría suponer un sobrecoste de más de 500 millones de euros. En este sentido, quiere saber si el Gobierno destinará este margen, en caso de que finalmente se consolide, al pago de indemnizaciones judiciales o acuerdos en litigios abiertos, como las condenas por los recortes en las primas a las renovables. En todo caso, Vendrell pregunta al Gobierno «si considera razonable que se haga pagar a los consumidores en la factura de la luz de forma encubierta sobrecostes que irán dirigidos a sufragar otros costes regulados».

Unidos Podemos reclama que la CNMC vigile si las compañías de distribución eléctrica dificultan los proyectos de autoconsumo

Europa Press.- Unidos Podemos ha reclamado al Gobierno que garantice, a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que las empresas distribuidoras de energía eléctrica no están poniendo dificultades a las nuevas solicitudes sobre autoconsumo tras la derogación del conocido como impuesto al sol.

Según alertan sus diputados Eva García Sempere (IU) y Josep Vendrell (Podemos), algunas de estas empresas están rechazando peticiones de altas, alegando circulares y acuerdos del organismo regulador, por lo que creen que existe «riesgo real de que se bloquee a través de ardides jurídicos la nueva legislación«. Así se lo han trasladado al Gobierno en una batería de preguntas registrada en el Congreso. Estos diputados piden medidas para que la CNMC «fiscalice y garantice que no existen motivos de rechazo» a las nuevas instalaciones «aduciendo falta de desarrollo reglamentario».

Tal y como argumenta Unidos Podemos, «la modificación y cambio de los criterios para gestionar con rapidez las solicitudes de altas de autoconsumo debería ser una prioridad absoluta del sector y de la propia CNMC», por lo que piden al Gobierno garantizar que no exista ningún bloqueo y que el supervisor «tenga una especial vigilancia y dé una solución transitoria».

«De lo contrario, podría haber autoconsumidores en condición de poner en marcha sus instalaciones y que no pueden hacerlo. No puede existir ningún motivo de rechazo procedimental sobre un mandato legislativo, con independencia del grado de desarrollo reglamentario«, aseveran. Por otro lado, plantean al Gobierno que solicite a la CNMC el número de rechazos existentes por parte de las empresas distribuidoras que aleguen una ausencia de desarrollo reglamentario y si considera que esta alegación justifica el rechazo de puesta en marcha de las nuevas instalaciones.