El Consejo de la CNE, entre las ecuaciones y la ideología

La trinchera existente en la Comisión Nacional de Energía en torno al cuestionamiento del mercado eléctrico, cebado con enorme densidad por determinados Consejeros y, como gran novedad, por su Presidenta Maite Costa, nos devuelve a un modelo basado en el marco legal estable, con consecuencias temerarias parar el futuro y para la inversión. Trinchera que se alimenta por la propia situación de interinidad del organismo y que se precipita hacia el esperpento.

En este sentido, lo primero que se puede apuntar, que en todo este asunto se podría identificar la existencia de una estrategia (más o menos burda, más o menos ‘naif’) en el bochornoso circo montado alrededor de la a pseudopropuesta de tarifas del 31 %. El circo consistía en montar este escándalo mediático y, con posterioridad, ofrecer en bandeja de plata la intervención, la vuelta atrás, la quiebra con el funcionamiento del mercado, el abandono de las Directivas de la Unión Europea, la satanización de la energía nuclear y la hidráulica, el Informe de Costes y Precios, como herramienta para presuntamente bajar los precios de la electricidad en el mercado mayorista (por cierto, semejantes en nuestro caso a los europeos desde su puesta en funcionamiento y por cierto, el informe no persigue bajar los precios de la enegía, solo quiere “justicia redistributiva”), las medidas de excepcionalidad regulatoria y colocar a Industria encima del tigre para que no se pueda bajar. Seguramente, con lo que no contaban es que cualquier explicación posterior al escándalo es inútil, como inútil (incluso contraproducente) es el informe que se ha remitido desde la CNE al gobierno.

Consecuencia, los tres consejeros y su Presidenta, afean al propio gobierno que tenga que moverse en el terreno de la ortodoxia y el organismo se queda como defensora de las causas imposibles, contra el ordenamiento legal europeo y español (¿su misión no era la contraria, por cierto?, o es que tantos años de regulación ad libitum siguen dejando huella en la forma de actuar en este sector)

La cuestión no es ya el Informe sobre Precios y Costes, (manipulado, distorsionado, que obvia información sobre inversiones de las instalaciones, sobre los criterios contables y de amortización y hace supuestos de pizarra: sin contar con costes de mantenimiento, nuevas inversiones e incluso afirmando que no pagan CO2 cuando se ha detraído a pachas entre todos), es si lo que se pretende es sustituir el funcionamiento de un mercado (como todos los mercados, marginalista) por un mecanismo basado en la intervención directa. Falta seriedad, falta rigor, sobra oportunismo y argumentos demagógicos.

Es soñar con unas empresas cuya función sea la de ser titular de unos activos que generan energía a sueldo, lo que aboca a modelos ineficientes. A la vuelta al añorado marco legal estable. A que la tarifa soporte la gestión que incrementa costes para que se retribuyan “convenientemente”, como es justo y necesario. Que compra coches a todos los directivos (porque paga la casa, la tarifa) o que pone peces caros en las peceras institucionales. Que no repara en gastos y por ello nos cuesta más a todos. La competitividad y el mercado abarata los precios y genera, si funciona bien, el círculo de nueva inversión, lo que ha permitido a nuestro país instalar más de 23.000 MW en los últimos años. Lo otro, ya saben, sujeto a decisión administrativa permanente y a sus devaneos.

Por ello, la crítica al mercado y a la marginalidad del mismo, por tanto, es completamente atávica y cala en tiempos de crisis, fruto de la baja cultura económica existente. A nadie se le ocurre acudir a una tienda y adquirir cualquier producto preguntando ¿Cuál es el precio de esto? ¿Cuál es el coste? Pues entonces le pago lo que cuesta más el 7 %. Pues fíjense en esa pregunta si se la dirige usted a su enchufe: ¿Cuánto ha costado fabricar este kilowatio? ¿y transportarlo? ¿de dónde vienes, compañero? ¿eres nuclear? ¿eres eólico? ¿eres hidráulico?

El problema para la CNE, además, si atendemos al contenido y literalidad de la norma, es si que puede y si debe elaborar una propuesta de tarifas incluso por tramos. Además se la ha pedido expresamente el Ministerio de Industria. Se ha desvelado pese a los intentos denodados por manipular el contenido de la norma y de la obligación y su presentación llena de justificaciones injustificadas. Pero la CNE se ampara en que se dedica únicamente a aplicar las ecuaciones y en esa aplicación torticera de la legalidad vigente elaborar informes que cuestionan la legalidad vigente, el modelo que puedan inspirar proyectos legales alternativos suplantando los papeles del regulador principal y de la iniciativa parlamentaria. Doble personalidad: respetar la legalidad vigente para no hacer propuesta de tarifas e intentar abolir la legalidad vigente con los Informes. Que duro es esto.

Pero hay más allá de las razones legales jurídicas. Es preciso tener en cuenta que nadie, ningún inversor, podría confiar en un país en que al frente de sus órganos reguladores que tienen que aplicar una normativa y un modelo, estén al frente los que están ¡en contra el modelo! Como poner a la zorra a cuidar a las gallinas. Un modelo basado en un ‘sindios’ de comandantines. Es hora de abordar los problemas con soluciones acordes con nuestro marco jurídico, con nuestro entorno europeo, con estabilidad regulatoria. No es momento de promover la revolución soviética y que al final la CNE se configure en el Soviet Supremo En este estado, no es aventurado lógicamente, pedir que se disuelva el Consejo de la CNE.

Nuclear pursuit

Esta semana se ha celebrado en Sevilla un encuentro organizado conjuntamente entre el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) en forma de Seminario sobre Servicio de Revisión Integrada de Organismos Reguladores. En España, además contamos según la propia OIEA de un conjunto de buenas prácticas en materia de supervisión nuclear. Algo de lo que la propia presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear se ha felicitado en las entrevistas en los medios de comunicación que, con motivo de este encuentro, se han realizado.

La organización de un evento de estas características contrasta enormemente con la realidad paranoide de nuestro país en materia de la energía nuclear, fuertemente convulsa, incoherente con la realidad de las importaciones energéticas, y más concretamente, en lo que se refiere al papel de la energía nuclear en el mix energético español futuro, pasando por el hecho de tomar decisiones sobre la prolongación de la vida útil de las citadas centrales.

Realidad paranoide que responde a un ejercicio de gato y ratón entre los que piensan que hay que abortar el debate nuclear y los que intentan reactivarlo a la vista de la evolución de los precios de la energía, su contribución a reducir los gases efecto invernadero y el cambio climático y aumentar la seguridad de suministro.

Sucesivamente, estas fuerzas centrífugas y centrípetas operan en cada momento, de forma que el cierre del debate nuclear (que anunciaba la ministra Espinosa, de forma muy voluntarista hace poco en una entrevista), es inviable si no se tiene encima de la mesa una propuesta seria de Prospectiva del sector energético (seria, que analice costes, dependencia, seguridad de suministro …).

En esto, nuestro ex presidente Felipe González ha mostrado ciertamente su clarividencia y ha salido a cuerpo limpio, con visión estratégica y perspectiva de Estado y de largo plazo. Y, hasta ahora, como decía aquella, hasta aquí puedo leer. El PSOE tiene en esto uno de sus Getsemanis y, en algún momento, tendrá que salir, se quiera o no, porque todo lo que se entierra en vida, reaparece en forma de zombi.

En las mismas entrevistas (como la del pasado lunes día 3 de noviembre en Radio Nacional de España de la mano del periodista Juan Ramón Lucas), podemos escuchar a la presidenta del Consejo de Seguridad Nuclear como esquiva la pregunta, fuertemente intencional, claramente referida a la “negativa de las empresas a invertir en seguridad nuclear”. Pregunta que procede del pasado reciente de satanización del problema y de los operadores, cultivado con esmero por determinados frentes políticos y retroprogresivos (ahí se inscribe la propuesta de sacar la energía nuclear del mercado).

Mensaje que de ser repetido, ha ido calando desde el punto y hora que los detractores de la energía nuclear lo lanzaron y no han encontrado referentes claros que lo refuten (lo que plantea otra vez la necesidad de articular someramente una posición más proactiva en la sociedad). En la tangente utilizada, Carmen Martínez Ten acabó refiriéndose a la próxima reunión que mantendrán los Presidentes de las empresas titulares de centrales nucleares con el Ministro, cosa que tendrá lugar el próximo día 11 de noviembre, pero que eludió el clima (artificial) creado contra las empresas eléctricas y sus instalaciones nucleares hace pocas semanas, fruto de la existencia de los incidentes de este verano, de la campaña de ‘aireo’, de los nuevos criterios de comunicación del Consejo de Seguridad Nuclear y de una cierta descordinación en el plano local.

En cambio, alabó las centrales nucleares españolas, el sistema de vigilancia, aclaró como alguno de los incidentes recientes incluso (pese al escándalo mediático cebado desde instancias políticas) tuvo lugar en el exterior de la propia instalación y el grado de gravedad del más importante fue de 2 en una escala de siete. Y, que funcionó la inspección y supervisión, además de haber requerido un plan concreto a estas instalaciones. Reconoció que el sector viene generando energía de forma muy eficiente desde hace más de treinta años, sin problemas, ni accidentes, y que contamos con centrales que, a nivel europeo son referencia en calidad y eficiencia.

Por eso, si contamos con buenas centrales, si consiguen aportar energía de forma muy eficiente al mercado español, si compramos energía a Francia de centrales nucleares, si contamos con un buen sistema de inspección y supervisión, incluso con buenas prácticas exportables internacionalmente (como la selección española de fútbol), si el número de incidentes es bajo comparativamente y se garantiza las normas de seguridad con todo rigor y si somos anfitriones de todo derecho en el tema de la seguridad nuclear… ¿A qué viene el escándalo permanente en el caso de la esta energía en nuestro país? ¿Quién ceba la bomba del clima social y de la opinión pública contra la energía nuclear (somos el país más “concienciado” de Europa en esto)? ¿Por qué? ¿Qué está pasando aquí?

El tuning de Benach, la CNE de Maite Costa y el homenaje a Pedro Meroño

El escándalo del tuneo del coche (un Audi A8 cuyas modificaciones –tuneo en el argot- suponen más de 20.000 euros al erario del ciudadano catalán, incluyendo televisión, reposapies, mesita, etc…) del presidente del Parlamento Catalán, Ernest Benach ha inundado estos días la prensa en sus páginas de política, con fuertes y justificadas críticas. Ayer mismo, uno de lo subdirectores de La Vanguardia, Enric Juliana dedicaba un magnífico artículo de opinión sobre esta noticia (‘L’encongiment casolà’, escribía Gaziel) , que cae en el peor momento político y para las economías domésticas de nuestro país. Benach no lo entiende, al parecer, y se reafirma en su actuación, pese a que compañeros suyos de viajes en cercanías aparecen en los medios de comunicación recordándole un pasado no muy lejano. La cosa se ha planteado en un ejercicio suicida de defensa del catalanismo y lo que es evidente es que hacer pasar el sentimiento nacionalista por la rueda del molino del A8 no puede traerle nada bueno, ni a él, ni a su formación política, Esquerra Republicana. Un dislate.

Y esto viene al caso porque venimos retransmitiendo como situaciones semejantes se vienen produciendo en la Comisión Nacional de Energía desde que accedió a su presidencia Maite Costa, en lo que se refiere al protocolo, el mobiliario, la edificabilidad, las prestaciones en especie, a los viajes y la tendencia enormente activa a la organización de saraos de la que ha conferido al organismo desde su nombramiento.

Desde la adquisición de un edificio (bautizado ya a nivel interno como ‘el Senado’, para oprobio de unos y otros) , la sustitución en dos ocasiones, en estos tres años del mobiliario del despacho presidencial, la adquisición de vehículos para todo el equipo de directivos y la contratación de sus plazas de aparcamiento (algo inaudito en los órganos reguladores españoles), los gastos de las delegaciones del organismo a las actividades en América Latina (incluyendo algún alquiler muy particular de vehículos), el coste de cada uno de los libros y la remuneración a sus colaboradores, la organización de un programa de eventos amplio y vasto, siempre complementado de caterings y canapés, que ya son famosos en la capital de España.

El hecho es que estos mismos días parece que se ha dado una vuelta de tuerca más en las jornadas organizadas en memoria de Pedro Meroño (anterior presidente de la Comisión Nacional de Energía y recientemente fallecido). Coincide además que era un hombre de una austeridad conocida y pública, por lo que parece que la peor forma de recordarle ha sido uno de estos eventos, en los que parece que el ‘catering’ (¡ay, los catering de la CNE!) fue el protagonista. Al parecer, el servicio solicitado por el organismo estaba sobredimensionado (casi 200 personas) para la asistencia final (entre 60 y 70, una constante también en los actos que convoca el organismo, la reducida asistencia final a los mismos con excepciones) y la comida, abundante, empezó a sobrar. Las cifras que han llegado a la redacción de Energía Diario del coste de este ágape nos hacen ser prudentes para no reproducirlas, pero no son razonables.

El caso, es que la vista de la abundancia del ágape y la ausencia de asistentes para el mismo, se “convidó” a las jornadas al personal del organismo a compartir la convocatoria y el alboroque, lo que supone un nuevo paso más en el comportamiento displicente del organismo con su propio equipo profesional. Al descuido económico le sigue el comportamiento interno, también con un cierto tufo patético, lo que en algunos profesionales ha despertado también su propio sentido del pudor.

Retornando a Enric Juliana, se puede decir que en estos tiempos de severa crisis, se ha abierto un filón: los gastos de representación y protocolo de los cargos públicos, que van a ser sometidos a un contínuo y exhaustivo escrutinio. Como en los casos de Pérez Touriño o la inauguración del Teatro del Canal de Esperanza Aguirre. Máxime cuando, además, en el Ministerio de Industria, su actual titular le envuelve la imagen de un comportamiento muy austero, especialmente necesario en estos tiempos. Como señala este periodista, es un momento en que los símbolos del poder, la ejecutoria de la Administración, debe estar en relación con la realidad social

Sería un error atribuir esta actuación a cualquiera de los elementos que constituyen la condición de la presidenta del organismo: mujer, catalana o sus adscripciones políticas a tal o cual familia socialista… porque simplemente se trata de analizar la forma en la que cada uno ejerce la función, que debe tener su ética y su estética. Si no, a lo mejor el homenaje a Pedro Meroño, es un homenaje a otro u a otros.

No obstante, no está mal recordar el final del artículo de Enric Juliana, una cita del periodista Agustí Calvet, en la que se entiende todo. «Vivien obcecats per la pròpia megalomania verbal, convençuts d’una imàginària força catalana i d’una feblesa, més imàginària, encara, de l’enemic ancestral. Ignoraven, en absolut, els altres pobles peninsulars, en funció dels quals havia depès sempre i dependria en el futur la vida de Catalunya. Eren ja l’encongiment casolà, la manca de lucidesa, la realitat deformada i la follia col•lectiva que ens havia de perdre».

¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo?

Los últimos estertores de la comedia madrileña dio lugar a esta película de Manuel Gómez Pereira cuyo título es ilustrativo de la confusión de los conceptos, la virtualidad de las relaciones humanas, el equívoco como forma de actuación, el imaginario individual frente a las posturas de creación de valores comunes consensuados, la ambigüedad frente a la transparencia y la seguridad en la actuación o la frivolidad frente al rigor en la actuación. O también, se incorpora en el marco de un ejercicio más propio de los juegos de envite, como el mus o el póker, en que el transcurrir del juego es clave el uso del farol o del órdago, sin entrar en la teoría del eufemismo que ya hemos recogido en este medio alguna vez.

Y, todo ello, se precipita o se materializa en cuestiones de reciente actualidad aparecidas en los medios de comunicación relacionados con cuestiones de candente ebullición en el sector de la energía, a cuenta de la utilización indebida de determinados conceptos. Primer ejemplo reciente, la semana pasada en el diario Cinco Días aparecía la noticia de que las empresas eléctricas se habían dirigido a Industria mediante un escrito en el que manifestaban los problemas que entrañaba la situación tarifaria de cara a la liberalización y que los ingresos de la tarifa no recuperados por la malograda gestión de la colocación del déficit tarifario, afectan al ciclo financiación-inversión (algo que en puridad económica es obvio).

En ese marco, y junto a esta crónica, la noticia recogía un ladillo en el que se afirmaba que había un presunto “acuerdo” para retirar la energía nuclear del mercado eléctrico, en línea con las tesis del denominado “grupo de los retroprogresivos” y que se viene abonando desde la publicación del Informe de Costes y Precios, impulsado por varios consejeros de la CNE. Caballo de batalla basado en el utilización discrecional y trastornada de la contabilidad de las empresas en materia de amortizaciones y coartada para intentar destazar el valor del mercado por su carácter marginalista, en la medida que consigue mejores precios por la participación de tecnologías con diferentes costes. Una vuelta al marco legal estable del Antiguo Régimen.

En todo caso, lo que es paradójico es que previamente a la primera reunión que tendrá el Ministro de Industria con los presidentes de las eléctricas ya haya tal “acuerdo” presunto y sea difundido, dado como cierto. La pregunta es ¿Quién difunde y suministra esta información a este rotativo madrileño, consistente en un acuerdo que no existe, ni se ha empezado a fraguar, sencillamente porque no han empezado esas conversaciones? ¿Por qué (y ya viene siendo una práctica habitual) se dan por sentado actuaciones regulatorias que ni siquiera se han tratado en la práctica entre los agentes? ¿Quién ejerce esos afanes y con qué interés? ¿Por qué se dice acuerdo cuando quiere decir deseo?

Otro caso semejante es el que ayer recogíamos como las actuaciones que se vienen impulsando desde los actuales responsables de los grandes consumidores, que habían expresado ante el Ministerio de Industria su posición: han reclamado (legítimamente desde su posicionamiento) unas condiciones mejoradas en su adecuación tarifaria al marco liberalizado, a través de documentos que habían girado al Ministerio este verano. Todo ello tras el intento de configurar su central de compras Fortia y la nueva regulación de los servicios de interrumpilibidad y garantía de potencia (insuficientes para conseguir los precios anteriores a la propia evolución del precio de la energía para los consumidores y en mercados internacionales). A su vez, como se ha reconocido por sus responsables, desde este colectivo tienen que justificar su solicitud ante el Ministerio de Industria, con información y estudios correspondientes. La pregunta es ¿es eso técnicamente una negociación?. ¿Por qué se le da carta de naturaleza formal de este tinte de forma unilateral?.

Lo curioso es que hay un punto de encuentro entre el primer caso y el segundo. Es decir el posicionamiento contra el mercado, sus resultados y sus consecuencias, o las vinculaciones ideológicas que soportan una posición y otra. La identidad con un modelo que aboga por la fijación de precios públicos y no de mercado. La comunión con los principios que expresa el Informe de Costes y Precios (algo que incluso desde AEGE se hizo patente y en público en alguna ocasión) respecto de determinadas tecnologías, etc.…

En este sentido, la tecnología comunicacional y negociadora, parece que también tiene puntos de encuentro, como el uso del eufemismo o la interpretación de la realidad. Algo que, desde el punto de vista de la ortodoxia, y de los argumentos competitivos y de mercado, es difícil de abordar. Pero, al menos, es posible identificar.

Será que la presidenta pide más

Domingo por la mañana, café o chocolate, churros o porras, y entrevista a Maite Costa en el ABC. El rotativo madrileño publicó una extensa entrevista con la presidenta de la Comisión Nacional de Energía, de la cuál se pueden extraer pocas cosas nuevas en claro: que en el tema de las tarifas de la luz, habrá que subirlas, que en las tarifas del gas, el consejo decidió proponer la subida más prudente, aunque hay que subirlas. Y, sobre la función 14 que la presidenta se pondrá del lado de cómo lo deje el gobierno finalmente. Y, las gasolinas, ay, las gasolinas con las cuáles la CNE recorre el país, Maite y cierra España (catalana sólo de adopción, en la entrada a la entrevista).

Todas estas alusiones a la subida de tarifas parecen tratadas en la entrevista de una forma mecánica. Es decir, sin contextualizar, sin señalar el contenido del problema del déficit tarifario en su profundidad, en la necesidad de articular una solución, un trayecto definido y completo para resolver este problema, de su financiación, el de la liberalización de tarifas, del reforzamiento del modelo de mercado sin cuestionamientos, etc… En ese sentido, la entrevista la podemos calificar de completamente plana.

La entrevista, perfectamente prescindible por otro lado, al menos pierde el contenido folletinesco que tenía en su ultima aparición en Expansión. Tampoco aparece en la entrevista ni rastro del Informe de Costes y Precios, lo cual también es de agradecer, dado que ha desaparecido de la terminología de la presidenta, como por ensalmo. En eso, evidentemente, hemos ganado.

Cuando es preguntada por el “crash” de los mercados financieros, apareció notablemente preocupada porque las empresas tengan que reforzar las garantías de las operaciones corporativas llevadas hasta el momento. Ni una palabra del sonado fracaso en la financiación del déficit tarifario que en su momento el organismo achacó en su nota de prensa en exclusiva a las turbulencias interacionales (y en ningún caso a la inexperiencia en la colocación de este tipo de activos o la falta de respaldo institucional a los mismos, a pesar de ser consecuencia de la actuación política).

Resistente a tres ministros diferentes, Montilla, Clos y Sebastián, Costa dedicó sinceras palabras de elogio a los tres, resaltadas en su correspondiente sumario en la maquetación del medio de de comunicación. Todo un acierto, además de situar las disensiones del organismo en el plano del recurso de alzada con una frase «(el recurso) se trata de un recurso jerárquico que contraviene la lógica del propio regulador que, al ser independiente, no forma parte de la organización jerárquica del Ministerio ni de la Administración».

Y, finalmente, se despachó afirmando que la Comisión Nacional de Energía no tiene recursos, por lo cual está perdiendo a sus profesionales, refiriéndose en este caso al Director de Regulación y a otros directores. Coartada que no deja de ser un “commodity” justificativo de la salida de profesionales por motivos relacionados con otro conjunto de cuestiones que afectan en unos casos a la esfera de la carrera profesional, a la seriedad del organismo y a la respetabilidad perdida, ahora difícil de restañar, y otros por motivos de otra índole. Entre otras cosas, porque en el organigrama actual de la CNE no se pone el sol, en su extensión de capas y capas y subcapas, lo que no resiste un análisis organizativo riguroso.

A la vez, curiosa afirmación la de Costa la de no contar con recursos (lo señala en dos ocasiones), con edificio nuevo, flamante, recién adquirido, con vehículos y garaje para todos los directores del organismo (ni la CNMV, ni la CMT tienen “cocherizados” ni siquiera a los propios consejeros), con un banco de publicaciones y eventos cuyos costes y precios (y la dudosa selección de alguno de sus colaboradores) circulan a nivel interno, con las dos renovaciones de mobiliario del despacho presidencial efectuadas en este mandato, con las noticias sobre los gastos de las delegaciones del organismo en América Latina. Este si que es un mecanismo de financiación y gasto basado en los denominados costes reconocidos.

Será que pide más.

Enlace a la entrevista de ABC: http://cordoba.abc.es/20081019/economia-economia/maite-costa-barremos-espana-20081019.html

En el limbo regulatorio

Un comentario de urgencia respecto de la resolución por parte del Tribunal de las Comunidades Europeas contra el Gobierno español, lo podemos calificar de un torpedo al Gobierno, un importante revolcón. Hay que señalar, pese a la extraña situación que vive el organismo, que el varapalo quien lo provoca, quien lo recibe y quien tiene la responsabilidad política es el gobierno.

Repasemos. El gobierno decide modificar la denominada función 14, un instrumento que estaba incorporado en nuestro ordenamiento jurídico en el que el órgano regulador independiente, tenía que emitir su posicionamiento respecto de aquellas operaciones que se producen en el sector energético en atención a la denominada ‘seguridad de suministro’. Dicha formulación, era lo suficientemente precisa y razonable, de forma que no permitía el comportamiento arbitrario del regulador. Era una función ejecutiva, concreta y definida en esta configuración para la CNE.

Pero se pone en marcha el culebrón referido a las sucesivas OPAS sobre Endesa, y en el momento, en el que el grupo alemán E.ON anuncia su interés por entrar en liza en la operación, el gobierno decide reformar la función 14. Y, la reforma, sigue dejando una función ejecutiva, a la vez que interpretativa, de tal modo que su formulación incorporaba un importante grado de ambigüedad (nunca mejor dicho que calculada), y que algunos expertos y juristas la calificaban de “metafísica” y de un “engendro”. Un engendro necesario.

Primera consecuencia de una actuación tan oportunista: Que ahora nos quedamos sin la primera formulación: más estable y no cuestionada, y sin la segunda: por el afán de instrumentación de los órganos independientes. Que el gobierno tiene que decir que “Europa tendrá que señalar cual es el marco de regulación energética de cada país”. Un escapismo clásico. Detrás de la consecuencia, llega su corolario y la propuesta de que el gobierno piense más de una vez, de dos y de tres, su acción regulatoria porque estamos muy acostumbrados a una regulación oportunista, poco meditada y que es fuente de inseguridad jurídica, litigiosidad e inestabilidad (además de reductos de la bendita arbitrariedad deseada desde los ámbitos políticos. En cuestiones de economía, de mercado, de libertad empresarial, esa posición no es sino una pesada rémora. Pan para hoy, hambruna para mañana.

Segunda consecuencia. La Comisión se ha quedado tras la sentencia, además de desprestigiada (por méritos propios, de sus Informes, de su separación de su papel de garante del mercado y de la legalidad) y sin credibilidad, sin funciones ejecutivas (le quedan sus funciones consultivas y de corte administrativo, liquidatorio e inspector). Lo que pasa es que las funciones consultivas sin credibilidad, es como la dualidad para la discusión, sobre si honra sin barcos o barcos sin honra. Además prorrogada en su composición, en el limbo de la estructura del Estado. En términos taurinos, a la Comisión le han sacado los cabestros.

Tercera y última consecuencia. La de medio plazo. La de la pérdida de credibilidad interior y exterior de nuestro país en el exterior de cara a la inversión y a un comportamiento neutral de las estructuras del estado y del gobierno respecto a la actividad empresarial. La quiebra del estado de derecho en un tema probablemente menos llamativo para la ciudadanía, pero muy importante en lo que se refiere a la confianza empresarial. Un resultado nefasto, del que seguramente, nos costará recuperarnos. Esperemos, que fuera de la retórica política, aprendamos la lección.

La verdad de las mentiras

El pasado viernes el periodista Miguel Ángel Aguilar publicó en Cinco Días un artículo titulado “Sobre los costes y precios de la electricidad”, donde recoge con más o menos acierto la versión más cercana a la autoría del informe sobre costes y precios de la Comisión Nacional de Energía. La evidencia de que el gran periodista (colaborador de El País y La Vanguardia, además del citado medio económico) muestra una versión oficial, es palpable, cuando se aprecia que en el texto recoge información deliberadamente falsa de la que le han provisto.

Quizá todo proviene de la propia naturaleza del propio informe impropio, verdadero informe del ácido bórico del sector energético. Se trata de un informe que no sale de los servicios de la Comisión (no cuenta ni con los datos económicos, ni contables del organismo) y que desde la Dirección de Regulación se acepta como propio, a instancias de un consejero, como ya relató este medio (recordemos que la Dirección Eléctrica del organismo no participó en su elaboración).

El informe se redacta desde alguna instancia académica, con unos intereses turbios, pero lo que es seguro es que ha conseguido generar una sensación de inseguridad jurídica y, patrióticamente, abaratar los precios objetivos de las empresas españolas energéticas. Este fin de semana, por fin, se ha desvelado la autoría intelectual del consejero Jorge Fabra. De hecho, como también ya informamos en Energía Diario, parte del contenido del mismo se encuentra en un artículo que será publicado por la propia Comisión Nacional de Energía en una próxima publicación.

Repasemos las falsedades inoculadas y difundidas por el informe.

La primera información falsa es la de que las instalaciones nucleares e hidroeléctricas están amortizadas y su coste de generación sea cero. Y es falsa porque en los estados contables figuran esas cantidades que los autores del informe no han querido incorporar. Por tanto, hay testimonio legal, juridico, económico y documental de la mentira. ¡Que barbaridad! Hay que remitirse a la contabilidad de las empresas. Una central hidroeléctrica, por ejemplo, tiene un período de amortización de más de sesenta años y las últimas puestas en funcionamiento en España son de principios de los noventa. Hagan la cuenta y seguro que no les sale. Pero es que además, faltan más gastos, tributos, mantenimiento y repotenciación, incluso los autores del informe no conocen los precios de los contratos del gas para poder hacer comparaciones. Un supuesto de pizarra para llegar a conclusiones nefandas. ¿Quién le dado esta información (falsa y falaz) al Sr. Aguilar?.

Otra información peculiar es que, tanto la energía nuclear como la hidráulica, no emiten dióxido de carbono y, por tanto, no se ven penalizadas por ello. Falso. Radicalmente falso. El último real decreto ley aprobado por procedimiento de urgencia (en una encerrona en el parlamento) consolidó la metodología de detracción de los derechos de emisión, afectando a todas las tecnologías emisoras o no. Todas las empresas eléctricas, a pachas, y a todas sus tecnologías se les descuentan los derechos de emisión, incluso a las no emisoras. ¿Quién le ha contado al Sr. Aguilar sólo una versión interesada de los hechos que oculta los costes reales? ¿Por qué nadie salió a explicar porqué se deducen los derechos de emisión a la hidráulica y la nuclear, aunque no emiten carbono? ¿Qué política medioambiental se quiere trasladar con este mensaje?.

La última información falsa es que el informe ha pasado sin ser visto. Bueno, si ha sido visto, Por todos los analistas internacionales y bancos de negocios, que en sus informes sitúan en nuestro país riesgo regulatorio. Lo dijo recientemente Goldman Sach, estimando una rebaja de los precios objetivos de las eléctricas españolas, por el riesgo regulatorio. Como si fuéramos una república bananera.

Pero lo más grave, la más falsa de todas, que está entrelazada en lo que hay escrito en el propio informe de la Comisión Nacional de Energía, es la ambigüedad demagógica consciente de que no sirve para bajar los precios de la energía y sólo justifica ilusionas posiciones de rebaja de los precios de la energía. El propio informe no cuestiona el precio de la energía. Sólo sirve para justificar que hay rentas, de dos energías en concreto, sobre las cuales hay una cruzada particular, dado que se trata de un mercado marginalista y aceptan el precio medio. Como todos los mercados.

De esta manera la Comisión quiere poner al gobierno en el disparadero para que modifique el mercado que se configuró en la Ley del Sector Eléctrico, para volver a un mecanismo puramente arbitrista, un franquismo de Directores Generales que deciden las “rentas” no sólo por empresas, sino por tecnologías. Una autoridad competente, fija los precios, en función de los costes reconocidos, más una tasa de beneficios fijada reglamentariamente. Lo que abre paso a que los gestores se compren peceras de peces caros. Cuanto más coste tiene una actividad, más es la base sobre la que se aplica el interés del beneficio previsto reglamentariamente, ¿no?. Así se engorda todo lo que forma parte del negocio, por lo que no hay incentivo a ser eficiente, sino a lo contrario. ¡Qué tiempos aquellos del franquismo del marco legal estable!.

Además, cuando no hay mercado y todo es decidido por la Autoridad, se beneficia al que más capacidad de poder tiene. Así, por ejemplo, se ha permitido que en el modelo de transporte (plenamente sujeto a un modelo de determinación de su retribución regulado, pero con la ventaja de ser monopolio) Red Eléctrica tenga hoy mejores previsiones y valoraciones de sus resultados que las eléctricas que se someten al mercado. Además en septiembre ya lo tiene todo cobrado, como pedía. También se lo debían haber explicado a Miguel Ángel Aguilar, porque también sale de la tarifa eléctrica.

Nuestro país ha crecido desde que se han liberalizado los mercados y la actividad. El Marco Legal Estable dejó nuestro país al borde de una crisis de seguridad de suministro por falta de inversión, y el mercado lo ha resuelto gracias a un mecanismo muy eficiente de funcionamiento. Por ello, hoy la situación económica de nuestro país no está para tonterías, como introducir mecanismos de inseguridad jurídica, de quiebra sobre los modelos y de involución sobre lo que estipula la Unión Europea. O bien, de retrocesos en los mercados liberalizados por las aspiraciones nostálgicas tardofranqusitas, para ir a energía subvencionada.

Miguel Ángel Aguilar, que es un excelente escritor y periodista, un hombre que conoce la estrategia militar como nadie, sabe que estos argumentos, cuidadosamente elaborados y sencillos de trasladar, encierran un importante veneno para la credibilidad económica de un país. Pero también es cierto que un informe tan oscuro, no es tan fácil de desgranar y, con una visión tan «oficializada», ¿quién va a pensar que hay otro tipo de intereses detrás?. Por ello, seguramente precisará de información de algún antagonista para que reequilibre la posición ideológica y trasnochada de un informe que nos lleva a la caverna.

Consumidores, costes, precios y ácido bórico

Resulta bastante positivo que la jornada que tuvo lugar en el Consejo de Consumidores, en materia de la liberalización de del sector energético para los consumidores abandonara el telón de fondo del Informe sobre Costes y Precios de la Comisión Nacional de Energía (pese a los augurios derivados de la propia configuración del programa y el título de la ponencia que iba a pronunciar el consejero de la Comisión Nacional de Energía, Sebastián Ruscalleda). Fue el mismo, quien aseveró que no iba a hablar de ese informe, pese a lo que había publicado este medio.

En eso solo, cabe felicitarse por nuestro error, por que nuestro celo fuera excesivo con la posibilidad de que el informe se utilizase para condicionar la posición de los consumidores domésticos, a la hora de introducir “granillo” en el proceso de la liberalización de la tarifa. Además, curiosamente, en la jornada se oyó por primera vez la “queja” de los consumidores domésticos, sobre la transferencia de cargas tarifarías que se produce en beneficio de los grandes consumidores. Hemos avanzado algo también.

Y, por ello, también hay que valorar positivamente el enfoque en el que se centró el ponente, sobre todo en el reconocimiento de la situación acumulada de déficit tarifario, así como el traslado de la necesidad de ‘socializar’ los esfuerzos en materia de eficiencia energética. “La mejor energía es la que no se consume”. Esta debería ser una consecuencia primordial en un escenario de precios energéticos como el actual, indiscutiblemente, en espiral creciente. Consecuencia, que sería más evidente para todos si todos tuviéramos los precios formados en los mercados de la energía de forma ‘transparente’, es decir mediante la adicción de componentes y no mediante la ocultación de la realidad por el tope de la tarifa regulada.

También, porque pese a los temores fundados por el título de la ponencia, no abordar este Informe sobre Costes y Precios es, en concreto, un avance. Sobre este informe crece de forma continuada su cuestionamiento tanto por sus conclusiones intencionales (la diferencias entre las tecnologías y sus costes, la refutación consecuente de nuestro mercado pese a sus evidencias, sus rasgos de precios homologables a los de otros países, la incorporación de nuevos operadores y el propio funcionamiento más abierto que otros mercados europeos), como por su momento (addenda oportunista al informe de tarifas del tercer trimestre) y por su proceso de elaboración en el seno del organismo (elaboración externa al organismo, sin concurso de Direcciones especializadas, tranformando informes académicos, conferencias y artículos con denominación de origen y estudiado por su consejo ‘in extremas’). Ya se pudo ver la falta de sintonía de este informe en amplías capas del sector, de los expertos y de la Administración en la jornada organizada por la Fundación Alternativas.

Pero es más. Incluso en su metodología dista enormemente de lo que es un estudio riguroso, tal y como se van esclareciendo, conforme se van conociendo los detalles, intríngulis y matices del mismo. El hecho de que este Informe no cuente con información contable y económica de las empresas, que obvie la situación real de las amortizaciones, de las reinversiones realizadas en los activos, los gastos de mantenimiento de las instalaciones o de los que cuestiona sobre la base de supuestos académicos y matemáticos. Incluso que en los supuestos de rentabilidad de las empresas se mezclen deliberadamente mercados nacionales e internacionales para cuestionar a las mismas. Vamos como si se pudieran importar resultados para enjugar la tarifa. Todos recordamos aquel supuesto de los problemas de física “en condiciones atmosféricas perfectas” o aquel famoso “Supongamos que no hay rozamiento”. Pero lo hay. El hecho es que este informe ha hecho correr ríos de tinta sobre la estabilidad regulatoria española, algo que no es en ningún caso positivo.

Sobre todo porque en nuestro país los informes no son imparciales y buscan focalizar los debates o condicionarlos. El marco. Fíjense la ‘entente’, recientemente resuelta, que ha traído durante tanto tiempo el famoso informe del ‘acido bórico’. Con muy pocos datos, con muchas especulaciones, suposiciones, sojuzgando los hechos de antemano y con una intencionalidad decidida para determinar su punto de llegada: su promulgación, difusión y objetivo era desmontar las posiciones más razonables que surgían de la investigación y de los datos sobre el 11 M y abrir una polémica artificial.

Por cierto, el Informe sobre Costes y Precios de la CNE se entregó en la documentación distribuida en este evento…

La bomba.

«Marxismo» en torno a las subvenciones y la liberalización de las tarifas

En uno de esos diálogos hilarantes que Groucho Marx protagonizaba en sus películas, hablaba con su actriz protagonista Margaret Sullivan y le espetaba ¿Quiere Vd. acostarse conmigo por un millón de dólares? A lo que ella contestaba: “Sí, por supuesto”. Cuando el inefable Groucho volvía a preguntarle ¿Y por seis dólares?. Ella aseveraba “Pero bueno, ¡pero quien se ha creído que soy!”. Y, el punzante como siempre y certero como nunca, decía “Eso ya está claro, ahora sólo falta regatear”. Pues bien, algo semejante pasa con las consabidas subvenciones de la tarifa eléctrica que se realizan actualmente a los grandes consumidores, tal y como se destapado la prensa económica en estos días.

El marginalismo para el que se lo trabaja

En primer lugar, porque ya no se discute que existan o no las mismas. Hemos avanzado algo. Si se discutieran quiere decir que estaríamos nuevamente, hablando del sexo de los angeles y, al menos, eso no es cierto. Lo que se discute ahora es como se pagan, quién las paga, si está bien que se paguen para que haya una “política industrial” basada en la tarifa eléctrica, o no. Nada más y nada menos. A cambio de eso, lo que suele pasar es lo contrario, es que en esta defensa a ultranza de los derechos adquiridos, consolidados de los “trienios” de la tarifa, consiste en atacar un mercado homologable en todos sus términos a los de otros países europeos, porque funciona como todos los mercados fijando el precio según la oferta y la demanda, y por eso se le denomina marginalista. Y, todo ello, bajo la amenaza, la coartada permanente de la “pérdida de competitividad” y del empleo. Contra eso se lanza una tangana en la que todos los gatos son pardos. Pero, casualmente cuando alguno de estos consumidores de electricidad intensiva vende sus productos a otro, no se produce la “regalina”, no se produce la rebaja, no se abandona el marginalismo de sus sucesivos mercados en los que operan. Por ejemplo, la industria naval que compra a las industrias siderúrgicas, acero y éste se rige por los precios internacionales, como ayer se pudo leer en el diario económico Cinco Días con todas las letras, y casi de forma obscena, la electricidad “barata” era moneda de cambio. El marginalismo es para el que se lo trabaja. Eso es obvio.

O por ejemplo, la entrevista al presidente de XStrata en La Razón, en la que afirmaba «en su momento compramos activos muy baratos que hemos reconvertido y que ahora están dando muy buenos rendimientos» o «Nuestra gran diversificación -cobre, carbón, níquel, ferroaleacciones, zinc, plomo, plata- nos permite defendernos mejor». No parece defender que se haga control de las rentabilidades según los costes de adquisición de los activos, ni que haya que controlar rentabilidades por tecnologías ni que haya que vender al coste puro de producción. O sea, marginalismo. Lo normal, lo que pasa en todos los sitios.

Se dice que alguien falta a la verdad cuando lo que dice no es cierto, es incierto, es falso o es falaz. Se dice que alguien falta a la razón cuando lo que afirma no tiene coherencia, no está en sus cabales, no es aplicable en su tiempo y en su momento. El proceso de liberalización de las tarifas energéticas, que como cualquier proceso de liberalización o, mejor dicho incurre en una dinámica cambio-resistencia propia de todas las sociedades, de todos los grupos sociales y de todas las organizaciones. Sobre todo porque, razonablemente, siempre hay “perjudicados” o “beneficiados”. Son perjudicados aquellos que ven empeorada su situación de partida, esté justificada o no, sobre todo si piensan que “cualquier tiempo pasado fue mejor” y siempre hacía buen tiempo, siempre a salvo de la evolución de los precios de la energía en los mercados internacionales. El limbo. Es el Yin y el Yan en este caso del sector energético.

¿Energía subvencionada para ser competitivos?

Lo primero que es sumamente peligroso es difundir la idea de que la electricidad debe estar subvencionada para ser competitivos (un eufemismo) o para que los ciudadanos no sufran los rigores de la realidad de los costes de la energía. Que vivan “desconectados” de la realidad. (¿Por qué no subvencionar el petróleo o el gasoil a los agricultores?. Al fin y al cabo son un sector en repliegue, con una crisis de precios importante. ¿O a los camioneros, o a los pescadores…?. Razones puede haber miles para cada subvención). En este sentido, llega un momento en que parece normal que la electricidad esté subvencionada o endeudada hacia el infinito. No deja del todo tranquilo que las propias actuaciones de los responsables ministeriales, con mala conciencia por subir los precios, que ni siquiera buscan equilibrar el déficit tarifario, aunque bien es cierto que la liberalización de las tarifas industriales ha sido superada con éxito.

Por ello, los representantes de ese antiguo régimen, los ‘retroprogresivos’, encuentran un hueco para justificar su enfrentamiento con la realidad, porque entienden que la mejor política industrial es la que pagan otros. Como en los viejos tiempos en que se amañaban las cosas en el Palacio del Pardo, y en otras instancias del poder, y no se conocían los costes ciertos de las cosas, todo era un ‘pasteleo’ y se configuraba un sistema mutuo de garantías. Quizá el mayor argumento, o el único, para que la tarifa eléctrica para los consumidores no esté liberalizada hasta ahora es que ha sido la última y ha heredado la reminiscencia de incluirse en un ‘pack’ que recuerda a la antigua Junta Superior de Precios.

La segunda derivada, es que en este estado cosas, es que no es de recibo para atesorar una posición de partida, censurar y atentar contra el mercado eléctrico español, acusarlo de no competitivo (siendo uno de los más abiertos de Europa, con más número de operadores, nuevos, entrantes, y de tecnologías, cada una con su papel y con su misión). Decir que es marginalista (como son todos los mercados). Como el mercado del acero, el petróleo, los tomates o los pisos, de todas las materias primas, bienes y servicios. O que no diferencia día o noche (diferencia horarios). Y obviar que ha sido el responsable de resolver una crisis de oferta que tenía nuestro país al principio de esta década gracias a la inversión generada. Pero, en todo caso, en este entorno europeo, ya no vale esto.

Lo peor de todo es que además a esto se sume la Comisión Nacional de Energía, con su informe sobre costes y precios a esta ceremonia de la confusión, buscando quebrar la confianza en una institución como debe ser el mercado, con el argumento saduceo de la diferencia entre costes y precios. Sobre todo porque el regulador debería ser garante de la legalidad existente y del propio mercado, no su fustigador.

Como decía también Groucho Marx, si no les gusta estos principios, no se preocupen,… tengo otros.

Especulación, especuladores, especulacionistas y especulados

La palabra “especulador”, tal y como se acuñar en términos políticos recoge un contenido peyorativo enorme calado y cuya utilización degrada el análisis económico y financiero de los mercados y su importancia. Todo ello en el marco de lo ‘políticamente correcto’. Quiere decirse que la palabra especulador está entendida como un ‘pecado nefando’ que además tiene la virtualidad de exonerar de responsabilidades políticas.

Estamos en medio del XIX Congreso Mundial del Petróleo y parece que se han alineado sus asistentes en dos bandos. Los que responsabilizan a la especulación y los que responsabilizan a las condiciones de oferta y demanda en el mercado. Los que responsabilizan a los ‘especuladores’ afirman que es un movimiento acumulativo ajeno a las condiciones de oferta y demanda. Los que responsabilizan al mercado de oferta y demanda, señalan con el dedo a China y resto de países emergentes.

Por ejemplo, lejos están los tiempos en que los acuerdos de precios de la OPEP se violentaban por el propio deseo de sus partes. Ante un acuerdo, determinados países decidían romperlo por debajo de la mesa y vendían por debajo de los precios acordados. Pero eso ya no pasa. Tampoco se habla de las dificultades para acometer la demanda de refino existente. Y, en ese marco, que papel han tenido la ‘estatalización’ de determinadas empresas de países productores (con gobiernos autoritarios), que ante unas condiciones como las actuales pueden dosificar mucho más tiempo las rentas del petróleo sin aumentar la producción (como ha ocurrido en otros momentos del tiempo). Otra cuestión a analizar es el incremento enorme de costes de extracción que se está produciendo, con motivo de la ubicación de los nuevos yacimientos encontrados.

Hasta el momento, no hemos logrado escuchar un análisis y un diagnóstico, más o menos serio o más o menos preciso de la situación de la evolución del petróleo, ni de cómo afrontarla en ese contexto. No existe un hilo argumental que nos permita seguir esta discusión fuera del ‘gota a gota’ de cada información espuria que no llegue a parecer que estamos ante un Madrid-Barcelona, de las celebraciones más o menos protocolarias y de lo que se nos quiere enseñar en el escaparate. Lo que si es de agradecer es la proyección internacional para nuestro país y para Madrid, pero lo que es el análisis y la reflexión de la realidad y del futuro, o no se ha producido o no ha trascendido, fruto de la disolución de la información y sus argumentos.

Si atendemos al propio concepto de especulación, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones muy claras, existe especulación en un mercado de este tipo por tres motivos. O bien porque se puede acumular, o adquirir mediante contratos de futuro, porque existe la expectativa de ganancia de valor del activo (por motivos de oferta, demanda, geopolíticos, etc…) y porque no existen activos alternativos de interés y rentabilidad. Cuestiones que hay que analizar y que los expertos financieros en este tipo de mercados conocen y son rigurosos a la hora de analizar su origen.

Pero esta cuestión puede complicarse si se pliegan las explicaciones de la evolución de los mercados, a los intereses de la política y sus simplificaciones. Por ello, resulta preocupante que nuestras autoridades energéticas acudan a la fácil explicación especulativa, sobre todo porque estamos en un momento difícil. Que el Ministro de Industria afirme que la evolución del precio del petróleo es una cuestión puramente especulativa y que durará hasta que permanezca Bush en la Casa Blanca (como afirmó en el programa 59 segundos ante las cámaras), es equiparable a que Ana de Palacio dijera que ‘entrando en la guerra de Irak bajarían los precios del petróleo’. El síndrome de la política arrostrando la realidad, en este caso la económica. Más razonable es, en todo caso, la posición que sostiene nuestro actual equipo energético en términos de necesidad de ajuste, de eficiencia, de menor consumo y de menor dependencia energética de los combustibles fósiles. Ahora lo que falta es hacerlo efectivo, con medidas firmes, claras, con políticas no contradictorias y coordinadas con actuaciones discrecionales como en tiempos pasados.

Por eso, ante una situación y una coyuntura internacional de estas características hay que acabar con los complejos del buenísmo indoloro (no se trata de hacer daño a nadie). Se trata de tener visiones realistas y gestoras, transmitirlas a la sociedad con rigor, con soluciones (algunas más duras que otras). Entre otras cosas, porque retrasarlo, edulcorarlo, otorgarles coartadas o fabularlo no sirve de nada. Nuestros gestores y políticos tienen la obligación de hacerlo y ejercer ese liderazgo. Felipe González decía que los economistas le recordaban a ese niño que le informó de que los Reyes Magos no existen.

Pues eso.