Consumidores, costes, precios y ácido bórico

Resulta bastante positivo que la jornada que tuvo lugar en el Consejo de Consumidores, en materia de la liberalización de del sector energético para los consumidores abandonara el telón de fondo del Informe sobre Costes y Precios de la Comisión Nacional de Energía (pese a los augurios derivados de la propia configuración del programa y el título de la ponencia que iba a pronunciar el consejero de la Comisión Nacional de Energía, Sebastián Ruscalleda). Fue el mismo, quien aseveró que no iba a hablar de ese informe, pese a lo que había publicado este medio.

En eso solo, cabe felicitarse por nuestro error, por que nuestro celo fuera excesivo con la posibilidad de que el informe se utilizase para condicionar la posición de los consumidores domésticos, a la hora de introducir “granillo” en el proceso de la liberalización de la tarifa. Además, curiosamente, en la jornada se oyó por primera vez la “queja” de los consumidores domésticos, sobre la transferencia de cargas tarifarías que se produce en beneficio de los grandes consumidores. Hemos avanzado algo también.

Y, por ello, también hay que valorar positivamente el enfoque en el que se centró el ponente, sobre todo en el reconocimiento de la situación acumulada de déficit tarifario, así como el traslado de la necesidad de ‘socializar’ los esfuerzos en materia de eficiencia energética. “La mejor energía es la que no se consume”. Esta debería ser una consecuencia primordial en un escenario de precios energéticos como el actual, indiscutiblemente, en espiral creciente. Consecuencia, que sería más evidente para todos si todos tuviéramos los precios formados en los mercados de la energía de forma ‘transparente’, es decir mediante la adicción de componentes y no mediante la ocultación de la realidad por el tope de la tarifa regulada.

También, porque pese a los temores fundados por el título de la ponencia, no abordar este Informe sobre Costes y Precios es, en concreto, un avance. Sobre este informe crece de forma continuada su cuestionamiento tanto por sus conclusiones intencionales (la diferencias entre las tecnologías y sus costes, la refutación consecuente de nuestro mercado pese a sus evidencias, sus rasgos de precios homologables a los de otros países, la incorporación de nuevos operadores y el propio funcionamiento más abierto que otros mercados europeos), como por su momento (addenda oportunista al informe de tarifas del tercer trimestre) y por su proceso de elaboración en el seno del organismo (elaboración externa al organismo, sin concurso de Direcciones especializadas, tranformando informes académicos, conferencias y artículos con denominación de origen y estudiado por su consejo ‘in extremas’). Ya se pudo ver la falta de sintonía de este informe en amplías capas del sector, de los expertos y de la Administración en la jornada organizada por la Fundación Alternativas.

Pero es más. Incluso en su metodología dista enormemente de lo que es un estudio riguroso, tal y como se van esclareciendo, conforme se van conociendo los detalles, intríngulis y matices del mismo. El hecho de que este Informe no cuente con información contable y económica de las empresas, que obvie la situación real de las amortizaciones, de las reinversiones realizadas en los activos, los gastos de mantenimiento de las instalaciones o de los que cuestiona sobre la base de supuestos académicos y matemáticos. Incluso que en los supuestos de rentabilidad de las empresas se mezclen deliberadamente mercados nacionales e internacionales para cuestionar a las mismas. Vamos como si se pudieran importar resultados para enjugar la tarifa. Todos recordamos aquel supuesto de los problemas de física “en condiciones atmosféricas perfectas” o aquel famoso “Supongamos que no hay rozamiento”. Pero lo hay. El hecho es que este informe ha hecho correr ríos de tinta sobre la estabilidad regulatoria española, algo que no es en ningún caso positivo.

Sobre todo porque en nuestro país los informes no son imparciales y buscan focalizar los debates o condicionarlos. El marco. Fíjense la ‘entente’, recientemente resuelta, que ha traído durante tanto tiempo el famoso informe del ‘acido bórico’. Con muy pocos datos, con muchas especulaciones, suposiciones, sojuzgando los hechos de antemano y con una intencionalidad decidida para determinar su punto de llegada: su promulgación, difusión y objetivo era desmontar las posiciones más razonables que surgían de la investigación y de los datos sobre el 11 M y abrir una polémica artificial.

Por cierto, el Informe sobre Costes y Precios de la CNE se entregó en la documentación distribuida en este evento…

La bomba.