La niña de sus ojos

Los dos debates que han mantenido los actuales candidatos del Partido Socialista Obrero Español, José Luis Rodríguez Zapatero y del Partido Popular, Mariano Rajoy han puesto de manifiesto cuán de puntillas han pasado por la cuestión de la energía y también por el medio ambiente.

Como novedad, anoche, Rodríguez Zapatero se refirió a las energías renovables como un vector de futuro y de innovación, algo que no había aparecido en el primer debate, en la medida que este segundo tendría que ser el debate de las iniciativas de futuro (de aquella manera como se pudo ver). Una tendencia, la de las energías renovables, una ola que era preciso coger, pese al comportamiento en el ámbito regulatorio de la acción de gobierno de estos cuatro años, ( y especialmente el ultimo año y medio), caracterizado por la precariedad legal y la inseguridad jurídica. Desde la abolición del R.D. 434/2004, la aprobación del 661/2007 y los sucedidos posteriores a cuenta de las modificaciones en torno a la retribución de la energía fotovoltaica, aún en fase de negociación (o de renegociación, o lo que sea), unido a la poca calidad regulatoria de lo formulado (se atisba que lo promulgado en el ultimo año no puede tener una gran perdurabilidad).

Por otra parte, el candidato del Partido Socialista Obrero Español anoche volvió a referirse a las emisiones de CO2, atribuyéndose como propio la reducción del año 2006 (cuyo buen resultado se debe fundamentalmente a factores exógenos a la política medioambiental: meteorología, utilización de tecnologías nucleares de manera más intensiva en generación, etc…). Además, anticipó que en el año 2007 estas emisiones se iban a ‘moderar’, pese a todos los informes adelantados al respecto y a la realidad vigente: cuando no se ha producido un cambio en el mix de tecnologías de generación, lo que hace complicado que se reduzcan las emisiones.

Dentro de ese disenso entre lo programático y lo hecho en estos cuatro años, tampoco se hizo referencia al contenido del Plan Nacional de Asignaciones, que otorga la proporción de derechos mayor existente entre carbón y gas de toda Europa, en una proporción de tres a uno. Cuestión que ha sido criticada duramente por la propia Unión Europea hasta el punto de considerar que incluyen ayudas de estado. ¿Será esta una de las causas de que no progresemos más en la reducción de emisiones de gases efecto invernadero, pese a las sonrisas beatíficas de la ministra del ramo y de toda la demagogia asociada para ciudadanos bienpensantes?.

Y, aunque es comprensible que no pudieran entrar a debatir en un grado de profundidad como éste, teniendo en cuenta el peso que en las emisiones de carbono tiene la energía, la forma de reducción de los derechos a las instalaciones para minorar la tarifa eléctrica (a pachas entre todas las instalaciones, sean emisoras o no), es otro elemento que fruto de la política de intervencionismo y de rentas en el sector eléctrico, no puede contribuir al cambio en el mix de generación limpia, sino más bien al contrario.

Ninguna referencia (ni ninguna réplica por parte del candidato popular al respecto a todas estas cuestiones). Ninguna otra porque, en primer lugar, y fruto de los vaivenes del resto de cuestiones de la agenda política, les llevó a abstenerse en la cuestión de la detracción de los derechos de carbono a las eléctricas y en convertir a Red Eléctrica de España en un monopolio de facto. Por su parte, Rajoy hizo referencia a Endesa, espetándole de rondón la capacidad conspirativa de la Oficina Económica bajo cuerda en esta cuestión.

Cuatro cosas positivas, sobre todo ahora que parece que las cosas se decantan a la vista de los resultados, el candidato del Partido Socialista, parece que hizo autocrítica (señalando su voluntad de corregir lo que no se ha hecho bien , rememorando aquella expresión de Felipe González (‘He aprendido el mensaje’). En este sentido se le pueden apuntar añadidos a su programa: la extinción de la oficina económica como sacristía de las operaciones empresariales, el retorno, toda vez que el propio Pedro Solbes está siendo especialmente importante en la credibilidad del PSOE, a la ortodoxia del Ministerio de Economía y la sustitución del actual equipo energético (pese a que en los círculos especializados el actual Secretario General de Energía se postule para su continuidad, incluso para una cartera ministerial o elevar de rango a Secretaria de Estado ). La segunda, la apelación al europeísmo (en un momento en que nuestro país vive horas bajas en su perfil europeo, fruto del enfrentamiento con las autoridades comunitarias en materia de liberalización del sector energético y del comportamiento con E.ON durante la OPA). En tercer lugar, encontrar la necesidad para potenciar el mercado energético liberalizado como fuente de inversión y de seguridad jurídica (en lugar de hacer permanentes cuestionamientos o intervencionismos apriorísticos). Finalmente, sería razonable una vuelta a la racionalidad en la operación latente con Iberdrola por parte del pseudomonopolio público francés de EDF, para evitar alimentar sectores no liberalizados e ineficientes de otros países por no tener una visión empresarial propia del sector energético.

Mientras, Rajoy, sigue con la niña de sus ojos.

Teoría de la contradicción y los derechos de emisión

La campaña electoral prosigue. Los debates se suceden y la retórica electoral se va instalando, avanzando como una termite devorada de todo lo que toca. Desde el punto de vista de lo que se denomina ‘agenda política’, uno de los temas que forma parte del discurso es el ‘medio ambiente’. Parece no obstante que no ha llegado a tener ese carácter de protagonista que adquiere el terrorismo o la economía, pero también sirve para azuzar la controversia electoral desde las posiciones de cada una de las formaciones políticas. Por otra parte, estos tiempos de comunicación política, también sirven para dotar del suficiente carácter de relativismo a los programas, pese a esa fórmula retórica de programa, programa y programa utilizada por algún líder político en nuestro país.

Tradicionalmente, e incluso ideológicamente, parece que quien se desenvuelve mejor en el discurso medioambiental es el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Sus propias afinidades políticas con los grupos y formaciones ecologistas definen una ‘sensibilidad especial’ con todas estas cuestiones. Las encuestas que identifican valores con los partidos políticos actuales, señalan la correspondencia sociológica entre educación, medioambiente, sanidad, con el PSOE y, por el contrario, la economía, la seguridad o el orden público, con el Partido Popular. Luego viene la actuación política, la realidad y la capacidad política en un caso y en otro. Esa vinculación entre el medioambiente y la política es mucho más intensa con Izquierda Unida, en su propia condición de coalición de partidos, dónde hay formaciones netamente ecologistas.

Por ello, la cuestión de los derechos de emisión, dentro de la política medioambiental, leída con atención y globalidad en el discurso político no deja indiferente y de asomar resquicios entre el discurso y la actuación política. Entre la realidad y la controversia partidista. El resultado es que todas las versiones tienen parte de razón en su formulación teórica o en su diagnóstico, pero en su traslación práctica es dónde las cosas hacen agua, por los más inescrutables caminos.

Así, por ejemplo, con una situación como la existente de clara superación de los objetivos de emisiones de nuestro país deja evidente el fracaso de doce años de política medioambiental (además, con una moderación de las emisiones de carbono en el año 2006 con motivo de unas condiciones metereológicas favorablesy de más generación nuclear, la interpretación en clave política no deja ver el bosque). En condiciones más o menos comparables, siguen aumentando las emisiones de carbono y el déficit de las mismas. Y, eso cualquiera que sea el discurso político que lo ampare.

En medio de todo ello, parece que los errores se van sucediendo. Desde la primera negociación de objetivos de derechos de emisión (cuyos términos resultantes eran anormalmente bajos para nuestro país), hasta la definición de los Planes Nacionales de Asignaciones (cuyo objetivo no es la reducción de emisiones, contra lo que podría parecer, sino que nada cambie para que todo permanezca igual). La introducción de inseguridad jurídica en el sector renovable, consecuencia de las actuaciones regulatorias recientes.

Otra cuestión es la detracción de derechos de emisión de la tarifa eléctrica, de forma igualitaria para todas las instalaciones, emisoras o no. Esta fórmula, cuando es explicada por sus promotores (la actual administración) o por sus defensores, recuerda más a una justificación de la teoría de las rentas (repartir el impacto de la contaminación entre empresas contaminantes y no contaminantes, por su presunto efecto en los precios de las ), que de una política medioambiental. Justificación que también sirve para atribuir el triple de derechos en el Plan Nacional de Asignaciones a las tecnologías del carbón frente a las tecnologías de ciclo combinado (gas), que se de cuenta la Comisión Europea y sospeche de la existencia de ayudas del estado y que todos los países.

En todo caso, se trata de una solución patria se trata de vestir una decisión habitual ya en el sector eléctrico (el que concentra gran parte de los derechos de emisión por su actividad): la articulación de mecanismos de regulación económica (con la coartada de los derechos de emisión), para incidir en otro problema más agudo: la incapacidad política de ajustar la tarifa eléctrica a los costes reales y su reducción o erosión. Por ello, las posibilidades de incorporación a la política medioambiental de la acción contra los gases efecto invernadero son pervertidas por su utilización en la práctica. Pero entre otras contradicciones, también se manifiesta la del principal partido de la oposición que reconoce por un lado que esta detracción, es un mecanismo erróneo, pero, por otro, se abstiene en la votación en el Congreso, junto con otras formaciones políticas (justificando, en parte una medida tomada por la vía excepcional del Real Decreto Ley)

En casi todos los grandes epígrafes de los programas electorales sería sano la existencia de un pacto de Estado. Y, en el caso del cambio climático, seguro que también, partiendo de las evidencias en materia de cambio climático y de la necesidad de generar una verdadera política de reducción de emisiones. Aunque sólo sea para que gobierne quien gobierne, lo haga con políticas que se correspondan con los discursos políticos.

Por lo menos, para no encontrarnos a un presidente jactándose de reducir incidentalmente las emisiones en 2006 (gracias a la climatología y a las nucleares que tiene previsto cerrar) y a Rajoy esperando que no le miente a la familia fuente de su inspiración medioambiental. Todo lo demás es retórica, apretones de mano con Al Gore, primos y melancolía.

Se acabó el lenguaje florentino

La comparecencia del Consejero Delegado de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán para presentar los resultados de la compañía en 2007 ha sido muy clarificadora. Sánchez Galán fue muy contundente en sus apreciaciones sobre EDF y sobre ACS, tanto que desde la eléctrica que preside Florentino Pérez se arbitró una reacción pública casi inmediata el mismo jueves. De hecho parece ser que es una cuestión que está presente en todos los círculos privados y públicos de Madrid y en las recepciones dónde se dan cita empresarios y políticos. El choque de trenes está servido y ahora ya parece que se va a producir no en el ‘saloon’, sino en la calle principal del poblado del far west como en las películas de Sergio Leone.

Por tanto, se acabaron las insinuaciones, el lenguaje más o menos indirecto y que todo circule a través del rumor y los confidenciales. En un momento tan concreto como la presentación de resultados, Sánchez Galán habló sin pelos en la lengua y con un tono inusual en las empresas españolas. Cabe decir que, contra todos aquellos que querían trasladar el combate a más allá de las elecciones, para evitar que perturbe el desarrollo de las mismas, que ya hay declaración oficial de guerra, lo que en lenguaje militar se denomina casus belli. Se acabó el lenguaje ‘florentino’ en la entente que hay abierta.

Sánchez Galán avisó (menos frontalmente, pero igual de claro) también al gobierno con su política indeterminada e interpretable de campeones empresariales, diciendo que Iberdrola el ya es un campeón, que compite en los mercados internacionales (de hecho cada vez cobra más fuerza en sus resultados sus negocios exteriores y baja en nuestro país). Avisó a EDF anunciando que no era bienvenida ni por los accionistas (en referencia a las propias declaraciones de su presidente que afirmaba que no iría donde no fueran bienvenidos) ni por los sindicatos y anunció a ACS que irá a los tribunales (aunque fuese accionista, eso si de dos eléctricas a la vez) si esta operación interrumpía la operación de compra de Energy East.

El hecho es que el telón de fondo que nos concierne, el asunto de la operación de EDF y ACS para cambiar la propiedad de Iberdrola no ha dejado de estar fuertemente activo desde que se destapó a raíz de la fuerte crisis bursátil, desatada por la adquisición de un 3% de Iberdrola por un banco francés, lo que adelantó las primeras escaramuzas del asalto a Iberdrola, ahora parece que postergadas para después del 9 de marzo. Desde entonces el tema sigue cada día mas encendido y la presentación de resultados ha significado echar gasolina en el incendio.

Por otra parte, también se refirió a la condición de empresa pública de EDF, en un movimiento de crítica creciente hacia la política de la Comisión Europea de que no exista discriminación en el tratamiento de las empresas públicas en las operaciones sobre empresas privadas. Criterio que cada vez se hace más insostenible, toda vez que estas empresas públicas, tienen discriminación positiva (para ellas) en sus países de origen y de sus respectivos gobiernos: son monopolios o pseudomonopolios, con comportamientos monopolísticas y políticas protectoras por parte de sus respectivos gobiernos (en materia tarifaria, de liberalización , etc…). Consecuentemente estamos ante una guerra desigual. Y la posición de nuestro gobierno, no ha sido precisamente evidenciar y reclamar esto ni ante la Unión Europea, ni ante gobiernos ‘amigos’ como el italiano, al haber quedado maniatado por la operación de Endesa, además de coincidir con cierta visión retroprogresiva de las empresas públicas y de una relación que se puede calificar de florentina entre los dos gobiernos.

Lo que en todo caso, será difícil de justificar es que fruto de todo este proceso, dejen de existir empresas españolas de relevancia en el sector energético, como existen en la banca o en las telecomunicaciones, donde han entrado otros operadores extranjeros (con libertad) y al mismo han competido con nuestras empresas. Hoy podemos decir que la banca en España o en las telecomunicaciones tenemos muy buenos operadores propios y que aquí además se juega una Champion League. Por eso, es razonable reconocer el esfuerzo realizado por Iberdrola en su modelo de crecimiento, proyecto empresarial y de internacionalización.

(También Pedro Solbes fue en el primer debate menos florentino que estos cuatro años, en los que han pasado por encima de su cabeza la mayor parte de los aviones de papel de sus compañeros de pupitre de esta legislatura además de la famosa Oficina . Esperemos, que si renueva, esté más atento.)

El rayo que no cesa

El viernes y todo el fin de semana ha sido muy pródigo en las informaciones relacionadas con la operación en torno a Iberdrola, auspiciada por ACS y la compañía eléctrica pública francesa, EDF. Probablemente, no ha habido medio de información que no tenga en sus páginas una reacción, un posicionamiento o, simplemente, la patata caliente que tiene nuevamente la Comisión Nacional de Energía en virtud del escrito que ha dirigido la compañía que preside Ignacio Sánchez Galán al regulador independiente.

La compañía ha requerido que se limitasen los derechos de voto de ACS en su consejo de administración al 3 %, dado que el grupo de construcción y servicios que preside Florentino Pérez, tiene una posición de control en Unión Fenosa, que no es compatible con el ejercicio de derechos en otro operador principal según la legislación española. Es decir, la legislación impide que alguien controle e intervenga la política de dos empresas, por su efecto sobre el libre mercado y la competencia. Es a lo que se denomina en derecho de competencia, defensa preventiva, y parece que, también busca anticipar una resolución de este organismo en este escenario concreto de toma de posiciones de cara al ‘asedio’, toda vez que Iberdrola ya tenía recurrido ante la Audiencia Nacional una decisión a este respecto que tomó en su momento la propia CNE y el Ministerio de Industria a cuenta de la ampliación de la participación de ACS en Iberdrola hace menos de un año, en la que se le permitió ejercer estos derechos en determinadas situaciones y cuestiones (o mejor dicho, sólo se excluyeron determinadas cuestiones)

Por otra parte, la compañía también ha pedido que se prohíba a ACS que continúe comprando acciones de Iberdrola, bien sea de forma directa o a través de intermediarios. Actualmente, tiene 7,7 % de participaciones de forma directa y un 5% en derivados de forma que impida que siga aumentando su participación hasta el 24,9 %, que fue la autorización de la CNE, (la actual legislación sobre OPAs, le permitiría llegar al 30%). Iberdrola considera que esta situación de ‘entente’ requiere un posicionamiento nuevo de la CNE y que se invaliden los permisos que ACS obtuvo en su momento, en la medida que pueden ser usados indebidamente.

Por otra parte, el ejercicio de posicionamiento (contrario y generalizado) que van teniendo gobiernos autónomos, cajas de ahorro, expertos y sindicatos, hasta la única entrevista que ha concedido José Luis Arregui, Vicepresidente de la compañía, realizada al diario EL PAÍS este domingo, hace que esté en plena incandescencia informativa permanente esta operación. Lo que está claro es que la traslación a los medios de comunicación de todas estas reacciones, inflaman aún más la trastienda de la operación.

Una cuestión que empiezan a cuestionar todos los expertos es la financiación de la operación, máxime en un momento de dificultades la liquidez en los mercados y en el crédito. Y, en el que una competición entre ofertas (se ha vuelto a nombrar a E.ON en todo el proceso) puede hacer muy costosa la operación. Algo a lo que está claro que Ignacio Sánchez Galán va a jugar como ya anticipó en su pronóstico de que la acción duplique su valor inmersa en un proceso de esta índole. En este sentido, mientras que la enorme liquidez que tiene EDF hace que su participación en la operación pueda encontrar financiación de forma sencilla y no precise acudir al mercado de capitales (eso no quiere decir que le salga barata la compra). El caso de ACS es diferente, sobre todo, cuando se ha conocido en este fin de semana se ha sabido que la caída de la Bolsa puso en su momento puso encima de la mesa la posibilidad de que tuviera que aportar garantías adicionales a la financiación obtenida para la compra de acciones de Iberdrola, lo que desató las consecuencias de la ‘delación’ del Plan. Es decir que ACS afronte una operación así de este volumen va a ser difícil. Por tanto, o bien entra un operador con mucha liquidez y tamaño, of course, y se pierde la españolidad, o las dificultades de liquidez pueden ser un serio problema. También, en tercera instancia, si hay mucho empeño, se podría buscar otros grupos (españoles) que se sumasen al asedio. Estén atentos de los que hacen caja.

Lo que si está claro es que para el gobierno, hay ya dos estrategias viables, aunque con variaciones. La primera es ponerse de perfil y esperar a que se celebren las elecciones, pedir árnica a ver que pasa, además de intentar sofocar su efecto mediático tan inoportuno. Por otra parte, si el apoyo del PNV es muy necesario en la siguiente legislatura, va a ser muy difícil que la operación siga adelante. La segunda, es abandonar el apoyo o ‘conocimiento’ explicito o soterrado (si en la organización del proyecto ha entrado la Moncloa o la Oficina Económica en algún momento, le va a costar explicarlo a sus interlocutores foráneos y sobre todo los virajes que se empiezan a difundir en los medios, en el sentido de limitar el peso de EDF en la operación y buscar nuevos colaboracionistas, además de perseguirle ya la sombra de las sospecha). La tercera opción, que es seguir con la operación tal y como estaba pensada en un primer momento, es hoy ya inviable. Que va a ser que no.

Permanezcan atentos a la pantalla.

Sobre el castigo al sector energético en la Bolsa y como lo amplifica la regulación

El ‘crac’ bursátil en que nos hallamos, fruto de la crisis de crédito, parece que se ha cebado en las empresas energéticas españolas (que tienen descensos más importantes que la media de los índices bursátiles). Un serio correctivo del que no es ajeno la actuación de la actual Administración, con la Secretaria General de Energía al frente y sus sucesivas medidas regulatorias, que no hacen sino amplificar en determinados sectores las consecuencias de una coyuntura desfavorable.

Como hemos podido seguir, se trata de una política para ‘laminar’ los ingresos de las empresas eléctricas (con el fin de evitar crecimientos en la tarifa, dada la incapacidad política de presentarlas) a partir de rebañar y expropiar ingresos de las empresas eléctricas: eliminación de garantía de potencia, detracción de los derechos de emisión vía Real Decreto Ley. Por otro lado, la regulación actual atiende a modelos pasados, decimonónicos, que desconfian de un sector en que la competencia ha crecido sustancialmente en los ultimos años y no se tiene un modelo de adónde se quiere llegar. Y a un frentismo injustificado y suicida: Administración-Red Eléctrica vs.empresas y agentes sectoriales.

De todo esto, hay suficientes análisis financieros internacionales que circulan señalando con el dedo la inseguridad jurídica para las empresas energéticas españolas. Todo esta actuación y ejecutoria parte de dos premisas. La primera, de obviar el mundo financiero, quejarse de que injusto es el mundo del dinero en tiempos de globalización. La segunda, que las decisiones políticas tienen que ser digeridas los mercados como se le ocurra al regulador (o mejor dicho como se le ocurre al político metido a regulador) y no de acuerdo con el comportamiento (legítimo) de los agentes empresariales y económicos.

En conjunto y en sentido contrario, se sigue alimentando el déficit tarifario (al final de 2008 se alcanzarán casi a los 19.000 millones de euros). Dado que no hay aumentos de tarifa, y los que existen son inferiores a la inflación real, este déficit cada vez supone una mayor cantidad de principal e intereses que se ‘calza’ en la factura.

Consecuencia, la insuficiencia de la tarifa es mayor para atender a todos los costes y corre el riesgo de crecer en espiral. Mayor coste de la energía (de acuerdo a la propia evolución internacional y eso con los costes más bajos de Europa), mayor coste de la financiación del déficit, tarifa topada, mayor déficit, mayor deuda acumulada. ¿Podemos en este estado plantear al Banco de España que refuerce la calidad de los activos del déficit tarifario?. ¿Hay seguridad de que se puede financiar la porción de intereses y principal a través de la tarifa?.

Conclusión: ni campeones nacionales, ni empresas europeas. Riesgos para la inversión, erosión y abaratamiento del valor de las empresas. Revitalización de las teorías leninistas de involución del mercado hacia el Marco Legal Estable, basado en la retribución mediante costes declarados medios.

En todo caso, es preciso realizar una lectura atenta de estos resultados en la Bolsa, de las responsabilidades políticas, económicas y de mercado en las que nos hallamos (recuerden, hay más de una). A alguien tendría que preocupar la realidad sectorial y sus consecuencias presentes y futuras. Alguien que piense.

Un vodevil, un sainete

Es preciso reconocer los “logros” que desde la Secretaría General de Energía se han conseguido en este final de legislatura, sobre todo en términos mediáticos, con abundancia de presencia en los periódicos salmón y una fuerte tendencia a la generación de incendios sea con las empresas, en los mercados financieros, en la prensa, en el Parlamento o en instancias internacionales. Logros que hacen que su presencia mediática multiplique incluso la del responsable de la cartera, Joan Clos, cuyas intervenciones públicas en materia de energía sorprenden incluso por lo naif.

Es el caso de la capacidad de reunir (volver a unir) a todo el sector eléctrico en su conjunto, frente al Real Decreto Ley para la detracción de derechos de emisión, que ha montado un buen revuelo que no cesa. Principalmente, porque estas medidas de índole político tienen fuertes consecuencias (y han quedado patentes) en los mercados y en la credibilidad del sector en el plano financiero. Con el agravante de haber también llevado al huerto a los representantes políticos de la soberanía nacional en el Parlamento, cómplices.

Ahora parece que hemos logrado generar un vodevil, una comedia de enredos variación de la comedia del arte francesa, en torno a la interconexión eléctrica, la Línea de Muy Alta Tensión (MAT) con Francia. Son ya dos días de desmentidos por parte del operador de transporte francés y del propio Mario Monti a las declaraciones que tan ‘diligentemente’ y ‘anticipadamente’ hizo Nieto, dos días antes de que celebrarse la Cumbre hispano-francesa, de forma que le chafara al Presidente del Gobierno su anuncio, su exclusiva. Lo que sí parece claro es que Nieto, cuya gestión al frente del sector energético en este año de andadura está profundamente cuestionada, posee un acerado instinto político para intentar conseguir ventajismo electoral (con muy corto alcance, eso sí, a la luz de los resultados).

Todos han descubierto en estos pocos días varias cosas: que lo que se firmó sobre la línea de Alta Tensión con Francia fue más bien poco. Fue un acuerdo para llegar a un acuerdo, para llegar a un diseño. Que el entusiasmo español no se compadece con el estado de ánimo francés y que parece que en el ruido mediático de uno y otro país había poca coordinación en este aspecto. De hecho, y aunque sus probos funcionarios se han apresurado a defender las declaraciones del Secretario General de Energía, el que se realizaran en marco de un encuentro con los medios de comunicación organizado ‘ad hoc’, confirma la mayor.

Hay dos principios, esenciales del pensamiento político de otros tiempos, que van detrás de esta actuación. El primero es considerar que esas formas (la política informativa de ruedas de prensa selectivas), esa falta de referencias y esa política de comunicación política es tan válida en España como en Francia, aunque involucre de fondo las relaciones internaciones y al Presidente del Gobierno (además de a la Unión Europea y al Presidente de la República). Quizá haya que reflexionar sobre el hecho de que un incidente de estas características, que también ha tenido su propia reverberación en Catalunya, es la actuación más idónea para que se provoque un nuevo retraso en la línea con Francia.

Segundo, otro postulado que hay detrás de actuaciones de estas características, es considerar que la política todo lo puede, que las decisiones con ‘vis’ política se pueden hacer pasando por encima de lo que haya que pasar, que el dedo del BOE es omnipotente (tan acostumbrado, tan habitual, tan usado). Que no tiene efecto ‘boomerang’ si las actuaciones no están regidas por la prudencia y el equilibrio. Tercera es la capacidad de generar polémica en torno a declaraciones y actuaciones. Una especie de que hablen de mí aunque sea mal. O la fórmula para capitalizar de cara a las elecciones esta infraestructura para Catalunya, ávida de presentar resultados tras la crisis del AVE y de las infraestructuras.

Por eso, fíjense como también pasa lo contrario. Resulta paradójico que un encargo realizado por el propio Secretario General de Energía, Ignasi Nieto, la Prospectiva 2030, este cacareado documento, utilizado impúdicamente para resolver cualquier discusión, como bálsamo que todo lo solventa (léanlo en nuestra entrevista hace ya casi seis meses a Josep Sánchez Llibre) ahora desaparezca, pase a mejor vida, haga mutis por el foro, por los mismos motivos, por ese instinto político que quiere evitar que se abra un melón de difíciles consecuencias: la nuclear, el déficit, la tarifa y confirme la existencia de un programa oculto en energía. En todo caso, un sector como la energía debe dirigirse desde un perfil fuertemente gestor y no político, o al menos con la suficiencia de esclusas para que no reine el desborde.

Por ello, estamos ante un vodevil en expresión francesa (una variación de la comedia del arte), un sainete (electoral) en términos castizos españolizados. Un espectáculo.

Solbes vs. Pizarro y la energía como ejemplo

La designación de Manuel Pizarro por parte del Partido Popular eleva el tono de la campaña en el plano económico por muchas razones. La primera porque confirma el recentrado (más bien concentrado) de la campaña en materia económica y, la segunda, por el conocimiento del sector energético y de los mercados financieros del ex Presidente de Endesa. Por si fuera poco, la noticia, se une a los últimos datos del IPC en que muestra el peor resultado de los últimos años y la ampliación del diferencial de nuestro con la media de la Unión Europea durante esta legislatura. La maquinaria mediático-defensiva del gobierno ha empezado a esparcir estadísticas más o menos elaboradas en plan justificación. De todas formas, en este campo da igual, la inflación es un fenómeno que lo sienten los ciudadanos realmente y que se combina con elementos que no se reflejan en el cálculo del IPC como son las hipotecas.

Quizá es más importante desde el punto de vista actitudinal. Pedro Solbes es considerado un activo del Partido Socialista Obrero Español, aunque en la maquinaria secreta de este gobierno haya estado torpedeado desde la Oficina Económica del Gobierno, con una muy escasa respuesta desde las huestes del Vicepresidente. De hecho, empiezan a surgir las voces que señalan con el dedo al propio Vicepresidente y al Secretario de Estado de Economía, David Vegara por su capacidad de hacerse transparentes en multitud de cuestiones polémicas. Otro ejemplo es la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, puenteada en numerosas ocasiones por los responsables de las carteras de varios Ministerios y también, como en el caso del Decreto de detracción de derechos de emisión, por Secretarios de Estado y Secretarios Generales.

Sus silencios en materia energética, en un sector tan turbulento en esta legislatura ha sido muy elocuentes, teniendo en cuenta la falta de ortodoxia que ha exhibido el departamento, la erosión a los mercados y empresas, su intervencionismo, la involución al modelo de mercado, la configuración del transportista único en el sector energético, el deterioro de la credibilidad en los mercados y analistas financieros derivados de la decisiones que se han tomado, el fuerte aumento del déficit tarifario que anticipa que este año 2008 el nuevo gobierno podría recibir una herencia de 19.000 millones de euros, el temor a abrir temas como la prospectiva energética. Y lo que es peor la indolencia de la que se ha hecho gala.

Es decir, este Solbes, en este estado, no es el perfil que el PSOE puede aportar para una coyuntura como la que tenemos delante. Se necesita el Solbes con capacidad, con un fuerte Secretario de Estado de Economía (algo más que comentar los datos cada cierto tiempo). Y menos, si por debajo, se conoce en círculos privados que está la ‘mano amiga’ de Miguel Sebastián trabajando en el programa electoral o, por ejemplo, en el programa energético participan los sectores más intervencionistas del partido.

Por su parte, Pizarro, ex Presidente de Endesa, un hombre que ha tenido un papel muy protagonista en la resolución de las sucesivas OPAs a Endesa, exhibe energía y determinación de baturro frente a la exquisita y beatifica presencia del actual Vicepresidente, santificador de las ejecutoria deconstruida del gobierno en determinadas materias (con demasiados espontáneos) y suministrador de paños calientes en la Comisión Europea ante los cada vez más numerosos desfases. Además conoce el funcionamiento y los mecanismos de este Ministerio de Industria, dónde hay muchas más sombras que luces. También debería evita la tendencia gregaria del Partido Popular en energía durante esta legislatura, algo que ya resultaba muy preocupante.

Se anticipa un choque de trenes, pero menos, si Solbes no ejerce de lo que tiene que ejercer. Estaría bien que así lo fuera. Por el bien de todos.

Una política medioambiental de campanario, ‘progre’ y farisea

Ayer se conoció que en el año 2007, España ha vuelto a aumentar su déficit de emisiones de CO2. Un resultado que podemos calificar de desastroso, en la medida de que ha sido un año con un comportamiento meteorológico muy favorable. Es, por tanto, un fracaso sin paliativos, sin ningún elemento que pueda servir para atenuar la responsabilidad de los responsables energéticos y medioambientales de este Gobierno.

Es más, este resultado es la ‘culminación’ de toda la legislatura en que el aumento de emisiones ha sido una constante mantenida, con la excepción del año 2006. De hecho, el crecimiento de las emisiones de CO2, casi ha seguido una progresión aritmética con el número de ruedas de prensa y comparencias de responsables de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático a tal efecto (algunas incluso a ‘pachas’).

Además, es evidente que la política medioambiental ha estado focalizada ‘en teoría’ hacia el cambio climático y la reducción de los Gases Efecto Invernadero (GEI), casi exclusivamente. Es muy difícil encontrar otras políticas de reducción de otro tipo de contaminación en los papeles y documentos de este Gobierno. ¿Han escuchado alguna cuestión sobre la eficacia medioambiental de los biocarburantes y del modelo de agricultura sostenible para su producción, por ejemplo? ¿Para eso tanto armazón en la Administración General del Estado? ¿Para estos resultados?

Una política medioambiental a lo ‘progre’, de salón, de campanario, basada en la propaganda (hay quien reclama su legítimo derecho a la propaganda) y en abordar sin matices la cuestión nuclear, sin abrir el necesario debate. Todo consiste en uncirse al carro de Al Gore (transparentar que se ha visto su documental, cosas guays), de Bill Clinton, de Jeremy Rifkin, de incorporar expertos en cambio climático en el programa del PSOE (por cierto, ¿cómo les explicarán todo esto tras estos cuatro años?) y de hacer declaraciones grandilocuentes en foros internacionales.

Por tanto, esta tendencia imparable a la elevación en las emisiones, es también consecuencia de una política farisea y hueca desde el punto de vista medioambiental; por una parte, la línea político-dogmática dirigida para votantes bienpensantes, confiados, ciudadanía con conciencia ecológica que es la que se esgrime en los discursos públicos: apoyo a las renovables, reducción de emisiones, eficiencia energética, reciclaje, un ‘mantra’ eficaz para la movilización de ciertos nichos de electorado, los más majos y los del Palacio de Vistalagre. Por otra, la real, la que se basa en las posturas que recoge el Boletín Oficial del Estado y los distintos departamentos ministeriales en su ejecutoria.

En cambio, fíjense en los hechos perpetrados con la aquiescencia del Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Industria. La utilización del Plan Nacional de Asignaciones para entregar derechos de emisión a las tecnologías más contaminantes y discriminar (negativamente) a tecnologías emisoras más limpias (la relación de derechos entregados al carbón en España frente al gas es la más alta de toda Europa, denunciada por la propia Comisión Europea, incluso con el riesgo de tratarse como ¡ayuda de estado!). Dos. La reciente, polémica y colectivizada, detracción de los derechos de emisión de las empresas eléctricas en función de la producción de las mismas y no en función de sus emisiones (es una especie de nacionalización). Un tercer ejemplo. El dantesco espectáculo regulatorio que hemos tenido que soportar en el campo de las renovables, con la modificación del R.D. 436/2004, su sustitución por el R.D. 661/2007 y ahora la prolongación de la agonía e incertidumbre en el caso de la energía solar fotovoltaica. Y para colmo, con el elemento crucial que rompe cualquier política de energética. Mantener una tarifa eléctrica sin trasladar los costes a los usuarios, para que no sean eficientes, no sepan lo que gastan, no conozcan lo que les corresponde de sus emisiones e internalicen lo que contaminan. ¿Y qué es lo que tenemos a cambio?. Pura quincalla de política medioambiental y bisuteria regulatoria en lo que son los elementos mollares que pueden hacer reducir las emisiones.

Como decíamos hace poco, empieza a resultar una verdad incómoda la acción real de las políticas para el cambio climático en España, con una perspectiva muy ideologizada pero con escasa acción gestora, dado que en las cuestiones capitales (el 50 % de las emisiones sujetas a la directiva proceden de la generación de electricidad y, en este sector, lo que se busca s un apaño más que cambiar el ‘mix’ de generación con medidas de mercado que sería lo razonable en cualquier ámbito occidental, civilizado y avanzado). Pero, hoy es momento preelectoral y habría que pedir responsabilidades a quien gobierna por su ‘pose’ ecologista y por su falta de convicción y de medidas eficientes para que realmente se articulen políticas serias y efectivas en esta cuestión, una vez que hay una conciencia generalizada y un consenso científico incuestionable. Vamos, para no seguir en la nada que se nadifica.

(Por cierto, el mismo día en que se conocen estos resultados, el Presidente del Gobierno volvió a insistir en su discurso a favor de las potenciar las renovables, no sabemos si ajenos a la entente que se ha mantenido con las energías renovables y ahora con la fotovoltaica. Cuanto esto empezó a pasar, justo cuando estaba abierto la crisis con el sector eólico, produjo la típica sorpresa malévola por la diferencia entre lo dicho y lo hecho. Hoy, con estos datos, y con la actuación de su Ejecutivo, produce hilaridad).

Y las tarifas lololailo, lailo

Forma parte de lo tradicional de estas fechas, como los villancicos, la lotería de Navidad o la del niño. En primer lugar, la presentación de las subidas de precios, tasas y tarifas de los servicios de transporte, postales y un largo etcétera (esto es una redundancia criticable) a principios de año. Fundamentalmente se trata de subidas que tienen la consideración de lo que se denomina precios públicos y están determinados por una autoridad competente, estatal, autonómica o local. También, es el momento en que se producen las modificaciones en las tarifas de los impuestos y tributos, estatales y locales. Son subidas que tienen una consideración de política, y si no, pueden comprobar primero el escándalo y luego el espectáculo que ha tenido lugar en Salamanca.

Por eso, en el caso de las tarifas eléctricas, que es el precio por el suministro energético, como es la venta de carburantes, tiene algo de extravagante, esta consideración de precio público, de precio intervenible. Y como esta naturaleza o costumbre perdura a través de los tiempos; que el Estado mantenga la potestad de fijar las tarifas eléctricas y las considere una fórmula actual procedente de figuras franquistas como la Junta Superior de Precios.

Si atendemos a lo que recogen los medios de comunicación, lo primero que hay que señalar es como las tarifas eléctricas en nuestro país, han subido menos que la mayor parte que los transportes públicos de cualquier ciudad española. Menos que el gas, menos que los servicios postales o menos que el bono bus. Y, como todo el mundo sabe, la no subida de las tarifas eléctricas a lo que son sus costes, sigue generando un importante y abultado déficit tarifario. Sigue generando deuda para generaciones futuras. Sigue generando sus correspondientes intereses. De forma que este año, la tarifa ya cuenta con un 6% de devolución de déficit pasados (es decir nuestra factura ya contiene un ingrediente financiero del pasado en un peso que empieza a ser muy relevante). Al final de esta legislatura nos encontramos con una herencia de 14.000 millones de euros, regalo de los Reyes Magos a los consumidores futuros y a nuestros tiernos infantes.

En el caso de las tarifas eléctricas, tal y como se puede apreciar en esta campaña de principio de año, hay una indiferenciación peligrosa. En los titulares se presenta una mezcla informativa interesada: hay medios que dicen que la electricidad sube un 4% y que está por encima de la inflación, hay medios que destacan que sube y, por tanto, contribuye al estado de escándalo de esta época del año. O que sube por encima de la cifra ‘recomendada’ por el gobierno del 2% (que es la deflación operada en la tarifa del IRPF y sus retenciones, siguiendo con una analogía no basada en un precio, sino en un impuesto). Cuando se entrevista a consumidores, a las sufridas ‘almas de casa’, aparecen escandalizadas por lo cara que está la vida y se incluye en este mismo saco la leche, la luz, el teléfono, los cafés y sus propinas.

Y también podemos apreciar una falta de explicaciones preocupantes. O mejor dicho una falta exasperante de preocupación por explicar bien lo que está pasando alrededor del consumo de energía en nuestro país y sus consecuencias teóricas sobre los precio, en una sociedad que ha decidido vivir en el limbo. Ni una sola referencia a que el barril de petróleo se ha situado en 100 euros y que gran parte de nuestro suministro energético (inclusive de la generación eléctrica) tiene que ver con el petróleo. Y muy poca información a la ciudadanía de que las tarifas están subvencionando el presente para castigar el futuro. Tarifas que provocan como todos los expertos, ecologistas y economistas unidos, que los consumidores hagan un uso ineficiente de la energía, por el mero hecho de que no tienen el incentivo de la realidad. Aunque se aludiera al carácter latino de nuestra forma de vivir para justificarlo, sería algo. Una especie de ‘carpe diem’ que se ha apodera de nuestra clase política en vísperas de elecciones, una unidad edificante.

Ahora, unido al electoralismo que nos invade, se une el temor reverencial a un fenómeno tristemente de moda, indómito y con un efecto devastador: la inflación que corroe las economías domésticas y la situación económica en general, con evidentes riesgos electorales. Este gobierno ha desperdiciado los mejores momentos en la situación de la inflación para haber realizado ajustes y ha permitido que este déficit crezca de forma incontrolada. Por otra parte, la situación internacional del crédito y las propias dudas que suscita la falta de seguridad jurídica y de estabilidad regulatoria se han precipitado para poder financiar el déficit tarifario de nuestro país, para seguir logrando quien nos preste. Y los costes de su financiación parece que se van a encarecer y mucho, vean el fracaso de la subasta del déficit ¡ex ante!.

Por eso, como en el retrato costumbrista de nuestra época, para todos los no agraciados por la tradicional lotería navideña, es la época de la salud. Y con las tarifas eléctricas, lololailo, lailo y mirar para otro lado. O sacar reales decretos ley y alterar la seguridad jurídica.

Todo vale contra las empresas eléctricas

La situación y polémica política en torno al Real Decreto Ley de detracción de derechos de emisión parece que sigue cultivando un caldo de cultivo electrizante, contra el sector eléctrico y, lo que es peor, contra la propia racionalidad. Así, cualquier argumento es bueno para atacar a las eléctricas. La simplificación de los papeles e informaciones llega hasta el paroxismo. Vean titulares que serían impropios de cualquier sociedad avanzada, como los que aparecieron ayer. Mecanismo: las empresas que, intrínsecamente, se dedican a ganar dinero para sus accionistas, hacen lo que sea para ganar más en situaciones extremas, como el aumento de demanda electrica por la ola de frío. Son culpables y su pecado es, nefando.

Por ejemplo, cuando ayer el precio del MW alcanza los 30 Euros/MW, se difunde como un ejemplo casi de usura. De nada sirve, saber como funciona un mercado (si es que se sabe), de nada sirve un ejercicio de equilibrio y objetividad, el fuerte pico de demanda fruto de la ola de frío (esto es como si se criticase a nuestras empresas de telecomunicaciones porque ingresan mucho de los SMS de felicitación del nuevo año, porque tienen que transmitir millones en unas pocas horas). Hablando en serio, lo que habrá que asegurar desde la propia Comisión Nacional de Energía es que funciona bien el mercado y no hay anomalías o comportamientos antimercado de sus operadores. Que sólo hay demanda, aunque mucha. Porque bajan las temperaturas y esto siempre ha sido así (no por los derechos de emisión que se internalizan en una alambicada interpretación interesada). Afortunada o desafortunadamente y no, demagógicamente.

De nada sirve, anticipar los efectos de la eliminación de los incentivos de garantía de potencia (una medida regulatoria de hace dos meses prácticamente) a determinadas centrales que ahora entran como y cuando las demás. Y reconocer como la ausencia de un mecanismo de estas características incidirá en la subida de precios de la energía en situaciones punta. El hecho es satanizar a las empresas, volviendo a un rancio izquierdismo demagógico (que ya no existe en Europa en los partidos socialdemócratas) como es el hecho de denunciar que cuando tienen que poner en marcha las centrales más caras, el precio de la energía tiene que subir, basculando el peso de la ‘culpabilidad’ en las propias empresas. ¿Qué es lo que quieren que pase, lo contrario? ¿En qué cabeza cabe? Como lo hace en todo mercado, como lo hace en toda Europa en su crudo invierno, sólo que no se esparce una campaña mediática en ese entorno para condicionar a la opinión política parlamentaria a las puertas de la votación de mañana. Y, así tenemos lo que tenemos en la propia visión que tiene Clos sobre las empresas, como pudimos apreciar en Buenafuente.

Vean el ejemplo contrario. Una empresa a la que no se sataniza, debe ser porque no tiene accionistas (que sí que los tiene, vean como sube en la Bolsa como todo el mundo sabe y ve, incluso fondos de inversión), Red Eléctrica, brazo armado de la intervención de Industria. Por eso, si se le tramita una elevación en la retribución y si se le anticipa su subida desde la tarifa ciudadana. Como recoge un cierto ‘mantra’ de garante del sistema, pues que se convierta en un monopolio (todo aquel que conozca la teoría económica del monopolio, sabe que es más caro). Y este monopolio, es de libro, pretende fijar su retribución. E Industria, y por ende, los consumidores es precio aceptante. No es un mercado, es ella misma.

Si es que, realmente el problema de los precios energéticos es como los consumidores no tienen señales de los precios para definir su consumo (más en realidad, tienen señales en sentido contrario) y las medidas políticas desde el Ministerio de Industria sobre la tarifa, están ‘cebando la bomba’. La solución, como la eliminación de la garantía de potencia o la detracción de derechos de emisión, no harán sino alimentar este mecanismo perverso de hacer que la demanda crezca sin freno. Y todo se instalará en un permanente ejercicio de escándalo y de retorcer su composición. Hoy, el problema en España, es el regulador y sus regulaciones, y su incapacidad gestora para haber abordado que las tarifas recogiesen los costes de generación, distribución y transporte en un modelo liberalizado y se eliminasen del debate político. Este Ministerio, simplemente ha ahondado y acrecentado el problema, por el temor atávico a las subidas de la energía en términos electorales.

En el campo de lo regulatorio, la Secretaria General de Energía sigue cosechando ‘éxitos’. Algo que parece que no suele digerir bien y que le espolea. Ayer el Consejo de Administración de la CNE de acuerdo con el informe que habían elaborado los servicios técnicos, le modificó de forma muy sustancial la propuesta que remitió en materia de biocombustibles, de forma la fórmula de ponderar el bioetanol y biodiesel para el cumplimiento de los objetivos en materia de biocombustibles y biocarburantes, se establece a partir de una cifra base de partida semejante y el objetivo se puede cumplir indistintamente con cualquiera por cualquiera de las dos vías. Además, nada de la penalización duplicada que preveía la propuesta inicial o de la fijación de porcentajes semejantes máximos de objetivos para los dos tipos de biocombustibles.

Por otra parte, también le devolvió para que volviese a elaborar con rango de Real Decreto (hasta ahora tenía rango de Orden Ministerial lo que permitía eludir varios criterios y filtros de legalidad) en materia de la retribución de los activos de transporte de gas natural, concretamente los que entren en funcionamiento el próximo año. Le pidió rigor y método, además.

Claro, como corolario, está la vía alternativa: como el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía le da calabazas o el paso natural por la Comisión Delegada del Gobierno puede resultar crítico, para esto está el Real Decreto Ley. Que es más fácil y alimenticio. Una manera de violentar la trayectoria habitual que debe tener el desarrollo legislativo, de utilizar las mayorías y la negociación parlamentaria para intereses espurios, eludir los mecanismos institucionales del Estado. También por ello, estamos acostumbrados a que desde Industria lo resuelva a su manera. Cuando recibe una normativa con una fuerte crítica, incluso por que se envía sin memoria económica o criticando hasta el fondo su metodología, la reacción es el ‘cumplo y miento’, se ajusta cinco puntos básicos su propuesta inicial y que se publique directamente en el BOE la normativa devuelta a los corrales. Una manera de siempre sentir ese ‘poder’ de tener la última palabra y no atender a más voluntad, recomendación o rigor, que la del regulador principal que hizo la normal y quiere campar por sus anchas.

Por eso, la recomendación, el relato y la advertencia que hacía ayer Xavier Albistur, de plena legalidad, debe ser leída con atención por todo el arco parlamentario en relación a este Real Decreto Ley: “Pero lo ha hecho de tapadillo al elegir el método ya consolidado del RDL, en un viernes de puente, por procedimiento de urgencia en su aprobación y tramitación y legislando para la próxima legislatura. No ha sido visto por la Comisión Delegada. Se ha eludido el control y refrendo parlamentario en su tramitación, hurtando el debate político. No hay posibilidad de alegaciones o enmiendas. No hay criterios contrastados de agentes económicos y sociales. No hay informe del órgano regulador de la Comisión Nacional de la Energía. Se opta por esperar al último minuto para tramitarlo primero por sorpresa y después convalidarlo con carácter de urgencia, eludiendo el necesario debate parlamentario.”

Por todo eso, por el propio procedimiento, el Parlamento debe solicitar que esta normativa se devuelva al Ministerio de Industria. En primer lugar porque no se trata de una normativa urgente, porque no es medioambiental, porque es contraproducente, porque produce inseguridad jurídica, porque se salta la legalidad y a las instituciones del Estado en su proceder normal. Este Real Decreto Ley no es nada de eso. Igual que sta devolución la tiene que exigir también el propio Ministerio de Economía, que debe estar atónito a lo que está pasando. El Parlamento tiene derecho a recibir una normativa equilibrada, informada, solvente, avalada por las instituciones y los mecanismos que establece el Estado de Derecho. No un Real Decreto Ley.

Solamente la situación derivada de los rechazos anunciados y los motivos de los mismos, deben inducir al gobierno a retirarla de este RDL en un ejercicio de responsabilidad política y a los partidos políticos a dejarlo en observación, sin picar, ni caer en la trampa. Para no dar la sensación de ser un país que se resiste a aceptar y gestionar la realidad energética, que vive mirando hacia otro lado y prefiere adaptarla a una visión insegura juridicamente, intervenirla y manosearla. Para dar respetabilidad al Parlamento y a su función. Para no ser cómplice de una muy posible sentencia desestimatoria, por el mal uso de la medida, de consecuencias incalculables política y económicamente. Para ser una democracia occidental, con respeto a los sectores económicos y a los consumidores. Para no cavar más la fosa de la regulación del sector energético abierta este ultimo año.