La rehabilitación de la CNE con control paterno

Ayer se anunciaba a bombo y platillo en distintos medios de comunicación, como la Comisión Nacional de Energía elaborará las propuestas de tarifas. De hecho, Expansión en sus titulares de portada hablaba de ‘rehabilitar’ la CNE. Se trata por tanto de acreditar la voluntad del Ministerio de ‘rehabilitar’ la Comisión Nacional de Energía, después de todo lo sucedido en este último período: displicencia ante los informes negativos en el caso de las renovables o la devolución de las tarifas gasistas de activos regulados.

En la práctica médica y clínica, los procesos de rehabilitación en un paciente se dan cuando esté ya ha pasado por un tratamiento, ya sea quirúrgico o farmocológico. Es decir, alguien que precisa para superar una dolencia, pasar por una intervención quirúrgica, posteriormente para recuperar plenamente su capacidad funcional, requiere de un proceso de rehabilitación. Por tanto, ello implica que el paciente ya ha tenido un tratamiento tendente a su curación.

El problema es que parece que esta rehabilitación de la Comisión Nacional de Energía, se realiza sin efectuar ese tratamiento previo y necesario (algunos opinan que debe ser quirúrgico y que alcanza a la propia distribución de funciones entre el Ministerio y la Comisión, así como a su funcionamiento, forma de nombrar a los miembros del Consejo de Administración, injerencia desde los ámbitos políticos, etc… ). Se realiza, por tanto esta propuesta, también con el suficiente ‘control paterno’, del Ministerio de Industria, manteniéndose como la segunda instancia decisora final también en este ámbito, conforme a las voluntades de la Secretaria General de Energía y su tendencia a tenerlo todo atado y bien atado.

De hecho, y como comentaba en la entrevista que mantuvo con este medio Xabier Albistur, la reforma de la Ley del Sector Eléctrico que se aprueba mañana, continua sin atribuir las competencias en materia de tarifas eléctricas a la CNE y manteniendo el Ministerio de Industria su potestad final en los recursos en vía administrativa. Una reforma que no ha sido tan tibia y tan selectiva en la determinación del transportista único a favor de Red Eléctrica y que en lo que refiere a la liberalización y acceso a la red, es un retroceso con respecto a 1998. Ahí si ha habido mucha más decisión, casualmente.

Por ello, esta atribución controlada a efectos de las tarifas que aparecía en los medios de comunicación ayer, se anuncia a través de los medios de comunicación y proponiendo como vía un Real Decreto, el de tarifas. Habría que preguntarse porque no se han incluido todas estas cuestiones relativas a este organismo regulador, en esta reforma selectiva, arbitrariamente parcial en la transposición de las directivas europeas pendientes de incorporación a nuestro ordenamiento jurídico y se persiste en la vía de utilización de la regulación a través de decretos y con control paterno.

Por eso, si ya se reduce deliberadamente el alcance de esta reforma y, a posteriori, por vía de un decreto se ‘otorga’ de forma capidisminuida las funciones en materia de tarifa eléctrica a la CNE, tendríamos que preguntarnos que persigue este anuncio con carácter previo a la propia aprobación de la reforma de la ley del sector eléctrico, magnífica ocasión desaprovechada para hacerlo después de los largos trabajos y los acuerdos por debajo de la mesa de los grandes partidos, evidencia del barullo, inestabilidad regulatoria e improvisación que nos inunda.

Una idea: por que no configuran la Comisión Nacional de Energía, en serio, al estilo de los reguladores sajones, con atribuciones directas para defender el funcionamiento de los mercados y los consumidores y con capacidad de actuación y de denuncia. Así, seguro que si la rehabilitan.

Si no hay tratamiento previo, será difícil que surta efecto la rehabilitación. Probablemente, será más de lo mismo.

El transportista único o la selección genética modificada, adversa y arbitraria de la legislación europea

El sábado pasado se recogía en Cinco Días dentro de la noticia de la que damos cuenta en la que HC Energía vende a Red Eléctrica de España instalaciones de transporte por 17 millones de euros, un párrafo resaltado en el que se indicaba “Red Eléctrica de España, la compañía que preside Luis Atienza, continúa poco a poco acumulando activos con el objetivo único de ser el único gestor de red y transportista, tal y como marca la legislación que emana de la Unión Europea”. Se trata de una afirmación que, seguramente, persigue la gestión del convencimiento en pos de esa verdad inmutable y panteísta que es el transportista único en la redes eléctricas.

Resulta curioso el valor variable y pendular que tiene la Unión Europea en el ámbito de la energía, en nuestro país y para esta Administración (inciso número uno, es difícil conocer si una afirmación como la anterior en la que se atribuye a la Unión Europea la autoría del concepto de transportista único pertenece a la Administración o a Red Eléctrica de España). Y resulta curioso, porque la Directiva Europea que ha traspuesto de forma selectivamente arbitraria el Ministerio de Industria, lo único que reforma es la introducción del concepto de transportista único, cuestión que no se recoge en la propia Directiva, como reconocen los expertos y los propios grupos parlamentarios. Una reforma que se hace a la medida de este nuevo papel que Red Eléctrica se atribuye en el transporte y que condiciona el acceso a la red por parte de terceros, cuestionando incluso los principios de seguridad y calidad del suministro en función de los intereses del transportista, apelando a la ‘capacidad’.

Parece en este caso, que es Red Eléctrica (dado que la noticia que se recoge en el rotativo del grupo PRISA), quien interpreta estas emanaciones desde la Unión Europea. Emanaciones que fielmente se recogen desde la Secretaría General de Energía y el Ministerio de Industria, dónde las inteconexiones son cada vez más frecuentes (veáse el informe contra Iberdrola) y confirman el grado de condiciomiento en la regulación que se puede alcanzar. Y, por el mismo motivo, no se recogen con esa fidelidad (es decir no se recogen), las críticas que desde la Comisión Europea realizan a nuestro país por reforzar la independencia de la CNE o atribuir las competencias de las tarifas eléctricas.

Tampoco, conocemos en qué medida la Orden Ministerial que prepara Industria sobre gestión de la demanda (la nueva regulación de los grandes consumidores) resuelve nuestros problemas jurídicos en materia del pleito por las ayudas de estado con la Unión Europea, o como hemos llegado al enfrentamiento con la Comisión Europea por las condiciones a la OPA de E.ON. En fin, habrá que saludar que volvamos a la ortodoxia europea en nuestros planteamientos y organización regulatoria en el sector energético. Sólo que sin necesidad de tener que manipular el sentido de las directivas a los intereses de una compañía privada con sueldos de gran empresa, que pretende ser monopolio. Es decir, el mejor de los mundos posibles.

Mientras, y si seguimos con los eufemismos, lo de transportista único es un eufemismo de ‘monopolista’ de la red de transporte. ¿Por qué no se crea una Comisión Nacional de Eufemismos (CNE), como esa triste referencia en la nota de prensa del consejo del jueves sobre su preocupación por los cambios normativos que van en detrimento del libre acceso de terceros a la red?.

En esta semana analizaremos en Energía Diario tantos puntos oscuros relativos a esta reforma y que ya ponía de manifiesto en su entrevista Xabier Albistur, el presidente de la Comisión de Industria en el Senado y representante del PNV. ¿Cómo esta reforma es un retroceso legislativo y sirve para desandar parte del camino andado en el proceso de liberalización (Europa lo que pide es lo contrario)? ¿Por qué se acuerda esta reforma por debajo de la mesa? ¿Por qué el Partido Popular ha accedido a ello? ¿Por qué el Ministerio de Economía ejerce de Don Tancredo? ¿Es necesario este nivel de anestesia general para que se favorezcan intereses no explícitos o subterráneos, que van contra el desarrollo del mercado eléctrico? ¿Alguien estaría en disposición de hablar con claridad sobre estas cuestiones?.

Antes de que el próximo jueves el Congreso de los Diputados apruebe esta cuestión es necesario que se ventile el contenido de esta Ley, con la mayor claridad y la mayor transparencia, evitando que la complejidad del problema impida conocer la realidad y el alcance de esta ‘reforma a la inversa’ o lo que es peor, que permita aprobar con el acuerdo de los grandes partidos de un engendro para condicionar aún más el acceso a la red y la libertad de mercado.

El déficit que «silenciaba» al consumidor

Durante este mes se debe decidir el importe del déficit de tarifa 2006. La decisión final amenaza con dejar este año, más que nunca, algún damnificado.

La decisión, que será tomada por Industria, puede acabar en batalla. Los principales implicados en la misma son: de un lado el consumidor, que será el que deberá hacerse cargo del déficit, y del otro las empresas, que se asegurarán la percepción de los importes reconocidos.

Antes de calcular el importe total a reconocer, sin embargo, el ministerio tiene la «patata caliente» de decidir la cantidad total a descontar en concepto de derechos de emisión. Las distintas interpretaciones que en relación al descuento de este concepto se han venido haciendo provocan que la decisión final de Industria pueda afectar no sólo al volumen total de déficit a reconocer, si no también al reparto que entre empresas se realice.

En una de las propuestas en las que se trabaja, la gran perjudicada es Iberdrola, mientras que en la propuesta alternativa lo serian Endesa e Hidrocantabríco junto a Unión Fenosa.

Informe de REE

Para acabar de enredarlo todo, un informe de REE, en el que se analiza el comportamiento de las empresas en 2006, llega a la conclusión de que la actuación de Iberdrola en el pool causó 1.000 millones de euros de déficit extra, lo que incluiría en toda esta historia un elemento adicional a tener en consideración en el cálculo final del déficit.

Con toda seguridad el panorama descrito generará polémica durante las próximas semanas, ante una decisión que, en todo caso, se espera controvertida.

Silencio del consumidor

Mientras el consumidor mira para otro lado. Ajeno al cálculo del déficit -cuando precisamente será el que lo pague-, el verdadero y principal «damnificado» en toda esta batalla se mantiene en un segundo plano. Las asociaciones de consumidores mantienen «silencio» y se quedan al margen. El resultado de las reducidas subidas de tarifa que las asociaciones reclaman a finales de cada año se transforma en el déficit que ahora padecemos. De aquellos barros vienen estos lodos. Un ejercicio de irresponsabilidad que se traduce en un déficit galopante. Ahora que tan de moda está la palabra sólo podemos decir que esta situación es no «sostenible».

Ocasión de oro para Zapatero para garantizar la independencia de la CNE

El Presidente del Gobierno el pasado viernes por la noche estuvo presente en el Circulo de Empresarios en Cataluña. En sus declaraciones se pudo ver como, no con mucha convicción, casi de forma entrecortada, dijo querer avanzar en la mayor independencia de los órganos reguladores “como en el caso de Televisión Española”. Una confusión, que en todo caso, es preciso recogerla desde la experiencia de sacar al Ente Público de la lucha partidista en su control, a la par que se ha elaborado un plan para su reconversión y reforma. Una necesidad pendiente de nuestra democracia, que hay que reconocer en sus justos términos al Gobierno actual.

A su vez, el Presidente manifestó ‘según su experiencia personal’ (¿?) que estos organismos actúan más independientemente de lo que parece. Desconocemos cual es esa experiencia personal, pero razonablemente hay que entender de vez en cuando al Presidente le han dado más de un sobresalto, desde las instancias de la CNMV o de la CNE en los últimos tiempos. Esperemos que estas declaraciones tampoco las formulase impelido por la necesidad de agradar a su auditorio, el empresariado catalán presente, sino que la formulase como verdadero deseo de superar la crítica situación actual de estos organismos.

Por ello, en este artículo no vamos a cebarnos sobre la confusión del Presidente entre Televisión Española y los órganos reguladores, como la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional de Energía o la Comisión del Mercado de las Comunicaciones, dado que es evidente que no son la misma cosa. De todas formas, creemos que es positivo sacar lo provechoso de la experiencia de Televisión Española, en la que existe unanimidad en su enfoque y parece que la filosofía es correcta.

Este artículo lo que quiere hacer es poner de manifiesto la oportunidad que tiene el Gobierno, en este mismo momento, de hacer realidad sus palabras de la otra noche en Barcelona, para otorgarles la convicción de los hechos, que es lo que cuenta para la consolidación real de los mecanismos de ordenación, supervisión y regulación de los mercados y los sectores. No es por tanto, momento para hacer de esta cuestión una frivolidad, sino más bien, dado el futuro de estos mercados y sectores, tomarnos en serio el hecho de apoyar su independencia sin ambages, ni dudas.

La ocasión es puntualmente evidente. Así, y como han podido seguir por nuestras páginas, el Senado devolvió al Congreso el miércoles pasado para su aprobación definitiva de la reforma del Sector Eléctrico, que intentaba (de aquella manera) ‘transponer’ las directivas europeas. Por ello, en este mismo día, pueden nuestros lectores leer la primera parte de la entrevista realizada a Xabier Albistur, Presidente de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo, en la que destaca como el acuerdo entre el PP y el PSOE ‘deconstruye’ las intenciones de las directivas pendientes de transposición, sin que se produzca una verdadera reforma, avance y transformación del mercado eléctrico.

En lo que se refiere a los órganos reguladores, la Comisión Nacional de Energía (CNE), en esta nueva normativa, sigue como estaba, tanto en la forma que se articulan los nombramientos, sus funciones y sólo se le reafirma en la función 14, que tal y como está configurada tiene un ‘algo de insondable’. Por tanto, puede ser momento, una vez que lo ha dicho el Presidente públicamente y que la ocasión la pintan calva (tal y como lo diría el castizo), de que, se modifique en el último trámite parlamentario esta ley de forma que se nombre en el Parlamento al presidente de este órgano regulador, se le atribuyan a la CNE las competencias en materia de determinación de las tarifas eléctricas, tal y como pide la Directiva Europea (por tanto, no las retenga el Ministerio de Industria y se establezcan anualmente de forma política) y que, además, se le reconozca como instancia única no subordinada a efectos de recursos administrativos del Ministerio de Industria.

Del mismo modo, que una vez nombrado presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero fue fulminante en su decisión sobre la retirada de las tropas de Irak, este puede ser un momento para que se aprecie que verdaderamente están cambiando las cosas, (fruto del 27 de Mayo o de lo que sea), con medidas ciertas y visibles para apuntalar la verdadera independencia de la Comisión Nacional de Energía como órgano regulador.

Evidenciaría además de esta necesaria convicción, una voluntad plena de cumplir los requerimientos de la Unión Europea y que de verdad “ha recogido el mensaje” que le mandan los mercados y los sectores, tal y como dijo uno de sus antecesores.

De reguladores y empresas privadas que dejaron de ser públicas

Peor probablemente que el déficit tarifario, sea el déficit de normalidad democrática, institucional y empresarial en el que nos hemos instado. Y esto parece que se ha puesto especialmente de manifiesto con las ultimas actuaciones que han protagonizado empresas del sector de la energía que un día tuvieron el carácter de público y que hoy son empresas privadas, con sus Consejos de Administración, sus accionistas y sus clientes. Esto reproduce tics y actos reflejos, entre los órganos de la Administración reguladores y las propias empresas, propios de otras épocas y de fórmulas de relación que no tienen que ver con la que debe existir entre los agentes privados y la Administración.

Un ejemplo, es la propia fórmula de cambiar al presidente, cosa que ocurre con mayor frecuencia cuando hay cambio de partido en el poder, que cuando lo deciden los propios accionistas. Este es un hecho que, cuando se valora en términos de favoritismo y prebenda parece que debe cortocircuitar la capacidad de crítica de la empresa y del nombrado, para garantizar su continuidad y el favor del que le elige. Si no actúa así, el crujir de dientes y el arrastrar de cadenas le perseguirán eternamente.

Así, Red Eléctrica, además de protagonizar la elaboración del informe-ariete contra Iberdrola a las órdenes del Ministerio de Industria, tiene dibujado un escenario difícil de necesidad de crecimiento intenso en la inversión en redes de transporte, para poder acompañar el paso al crecimiento de la oferta de generación y de la demanda de consumo. A cambio, parece que las únicas propuestas que encontramos es la promoción de su conversión en transportista único y la creciente influencia en ámbitos regulatorios, condicionando las decisiones de la Administración en este sentido. Sin dudar de las cualidades profesionales y personales del actual presidente, Luis Atienza (que todo el mundo reconoce y valora), parece que la relación entre una estructura muy fuerte y los aparatos del propio Ministerio, hacen que estas vinculaciones influyan de manera notable en el comportamiento del regulador.

Aún así, parece que hay vida. Por ejemplo, el nombramiento de Antoni Llardén (que ha estado no exento de su correspondiente polémica) parece que puede haber insuflado aire fresco en la relación entre la empresa titular de las redes gasistas Enagás y el regulador. De hecho, Enagás acaba de protagonizar una discrepancia con la Comisión Nacional de Energía, y como hecho adicional, haciendo un diagnóstico certero de la necesidad de inversión en redes gasistas, su primera comparencia ha sido para presentar un plan estratégico e inversor fuertemente ambicioso, que interconexione los actuales gaseoductos y dé respuesta a las necesidades derivadas de las nuevas regasificadoras.

A muchos extraña que pueda existir un enfrentamiento entre las empresas privadas y el regulador y que éste se dedique a hacer lo que debe hacer como empresa. Pero debemos instalarnos en la normalidad institucional. Que los reguladores puedan ejercer de reguladores y las empresas no suplanten a los mismos. Que los reguladores no interfieran en la vida económica y la propiedad de las empresas. Que las empresas privadas se dediquen a la provisión y suministro de sus actividades para maximizar, sus valor sus beneficios y el de sus clientes.

Parece sencillo, pero no lo es. Esperemos que cunda el ejemplo.