La polémica aparecida en torno a las facturas eléctricas y que fue denunciada por las asociaciones de consumidores empieza a dar sus frutos en forma de normalización de su tono y esclarecimiento de su contenido, de forma que empieza a sofocarse esa tendencia al “escándalo”, modelo incendiario con la que comenzó.

En primer lugar, parece que demasiados ingredientes se han combinado en un “cocktail” de consecuencias impredecibles: un cambio en la estructura de la tarifa eléctrica que afecta a las tarifas de acceso, al componente progresivo en términos de consumo, la materialización de los efectos (ya anunciados) de la reforma de la tarifa nocturna por la tarifa de discriminación horaria (una de las últimas actuaciones promovidas por el anterior Secretario General de Energía), además del aumento de consumo por un invierno más crudo, junto con el paso a la facturación mensual con lecturas bimensuales. Al mismo tiempo la liberalización operada (necesaria, pero poco explicada) en las tarifas empresariales había ya conformado un escenario de opinión sobre la elevación del precio de la luz que tenía la virtualidad de comportarse como un modelo “mancha de aceite” para la opinión pública.

Todas estas cuestiones se dejaron en un punto de cocción suficiente como para que en tiempos de descreimiento se produjera un cierto “clima social” contra los entes que remiten las facturas a los usuarios, es decir, contra las empresas. No servían las explicaciones de que esto de la tarifa, incluso lo de la facturación, está fuertemente regulado en nuestro país. Seguramente que, como en todos los procesos, hay errores, pero con independencia de ejemplos puntuales, todos los elementos anteriores dibujan el grueso de las causas de la elevación de la factura que reciben los clientes.

Seguramente que una polémica de estas características, al calor de las negociaciones para eliminar el déficit tarifario, también tiene su rentabilidad, dado que el común de los mortales no entiende que la tarifa eléctrica sea insuficiente para cubrir sus costes, no entiende que exista un desfase (el déficit tarifario), no entiende que las empresas en ese escenario no aumenten sus ingresos por la elevación de la tarifa y, además, considera que las empresas no deben tener beneficios (sin medir su comparabilidad con otros sectores, si estos beneficios se producen en el mercado interior o exterior, etc…) y que tienen que invertir por el “buen rollito”, no por el cálculo de retorno de la inversión. Eso es lo que tenemos.

Al mismo tiempo, esto ha servido para que desde ciertas instancias se reclame la existencia de un organismo de protección del consumidor en materia exclusiva de electricidad. Acerca de la existencia de este mecanismo, hemos tenido distintas variantes, desde la reclamación de una entidad diferenciada (otro organismo) al intento de emular la existencia de organismos existentes en otros países (con otras regulaciones y otros problemas). Incluso se ha especulado con la posibilidad de que estas funciones se incluyan en la actividad de la Oficina de Cambio de Suministrador, cuestión que ha sido esclarecida y descartada.

Al final, Industria parece que ha optado por algo lógico, a la vista de los hechos. Primero, anunciar (o mejor dicho certificar) la inclusión de estas funciones en la acción de la Comisión Nacional de Energía, sin más presupuesto ni más estructura “militar” integrada en el organismo regulador, cuyos presupuestos se han recortado este año dada la “liberalidad” observada de su ejecución. En todo caso, ha servido para que la CNE y alguno de sus almuecines adquiera un tono de defensa del consumidor inusitado que bienvenido sea, aunque de una forma tan oportuna, dado que el Pisuerga pasa por Valladolid y la renovación del organismo está en el horizonte.

Por otro lado, ha terminado por aparecer el tema de fondo: la retribución de la distribución. Porque uno de los problemas es “que la factura pasará a ser mensual” pero las lecturas son bimensuales. Resulta que el cambio de modelo de facturación (con sus costes) no ha tenido reflejo en el modelo de retribución de la distribución. Es decir, que se prevé que se facture mensualmente pero no se prevén los costes necesarios de aumentar el número de lecturas, ni se prevé que esas lecturas sean mensuales. Eso es lo que vino a decir el Secretario General de Energía en su comparecencia el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados en donde también excluyó la existencia de intereses de las eléctricas en los problemas aparecidos en la facturación. Bien está lo que bien acaba.

Y eso que ni siquiera hemos acabado con el déficit tarifario.

Uno de los “objetos imposibles” de nuestra política interna es Magdalena Álvarez («antes partía que doblá») que hace unos días volvió por sus fueros a la hora de “dar explicaciones” (por llamarlo de alguna manera) al caos producido durante las fuertes nevadas de principios de mes en Madrid. Hay que tener claro que Maleni es símbolo de garantía de espectáculo, en primer lugar, de una respuesta desabrida, desairada y desafiante (la arrogancia del que sabe que tiene un salvoconducto que la tiene instalada en un Ministerio clave). También es cierto que es un personaje que a los medios siempre ofrece una parte divertida, aunque sólo sea por lo inexplicable de que podamos asistir a “explicaciones” de este tipo en un representante del Gobierno, con todo lo que tendría que significar en términos de respetabilidad y pudor para una institución del Estado como es el Ejecutivo.

Un día más tarde y con mucho menos gracejo, Maite Costa intervino en el Forum Nueva Economía para hablar de la crisis económica y la energía, una especie de prolongación de la sesión que tuvo lugar recientemente en la CNE en la que intervinieron Guillermo de la Dehesa y Emilio Ontiveros. Fiel a sus costumbres, también Maite Costa no dio lugar a la sorpresa, con una conferencia con argumentos muy académicos, leídos y desgranados con poca matización vocal. Las fotos del efecto plúmbeo de la conferencia del diario gratuito Negocios son impagables (a Maite Costa su tono de voz no le acompaña). En su intervención, se combinaron los elementos básicos que configuran su papel en el sector energético actual: su condición de exparlamentaria, de académica, su desubicación temporal procedente del momento en que el PSC “ocupaba” todos los puestos en la administración energética española (Ministerio de Industria, Secretaria General de Energía y CNE) para intentar “influir en Madrid” en los momentos de la reorganización corporativa energética.

Generalmente, estos desayunos se perfilan con un objetivo de comunicación para el interviniente. Suelen provocar con ello expectación y sus declaraciones, si están bien pensadas, argumento informativo para los medios de comunicación en los dos o tres días siguientes y en alguno de los análisis de fondo. Si hacemos esa prueba del nueve a la intervención de Maite Costa, nos encontramos con muy poca. ¿Y por qué? Porque la presidenta de la CNE en cualquier tema de carácter más o menos actual, relevante en el sector energético o más o menos generador de debate, fue tan cauta que se escapaba a las preguntas, hacía formulaciones completamente reversibles, huía como del agua escaldada de cualquier tema polémico, como por ejemplo la energía nuclear. O hacía declaraciones genéricas en torno a la resolución del déficit tarifario. A la pregunta de si el Estado debe avalar como deuda pública la titulización de esta deuda con las empresas, se mostraba a favor tímidamente (con los resultados de las subastas realizadas por la CNE como para no estarlo, siendo parte del problema y ejerciendo a la vez de agitación de la deuda pendiente de liquidación)… Sólo respondió que a esto se debe buscar una solución a tres bandas “Administración, empresas y consumidores”. De manual de retórica política, pero no de regulador. Fíjense en el papel del actual presidente de la CMT o de la CNC y la visión y conocimiento que trasladan hacia la sociedad de su papel.

Maite Costa «esponsorizada» por Luis Atienza

En lo único en lo que se acercó a decir algo era en la obviedad de que la compra del 25% de Endesa por Enel no tendría que ser revisada nuevamente por la CNE o no tenía riesgos a las seguridad de suministro (el ejercicio de la función 14 rediviva tan emocionante siempre). Era una cuestión que el organismo ya había estudiado y analizado en su momento e incluso había anticipado que su desenlace sería éste, a través del propio Informe que emitió la CNE.

En torno a la renovación del organismo, afirmó que ella sabía tanto como el resto de los ciudadanos, además de decir que está cómoda con este Consejo de Administración. Lo cual seguramente es verdad, a la vez que es paradójico y lo cual señala con todas las letras la desvinculación de Costa con el actual Ministerio de Industria. No tanto, con Luis Atienza, presidente de una empresa privada (y regulada), que esponsorizó el acto, por cierto.

Evidentemente, el objetivo de este desayuno para la presidenta de la Comisión Nacional de Energía actual, Maite Costa, era recordarnos que ella está ahí, pasar de la opacidad de una agenda en el sector energético desfavorable (sólo interrumpida por la acción investigadora febril y federal de la CNE concentrada en las energías renovables, anunciada a bombo y platillo y sin evidencias sólidas y resultados) en un momento en que el torrente en el que puede desembocar la reorganización / refundación del organismo no nos permite ver el alcance final de la misma, máxime cuando se está poniendo al descubierto el desprestigio completo del organismo ganado a pulso en los asuntos gestionados en este período.

Hubiera faltado al menos un trabalenguas como el que hizo sobre las predicciones el día anterior Magdalena Alvarez. Para los demás, para los asistentes, no hubo sorpresas, pero el objetivo de comunicación era totalmente prescindible. A la vista está.

El pasado viernes, Miguel Ángel Aguilar en el rotativo económico Cinco Días volvió a reincidir en la cuestión de la subida de la luz («Sobre la subida de la luz»), como argumento opinativo continuado del periodista madrileño en su columna semanal (en la que la electricidad es ya la columna vertebral) de los viernes. Aguilar “canta la gallina” simplemente por el enunciado de sus argumentos, alineados con unos principios intervencionistas, regresivos en el desarrollo de la liberalización del sector eléctrico (que tanta inversión y mejora del funcionamiento sectorial ha traído, con independencia de lo que resta).

En primer lugar, Aguilar vuelve a exonerar a la Comisión Nacional de Energía de haber provocado un importante terremoto político, con su propuesta de subir las tarifas de un 30 % en un informe construido para dar pie al argumento de que el organismo, en su limitación y pobreza franciscana, no podía hacer otra cosa que señalar esta diferencia entre la tarifa y los costes de la energía, evidenciarla y trasladar al Ministerio una patata caliente. Si no fuera por eso, la CNE, podría dedicarse (según esta teoría) a proponer “cambios en el mercado eléctrico” más que a ejercer de regulador independiente y supervisor, evitando estudiar, gestionar y plantear un escenario tarifario razonable y razonado de cara a la liberalización, misión que es la que realmente le reconoce la legislación a la CNE. Y la que, por otra parte, le recuerda Industria por carta y que “desobedece” en ese momento sin ambages pero que defiende con la demagogia.

En esto, y con el fin nada más que didáctico de esclarecer esta disquisición, cabe destacar que el R.D. 871/2007 establece que la CNE debe enviar una propuesta de revisión de las tarifas eléctricas, junto con la memoria explicativa que detalle los supuestos, previsiones y cálculos utilizados. El propio Ministerio de Industria había requerido por escrito previamente al organismo que “las propuestas de revisión de gas y electricidad que deben plantearse concretando los cálculos para el escenario más adecuado o probable, determinando para cada tramo tarifario una cuantía única y concreta de las revisiones que proponga” (sic). La revisión que en su momento hizo la CNE era simplemente un ejercicio aritmético de determinación del desfase tarifario existente para acabar con el de golpe, con una estimación de demanda, acoplada a una previsión creciente del PIB para 2009.

¿A qué se debe este amancebamiento de intereses relativos a la justificación “non petita” y sin embargo completamente “manifiesta” sobre los poderes de la CNE en materia tarifaria? ¿A qué se debe este argumento gregario?. A la necesidad de atemorizar con la subida de precios de la electricidad (desfasada en España por circunstancias políticas de sobra conocidas y por el incremento de las materias primas energéticas) y dar pie nuevamente a exponer el sempiterno tema de los costes y precios, para proponer volver a una regulación de costes, de vuelta a la España profunda, devota de Frascuelo y de María.

El objetivo es generar una sombra de duda sobre la existencia de un mercado eléctrico en el que se negocia diariamente el precio de la energía, en función de la oferta y la demanda (por cierto, ahora con los precios del kilowatio en picado por la caída de la demanda por la crisis y manteniendo una tendencia y una referencia muy semejante a la de toda Europa). Es un nuevo ejercicio en que el colectivo de retroprogresvos aparece en su acecho constante al mercado eléctrico, dado que buscan que la “no evolución” de los precios sea fija, inmutable, establecida administrativamente por tecnología, de forma que a modo de ley del embudo, las tecnologías teóricamente más baratas (con papeles en el mercado en términos de punta o de base y aprovechamientos diferentes) se sometan a un ejercicio de justicia distributiva, sin que se sea capaz de apreciar los beneficios conjuntos de que el precio medio ajuste y mejore la eficiencia de las empresas y de contar con mayor capacidad instalada. Recordemos que, el Informe sobre Costes y Precios, blandiendo estimaciones académicas y sin contar con datos económicos en sus supuestos, en ningún caso buscaba bajar el precio de la electricidad en España, sino la redistribución de la renta en función de los tipos de instalación de generación.

El segundo es el argumento del túnel del tiempo (Enric Juliana hacía un juego muy divertido a cuenta de la novela de Mark Twain, «Un yanqui en la Corte del Rey Arturo» para ejemplificar el equívoco en la utilización de los mandos de la máquina por parte del diputado Tardá de Esquerra Republicana y sus declaraciones antiborbónicas), para situarse en la realidad tranquilizadoramente tardofranquista del MLE, sin pedir extinción del Régimen con tromboflebitis y todo. El nombrar, renombrar y recordar el Marco Legal Estable del sector eléctrico afortunadamente en el recuerdo. El Marco Legal Estable, una especie de “retorno al pasado”, una antiliberalización, un modelo antimercado siempre disponible entre ese conjunto de “intelectuales” retroprogresivos en un cajón de la mesa. Un grupo renuente a los cambios, incluso a las directrices que emanan de la Unión Europea, de las tendencias de los mercados y en los sectores energéticos. Pero, al fin y al cabo, supone obviar la existencia de los mercados como mecanismo de eficiencia e inversión, y sea la santa retribución a modo de diezmo inverso. Una cosa moderna. La cosa es sencilla, la Administración, el Ejecutivo de turno, reconoce los gastos de las industrias y pone una tasa de beneficio que fija graciosamente o por la vía de las influencias sobre el regulador. Para ello, lo mejor es ser ineficiente y que esa ineficiencia que también la retribuya el Estado con su beneficio y la paguen, españoles todos. Qué tiempos y qué anhelos.

Y, en definitiva, finalmente, queda la propuesta de lectura del Libro Blanco de la Electricidad en España, de clara factura universitaria y académica (como los supuestos del Informe de Costes y Precios), como propuesta orientativa de lo que debería ser la reforma del sector o como libro de cabecera del futuro del sector energético. Algo que, evidentemente, el propio periodista no ha hecho, sino que lo conoce por referencias (lo que, al menos en este caso, es completamente razonable). El problema es que el Libro Blanco estaba construido de espaldas a la realidad de los mercados, desde la existencia del “poder de mercado” de las empresas eléctricas y, por ello, su principal problema gravita en que realiza sus supuestos partiendo de seis años atrás en las cuotas de mercado de las empresas, lo que lleva a conclusiones desafortunadas y a las consecuencias regulatorias que dio lugar en la anterior legislatura. Probablemente, por el Libro Blanco, hoy ya ha pasado el tiempo, pero mucho tiempo.

Todo ello con un trasfondo maniqueo de las empresas que per sé son malas y pretenden tener resultados económicos de su actividad empresarial, qué osadía. En una vuelta a un cierto pijoizquierdismo, por que ya la izquierda europea y la socialdemocracia se apearon de estos mecanismos burdos de pensamiento. Es ahí donde se unen los extremos, donde el falangismo que convenció a los españoles de que mejor que los mercados, es mejor que exista una instancia superior se ocuparía de la distribución de justicia, uniendo socialismo y divinidad. El Movimiento. El Marco Legal Estable.

Vamos que cantan la gallina.