El Consejo de la CNE, entre las ecuaciones y la ideología

La trinchera existente en la Comisión Nacional de Energía en torno al cuestionamiento del mercado eléctrico, cebado con enorme densidad por determinados Consejeros y, como gran novedad, por su Presidenta Maite Costa, nos devuelve a un modelo basado en el marco legal estable, con consecuencias temerarias parar el futuro y para la inversión. Trinchera que se alimenta por la propia situación de interinidad del organismo y que se precipita hacia el esperpento.

En este sentido, lo primero que se puede apuntar, que en todo este asunto se podría identificar la existencia de una estrategia (más o menos burda, más o menos ‘naif’) en el bochornoso circo montado alrededor de la a pseudopropuesta de tarifas del 31 %. El circo consistía en montar este escándalo mediático y, con posterioridad, ofrecer en bandeja de plata la intervención, la vuelta atrás, la quiebra con el funcionamiento del mercado, el abandono de las Directivas de la Unión Europea, la satanización de la energía nuclear y la hidráulica, el Informe de Costes y Precios, como herramienta para presuntamente bajar los precios de la electricidad en el mercado mayorista (por cierto, semejantes en nuestro caso a los europeos desde su puesta en funcionamiento y por cierto, el informe no persigue bajar los precios de la enegía, solo quiere “justicia redistributiva”), las medidas de excepcionalidad regulatoria y colocar a Industria encima del tigre para que no se pueda bajar. Seguramente, con lo que no contaban es que cualquier explicación posterior al escándalo es inútil, como inútil (incluso contraproducente) es el informe que se ha remitido desde la CNE al gobierno.

Consecuencia, los tres consejeros y su Presidenta, afean al propio gobierno que tenga que moverse en el terreno de la ortodoxia y el organismo se queda como defensora de las causas imposibles, contra el ordenamiento legal europeo y español (¿su misión no era la contraria, por cierto?, o es que tantos años de regulación ad libitum siguen dejando huella en la forma de actuar en este sector)

La cuestión no es ya el Informe sobre Precios y Costes, (manipulado, distorsionado, que obvia información sobre inversiones de las instalaciones, sobre los criterios contables y de amortización y hace supuestos de pizarra: sin contar con costes de mantenimiento, nuevas inversiones e incluso afirmando que no pagan CO2 cuando se ha detraído a pachas entre todos), es si lo que se pretende es sustituir el funcionamiento de un mercado (como todos los mercados, marginalista) por un mecanismo basado en la intervención directa. Falta seriedad, falta rigor, sobra oportunismo y argumentos demagógicos.

Es soñar con unas empresas cuya función sea la de ser titular de unos activos que generan energía a sueldo, lo que aboca a modelos ineficientes. A la vuelta al añorado marco legal estable. A que la tarifa soporte la gestión que incrementa costes para que se retribuyan “convenientemente”, como es justo y necesario. Que compra coches a todos los directivos (porque paga la casa, la tarifa) o que pone peces caros en las peceras institucionales. Que no repara en gastos y por ello nos cuesta más a todos. La competitividad y el mercado abarata los precios y genera, si funciona bien, el círculo de nueva inversión, lo que ha permitido a nuestro país instalar más de 23.000 MW en los últimos años. Lo otro, ya saben, sujeto a decisión administrativa permanente y a sus devaneos.

Por ello, la crítica al mercado y a la marginalidad del mismo, por tanto, es completamente atávica y cala en tiempos de crisis, fruto de la baja cultura económica existente. A nadie se le ocurre acudir a una tienda y adquirir cualquier producto preguntando ¿Cuál es el precio de esto? ¿Cuál es el coste? Pues entonces le pago lo que cuesta más el 7 %. Pues fíjense en esa pregunta si se la dirige usted a su enchufe: ¿Cuánto ha costado fabricar este kilowatio? ¿y transportarlo? ¿de dónde vienes, compañero? ¿eres nuclear? ¿eres eólico? ¿eres hidráulico?

El problema para la CNE, además, si atendemos al contenido y literalidad de la norma, es si que puede y si debe elaborar una propuesta de tarifas incluso por tramos. Además se la ha pedido expresamente el Ministerio de Industria. Se ha desvelado pese a los intentos denodados por manipular el contenido de la norma y de la obligación y su presentación llena de justificaciones injustificadas. Pero la CNE se ampara en que se dedica únicamente a aplicar las ecuaciones y en esa aplicación torticera de la legalidad vigente elaborar informes que cuestionan la legalidad vigente, el modelo que puedan inspirar proyectos legales alternativos suplantando los papeles del regulador principal y de la iniciativa parlamentaria. Doble personalidad: respetar la legalidad vigente para no hacer propuesta de tarifas e intentar abolir la legalidad vigente con los Informes. Que duro es esto.

Pero hay más allá de las razones legales jurídicas. Es preciso tener en cuenta que nadie, ningún inversor, podría confiar en un país en que al frente de sus órganos reguladores que tienen que aplicar una normativa y un modelo, estén al frente los que están ¡en contra el modelo! Como poner a la zorra a cuidar a las gallinas. Un modelo basado en un ‘sindios’ de comandantines. Es hora de abordar los problemas con soluciones acordes con nuestro marco jurídico, con nuestro entorno europeo, con estabilidad regulatoria. No es momento de promover la revolución soviética y que al final la CNE se configure en el Soviet Supremo En este estado, no es aventurado lógicamente, pedir que se disuelva el Consejo de la CNE.