En el limbo regulatorio

Un comentario de urgencia respecto de la resolución por parte del Tribunal de las Comunidades Europeas contra el Gobierno español, lo podemos calificar de un torpedo al Gobierno, un importante revolcón. Hay que señalar, pese a la extraña situación que vive el organismo, que el varapalo quien lo provoca, quien lo recibe y quien tiene la responsabilidad política es el gobierno.

Repasemos. El gobierno decide modificar la denominada función 14, un instrumento que estaba incorporado en nuestro ordenamiento jurídico en el que el órgano regulador independiente, tenía que emitir su posicionamiento respecto de aquellas operaciones que se producen en el sector energético en atención a la denominada ‘seguridad de suministro’. Dicha formulación, era lo suficientemente precisa y razonable, de forma que no permitía el comportamiento arbitrario del regulador. Era una función ejecutiva, concreta y definida en esta configuración para la CNE.

Pero se pone en marcha el culebrón referido a las sucesivas OPAS sobre Endesa, y en el momento, en el que el grupo alemán E.ON anuncia su interés por entrar en liza en la operación, el gobierno decide reformar la función 14. Y, la reforma, sigue dejando una función ejecutiva, a la vez que interpretativa, de tal modo que su formulación incorporaba un importante grado de ambigüedad (nunca mejor dicho que calculada), y que algunos expertos y juristas la calificaban de “metafísica” y de un “engendro”. Un engendro necesario.

Primera consecuencia de una actuación tan oportunista: Que ahora nos quedamos sin la primera formulación: más estable y no cuestionada, y sin la segunda: por el afán de instrumentación de los órganos independientes. Que el gobierno tiene que decir que “Europa tendrá que señalar cual es el marco de regulación energética de cada país”. Un escapismo clásico. Detrás de la consecuencia, llega su corolario y la propuesta de que el gobierno piense más de una vez, de dos y de tres, su acción regulatoria porque estamos muy acostumbrados a una regulación oportunista, poco meditada y que es fuente de inseguridad jurídica, litigiosidad e inestabilidad (además de reductos de la bendita arbitrariedad deseada desde los ámbitos políticos. En cuestiones de economía, de mercado, de libertad empresarial, esa posición no es sino una pesada rémora. Pan para hoy, hambruna para mañana.

Segunda consecuencia. La Comisión se ha quedado tras la sentencia, además de desprestigiada (por méritos propios, de sus Informes, de su separación de su papel de garante del mercado y de la legalidad) y sin credibilidad, sin funciones ejecutivas (le quedan sus funciones consultivas y de corte administrativo, liquidatorio e inspector). Lo que pasa es que las funciones consultivas sin credibilidad, es como la dualidad para la discusión, sobre si honra sin barcos o barcos sin honra. Además prorrogada en su composición, en el limbo de la estructura del Estado. En términos taurinos, a la Comisión le han sacado los cabestros.

Tercera y última consecuencia. La de medio plazo. La de la pérdida de credibilidad interior y exterior de nuestro país en el exterior de cara a la inversión y a un comportamiento neutral de las estructuras del estado y del gobierno respecto a la actividad empresarial. La quiebra del estado de derecho en un tema probablemente menos llamativo para la ciudadanía, pero muy importante en lo que se refiere a la confianza empresarial. Un resultado nefasto, del que seguramente, nos costará recuperarnos. Esperemos, que fuera de la retórica política, aprendamos la lección.