Como pudimos conocer, el pasado viernes por la mañana en Consejo de Ministros no fue aprobada la reforma del R.D. 436/2004 que regula las energías renovables y en régimen especial. Una situación que se viene repitiendo, en las distintas convocatorias de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos y del Ejecutivo, desde que el Consejo de Estado emitiera su dictamen, sobre la propuesta de Real Decreto elaborada por Industria.

Tal y como avanzamos, la aprobación de este Real Decreto parece que se va a postergar muy probablemente, hasta después de las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo. Desde el ejecutivo, tal y como se ha informado en distintos medios de comunicación se ha conjurado para evitar los ‘posibles’ ruidos que pudieran entorpecer y dificultar el resultado de esta convocatoria electoral. Es preciso recordar la posición contraria de las Comunidades Autónomas expresada por estas Administraciones, en la Comisión Nacional de Energía a través del Consejo Consultivo de la Electricidad, ante la propuesta de este Real Decreto. Esta posición se recoge fehacientemente en los informes de los órganos colegiados, Comisión Nacional de Energía y Consejo de Estado.

Por otra parte, la asimetría entre las Comunidades que pueden verse perjudicadas por esta normativa (Galicia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Navarra y Andalucía) al tener un parque importante instalado de energía eólica, frente a las que no tendrían efecto (Cataluña, Comunidad de Madrid), podría agitar aún más las corrientes ocultas alrededor de esta propuesta del Ministerio que dirige Joan Clos. Como se puede apreciar, el impacto y el «no impacto», se distribuye entre Comunidades de distintos (y variados, incluyendo coaliciones de gobierno) signos políticos.

Su propio aplazamiento supone asumir la realidad de todas las críticas vertidas tanto a la propuesta de Real Decreto elaborada por la Secretaria General de Energía, como el proceso negociador y el ‘talante’ de Ignasi Nieto durante el mismo. De hecho, es preciso reconocer que hasta el Plan de Energías Renovables 2005-2010 elaborado en la época del Ministro Montilla, reconoce las bondades del R.D. 436/2004, en el impulso de las energías renovables en España, de forma que lo que hay que hacer cuando algo ser reconoce como positivo, es cambiarlo para que, al menos hablen de uno. Lo que más valora, es la estabilidad regulatoria, como valor que ha impulsado la iniciativa de las empresas y justo lo contrario que promueve esta reforma. De hecho, en algunos ambientes se tilda la propuesta Nieto de reforma de las renovables de ‘contrarreforma’, más que de reforma (dado el tinte luterano que ha adquirido).

Al parecer, y según fuentes cercanas y conocedoras de todo el proceso, ha sido un proyecto en el que ha tenido un componente de impronta personal muy importante y en el que se vierten el objetivo de poder modular cada año la retribución de este sector, impidiendo el cálculo económico a largo plazo, piedra angular de la acción regulatoria desde que entró el último equipo en Industria. Algo parecido, está detrás de los datos que avalan la propuesta, la elección cuidadosa del período de mayor precio de la energía en el ‘pool’ para justificar estos recortes y presentar las peticiones como desmedidas.

Sin respuestas ante las propuestas de estabilidad del sector

Por otra parte, y siguiendo el monitor de todo el proceso, de las ultimas propuestas que el propio sector ha elaborado, ofreciendo reducir la retribución futura, asegurando estabilidad regulatoria frente a la arbitrariedad y la retroactividad que parecen presidir el Real Decreto, no ha habido contestación alguna por parte del Ministerio. Si cabe, la afirmación cada vez más taxativa de que no habrá más negociaciones. ¿Habrá corrientes ocultas (sensatas), por debajo de la mesa, en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, a través de las Comunidades Autónomas, que puedan influir en hacer razonable esta contrarreforma? ¿Habrá cambios de ultima hora en la redacción final del Real Decreto?

¿Se confirma que se aprobará la “contrarreforma” tras las elecciones o será esta semana, por sorpresa?. Seguimos atentos a la pantalla.

Como hemos venido informando, el sector eólico también había solicitado la mediación del Presidente del Gobierno en el conflicto que mantiene abierto con el Ministerio de Industria y la Secretaria General de Energía. Al parecer la Oficina Económica del Gobierno habría rechazado reunirse con los representantes del sector eólico. Además, en este nuevo plazo abierto, también la Asociación Empresarial Eólica ha presentado tres propuestas que incluyen una rebaja de la retribución futura, pero que buscan promover la estabilidad regulatoria del sector, verdadero Talón de Aquiles de la propuesta de Nieto. En paralelo, se están comenzando a alzar voces desde las Comunidades Autónomas para criticar la reforma que prepara Industria.

Es razonable que el Gobierno no quiera escenificar públicamente la teoría del ‘ultimo recurso’, de forma que se pueda trazar la línea para muchos otros sectores económicos, que pueden ver una vía de acceso al Gobierno más directa que la propia del área implicada. Lo razonable es que, pese a los insistentes mensajes de Industria de que no es posible la negociación, el Gobierno vuelva a reconminar a los responsables ministeriales para que resuelvan con acuerdo de todos y atendiendo a las indicaciones de los órganos colegiados, Consejo de Estado y Comisión Nacional de Energía, al sentido común.

Desde el punto de vista político, Nieto ha llevado personalmente el proceso de reforma de las renovables. Y este enfrentamiento con el sector de las energías limpias ya lo tiene marcado definitivamente, como reconocen en privado fuentes cercanas al Ministerio de Industria. Sus intervenciones en público en el Senado y ante los medios de comunicación, tal como ha conducido las negociaciones en un proceso que casi adquiere tintes psicológicos de ejercicio de poder, la manipulación regulatoria de los acuerdos con el sector eólico, y de las propias indicaciones que tuvo de Moncloa, comienzan a asustar a los sectores catalanistas del sector la energía, que ven como, lejos de ser su hombre de confianza, no hace, junto con Maite Costa en la CNE, más que complicar las cosas. Las consecuencias de este conflicto, tan extemporáneo y absurdo, evidentemente alcanzarán a medio plazo a Nieto, y quién sabe si también al propio Ministro, si no se descuelga a tiempo.

En todo caso, lo que está en cuestión es la razón económica y los mercados frente a la planificación. La determinación de un marco regulatorio, estable, conocido, predecible y seguro con el que los agentes económicos puedan tomar sus decisiones de inversión, contra la fijación de las rentabilidades, con la seguridad de que los agentes privados harán lo mismo que antes: invertir con independencia de la seguridad jurídica y de que la pueda variar cada año el responsable de energía de turno. Inseguridad jurídica frente a discrecionalidad y retroactividad regulatoria. El desarrollo de un sector líder e innovador tecnológicamente frente a intereses vs. la inconsciencia regulatoria de sus efectos. La claridad en el lanzamiento de mensajes para el desarrollo de las renovables frente a la precisión y manierismo regulatorio que obliga a los agentes económicos a investigar las trampas de cada párrafo de la ley. Las recomendaciones de organismos internacionales y de la Unión Europea, las propuestas y compromisos del Presidente del Gobierno en materia de impulso de las energías renovables y la estabilidad regulatoria frente a la visión de pensamiento rectilíneo, versión piñón fijo.

La negociación frente a la obstinación. La utilización de los datos parciales para justificar una propuesta frente a la ortodoxia de utilizar series más largas, acordes con el largo plazo de estas inversiones. La utilización de los medios de comunicación para responsabilizar a las energías limpias del déficit tarifario, frente a un análisis riguroso del mismo y de cómo incide en el ‘pool’ abaratando su precio medio. La necesidad de existencia de contrapoderes, coordinación legislativa y de mecanismos garantistas, como son los órganos colegiados, Comisión Nacional de Energía, Consejo de Estado, Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos frente al posicionamiento interino y unipersonal, de un cargo de segundo nivel jerárquico en un Ministerio.

Recientemente se han publicado varios artículos de opinión que han comenzado a presentar la situación actual y los problemas de las redes en el sector de la energía. Tres tienen su aparición en el dominical de negocios del diario ‘El País’, uno de Robert Tornabell, ex Decano de ESADE, otro de Luis Albentosa, Consejero de la Comisión Nacional de Energía, y el último, recién publicado el domingo pasado, del propio Luis Atienza, Presidente de Red Eléctrica. Este último, más o menos, procuraba contestar con una cierta retórica de ex – Ministro, experto en inauguraciones, el problema planteado por los dos anteriores.

En paralelo, en la prensa catalana se puede seguir con verdadera preocupación los escasos avances en la construcción de la línea de MAT (Muy Alta Tensión) entre Francia y España. Un proceso que, por cierto, si se sigue con detenimiento, puede llevar a la desesperación, ya que son continuas las idas y venidas, las múltiples alternativas y la escasa capacidad de resolución gestora de esta cuestión, que, desde hace más de cinco años, atenaza el desarrollo de las redes en esta Comunidad Autónoma, sin que se le vea una salida cercana.

En estos artículos (menos en el último de Luis Atienza) se ha puesto de manifiesto un problema de enorme calado con respecto a las redes de transporte eléctrico (y que también alcanza a las redes de transporte de gas): el insuficiente desarrollo de las redes en comparación con el crecimiento de la generación energética y del consumo, que evidencia su falta de respuesta ante la evolución y crecimiento de nuestro país. Y, al mismo tiempo, la propia respuesta legislativa que se está preparando al efecto o en paralelo: la consideración de Red Eléctrica como transportista único en virtud de la reforma de la Ley Eléctrica que se está tramitando actualmente en el Senado, lo que explica que las distribuidoras hayan vendido en tres años sus redes de transporte a Red Eléctrica. Una reforma que se realiza para adecuar la legislación española a la Directiva 2003/54/CE, pero que no exige la titularidad de la propiedad de la Red de Transporte.

Por su parte, Luis Atienza, justifica débilmente esta aspiración de ser transportista único, envolviéndose en un alegato (casi en plan karma) a favor de las renovables (paradójico, al menos, para las empresas titulares de los parques eólicos), por el comportamiento que hasta el momento tiene REE y por las dificultades que tienen las generadoras para la evacuación de la energía de estos parques (véase el Plan de Energías Renovables y el inventario de problemas para el desarrollo de la energía eólica).

Hasta el momento, las redes eléctricas no habían sido una cuestión que estuviera presente con asiduidad en los medios de comunicación. Las guerras por el control de las compañías eléctricas, las grandes operaciones o los cambios regulatorios han acaparado la mayor parte de las páginas cuando se referían a la energía. Lógicamente, las de este medio especializado, también. Pero la difusión de cuestiones de tan enorme importancia como los problemas con los que se encuentran varios grupos de generación eléctrica en Cartagena o en Arcos de la Frontera, o los asociados a la puesta en marcha del AVE en Cataluña o el acercamiento de suministro a los centros de consumo, hacen necesario que se lleve el foco de atención sobre esta cuestión. En las redes gasistas, algo parecido sucede con el reciente caso de Reganosa, con las conexiones de las redes de distribución de gas, o el gaseoducto Castellón-Chinchilla, permanentemente demorado.

Cada verano y cada invierno, en los momentos en que se producen los mayores picos de consumo (cuando más suben las temperaturas o cuando más bajan, cuando mayor nivel de actividad económica y es preciso la utilización de mayor número de aparatos eléctricos por los hogares), se recibe el aviso de que puede haber problemas de suministro de energía en determinadas zonas de nuestro país. Entre ellas, Levante, Cataluña, Andalucía, alguna de Canarias, etc… Y, paradójicamente, todas las miradas se dirigen hacia las compañías de distribución de energía de cada uno de estos territorios. Por otra parte, las compañías distribuidoras se enfrentan a las reclamaciones de los usuarios, de las corporaciones locales, de las Comunidades Autónomas. Si además deciden reforzar las redes de distribución, reciben también las reclamaciones, esta vez judiciales de la propia Red Eléctrica. Así, las empresas distribuidoras, que tienen clientes (antiguos abonados), perciben la presión directa para garantizar su nivel de suministro y, por ello, son tributarias de cómo se articule finalmente el transporte y la distribución de energía.

Sirva este asunto para situar el problema en el lugar que se merece de la actualidad, pues en los próximos días analizaremos las consecuencias de las previsiones legales de que Red Eléctrica se convierta en transportista único en virtud del cambio legislativo que se está realizando. Una cuestión en la que no hay, ciertamente, unanimidad por parte de los expertos, tal y como se aprecia en estos artículos recientemente publicados. También trataremos de explicar y dilucidar las implicaciones de una definición funcional de las redes o por tensión. Y, al mismo tiempo, identificaremos aquellos lugares de nuestro país con problemas de suministro y de evacuación de la energía.

(Otra cuestión que debe ser tratada es el papel y la posición del Gobierno, en este caso, del Ministerio de Industria y de la Secretaría General de Energía en el estado actual de las redes energéticas. En estos dos artículos se contiene una idea fuertemente subversiva: cómo Red Eléctrica, una empresa privada hoy, condiciona y suplanta al regulador, condicionando su actuación y haciendo que sus planificaciones adquieran rango de desarrollo reglamentario. Por eso quizás, a estos dos artículos quien contesta es Luis Atienza).

El escritor y dramaturgo rumano Eugéne Ionesco escribió a mediados del siglo pasado una hermosa pieza del teatro del absurdo titulada “El rinoceronte”. Es una obra cargada de simbolismo: la forma de propagarse el nazismo en Alemania. Más o menos la enseñanza se puede resumir así: algo que nos parece extraño, de repetirse muchas veces, pasa a parecernos frecuente y a partir de ahí puede convertirse en algo habitual, para instalarse finalmente en la normalidad de nuestros usos y costumbres. En la obra, los protagonistas empezaban a ver rinocerontes poco a poco, hasta que les parecía completamente normal verse rodeados de estos plantígrados.

Y todo esto viene al caso porque un titular del suplemento negocios de “El País”, decía recientemente, al referirse al plan estratégico de Enagás, para justificar el motivo por el que sus previsiones no seducían a los inversores en que no se despejaba el riesgo regulatorio alrededor de la compañía. Como si las empresas administradas pudieran hacer algo en este plano, más que sufrir las consecuencias de la regulación o de la acción directa del regulador. En este momento, el mercado recordaba la intervención del Ministerio de Industria, a través de la Secretaría General de Energía, recortando la retribución de los activos gasistas regulados a principio de año, lo que provocó un temblor en el valor más importante que el que recibieron empresas como Repsol cuando Hugo Chávez decidió nacionalizar los activos energéticos (las malas lenguas atribuían esta medida al hostigamiento al anterior presidente de la compañía, Antonio González Adalid).

El problema es que ya dentro de los análisis económicos y financieros de las publicaciones más serias hemos introducido el término ‘riesgo regulatorio’ con la más absoluta normalidad. Ya explica muchas situaciones y peligros de las empresas, y nos parece lógico que un regulador pueda alterar cada año las reglas de los mercados, modificando la retribución de activos que se instalan con mucho más tiempo de pervivencia como en el caso gasista, buscando la retroactividad o la arbitrariedad regulatoria como en el caso eólico (todavía en el horno), la liquidación del déficit tarifario de cada año, o el descuento de los derechos de emisión entregados a las eléctricas con criterios interpretabales, en último término.

Por el momento, ya nos parece normal que un Gobierno, un Ministerio y un Secretario General, ungidos del Boletín Oficial del Estado, ejerzan toda su potestad con absoluto desprecio a las leyes de los mercados financieros, a los inversores y a los accionistas. Es lo que se denomina adoptar una convención: los gobiernos están para campar a sus anchas, porque para esto están los votos cada cuatro años. El que venga detrás, que aprenda para cuando le toque.

Todo ello, sin intentar valorar lo que significa para los análisis que se realizan de la economía de un país (lo que se denomina en terminología de inversión exterior y comercio internacional, riesgo-país), por ejemplo, que aumente el riesgo regulatorio. Es decir, que nos podemos precipitar hacia posiciones que ocupan países con mucha menor seguridad jurídica, debido a nuestros usos y costumbres.

Y todo eso, para finalizar con la pléyade de mecanismos de intervención en los mercados, sin contar con una posibilidad adicional: la capacidad de intervenir muñendo alianzas empresariales o la posible intencionalidad, acción directa o indirecta para unir empresas (privadas, con sus accionistas y todo), venderlas, trocearlas o hacer cambiar sus presidentes y consejero delegado. En el caso que nos ocupa, por ejemplo, además de todo lo ocurrido en las ultimas operaciones en el sector, que se confirme esa operación ‘sotto voce’ de integrar Red Eléctrica y Enagás (que, como ya anticipamos en Energía diario, ya hay un banco de negocios trabajando en ello desde septiembre pasado).

Cada vez hay más rinocerontes.

Desde que se ha conocido el dictamen del Consejo de Estado sobre la reforma de las renovables a que se haya conocido que la Secretaria General de Energía daba por concluidas las negociaciones con el sector eólico ha pasado un tiempo casi infinitesimal, si incluimos este largo puente de mayo. Tal y como avanzaba ayer Energía Diario, Nieto se había planeado una solución que consistía en poner el turbo y apretar el acelerador para llevarse el gato al agua en la reforma de las renovables, introduciendo el menor número de modificaciones en su propuesta de Real Decreto, ni del informe contrario de la Comisión Nacional de Energía, ni de las graves carencias que señalaba el informe del Consejo de Estado, sobre garantía de potencia, ausencia de memoria económica, inexistencia de informes de Medio Ambiente y Economía, y atención de las indicaciones de la CNE. Caso omiso a las recomendaciones del órgano regulador y consultivo del gobierno.

Nieto, por tanto, va a enviar en breve y en este estado, con las negociaciones abiertas, el proyecto de real decreto a la Comisión de Subsecretarios, del mismo modo que utilizando la misma “tecnología regulatoria” que utilizó para aprobar las tarifas de los activos regulados gasistas, saltándose el dictamen de la Comisión Nacional de Energía, ‘corriendo’ medio punto la retribución de los activos e hizo caer en bolsa a Red Eléctrica y Enagás más de un 25 % de su valor, sin ningún rubor. El portazo de Ignasi Nieto ha encendido fuertemente los ánimos en el sector que tiene hoy previsto una conferencia de prensa con tal motivo.

Por lo que se conoce de la negociación, siguen estando cuestiones pendientes muy importantes abiertas como son la formula de las actualizaciones de la retribución, el tratamiento de la actualización de las primas, primas y complementos y la garantía de potencia. Todo ello, en línea con las pretensiones del actual Secretario General de Energía: ganar discrecionalidad (en realidad, arbitrariedad) para fijar en cada momento la retribución de forma unilateral, evitando fijar el necesario marco estable que permita realizar inversiones en este tipo de activos, cuya duración es superior a quince años.

Ignasi Nieto ‘anda suelto’

Ignasi Nieto ha mostrado durante todo el proceso de negociación con el sector eólico, tres constantes: una posición muy rígida e inflexible, la precisión y el dominio de las trampas regulatorias, que introduce en los mecanismos, las ecuaciones y los articulados y, finalmente la utilización de los datos que mejor resultan para sus posiciones, de forma que desoye todas las indicaciones del Consejo de Estado de remitirse al informe de la CNE o emplea para calcular la rentabilidad del sector, el período más alto de precios en el ‘pool’ (primer semestre del año pasado). Se culmina así, gracias a las habilidades, finuras y trampas regulatorias en los articulados, Nieto haya venido ‘pastoreando’ desde finales de marzo al sector eólico con un espejismo de negociación ficticia y casi teatral, según los propios participantes.

Al parecer lo que se conoce es que Clos ampara esta actuación mientras que no le suponga una violencia con Moncloa, una cuestión que ya sorteó el propio Nieto en la primera fase del proceso de la modificación de este Real Decreto, con el informe negativo de la Comisión Nacional de Energía y el escándalo abierto en un primer término. La solución de Nieto fue un conjunto de modificaciones que abrían cuestiones tan graves como en su primera redacción en términos de estabilidad regulatoria. Así, lo que parece claro es que, dado lo complejo de la regulación, que los postulados políticos del gobierno en materia de renovables, los interpreta y afina regulatoriamente y ‘a su manera’ con muy pocos contrapesos, el Secretario General de Energía ‘anda suelto’.

Dada la importancia de la cuestión, no se trata en este caso de que haya una lucha entre las empresas de un sector, frente a un Secretario General de Energía, temerario y rebelde, como han querido retratar los medios afines, haciendo un flaco favor a las posiciones de poder del actual responsable de Energía. Se trata de la necesidad de que exista estabilidad regulatoria y no arbitrariedad para continuar avanzando en el aumento del parque de generación a través de renovables. Del mismo modo que hay que promover que exista un marco estable para las inversiones gasistas o para otro tipo de activos estratégicos regulados en el sector de la energía, como defendemos en nuestro ideario.

Hoy, España es un país que tiene un sector eólico muy importante (líderes en Europa y en el mundo), y que además genera innovación y tecnología en este terreno, expuesto al terror y riesgo regulatorio (una cuestión que en las comparativas internacionales de confianza de un país es muy peyorativo). De hecho, hasta el Plan de Energías Renovables 2005 alaba en su exposición de motivos el R.D. 436/2004 por lo que ha conseguido de desarrollo del sector gracias a la estabilidad regulatoria. Este nuevo paso, no va a aportar confianza a los operadores, ni a los mercados, ni la inversión en este sector (y lo que es peor, las señales que se envía de provisionalidad y la arbitrariedad jurídico).

Sería razonable que, alguien evitase males mayores, introdujera cordura y no se produjera una imprudencia de estas características por parte del Gobierno, de forma que se establecieran señales inequívocas de que es lo que quiere el ejecutivo en materia de energías renovables, evitando las actuaciones individuales y el manierismo regulatorio interesado.