El actual Consejero Delegado del Grupo ACS, Florentino Pérez visitó en dos ocasiones la Comisión Nacional de Energía durante el mes de febrero. La primera a mediados del de mes el 13 de febrero y la última el pasado miércoles 28, según han informado fuentes cercanas al organismo regulador.

La visita no tuvo carácter de oficial, e incluso la última tuvo lugar bien avanzada la tarde, casi de noche. La Comisión Nacional de Energía decidió en el mes de febrero sobre el ejercicio de derechos políticos de ACS en Iberdrola y Unión Fenosa simultáneamente, en un debate que tuvo sucesivos aplazamientos debido a la prolongación del período de las deliberaciones del consejo en torno a la reforma del decreto 436/2004 que regula las renovables.

Así, el consejo de administración de la Comisión Nacional de Energía aprobó el pasado 15 de febrero, con ocho votos a favor y una en contra que ACS pueda ejercer derechos políticos tanto en Unión Fenosa como en Iberdrola. En ese sentido, y según la resolución del Consejo de Administración de la CNE, ACS podrá estar presente en los dos consejos indistintamente, bien con la designación de consejeros dominicales o participando en el nombramiento de consejeros ‘independientes’.

‘Doctrina ACS’

En este sentido, el Consejo de la CNE, actuó de forma diferente que en ocasiones anteriores, en lo que ya se ha venido a denominar ‘doctrina ACS’ y que también se está esgrimiendo de cara a la compra de Enel en Endesa, dada su participación en Viesgo. En este sentido, la CNE había sido contraria en otras ocasiones a que un mismo grupo pudiera ejercer derechos en dos operadores principales y, cuando se producía los limitaba los mismos en sus resoluciones a otorgar capacidad de actuación y de voto para la aprobación de cuentas de resultados, aprobación del informe de gestión y la aprobación de la distribución de resultados. Nada más. No podían participar en el nombramiento de consejeros, ni equipo directivo y por otra parte, la utilización de una lista cerrada de posibilidades de actuación en su ámbito de decisión impedía cualquier tipo de ambigüedad al respecto de la interpretación realizada hasta el momento del Real Decreto sobre el control de los derechos políticos en dos o más operadores principales (art. 34.5 del Real Decreto-Ley 6/2000 de 23 de junio).

En su momento, el voto contrario a esta decisión de la Comisión por parte del consejero Luis Albentosa, se sustanció en un voto particular. También manifestaron matices a la decisión Jaime González y Sebastiá Ruscalleda. Por su parte Iberdrola, posteriormente ha solicitado al Ministerio de Industria que aclare la resolución del órgano regulador, y en concreto en lo que se refiere al nombramiento de consejeros y al ejercicio de los derechos de voto, los puntos más espinosos de la misma.

Venimos asistiendo en días pasados a una fuerte presión mediatica alrededor de Enagas y de su actual presidente Antonio González-Adalid. Resumiendo los hechos, se produce un cambio regulatorio promovido por la Secretaria General de Energía y el Ministerio de Industria que reduce los ingresos por las actividades reguladas que realiza la compañía Enagas. Resultado: un fuerte correctivo en las bolsas de los valores de la compañía: más del 18 % en diez días.

Se promulga la normativa definitiva y mejora algo la retribución de la compañía de redes de gas de nuestro país. Continua el correctivo para Enagas en bolsa y, en paralelo, empiezan a aparecer los rumores de sustitución de González Adalid. Muy bien informados, y siempre adelantándose a los acontecimientos, a través de Carmen Monforte, Cinco Días, distribuía en primera instancia la noticia, de la que en ediciones posteriores ya hablaba abiertamente, apuntando a la posible integración. Lo que si está claro es que el rotativo económico de PRISA vive una luna de miel con Industria desde el alineamiento de Clos, Nieto y Costa en el sector de la energía.

En estas que se empezaron a conocer nombres y las quinielas para sustituir al actual presidente de Enagas: Miguel Angel Lasheras y Antoni Llarden. Miguel Angel Lasheras por cuenta de Miguel Sebastián e Intermoney, influyente grupo financiero en esta Administración. Autor de un número importante de propuestas para la actual Administración es un hombre influyente para el sector de la energía en el equipo de Industria, bien es cierto, parece que tiene todas las cartas a su favor por esta vía. Por su parte, Antoni Llarden, un hombre de la cuerda de Narcís Serray Montilla, y con experiencia y aval de la patronal y empresas gasistas, parece un perfil mucho más adecuado, y según las informaciones del día de ayer, también de Cinco Días, parece que será lo solución definitiva.

Al mismo tiempo y según documentos y fuentes solventes a las que ha tenido acceso este medio, un importante banco de negocios internacional está trabajando activamente desde septiembre en el proceso de integración entre Red Eléctrica de España y Enagas, para crear un operador de redes integral semejante al portugués. El liderazgo estaría en la compañía que dirige Luis Atienza. Una operación, que a la vista de los ataques regulatorios a la gasista, puede salir mucho más barata de lo previsto inicialmente (la acción ha perdido tres euros en estas dos ultimas semanas) y, dependiendo del momento en el que ocurra, con el acoso a González-Adalid más o menos resuelto. Los primeros indicios señalan que la cacería parece que no va a ser excesivamente cruenta.

En estos primeros momentos del año, seguramente sería cuestión de reflexionar, cómo una empresa cuyos principales propietarios son accionistas privados puede verse politizada de esta forma. Y, como comportamientos de este tipo, que se han dado en esta Administración, eran criticados duramente en la Administración anterior (que también los hubo, como bien es sabido). Sería un ejercicio de madurez democrática y empresarial, dejar que los accionistas decidiesen sobre su destino, sus órganos de gobierno y su estrategia; que la estabilidad de las reglas del juego primase en las relaciones empresariales y con la administración pública, la buena regulación y la seguridad jurídica fuera el criterio de funcionamiento de los mercados, para evitar ahuyentar la inversión empresarial.

La actuación de la Administración no puede incorporar un grado tal de arbitrariedad que afecte a las inversiones necesarias en redes energéticas, de forma que se altere el valor de las acciones, o que se generen fuertes perjuicios sociales que provienen de un intervencionismo de intenciones dudosas. Lo siguiente será conceder estancos.

De lo que ha trascendió a los medios de comunicación del ultimo Comité Federal del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), parece que sin duda ha sido la intervención del ex ministro Carlos Solchaga. Parece ser que en su intervención tuvo un fuerte contenido de reproche a la política exterior del gobierno Zapatero, o mejor dicho, a lo que el ministro considera, ausencia de ella.

Bien es cierto, que la política exterior de este gobierno ha sido fuertemente contestada, no sólo por el ex ministro socialista, o por la oposición. En muchos ámbitos empresariales se ha considerado gratuito el grado de enfrentamiento con Estados Unidos, las declaraciones más que retóricas con Venezuela y Bolivia (y sus desmentidos y consecuencias sucesivas) o el papel en Oriente Medio, que no puede ser capital para los intereses españoles.

Solchaga sabe perfectamente la importancia que tiene la política exterior, en la consecución de los objetivos en combinación con los intereses económicos de un país (fíjense como ahora no han dolido prendas en atender al dictador guineano Teodoro Obiang, una vez que se sabe de su potencial reserva de crudo). En este sentido, la experiencia del navarro, es evidente y conocedora de todas estas implicaciones.

Enfado creciente en el PSOE

Buen negociador latino, Solchaga conoce como nadie las fórmulas para desbloquear una situación, introduciendo confianza entre las partes, y la necesidad de ofrecer un comportamiento coherente y racional (lo que no quiere decir retratarse en las Azores) en la política exterior y su vinculación a los intereses empresariales.

Al mismo tiempo, se conoce de lo errático que ha venido comportándose el gobierno durante el proceso de la OPA a E.ON., proceso en el que evidentemente no está ajeno el ex ministro Solchaga. De hecho, varias veces se ha filtrado a los medios como han sido desplazados los negociadores con las autoridades alemanas. La salida de Miguel Sebastián y de Montilla, ha modificado nuevamente los papeles y los protagonistas, desplazando a Solchaga, nuevamente a favor de Vegara. Y lo que es peor, la ambigüedad del gobierno en las operaciones paralelas a la OPA por parte de Acciona, y el juego de ganar tiempo, con la posible aparición de nuevos actores, no permiten augurar que el escenario de esta operación sea ‘previsible’ para nadie.

Probablemente, hay más lecturas, entre otras que Solchaga exterioriza el enfado creciente de amplios sectores del PSOE con la política del presidente en determinadas cuestiones capitales como la política exterior o la economía que el mismo abandona, considera insignificantes, o bien, no mide sus consecuencias.