Las Comunidades Autónomas y la reforma de las renovables: el tigre se despierta

La aparición en los medios de comunicación de la noticia de que grupos de promotores eólicos de Castilla-La Mancha, podrían invertir fuera de España, buscando destinos con una mayor seguridad jurídica, debe volver a hacer pensar en las consecuencias de la aprobación de la reforma de las renovables elaborada por la Secretaria General de Energía de Ignasi Nieto. Primero, por el momento en que se realiza esta afirmación: en plena campaña de las elecciones municipales y autonómicas. En segundo lugar, porque se trata de un grupo de inversores de una comunidad autónoma gobernada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). El problema puede extenderse a otras Comunidades Autónomas, de forma que manifiesten esta posición, en público o en privado, y trasladen su malestar directamente al Gobierno y al Ministro de Industria.

La cuestión autonómica de la eólica, ahora precisamente

Hasta el momento, la cuestión autonómica en referencia al nuevo decreto, y en especial a la energía eólica, es un caballo de batalla que todavía no se había activado lo suficiente. Así, por ejemplo, Galicia, Castilla-León, Castilla-La Mancha y Navarra son las Comunidades Autónomas con más desarrollo eólico según consta en el Plan de Energías Renovables, y a las que les afectará especialmente el nuevo real decreto si se promulga en estas condiciones. Mientras, en el año 1994, Cataluña sólo tenía 94 MW instalados y la posición hasta ese momento de la Generalitat era muy poco propensa a su impulso. Fuentes cercanas al Ministerio y al sector indican que ésta ha sido una cuestión clave que Nieto ha tenido en cuenta en la elaboración de su propuesta de reforma del R.D. 436/2004: no buscar enfrentamientos con Cataluña, uno de sus escasos frenos en su actuación.

Por otra parte, en la Secretaria General de Energía mantienen su convencimiento de que con las previsiones del Real Decreto (calculando la rentabilidad al 9%, sobre la base de los tres primeros meses del año pasado, en los que los precios de la electricidad del ‘pool’ estuvieron por las nubes) los agentes privados seguirán invirtiendo, pese a que la Secretaria General de Energía se reserva la modulación de determinados parámetros de su retribución.

De hecho, los representantes autonómicos del Comité Consultivo de la Electricidad de la Comisión Nacional de Energía ya expresaron abiertamente su disconformidad con las repercusiones del real decreto que preparaba Industria, tal y como se recoge en el acta del mismo y en el propio informe que el órgano regulador envió al Ministerio de Industria, junto con el informe desfavorable del Consejo de Administración de la CNE.

Por otra parte, según noticias de distintos medios, la reforma de este Real Decreto tuvo fuertes resistencias en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, lo que ha obligado a aplazarla, al menos una semana. Al parecer, las cuestiones que ha ido poniendo de manifiesto el Consejo de Estado y la Comisión Nacional de Energía también fueron espetadas por otros Ministros durante esa reunión.

Muy pocos piensan que el trámite de urgencia que ha querido imprimir Ignasi Nieto a este proyecto esté justificado, máxime cuando existen profundas y abiertas discrepancias entre la información y motivaciones de Industria y lo que ha venido transparentándose en los medios de comunicación. Incluso este cuestionamiento, realizado por la CNE y por el Consejo de Estado, alcanza a los datos y a la metodología que utiliza Nieto para apoyar su propuesta.

Quizá Nieto tenga previsto volver a la carga, tras las elecciones, para volver a promover la aprobación de este Real Decreto, puesto que no está dispuesto a “negociar” más y el Ministro, tal y como ha declarado, tolera y ampara esta situación. El momento es muy delicado para jugar con un proyecto que afecta a las Comunidades Autónomas especialmente y con un sector importante en términos de empleo e inversión.

Está claro que si se aplaza hasta después de las elecciones, hay una plena consciencia del alcance del desaguisado. Lo que si está claro es que eso de que la inversión permanezca invariable en el sector, es un desideratum, un espejismo. ¿Se atreverán, con este panorama de conflicto abierto, a aprobarlo en el Consejo de Ministros de mañana y llevarlo al BOE?