Hoy se producirá previsiblemente la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la reforma de las leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos. Una reforma cuyo ‘objetivo programático’ era incorporar a la legislación española las Directivas europeas 2003/54/CE y 2003/55/CE en estos dos ámbitos. El proceso de transposición de estas directivas ha sido largo y prolijo en su trámite parlamentario. Y, esta valoración, es mayor si cabe, si nos atenemos a los resultados finales de la misma.

La transposición de estas Directivas se ha realizado evitando modificar los elementos más intervencionistas de nuestra legislación. Es decir, manteniendo las capacidades de decisión del Ministerio de Industria frente a la Comisión Nacional de Energía, en una línea de configuración de los organismos reguladores subordinada a la Administración Pública y al poder político. Ello supone mantener las grandes críticas de la Unión Europea al proceso de liberalización del sector eléctrico español. Si bien es cierto que muchos países de la Unión todavía no han avanzado al nivel de la reforma del año 1998, no es menos cierto que el impulso inicial se ha diluido considerablemente por la acción legislativa de los últimos años, basada en la realización de reformas a la inversa a través de decretos y el otorgamiento de una capacidad arbitraria de intervención a la Administración energética muy perversa. Solamente los últimos ejemplos protagonizados por la Secretaria General de Energía, en materia de retribución de activos regulados gasistas, la reforma de las renovables, la contabilización del déficit tarifario, o los conflictos con la Unión Europea en materia de energía, son testimonio claro de la situación en el plano operativo de este proceso de liberalización.

De hecho, y tal y como han denunciado en estas mismas páginas, con este paso que se da hoy, consistente en la aprobación de esta reforma, se introducen elementos que van en sentido contrario al proceso de liberalización realizado en 1998 (y por cierto, ampliamente elogiado desde todas las instancias). Se introducen elementos monopolísticos como el concepto de transportista único a favor de Red Eléctrica de España, se limitan los principios de acceso a la red y los criterios de seguridad y calidad del suministro sobre la base de la actuación de este operador y su capacidad. En sentido contrario, no se incorporaran las recomendaciones sobre las funciones del regulador en materia de tarifas (que ahora, como anuncia Industria, al parecer se remodelarán por decreto¿? de una forma controlada, sacando esta cuestión del Parlamento) y de convertirse en ultima instancia en los recursos en vía administrativa (perdiendo esta potestad el Ministerio de Industria. Seguimos prefiriendo reguladores ‘bonsai’, que no se salgan de la fotografía y que no sean molestos, ni críticos con la acción política.

Se trata por tanto de una reforma escasa, parcial, arbitrariamente selectiva, interesada y que no avanza, sino todo lo contrario en la liberalización del sector eléctrico. Tal y como hemos recogido, será posible su aprobación mediante el acuerdo por debajo de la mesa de los dos grandes partidos Partido Socialista y Partido Popular, que desbarató los trabajos que se estaban realizando en la Comisión de Industria del Senado y como muy bien ha reflejado en sus palabras Xabier Albistur en la entrevista que mantuvo con este medio.

Las preguntas son obvias: ¿Cómo puede el Partido Popular siendo el autor de la reforma de 1998 apoyar esta reforma, este paso atrás en la liberalización que él mismo comenzó?. Incluso, en privado, hay miembros del Partido Popular que censuran claramente esta posición. Si además, las relaciones con el Partido Socialistas han estado fuertemente deterioradas en lo que llevamos de legislatura, con una evidente ausencia de acuerdos y pactos. ¿Cómo es posible que se produzca en este ámbito y con éste alcance? ¿Cómo tolera que se anuncie la reforma de la reforma de la reforma de las tarifas, casi a la par de la aprobación de esta ley, hurtando subrepticiamente esta medida del debate parlamentario? ¿Cómo se puede apoyar una reforma que necesariamente tendrá que volver en la siguiente legislatura a sabiendas que es incompleta y que no recoge lo nuclear de las directivas? ¿Cómo apoya la reintroducción del monopolio en el transporte? ¿Será que se han vuelto a convertir también a las fuerzas interesadas del intervencionismo y sigan prefiriendo ‘reguladores bonsai’ que no se salgan de la foto?

Sin descontar la responsabilidad del partido en el gobierno y del Ministerio de Industria (principal en este caso), urge una respuesta por parte de los responsables de economía y energía del Partido Popular, para que aclaren cuál es su modelo energético y de mercado, evitando que la acción política devore las reformas realizadas. O lo que es peor, camine en sentido contrario a los avances en materia de liberalización, conduciéndonos a la vía muerta.

Todas las clasificaciones tienen un cierto carácter excluyente y maniqueo: lo bueno de lo malo, separar el trigo de la paja, la carne del pescado. En los años ochenta y noventa, la teoría de la hacienda pública incorporaba dentro de sus áreas de debate y conocimientos la distinción entre empresa pública y privada, junto con el proceso de privatización de las empresas públicas que ha sido una constante en la reorganización de los sectores públicos de las economías avanzadas. Un proceso que en el sector de la energía había tenido también sus episodios y correlatos.

Tiene esto que ver con la configuración de Red Eléctrica de España, empresa cuya naturaleza es privada indudablemente, cuenta con una base importante de accionistas y cotiza en Bolsa. Sin embargo, su vinculación con el poder político le hace modificar sus comportamientos, de forma que es difícil distinguir si es carne o es pescado, es decir si actúa como empresa pública (ésta que lo fue) o como empresa privada (ésta que lo es). Son demasiados los ejemplos de esta ‘doble personalidad’ que reproduce determinados ‘tics’ de forma selectiva.

Así, por ejemplo, los emolumentos que percibe el presidente, claramente se correlacionan con las retribuciones que se establecen en las grandes empresas privadas. Y, por ello, cuando se han hecho públicos han sido objeto de polémica y de un escándalo considerable. En sentido contrario, la ‘elección’ del presidente tiene un marcado cariz político y cambia conforme se modifican las mayorías parlamentarias y los gobiernos. En este sentido, los accionistas son convidados de piedra en la designación de los máximos responsables de la compañía.

En otro orden de cosas, y en lo que se refiere a la retribución de sus activos y actividades, Enagás fue un caso paradigmático de cómo su modificación por parte del Ministerio de Industria pudo, además de sufrir un fuerte impacto en la Bolsa, acabar con su anterior presidente. Estas señales son inequívocas de que la relación con el Ministerio de Industria de estas empresas de redes debe ser (como se dice hoy) más “colaborativa”, para evitar incidentes desagradables que a todos nos preocupan e incorporan riesgo regulatorio y financiero. Por ello, más vale no dejar escapar nada a la improvisación y, así, la reforma de la Ley del Sector Eléctrico, además de configurar el transportista único, aumenta las atribuciones de Red Eléctrica frente a las distribuidoras, de forma que la capacidad de las redes serán los ‘driver’ que orienten las autorizaciones y la regulación, tal y como se ha venido acentuando en los últimos tiempos, configurándose como un elemento adicional de intervención. Si además, este equilibrio un día se alterase, siempre queda la posibilidad de encargar a un banco de negocios la integración de Red Eléctrica y Enagás, y así tendríamos un problema menos o un problema más, quien sabe.

Por otra parte, la forma de recibir encargos con respecto a otros agentes privados, también es una forma de distinguir los comportamientos propios de empresa pública o de empresa privada. Así, Red Eléctrica es la autora del informe solicitado por el Ministerio de Industria para atribuir a Iberdrola los 1.000 millones de euros del déficit tarifario 2006, consecuencia de una regulación apresurada y truculenta. ¿Se imaginan Ustedes que una empresa privada haga un informe contra otra, con las indicaciones y supuestos de partida del propio Ministerio, como afirmó el propio Luis Atienza? ¿Se imaginan, por ejemplo, que Unión Fenosa elabore un informe contrario a Iberdrola por orden del Ministerio de Industria, con independencia de sus posiciones competitivas?

Sin duda, nos encontramos ante una figura empresarial única. No es pública, ni es privada. No es carne ni es pescado. Es una tortilla francesa muy bien hecha.

La aparición en el diario Cinco Días de la noticia en que se le atribuía a Iberdrola la responsabilidad de 1.000 de los 3.500 millones de euros de déficit de tarifa de 2007, es el pistoletazo de salida para la determinación final de esta magnitud y su liquidación a las empresas eléctricas por parte del Ministerio de Industria. Cuestión que hasta el momento estaba aplazada por parte de la Secretaria General de Energía, desde que se conoció la última liquidación 2006 que elabora la Comisión Nacional de Energía y que ahora ha vuelto a la actualidad. El cumplimiento de los hitos del calendario electoral ha levantado ya todas las esclusas y puede volver esta cuestión a la actualidad económica de las empresas.

Lo paradójico del hecho es que el Ministerio de Industria haya utilizado para realizar estos cálculos a la propia Red Eléctrica de España S.A. (REE) y, al mismo tiempo, por evidente, que se haya desvelado de una forma tan desnuda, cuál va a ser el ‘quid’ de la cuestión: la distribución de las minoraciones del déficit entre las respectivas empresas y su resultado concreto para cada una de ellas. Es difícil comprender cómo, desde que se conoce la última liquidación de la CNE (mes de febrero), se demora tanto el cálculo del déficit tarifario y su aplicación a las empresas durante un período tan largo de tiempo, postergando las obligaciones mercantiles de las mismas en cuestión.

Actualmente, y en teoría, para terminar de calcular el déficit de tarifa atribuible a cada empresa, quedaba únicamente por determinar los criterios de liquidación de los derechos de emisión del CO2, cuyo paso por la CNE devolvió (en febrero) al Ministerio tres alternativas para su cálculo. Cada una de ellas, tenía efectos diferentes para las empresas eléctricas: la literal del decreto 3/2006, la concreción del decreto 3/2006 separando las operaciones bilateralizadas (propuesta por el Ministerio de Industria) o la aprobada por la Comisión Nacional de Energía. Cada una de ellas, tenía efectos diferentes, en términos de quién se beneficiaba o perjudicaba más.

En todo este asunto, particularmente grave es la utilización o participación de Red Eléctrica (empresa completamente privatizada) frente a otra empresa privada, Iberdrola. En este sentido, tenemos que subrayar una diferencia considerable de posición entre REE y el Ministerio de Industria. Red Eléctrica, hoy es una empresa privada, con sus accionistas y todo. Y, el Ministerio es el regulador, existiendo otros agentes intervinientes (y lo que es peor, responsables) dentro del sector de la energía para la determinación e individualización del déficit tarifario y sus posibles orígenes: concretamente y ejerciendo sus funciones correspondientes cada uno de los siguientes: el Operador de Mercado Eléctrico (OMEL), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el propio Ministerio de Industria.

Se confirma, por tanto, el papel de Red Eléctrica como regulador bis o brazo armado directo del Ministerio de Industria que se viene advirtiendo públicamente por varios expertos y que, en este asunto, pasa a mayores con la elaboración y difusión de este Informe. Debe ser difícil para los responsables de Red Eléctrica, sustraerse a esta tentación, cuando la confusión entre la actividad del regulador (oficial) y del transportista y operador del sistema (empresa privada), ha alcanzado un nivel de confusión como el actual. También, por otra parte, muchas decisiones concernientes a Red Eléctrica (incluyendo su organigrama) se inspiran en los deseos de los responsables de la Administración de cada momento. Si, además, atendemos a la polémica desatada recientemente en torno a la retribución del Presidente de Red Eléctrica (a todas luces de empresa privada), se podría exigir un ejercicio más propio de su posición y emolumentos.

Así las cosas, se vuelve a las andadas, la regulación se interpreta intencionalmente en cada momento como los manuscritos del Mar Muerto, prefiriéndose la componenda puntual a los mecanismos trasparentes. Las empresas, en consecuencia, deben adoptar una política de sálvese quien pueda, sometidas a un proceso de liquidación/negociación permanente que no tiene fórmulas aritméticas, sino ‘creatividad’y arbitrariedad. Las reglas del juego, de un mercado y de un sector, que deben ser claras y prededibles, se entremezclan en el cálculo político y tienen la capacidad de incorporarse a las estrategias a seguir contra/frente/a favor de los agentes más cercanos o más incómodos, según se tercie.

Y no ha hecho más que empezar.

La relación entre la política energética, las relaciones internacionales, la política económica y las relaciones empresariales, es una cuestión de plena vigencia, que actualmente está abierta en varias cuestiones en nuestro país y también en el seno de la Unión Europea. Si enumeramos las cuestiones candentes y abiertas en este momento, nos podemos dar cuenta del importante número de asuntos que tienen tintes internacionales, y en los que entra en juego la política exterior, cada vez más interconectada y multilateral a todos los niveles.

Por un lado, la OPA de Enel y Acciona sobre Endesa, cuestión de amplío calado y que ya ha suscitado un número importante de valoraciones y reacciones tanto en los mercados internacionales, como en la política interna. Y, más si añadimos el largo culebrón previo de la OPA a E.ON. Lo que si es evidente es que las relaciones entre los gobiernos italiano, español y alemán, han tenido que ver en como ha sido el transcurso de los acontecimientos y es la única manera de explicar porque era necesario llegar a un acuerdo final entre las partes, cuando ya estaba todo el pescado vendido por la vía financiera.

Un aspecto no menos importante son las relaciones con la empresa Sonantrach (y con el gobierno argelino) a cuenta de la posible participación de Gas Natural en el gasoducto Medgaz. Como bien se conoce la salida de Total y de BP permitió que aumentase la participación de la argelina hasta el 36%. Actualmente, Endesa cuenta con un 12%, Iberdrola con un 20% en Medgaz y parece que el ‘síndrome de Don Tancredo’ se ha instalado en la negociación entre las partes, para permitir la entrada de Gas Natural con un presumible 10 % en esta sociedad.

Al mismo tiempo, en este momento, el Ministerio de Industria ha concedido a Sonantrach de 1 bcm, que le permite adquirir mayor volumen de comercialización gasista en España. Recordemos que Sonanctrach es una empresa pública argelina, la mayor de África y que en España ya participa en España en varias plantas de regasificación y en una comercializadora con CEPSA. Sonantrach ha empezado una importante expansión en Europa que hay que seguir con atención, en que su configuración como empresa pública procedente de un país dónde su configuración de ‘aparato estatal paralelo’, va a tener mucho que decir en las relaciones bilaterales y empresariales.

Otra cuestión de máximo interés y de la que depende la evolución de las redes de distribución de electricidad en Cataluña y la mejora en la garantía de suministro, así como el AVE es la interconexión con Francia. Un tema abierto, en el que cada cierto tiempo, se vuelven a repartir las cartas, se evalúan nuevas alternativas y localizaciones a la interconexión, pero que ya lleva más de cinco años de retraso. Su financiación, en la que también interviene la Unión Europea, las fluctuaciones de las relaciones bilaterales y la propia posición de las comarcas afectadas hayan conseguido enquistar esta cuestión hasta límites exasperantes.

También en el plano peninsular, la creación y consolidación del Mercado Ibérico (MIBEL), es un tema en el que se producen abundantes avances y retrocesos consecutivos, relacionados con la necesidad de desarrollo de infraestructuras de conexión, coordinación legislativa y regulatoria, organización de los mercados, y lo que vendrá más adelante, si realmente existe avance: las relaciones societarias y corporativas que se puedan desprender.

Y, en el plano geoestratégico, con Rusia lanzada a controlar los mercados de la energía y del gas concretamente, los intereses actuales de empresas españolas en el Caspio como Repsol o Gas Natural, adquieren un papel trascendental. Algo parecido pasa a nivel de la política latinoamericana con la situación de países como Argentina, Brasil, Venezuela, Nicaragua, Bolivia o Colombia, donde las empresas españolas ya tienen una importante presencia en los mercados energéticos de la región.

Todo ello, sin descartar asuntos que teóricamente están reservados a la diplomacía europea como son las denuncias que tiene nuestro país en materia de competencia y el enfrentamiento abierto con la comisaria europea Neelie Kroes por el comportamiento durante la OPA de E.ON a Endesa. O, por ejemplo, la atención que las grandes empresas europeas energéticas tienen depositada en las empresas españolas, de cara a su expansión en el mercado ibérico a base de compras.

En fin, un pequeño resumen de cuestiones (seguro que no exhaustivo) a seguir con atención y a tener en cuenta de cara a la evolución del sector energético de nuestro país y sus relaciones exteriores. Podemos avanzar que la cara exterior de la economía y más concretamente de la energía española es cada vez es más importante. Se impone (y se reclama), por tanto, una visión de Estado y de política exterior en el sector energético, junto con una mayor coordinación en todos estos frentes, para superar la fuerte tendencia al estancamiento en cada una de estas cuestiones. También se precisa reconducir nuestra posición hacia dónde nunca nos deberíamos haber movido: de una posición europeísta sin atisbos de proteccionismo o de intervención en los mercados o en las empresas, que refuerce la convicción exterior en nuestros país.

En este sentido, la necesaria construcción de una administración exterior, unida a la política exterior (que son cosas diferentes), frente a posiciones cortoplacistas o poses meramente políticas, es todavía un reto abierto, un salto de nivel, en el que se exige una fuerte reflexión y un replanteamiento completo para nuestro Ejecutivo actual, siempre bajo las garantías de libertad en los mercados y ausencia de intervencionismo gubernamental.