Zapatero deberá elegir entre estabilidad o terror regulatorio

El caso del proyecto de reforma del marco regulatorio de las renovables y la elevación que ha realizado el sector eólico al presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, es paradigmático de la incapacidad por parte de Industria para alcanzar un acuerdo con un sector como éste, clave para el desarrollo de la generación de energía por fuentes renovables, tanto por su importancia, por su implantación, por el número de empresas (grandes y pequeñas que tiene y su impacto social y autonómico), la riqueza y el empleo que genera, el desarrollo tecnológico y la innovación que ha propulsado (exportamos tecnología al exterior), la posición de liderazgo en Europa alcanzada, entre otras cuestiones. No tiene un sentido político que, con este panorama y en los tiempos de lucha contra el cambio climático, no se haya podido llegar a un acuerdo razonable entre las partes.

Un conflicto que se ha recrudecido a las puertas de las elecciones municipales y autonómicas y que puede suponer otro escándalo en el ámbito de la gestión económica y de la energía, espacios dónde la acción del gobierno está siendo fuertemente cuestionada en estos momentos. Baste recordar lo sucedido en la CNMV, la salida de Conthe, la llegada de Julio Segura (con el cuchillo en la boca), las connivencias entre Sebastián y Arenillas en el caso FG, la entrada de Enel en todo el proceso y la participación de la oficina económica del gobierno, entre otras cuestiones que, por acumulación, han determinado que éste haya sido uno de los pocos asuntos en los que el PSOE se haya quedado solo en el Parlamento. ¡La economía! Con un 4% de crecimiento del PIB, inmersos en el escándalo permanente, con las instituciones desprestigiadas y la acción del gobierno cuestionada por su injerencia e intervención constante. En este estado, y por sus consecuencias de credibilidad exterior y en determinadas cuestiones, por sus repercusiones futuras, da igual si se está ganando la batalla mediática. Se está perdiendo por todos. Jamás habíamos asistido a algo así y es necesario parar, reflexionar y volver a la ortodoxia económica.

Volviendo a la cuestión de las renovables, el sector ha manifestado que no está reclamando más primas. Reclama seguridad jurídica. Estabilidad regulatoria, la necesaria para inversiones a tan largo plazo (necesarias para hacer inversiones en instalaciones eólicas, gasistas, etc… que necesitan un largo período de amortización) Así, si seguimos el devenir de los acontecimientos, las minuciosidades y trampas regulatorias que introduce el texto legal y las propuestas elaboradas por Industria tras procesos de negociación de sombras chinescas, lo que se aprecia es el dominio, la habilidad y la sofisticación en la utilización de la regulación. En las dos fases, las empresas y representantes del sector se han sentido fuertemente engañados. En todo esto, hay que recordar un hermoso adagio: ‘se puede engañar a todos una vez, se puede engañar a alguien siempre, pero no se puede engañar a todos siempre”. Es difícil valorar como es posible, a estas alturas del campeonato, publicar un decreto con oposición del sector, con informe contrario de la Comisión Nacional de Energía y remisión a este informe del Consejo de Estado, sea por premura o por temeridad.

Por su parte, en el Ministerio de Industria aparece muy encastillado en su posición con un nivel de autocrítica poco exigente (‘El decreto es excelente’, dice Ignasi Nieto). Además se muestran convencidos en público y en privado de que la inversión en energía eólica no va variar, es decir, que la posición del sector es una artimaña y que una vez lanzado el decreto, van a seguir invirtiendo como si no hubiese pasado nada. Ese “nueve por ciento” de rentabilidad estimada (estimada sobre la base de un período cortísimo de tiempo para estas instalaciones y elegido en el momento en que el precio del ‘pool’ resultó más elevado) supone que va a hacer que las críticas del sector eólico y su oposición sea algo breve y transitorio.

Por ello, la política del Ministerio es: ¡dales caña, Zapatero, dales caña! Y, al mismo tiempo, en la ceremonia mediática, amenazan al sector eólico con el crujir de dientes y el arrastrar de cadenas, es decir: culpabilizarles de subir la tarifa eléctrica achacándolo al sector eólico, cuando la entrada de este tipo de energía en el ‘pool’ reduce el precio negociado, como se ha podido comprobar. Con esa amenaza, lógicamente, se amenaza a más gente, fundamentalmente hacia arriba. Además, y por si fuera poco, la posición pública del Secretario General de Energía, ha sido siempre muy dura con la energía eólica (la intervención en el Senado de finales de febrero heló la sangre incluso a responsables del propio partido por el tono empleado) y en las ruedas de prensa hace gala de su poder de forma manifiesta y evidente.

El presidente debe conocer cómo se han elaborado esos cálculos de rentabilidad que exhibe el Ministerio. El presidente debe ser puesto al día de en qué tono y de qué forma sus responsables ‘negocian’ con las empresas. Debe saber por persona independiente el contenido y alcance del rechazo de la CNE y todas las cuestiones de fondo que incorpora el Consejo de Estado. El presidente debe conocer cómo se han ‘interpretado’ sus órdenes en cada caso. El presidente debe conocer a qué Comunidades Autónomas beneficia y a cuáles perjudica, en función del parque instalado (no vaya a ser se lleve un susto). Hagan también Vds. un análisis de qué Comunidades Autónomas tienen prevista en el PER e instalada más capacidad eólica para entender a quién se está perjudicando con esa medida, e incluso encontrarán otro origen de esta imprudencia y temeridad y de por qué ha actuado así la cúpula de Industria. El presidente debe elegir entre seguridad jurídica, estabilidad regulatoria o el terror de que cualquier Secretario General en su propia interinidad decida cada año (o cuando se establezca), cómo se establecen las reglas del juego y cuánto se retribuye cada activo, bien por sus afinidades electivas transitorias o permanentes. El presidente y el Gobierno en todos los departamentos afectados debe dar mensajes claros y nítidos a la sociedad y al sector empresarial de qué es lo que el gobierno desea en la cuestión de las renovables. Y debe dar confianza y fiabilidad a los agentes económicos en su actuación. En suma, debe intervenir y poner orden, antes de que se cometa otro desaguisado. No puede inhibirse y dejarlo caer. Al menos debe ser consciente.