La reforma de las renovables, sin letra pequeña

La publicación la semana pasada del Dictamen del Consejo de Estado sobre la reforma de las renovables abre una nueva fase en este ya largo e inconcluso proceso para configurar la reforma del R.D. 436/2004. Es preciso valorar especialmente la propia naturaleza de este órgano consultivo del gobierno para calibrar verdaderamente el efecto sobre la propuesta remitida por Industria de las consideraciones que se recogen en su informe. Su propio carácter de órgano superior de conciliación normativa y lo que es su alcance y cometido: velar por la observancia de la Constitución, del resto del ordenamiento jurídico, procurar la armonía del sistema, el rigor de la técnica normativa y el buen hacer de la Administración, para reducir al mínimo la conflictividad con los ciudadanos. Por tanto dirige su actividad a todo tipo de normativa de cualquier índole, lo que implica que su especialización en el ámbito económico y energético, iba a ser limitado.

Por eso, dentro de lo moderado y medido que resulta el contenido del dictamen, resultan sorprendentes las recriminaciones que el Consejo de Estado realiza sobre la propuesta que realiza la Secretaría General de Energía: ausencia de memoria económica que exceda el ámbito presupuestario público (es decir, no circunscribir el informe económico al efecto sobre los Presupuestos Generales del Estado), inexistencia de los informes de otros departamentos públicos implicados: Medio Ambiente y Economía, reconveniencia sobre las indicaciones que le realiza al Ministerio de Industria la Comisión Nacional de Energía en su acuerdo contrario a la propuesta remitida por Industria.

Todo ello, y por las mismas circunstancias que el propio texto crítica, sin que el Consejo de Estado pueda pararse a considerar que la reforma propuesta por Industria sobrevalora los ingresos de las eólicas, parte de cálculos realizados sobre la rentabilidad de las instalaciones eólicas en el primer trimestre de 2006, cuando el precio en el ‘pool’ estaba muy alto y por tanto tenga que aceptar la visión de negocio desmedido que se remite en la exposición de motivos del mismo ( Como dijo Montilla, los eólicos ‘se forran’). Si hoy se repitiera este cálculo, con los precios más bajos en el mercado el resultado sería completamente diferente y contradictorio. Lo razonable, en este caso, es tener en cuenta datos referidos a períodos largos de la vida de estas instalaciones, con un mínimo de quince años.

Al mismo tiempo, el propio Consejo de Estado vuelve a instar a la Secretaria General a que subsane todas estas cuestiones anteriores, lo que implica ‘de facto’ que deba continuar el proceso de negociación con el sector. Un proceso de negociación, accidentado en varias ocasiones, y que deliberadamente se ha uncido a la publicación de esta resolución. Por ello, se ha condicionado su desarrollo temporal a que este dictamen fuese más ‘light’ y pudiera dejar vía libre a publicar el nuevo decreto con los cambios que hubiera podido introducir el Consejo de Estado y, en todo caso, algún avance transaccional en las negociaciones retomadas en el mes de abril con el sector, pero sin abordar los puntos clave de negociación, todavía pendientes.

Retroactividad y discrecionalidad vs. Estabilidad regulatoria.

Como hemos ido anticipando en Energía Diario, el primer problema de esta reforma en el marco regulador de las energías renovables, se centraba en la retroactividad, es decir que sus cambios retributivos afectaban a instalaciones en funcionamiento. Actualmente, la retroactividad ha virado hacia los conceptos de estabilidad regulatoria en contraposición con la discrecionalidad que pretende Industria en determinados apartados, para determinar anualmente la revisión de varios de los elementos de la retribución, primas y límites superior e inferior. Así, todavía está pendiente, como uno de los puntos más importantes, garantizar la no retroactividad de la revisiones futuras de la prima que ha quedado excluida de la previsión que se hace en el artículo 44.3 para la tarifa regulada y los límites superior e inferior a las primas que incorpora, como principal novedad, el nuevo decreto. También está pendiente cerrar el acuerdo sobre el importe de la prima en el que hay una diferencia de tres euros por MWh entre la propuesta del Gobierno y la última reclamación del sector.

Tener en cuenta las indicaciones de la CNE

En todo caso, lo que menos quería oír Ignasi Nieto del Consejo de Estado, es que tuviera que valorar nuevamente las indicaciones de la Comisión Nacional de Energía, contra la que cargó muy duramente y en público, por su informe negativo a su proyecto inicial. Evidentemente, en este estado del arte, Nieto tampoco puede enviar el decreto a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, sin negociar y sin atender previamente a las indicaciones que le ha realizado el Consejo de Estado, intentando nuevamente utilizar esta vía para que pase de ‘rondón’ y minimizar los cambios en su propuesta inicial. Se trataría de una actuación muy imprudente que iría a contrapelo de las políticas que el propio gobierno impulsa en materia de promoción de las energías renovables. Por otra parte, se trataría de un nuevo foco de difusión de problemas entre distintos ámbitos del Ejecutivo, lo que puede alimentar más aún la sensación de descoordinación entre las distintas instancias de la Administración y podría provocar una intervención desde Moncloa nuevamente, algo no deseable ni por Nieto, ni por Clos.

Por su parte, y según se ha desprendido de las declaraciones de la semana pasada, el sector valora positivamente las indicaciones del Consejo de Estado a este Real Decreto, y espera proseguir con la negociación para alcanzar un resultado satisfactorio. Como contrapeso, el hecho de que en la primera fase de la negociación los acuerdos que había cerrado el sector con el Secretario General de Energía, no se hubieran trasladado fielmente al articulado del Real Decreto y la utilización de los datos económicos de los períodos que más justifican su postura, abriga una sombra de escepticismo sobre el propio comportamiento y la seguridad en la actuación del regulador en este caso. Habrá que esperar la reacción desde la Secretaria General de Energía y su digestión de todas estas indicaciones. Sería deseable y, además, saludable, que se recondujeran todas estas cuestiones hacia un escenario de resolución del conflicto por el transito de la estabilidad regulatoria y sin letra pequeña.