El gobierno debe exigir reciprocidad a Italia

La Comisión Nacional de Energía emitió recientemente su dictamen para analizar la operación de adquisición del 24,9 % por parte de Enel a Endesa. Este dictamen, que no era vinculante para el Gobierno, al contrario del trámite actual de la denominada función 14 a la OPA de Enel y Acciona sobre Endesa actualmente en manos del organismo, verificaba las implicaciones de la denominada Ley Rato, en el que se fijaba un límite de derechos del 3% a las empresas públicas que quisiesen adquirir participaciones de empresas españolas. Hay que tener en cuenta que el 31% de Enel es público, perteneciendo en su mayor parte al propio Ministerio de Economía italiano.

En su dictamen, la CNE proponía levantar esta restricción, fijando una serie de condiciones que el gobierno decidió finalmente no aplicar a la operación, según anunciaba la Vicepresidenta del Gobierno, justificándolo en que es contrario a la legislación europea en materia de libertad de movimiento de capitales y en la naturaleza de esta norma, que está recurrida por la propia Unión Europea. Por otra parte, y de forma excesivamente displicente con la Comisión Nacional de Energía, el pasado viernes durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, volvió a hacer admnociones al órgano regulador sobre el ‘valor’ de su informe de la función 14 actualmente en curso (sobre todo si no casa con las intenciones del gobierno).

En general, se ha conocido muy poco de las consecuencias de este posiciomiento del gobierno y de la naturaleza de las condiciones que fijó la Comisión Nacional de Energía fijó al respecto. Las condiciones se centraban en la necesidad de que, la eléctrica que preside Piero Gnudi deberá informar al regulador energético «de manera detallada» sobre la estrategia del grupo Enel en Endesa si afecta «al interés general o a la seguridad pública españoles». La CNE explicitaba que estos intereses son los relativos a los activos estratégicos, las actividades reguladas y las sujetas a intervención administrativa.

Se trataba de lo que en ‘argot’ regulatorio se definiría como una fórmula ‘a la belga’, puesto que eliminaba esas condiciones en el caso de que desapareciesen las limitaciones existentes en Italia a la compra de Enel (muy poco se ha difundido que existe un limite para la adquisición de paquetes accionariales de Enel superiores al 3%)

Un primer análisis sugeriría que el gobierno ha sido poco exigente con Enel dada la vinculación (aunque sólo sea ‘intuitiva’ del gobierno con la operación de compra de Endesa por parte de Acciona y Enel) y se trataría de una operación más o menos encarrilada desde el punto de vista del ejecutivo español. Otro segundo análisis, más condescendiente iría por la vía de lo que importa es conseguir un buen nivel de interlocución con Italia y así, los frutos se vería en breve (verbi gratia, la operación de control de Telecom Italia, en la que nuestro buque insignia Telefónica ha participado en el papel de Enel). Un ojo por ojo y opa por opa, ahora que estamos dados a las frases/refrán hechas con la palabra OPA, según los últimos acontecimientos.

Por otra parte, las relaciones con el país transalpino, no han estado caracterizadas en todo momento por ser ‘lechos de rosas’. Sólo hay que reseñar el episodio entre Abertis y Autostrade o el intento del BBVA de adquirir la Banca Nazionale del Lavoro, como los poderes de la economía y la política italiana se conjuran para evitar las intromisiones no deseadas. En ese sentido, no nos fijamos en el modelo anglosajón en el cuál el gobierno no interfiere y deja a los accionistas, las decisiones que son de los mismos. Y, si no, sólo hay que referirse a la ultima operación de Santander con el Abbey National Bank, como se dirigieron los responsables del banco español al gobierno británico y éste último le remitió al interlocutor natural: sus accionistas, evidentemente.

Queda como posible análisis y segunda derivada la pregunta de para qué sirve la CNE en este tipo de operaciones. Si la política regulatoria se dicta desde Industria y la política empresarial desde Moncloa, el organismo que dirige Maite Costa, tiene unas funciones cada vez más histórico-artísticas que reales que, incluso no le van a servir al gobierno, ni para asumir el desgaste político de los desaguisados en los que se embarran determinadas operaciones. También resulta paradójico lo ‘escrupuloso’ que se ha puesto nuestro gobierno en esta ocasión, cuando hemos llegado al Tribunal de Luxemburgo por la condiciones de la CNE a la OPA de E.on, estando la mitad derogadas y el oferente con los pies en polvorosa.

Lo que está claro, fuera de disquisiciones es que el gobierno debe aprovechar el momento para reclamar firmemente actos a Italia que vayan más allá del ‘intecambio de cromos’ para dejar reglas de juego claras y posibilidades legales, jurídicas, regulatorias y políticas que fuesen más allá para permitir, de verdad, el movimiento de capitales y la libre circulación de empresas.

Y esta reclamación se debe situar también en el plano de la Comisión Europea, pues persisten actuaciones de ‘acción de oro’ y otras maniobras en otros países, que tampoco han renunciado a intervenir y a dificultar operaciones no deseadas por sus respectivos ejecutivos. Sería un signo de firmeza, de equilibrio, de libertad de mercados, de movimiento de capitales y de europeísmo bien entendido, que además, entraña la dificultad de hacerlo en este momento con la que está cayendo y los antecedentes de la opa de E.on todavía humeantes.