A pesar de este puente lejano, la salida de Manuel Conthe de la CNMV no se ha llevado la presencia directa de este episodio en términos ‘comunicacionales’. Pero si los costes mediáticos para el Ejecutivo no se han acabado todavía, estos costes no son similares desde el punto de vista de la confianza en las instituciones económicas españolas, cuestión probablemente mucho más grave. Así este asunto se ha europeizado, tal y como informa el diario El Economista, y puede afear un poco más, si cabe, la imagen de la actual Administración española en la Comisión Europea. Por otra parte, para completar la operación, se activaron mecanismos políticos adicionales para cavar una tumba alrededor del casi ya ex presidente del regulador de los mercados, que no han tenido todos los resultados esperados a tenor de esa reverberación internacional.

En primer lugar hay que destacar que Manuel Conthe es probablemente de los pocos altos cargos de nuestra democracia que ha presentado su dimisión por motivos de conciencia. Es decir, no acuciado por un escándalo económico (por “una pillada”, vamos). Conthe ha dimitido por tener una diferente visión de la independencia del órgano regulador, diferente de la del gobierno y diferente de la de los consejeros que habían sido designados también por el mismo Ejecutivo. Y, eso lo desencadena una controversia concreta: la voluntad de Conthe y del Comité Ejecutivo de la CNMV para abrir un expediente a Enel y Acciona, por perturbar el desarrollo de la OPA de E.On a Endesa con una promesa de OPA, lo cual va contra la Ley del Mercado de Valores, y por otro lado la negativa del Consejo a llegar hasta el final en esta cuestión, no tanto por el hecho de que estas dos empresas adquiriesen acciones en el mercado tal y como se ha querido simplificar interesadamente.

Por ello, y con el fin de desactivar sus denuncias de presiones y sus recomendaciones, se ha desatado esa feroz y bochornosa caza a Manuel Conthe, instigada desde instancias partidistas y sus derivaciones mediáticas, estando el propio interesado de ‘cuerpo presente’. Derivaciones que también se manifiestan, por contraposición, en “loas” y “elevaciones” beatíficas al pasado del PCE de su sustituto y la posibilidad siempre abierta de comprarle un coche usado. A eso es a lo que se refería Conthe en su discurso como “sesgos inconscientes de nuestras conveniencias” de la solución a la española, inspirada por la intuición de Clos y las ‘orientaciones’ de la oficina económica del Gobierno y los viajes de sus inquilinatos.

Pero probablemente la caza de Conthe la inició el candidato Sebastián cuando afirmó que “Conthe no había sido una buena elección” y “que si Conthe quería meterse en política que fuese candidato”. Unas palabras pronunciadas con esa suficiencia de ser Ministro de Economía bis o mejor dicho ¿‘in pectore’? lo que permite realizar afirmaciones tan poco afortunadas. Todo lo demás, aparecido en los papeles impresos, proviene del seguimiento de las consignas y de las afinidades electivas.

Evidentemente, desde posiciones intervencionistas en la regulación, en la economía o en las empresas (sin cuestionar la cercanía o los lazos con el gobierno o el partido, de facto, de presunción o de historia), no se puede hacer un ejercicio encendido de la transparencia o de la independencia. Sobre todo, cuando es difícil que haya una valoración social positiva y generalizada de estos valores, en un modo de conjugar las relaciones económicas y políticas que resultan un excipiente en que todos los gatos son pardos. Pero tampoco puede existir un ejercicio de defensa de la libertad de mercado, y de sus consecuencias: juego limpio, reglas claras, ausencia de discrecionalidad, dejemos actuar a los actores en los mercados, ausencia de vinculación con el poder político, etc…

Por ello, sí que es importante que se avance en las tres recomendaciones que hacía en su discurso de despedida, como procede para un regulador, frente a la intención de que se convierta en un negociado: independencia del Gobierno, rendición de cuentas en el Parlamento y transparencia pública.

Sin entrar en las lecciones del discurso de Conthe, de la relación con su equipo y el Comité Ejecutivo que ha transparentado (frente a la relación con los cargos designados del Consejo), y fuera de todas estas diatribas, más o menos miserables, queda el resultado para la confianza en la economía española, para las instituciones, para la capacidad de generar confianza en nuestros mercados financieros.

Lo que está claro es que no va ser tan fácil como se pensaba pasar este episodio rápida y limpiamente sin dejar pelos en la gatera y sin que se muestren las costuras de nuestro sistema regulatorio y su relación con la política.

Como veníamos informando desde Energía Diario, Manuel Conthe ayer compareció ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados y formalizó su dimisión ante el Ministro de Economía, Pedro Solbes, cumpliendo su palabra frente a las maledicencias. La intervención de Conthe fue casi ejemplar en un cargo público que presenta su dimisión por motivos de conciencia (entendemos ejemplar como un modelo a seguir por aquellos que deciden tomar una decisión en conciencia, si es que los hay). Fue al mismo tiempo una intervención inteligente, sin concesiones a posiciones fáciles, pero a la vez firme, seria y rigurosa. Con ruido mediático por los acontecimientos que la han originado, pero sin furia.

Probablemente, muchos temerían una exposición que se cebase en los aspectos más truculentos de todo lo que ha pasado en la irrupción de Enel y Acciona en Endesa, dada la capacidad de triturar carnaza informativa existente y la expectación previa. En evitar algo así, se habían concentrado todas las oraciones y admoniciones. Ahora, con lo que dijo dejó muy claro cuáles y quiénes fueron los autores de las presiones por parte del Ejecutivo y por qué. Quiénes siguieron esa estela y cómo fue el comportamiento en cada momento de todos. Todo ello, sin inmutarse, sin alimentar la campaña desatada de ‘hombre visceral’ en ciertos medios de comunicación interesados.

Conthe comenzó su intervención con una frase de Indalecio Prieto, un ministro socialista de la Segunda República, reclamando así el posicionamiento que ha sido tradicionalmente patrimonio de la izquierda, la ética, la transparencia, el respeto a las reglas del juego, que es de lo que se trata cuando se habla de un órgano regulador independiente (un ejercicio de memoria histórica, ahora tan de moda, más que de presencia política actual). En ese sentido, no se abrazó a las fauces políticas que le había tendido el Partido Popular, supo mantener distancia. Supo ser equidistante e independiente, además de enormemente didáctico y explicativo, que es lo que debe ser un órgano regulador. Arias Cañete supo, a su vez, coger ese guante con inteligencia, reconociendo enseguida el tono de la dialéctica.

Con su intervención, también terminó de cavar la profunda fosa de Carlos Arenillas, que no podrá ser presidente de la CNMV (aunque más bien construyó un panteón ”familiar” para la familia Intermoney), y de varios consejeros. La anécdota concomitante: la comida. El fondo: el poder de Intermoney en las más altas esferas del Estado que hace que en determinados círculos se les denomine Ministerio de Economía bis o que incluso se afirma que ejercen de ‘alter ego’ en estas esferas. De hecho, Conthe a pesar de las gruesas palabras de Solbes (al menos gruesas para lo que es su norma con el resto de cuestiones de la vida económica y política), no manifestó presiones, ni malestar con el Ministro, sólo con Moncloa y la Oficina Económica del Presidente (sugiriendo en las elipsis que existe un puente por encima de la cabeza de Solbes).

Con respecto a los consejeros, tal y como evidenció su posición y comportamiento, queda claro que un ejercicio público dimisionario en masa tras el esperpento de la recusación masiva del consejo, sería también sano para la propia Comisión Nacional del Mercado de Valores y para el ejecutivo. ¿Serán estos señores los que seguirán tomando decisiones a partir de este momento?.

Quizá la parte en que su discurso se situó más en el equilibrio fue en la medida que procuró no dañar a la institución, pero al mismo tiempo denunciaba las injerencias por parte del gobierno y el comportamiento de los consejeros, en la medida de ser designados a instancia de parte. Evidentemente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores está tocada, muy tocada, tras este incidente. Pero tampoco es menos cierto que un comportamiento como el de Conthe sea positivo para poner de manifiesto la realidad actual, actuar en consecuencia, que corra aire fresco y se pueda sanear la institución. ¿Lo quiere hacer el partido en el poder? ¿Lo quiere hacer el partido de la oposición?. Es hora de que vaya calando el verdadero significado de la independencia tanto política, como social, fuera de esa sociedad de relaciones y seguros mutuos que ata operaciones y trajines empresariales.

Lo más grave, además del descrédito de la actual CNMV, es el daño que el origen de toda esta situación ha causado a la credibilidad de nuestro país en el plano internacional (más si cabe que el nacional y más peligroso) donde las componendas y campañas de los grupos mediáticos influyen menos en la opinión pública y los hechos realmente se traducen en efectos en la industria financiera: capacidad de atracción de operaciones, flujos de inversión, confianza en el funcionamiento del regulador, etc… Por eso también hay que atender al testamento de Conthe, que al mismo tiempo aprovechó para hacer un conjunto de recomendaciones valiosas para el buen funcionamiento de la Comisión: transparencia, información pública, votos particulares,… cuestiones que esperemos no caigan en saco roto.

Una vez que se despejaron las salas del Congreso y se cierran los micrófonos, y aunque el gobierno y afines procurarán pasar página pronto sobre esta cuestión con un nombramiento rápido, utilizando toda su maquinaria para minimizar este escándalo (qué lástima que sea el día en que el presunto confidente de Díaz de Mera declarase), se puede certificar que la credibilidad de la actuación económica del gobierno ha salido muy erosionada de esta situación, habiendo escrito en piedra uno de los episodios menos edificantes de nuestra historia económica reciente.

(De todo, quizá sólo sobró la intervención de Zaplana, condescendiente con la cena de Carlos Arenillas. Qué barbaridad).

Muchas veces la rabiosa actualidad, con sus prisas y sus quehaceres, no permite hacer valoraciones proporcionadas de la importancia de los hechos, ni la suficiente contextualización sobre el entorno en que suceden los acontecimientos. Por eso, a veces, simplemente consiste en poner la lupa sobre un hecho concreto para intentar extraer consecuencias informativas del mismo.

Algo así sucedió el jueves pasado en el último Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía, con motivo de la posición de este órgano regulador respecto de la OPA de Acciona y Enel sobre Endesa y su recomendación al gobierno de autorizarla, sin aplicar el tope de derechos políticos del 3%, fijando un modelo ‘sui generis’ de acción de oro para la nueva Endesa. Todo ello, para lo que establece la Disposición Adicional 27 de la Ley de Acompañamiento para el año 2000, conocida como «Ley Rato», que limita al 3 por ciento los derechos políticos de compañías extranjeras con capital público que tomen participaciones relevantes en empresas energéticas españolas. Algunos ortodoxos hubieran pedido un análisis más preciso sobre la liberalización de mercado italiano o sobre la reciprocidad de los dos países, a la hora de ajustar al máximo la decisión al precepto legal.

La autorización de la semana pasada de la operación de Acciona y Enel sobre Endesa, que incluso fue criticada por su precipitación por varios consejeros (recordemos que cuatro votaron a favor de aplazar este fallo), se puede encuadrar dentro del marco de aceleración y simplificación del proceso de autorización de esta OPA. Además, como también informamos el pasado jueves, hasta el momento nadie se ha dirigido al regulador para solicitar la función 14, trámite previo necesario para todos estos procesos. La función 14 es el examen que realiza este organismo para garantizar que una operación no perjudicará a las actividades reguladas. En este sentido, algún medio de comunicación ya apuntaba la posibilidad de que se pudiera exonerar de este trámite en virtud de la doctrina fijada por la CNE en el caso Iberdrola-Scottish Power, que consistió fundamentalmente en que el órgano regulador hizo casi un análisis previo de la función 14 a partir de requerimientos informativos a la empresa.

Una reflexión previa, que puede servir tanto para la regulación como para la futilidad de la naturaleza humana. Resulta curioso observar como se establece ‘doctrina’ hoy en día. Y es que las cosas adelantan que es una barbaridad. Por ejemplo, en la cuestión sobre los derechos políticos de ACS sobre Iberdrola, recientemente resuelta por el Consejo de la CNE, también sentó doctrina anulando la anterior doctrina de varias operaciones anteriores. Lo que le da un valor relativo a la doctrina o, mejor dicho, queda a la interpretación puntual si una situación es semejante o no a otra anterior, para que pueda ser aplicable un criterio u otro. En el caso anterior, Iberdrola adquiría mediante OPA una empresa extranjera energética; este caso es el contrario, ¿es aplicable o no la doctrina Iberdrola-Scottish?. ¿Se hará una previa como en esta situación? ¿Se llegará a la función 14?

El hecho es que parece que esta semana también la Comisión Nacional de Energía decidirá sobre la ampliación de la participación del 10 % de Enel en Endesa y sobre la nueva lista de operadores principales (y todas sus consecuencias, abstrayéndose del hecho de esta OPA). Posteriormente, deberá pasar por el dictamen de competencia y, finalmente, del Gobierno. Eso sin contar lo que finalmente ocurra con la función 14 y sus variaciones. Lo que parece evidente es que los reguladores van a tener ante sí un trabajo ingente para finalizar la tarea de acabar con esta operación rápidamente. Mientras tanto, atentos a las urgencias.

La crisis desatada en la CNMV a cuenta de la dimisión de Manuel Conthe, ha dejado en puesto en entredicho los modelos de organización de los organismos reguladores en nuestro país y la necesidad de configurar su actividad sobre la base de conseguir la mayor independencia del poder ejecutivo. Esta cuestión incluso ha sido muy criticada por determinados medios de comunicación que afirman “Conthe estaba obsesionado por la independencia”.

Vistos los hechos, lo que sí es evidente que la bandera de la independencia y de la profesionalidad de los organismos no ha sido enarbolada en ningún momento salvo por el propio Conthe. Obviamente, no ha salido de la boca ni de Clos, ni de Zapatero, ni de Solbes, ni de Arenillas, ni de los consejeros de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Lo cual es un indicativo del estado de la cuestión. Algo parecido a si volviéramos a agitar a Montesquieu con la ‘separación de poderes’, otra cuestión que tampoco resiste mucho la crítica. Son tiempos duros, endulzados por la bonanza económica, éstos en los que hay que luchar por lo evidente.

En ese momento, podemos valorar como modelo alternativo el de la Comisión Nacional de Energía, menos turbulento evidentemente para el gobierno que la CNMV. Recientemente, Maite Costa decía en los medios que “la CNE no es un campo de batalla” saliendo al paso del estado de polémica que ha compartido en estos últimos dos años este regulador. Podemos ver como la presidenta del organismo tampoco enarbola la palabra “independencia” con asiduidad, si nos remontamos al histórico de sus declaraciones.

Pero, por ejemplo, Costa si lucha por su independencia (en este caso del propio Consejo de Administración del organismo), cuando reclama más autoridad y autonomía en su actuación, lo que supone consecuentemente la erosión de su carácter colegiado (incluso en la última presencia de Nieto en la CNE ya como Secretario General de Energía, Costa justificó esta mayor capacidad para representar a la CNE en el MIBEL y en las instancias internacionales). De hecho, el decreto por el que se amplían las funciones de la CNE y se modifica el régimen interior del organismo, actualmente recurrido por tres consejeros, es la materialización de este deseo. Por su parte, a Maite Costa, le inquietan las cosas “desagradables” que enturbian su relación con el ejecutivo o con Industria, dada su sintonía con Ignasi Nieto, como por ejemplo que se devuelvan las tarifas gasistas o el decreto de renovables con una reprobación por parte de ‘su Consejo’, lo que hace que no se sienta cómoda hablando en los medios de comunicación sobre estas cuestiones.

Es preciso reconocer que estamos viviendo uno de los períodos más convulsos de la vida empresarial española, pero el ejecutivo, la Administración y los órganos reguladores, deben estar a la altura de la circunstancias. Promoviendo la independencia y todo lo que supone su defensa: siendo buenos conocedores de la regulación, la normativa, los mercados y las empresas. Evitando al máximo la injerencia desde las instancias ejecutivas y ministeriales. Creando normativa y criterios justos, estables y predecibles por los agentes económicos. Enfrentándose a las acciones discrecionales del regulador y reclamando su papel de centralidad en las decisiones sectoriales, con posturas claras y transparentes frente a los intereses políticos, variables en cada momento. La independencia es un objetivo y un fin en los órganos reguladores y eso implica en muchos casos ser molestos para los gobiernos, si estos tienen intereses intervencionistas o afinidades electivas.

Quizá todo parte de ese momento en que nuestra democracia participativa traslada a todas las esferas de la sociedad las proporciones parlamentarias: desde los órganos reguladores a las comunidades de regantes. ¿Se imaginan que en España la designación de los responsables de estos órganos reguladores se realizase como en la Reseva Federal, según la representación de cada administración federal, sin intervención política?. Eso es lo que nos debe preocupar en referencia a nuestra imagen exterior: esa percepción de inexistencia de fronteras entre gobierno y órganos reguladores. Esa sociedad de seguros y relaciones mutuas que es capaz de ‘atar y bien atar’ lo que se ponga por delante.

Mientras ustedes elijan el modelo de Conthe o el modelo de Costa.

Las noticias sobre la reforma del R.D. 436 parece que van a agotar todo su trámite legislativo, con procesos paralelos con marchas adelante, paradas y marchas atrás, incluso. Si bien, en una primera fase, parece que la Secretaria General de Energía alcanzó un acuerdo con el sector que puso fin en primera instancia al conflicto abierto, la semana pasada se volvió a reabrir esta cuestión, una vez que se conoció que cuestiones de ese acuerdo consideradas trascendentales para la propuesta resultante, no habían sido tomadas en cuenta en el documento elevado al Consejo de Estado para su estudio. Al mismo tiempo algunas de las cuestiones negociadas en su traslado al texto articulado albergaban fórmulas que otorgaban un grado de discrecionalidad a las autoridades energéticas, que condicionaban la estabilidad regulatoria y seguridad jurídica necesaria para crear un marco en el que los agentes económicos y el sector privado pudieran emprender inversiones con un horizonte definido y conocido. Estas cuestiones afectan en esta fase fundamentalmente al sector de productores de energía eólica .

Así, las asociaciones sectoriales y sus responsables, han hecho público de forma muy explícita que el proceso negociador está abierto con la Secretaria General de Energía, lo que es una buena noticia, en la medida en que las informaciones que se habían conocido informalmente hasta el momento indicaban que algunos de esos puntos oscuros tenían una oposición frontal por parte del Ministerio a su negociación o modificación. Sobre todo, en lo referido a los mecanismos que incluye el decreto para la actualización de las primas, inexistentes en la versión del artículo 44 enviado al Consejo de Estado y, por tanto, dejados a la autoridad potestativa de Industria exclusivamente.

Es preciso tener en cuenta la importancia que el sector eólico tiene hoy en la configuración de un ‘pool’ importante de energías renovables, además de ser generador de tecnologías y un sector referente en Europa. Además, el objetivo político en materia de energías renovables, se ha instado con claridad tanto por el gobierno español (con especial acento por el presidente del gobierno) , como por las autoridades comunitarias. Y, por ello, la reforma del 436 debe ser una herramienta para fomentar las previsiones legales del Plan de Energías Renovables y desarrollo de una política energética con todas las tecnologías de generación: solar, fotovoltaica, biomasa, cogeneración, eólica, etc… No sería razonable mandar mensajes contradictorios, aunque sólo fuesen dudas sobre el futuro de estas energías.

Por ello, la necesidad de definir un marco regulatorio estable y seguro es clave para la confianza de los agentes económicos y la toma de decisiones de inversión para continuar con el desarrollo de las energías renovables en nuestro país. Tenemos que tener en cuenta que tan necesaria es la reforma del 436 en determinados aspectos técnicos, como la garantía de mantener lo que tiene de positivo: su no retroactividad, la seguridad jurídica que introduce y los estímulos que evidentemente han producido resultados razonablemente positivos. Elementos, reconocidos e inequívocos, que han hecho posible que hoy nuestro país sea una potencia en Europa en este tipo de generación.

La confianza también debe ser clave en la propia actuación del regulador (en esta cuestión y en las demás), con reglas del juego fijas, con claridad y transparencia, sin acudir a mecanismos poco claros o alambicados para garantizarse una actuación discrecional no predecible por los agentes económicos. Ese es un modelo intervencionista que no nuestra economía no se puede permitir por el desarrollo tecnológico de nuestras empresas y por la necesidad de seguir canalizando la inversión en nuestro país en capacidad instalada.

Una de las enseñanzas de todo este proceso es que posiciones maximalistas lejanas a la lógica económica no pueden garantizar el cumplimiento de objetivos políticos, tan relevantes cuando tienen que tener en cuenta el comportamiento de los agentes. Por eso, es sano que se resuelvan, cuanto antes y con la mayor claridad, esos flecos, de forma que se consiga finalmente una norma segura y estable, superando las vicisitudes vividas en el proceso de esta reforma y que mantienen en suspenso decisiones de inversión necesarias para avanzar en energías limpias.