Empieza la función: el cálculo del déficit tarifario 2006

La aparición en el diario Cinco Días de la noticia en que se le atribuía a Iberdrola la responsabilidad de 1.000 de los 3.500 millones de euros de déficit de tarifa de 2007, es el pistoletazo de salida para la determinación final de esta magnitud y su liquidación a las empresas eléctricas por parte del Ministerio de Industria. Cuestión que hasta el momento estaba aplazada por parte de la Secretaria General de Energía, desde que se conoció la última liquidación 2006 que elabora la Comisión Nacional de Energía y que ahora ha vuelto a la actualidad. El cumplimiento de los hitos del calendario electoral ha levantado ya todas las esclusas y puede volver esta cuestión a la actualidad económica de las empresas.

Lo paradójico del hecho es que el Ministerio de Industria haya utilizado para realizar estos cálculos a la propia Red Eléctrica de España S.A. (REE) y, al mismo tiempo, por evidente, que se haya desvelado de una forma tan desnuda, cuál va a ser el ‘quid’ de la cuestión: la distribución de las minoraciones del déficit entre las respectivas empresas y su resultado concreto para cada una de ellas. Es difícil comprender cómo, desde que se conoce la última liquidación de la CNE (mes de febrero), se demora tanto el cálculo del déficit tarifario y su aplicación a las empresas durante un período tan largo de tiempo, postergando las obligaciones mercantiles de las mismas en cuestión.

Actualmente, y en teoría, para terminar de calcular el déficit de tarifa atribuible a cada empresa, quedaba únicamente por determinar los criterios de liquidación de los derechos de emisión del CO2, cuyo paso por la CNE devolvió (en febrero) al Ministerio tres alternativas para su cálculo. Cada una de ellas, tenía efectos diferentes para las empresas eléctricas: la literal del decreto 3/2006, la concreción del decreto 3/2006 separando las operaciones bilateralizadas (propuesta por el Ministerio de Industria) o la aprobada por la Comisión Nacional de Energía. Cada una de ellas, tenía efectos diferentes, en términos de quién se beneficiaba o perjudicaba más.

En todo este asunto, particularmente grave es la utilización o participación de Red Eléctrica (empresa completamente privatizada) frente a otra empresa privada, Iberdrola. En este sentido, tenemos que subrayar una diferencia considerable de posición entre REE y el Ministerio de Industria. Red Eléctrica, hoy es una empresa privada, con sus accionistas y todo. Y, el Ministerio es el regulador, existiendo otros agentes intervinientes (y lo que es peor, responsables) dentro del sector de la energía para la determinación e individualización del déficit tarifario y sus posibles orígenes: concretamente y ejerciendo sus funciones correspondientes cada uno de los siguientes: el Operador de Mercado Eléctrico (OMEL), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el propio Ministerio de Industria.

Se confirma, por tanto, el papel de Red Eléctrica como regulador bis o brazo armado directo del Ministerio de Industria que se viene advirtiendo públicamente por varios expertos y que, en este asunto, pasa a mayores con la elaboración y difusión de este Informe. Debe ser difícil para los responsables de Red Eléctrica, sustraerse a esta tentación, cuando la confusión entre la actividad del regulador (oficial) y del transportista y operador del sistema (empresa privada), ha alcanzado un nivel de confusión como el actual. También, por otra parte, muchas decisiones concernientes a Red Eléctrica (incluyendo su organigrama) se inspiran en los deseos de los responsables de la Administración de cada momento. Si, además, atendemos a la polémica desatada recientemente en torno a la retribución del Presidente de Red Eléctrica (a todas luces de empresa privada), se podría exigir un ejercicio más propio de su posición y emolumentos.

Así las cosas, se vuelve a las andadas, la regulación se interpreta intencionalmente en cada momento como los manuscritos del Mar Muerto, prefiriéndose la componenda puntual a los mecanismos trasparentes. Las empresas, en consecuencia, deben adoptar una política de sálvese quien pueda, sometidas a un proceso de liquidación/negociación permanente que no tiene fórmulas aritméticas, sino ‘creatividad’y arbitrariedad. Las reglas del juego, de un mercado y de un sector, que deben ser claras y prededibles, se entremezclan en el cálculo político y tienen la capacidad de incorporarse a las estrategias a seguir contra/frente/a favor de los agentes más cercanos o más incómodos, según se tercie.

Y no ha hecho más que empezar.