El Partido Popular, la reforma de la ley del sector eléctrico y los reguladores ‘bonsai’

Hoy se producirá previsiblemente la aprobación por parte del Congreso de los Diputados de la reforma de las leyes del sector eléctrico y de hidrocarburos. Una reforma cuyo ‘objetivo programático’ era incorporar a la legislación española las Directivas europeas 2003/54/CE y 2003/55/CE en estos dos ámbitos. El proceso de transposición de estas directivas ha sido largo y prolijo en su trámite parlamentario. Y, esta valoración, es mayor si cabe, si nos atenemos a los resultados finales de la misma.

La transposición de estas Directivas se ha realizado evitando modificar los elementos más intervencionistas de nuestra legislación. Es decir, manteniendo las capacidades de decisión del Ministerio de Industria frente a la Comisión Nacional de Energía, en una línea de configuración de los organismos reguladores subordinada a la Administración Pública y al poder político. Ello supone mantener las grandes críticas de la Unión Europea al proceso de liberalización del sector eléctrico español. Si bien es cierto que muchos países de la Unión todavía no han avanzado al nivel de la reforma del año 1998, no es menos cierto que el impulso inicial se ha diluido considerablemente por la acción legislativa de los últimos años, basada en la realización de reformas a la inversa a través de decretos y el otorgamiento de una capacidad arbitraria de intervención a la Administración energética muy perversa. Solamente los últimos ejemplos protagonizados por la Secretaria General de Energía, en materia de retribución de activos regulados gasistas, la reforma de las renovables, la contabilización del déficit tarifario, o los conflictos con la Unión Europea en materia de energía, son testimonio claro de la situación en el plano operativo de este proceso de liberalización.

De hecho, y tal y como han denunciado en estas mismas páginas, con este paso que se da hoy, consistente en la aprobación de esta reforma, se introducen elementos que van en sentido contrario al proceso de liberalización realizado en 1998 (y por cierto, ampliamente elogiado desde todas las instancias). Se introducen elementos monopolísticos como el concepto de transportista único a favor de Red Eléctrica de España, se limitan los principios de acceso a la red y los criterios de seguridad y calidad del suministro sobre la base de la actuación de este operador y su capacidad. En sentido contrario, no se incorporaran las recomendaciones sobre las funciones del regulador en materia de tarifas (que ahora, como anuncia Industria, al parecer se remodelarán por decreto¿? de una forma controlada, sacando esta cuestión del Parlamento) y de convertirse en ultima instancia en los recursos en vía administrativa (perdiendo esta potestad el Ministerio de Industria. Seguimos prefiriendo reguladores ‘bonsai’, que no se salgan de la fotografía y que no sean molestos, ni críticos con la acción política.

Se trata por tanto de una reforma escasa, parcial, arbitrariamente selectiva, interesada y que no avanza, sino todo lo contrario en la liberalización del sector eléctrico. Tal y como hemos recogido, será posible su aprobación mediante el acuerdo por debajo de la mesa de los dos grandes partidos Partido Socialista y Partido Popular, que desbarató los trabajos que se estaban realizando en la Comisión de Industria del Senado y como muy bien ha reflejado en sus palabras Xabier Albistur en la entrevista que mantuvo con este medio.

Las preguntas son obvias: ¿Cómo puede el Partido Popular siendo el autor de la reforma de 1998 apoyar esta reforma, este paso atrás en la liberalización que él mismo comenzó?. Incluso, en privado, hay miembros del Partido Popular que censuran claramente esta posición. Si además, las relaciones con el Partido Socialistas han estado fuertemente deterioradas en lo que llevamos de legislatura, con una evidente ausencia de acuerdos y pactos. ¿Cómo es posible que se produzca en este ámbito y con éste alcance? ¿Cómo tolera que se anuncie la reforma de la reforma de la reforma de las tarifas, casi a la par de la aprobación de esta ley, hurtando subrepticiamente esta medida del debate parlamentario? ¿Cómo se puede apoyar una reforma que necesariamente tendrá que volver en la siguiente legislatura a sabiendas que es incompleta y que no recoge lo nuclear de las directivas? ¿Cómo apoya la reintroducción del monopolio en el transporte? ¿Será que se han vuelto a convertir también a las fuerzas interesadas del intervencionismo y sigan prefiriendo ‘reguladores bonsai’ que no se salgan de la foto?

Sin descontar la responsabilidad del partido en el gobierno y del Ministerio de Industria (principal en este caso), urge una respuesta por parte de los responsables de economía y energía del Partido Popular, para que aclaren cuál es su modelo energético y de mercado, evitando que la acción política devore las reformas realizadas. O lo que es peor, camine en sentido contrario a los avances en materia de liberalización, conduciéndonos a la vía muerta.